Apelan activistas a instancias internacionales por el intento de encoger el Parque Arrecifal

NORMA TRUJILLO BÁEZ

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante instancias internacionales la intención del gobierno mexicano de modificar los límites del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), con especies endémicas y que además representa una barrera física natural contra los huracanes para la ciudad de Veracruz, violentando su compromiso de conservar y proteger un humedal de importancia mundial, tan sólo para ampliar las instalaciones de la Administración Portuaria Integral (Apiver).

La censura colectiva de las 7 organizaciones no gubernamentales e investigadores fue porque el pasado 19 de diciembre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto de ampliación de Apiver, a pesar de que el Sistema Arrecifal Veracruzano fue declarado Área Natural Protegida (ANP) en 1992, con el objetivo de proteger el derecho humano al medio ambiente sano, y en 2004 fue inscrito como humedal de importancia internacional en la Lista Ramsar.

De acuerdo con la queja de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), con apoyo de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Pobladores A.C., Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (Sendas), Litiga OLE, Pronatura Veracruz y el doctor e investigador Leonardo Ortíz Lozano; sólo duró 8 años esta protección por lo que presentaron al Secretariado de la Convención Ramsar un reporte sobre el incumplimiento del gobierno federal de ese tratado internacional.

Los ambientalistas dijeron que: “si bien el Estado mexicano puede modificar los límites de los sitios que inscribe en la Lista Ramsar, esto tiene que hacerse conforme a las causales y procedimientos determinados en la Convención Ramsar. Sin embargo, el gobierno federal pretende modificar el área del PNSAV contradiciendo sus propios actos y actuando en contravención del principio de legalidad de los que es firmante”.

Y agregaron: “de acuerdo con la información pública obtenida de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la causal por la cual el gobierno mexicano decidió modificar los límites del PNSAV es la llamada cláusula de “error”, contenida en la Resolución VIII.22, la cual sólo puede invocarse por cambios en las características ecológicas resultantes de procesos que han degradando parte del humedal”. Sin embargo, aclararon, hasta ahora el gobierno federal “no ha probado científicamente que se hayan modificado las características ecológicas en detrimento del humedal. Es cuestionable que la Conanp haya decidido notificar el supuesto error al Secretariado Ramsar cuando la Semarnat estaba en vísperas de autorizar la ampliación del puerto de Veracruz”.

En su análisis los ecologistas explican que el otro camino legal para modificar los límites de los sitios Ramsar es la de “motivos urgentes de interés nacional”, contenido en la Resolución VIII.20, la cual implica una evaluación ambiental previa y una consulta a todos los interesados directos, algo que hasta el momento no ha ocurrido.

Esta decisión vertical, señaló Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, “es porque el gobierno federal está determinado a modificar la poligonal del PNSAV de manera ilegal toda vez que no le es jurídicamente posible proceder según los procedimientos establecidos por la Convención Ramsar”.

En resumidas cuentas, precisó: “el gobierno mexicano viola la Convención Ramsar, situación que implica la transgresión de sus obligaciones internacionales sobre la conservación de un humedal de importancia internacional. De consumarse la modificación al PNSAV, el gobierno mexicano también habrá lesionado el derecho humano al medio ambiente sano de los mexicanos en general y de los veracruzanos en particular”.

Por lo anterior, entre otras cosas, las organizaciones solicitaron al Secretariado de la Convención Ramsar que considere inaceptable la reducción de los límites del PNSAV, y que la posible modificación se debata en la próxima Conferencia de las Partes que tendrá lugar en Uruguay en 2015.

MORELOS: Basta de Feminicidio y violencia institucional

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

Ellas, eran dos mujeres que trabajaban vendiendo en los pasillos del mercado Adolfo López Mateos. Venían de Xoxocotla todos los días. Como muchas mujeres trabajadoras que laboran todo el día, desde muy temprano, y regresan tarde a sus domicilios. No volvieron. Una patada en la puerta y una ráfaga acabó con la vida de ellas y otros dos familiares. En el mismo pequeño lugar quedaron dos bebés que sobrevivieron a este criminal ataque al inicio de este 2014 en Morelos. No merecieron siquiera unas palabras en el Foro Internacional de Víctimas que organizó el gobierno de la muy vieja visión. Dos mujeres más fueron localizadas sin vida en Ocuituco, en una oficina de la Ayudantía Municipal, y en Jiutepec, dentro de su domicilio. 4 hechos que se suman a la violencia feminicida en dos días, son demasiados en Morelos, por lo que no podemos dejar de denunciar esta violencia institucional que ni aplica las medidas emergentes ni mucho menos acepta la necesidad de la Alerta de Violencia de Género. Hemos documentado exhaustivamente el feminicidio durante años y exigido que se tomen las medidas que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. No bajamos la exigencia y proponemos al conjunto de la sociedad no bajar la guardia, y denunciar esta violencia institucional que pretende seguir culpando a las mujeres de ser las responsables de su propia muerte, cuando se les exhibe o trata de justificar que si las mataron “fue por algo”, en lugar de investigar y sancionar a los culpables. Y estos hechos ocurrieron precisamente el día en que arribaba a Morelos todo el equipo policiaco ex profesamente traído desde Tijuana para sustituir mandos en la Secretaría de Seguridad Pública. Allá en el norte se precian de haber disminuido las delitos de secuestro y extorsión, que son la preocupación principal de un sector empresarial que ha exigido la implementación de políticas de mano dura militarizadas, a cambio de generalizar las violaciones a los derechos humanos de opositores, críticos, periodistas, ecologistas y migrantes. El gobierno de Morelos ha dado el beneplácito a las peores políticas de seguridad, como las diseñadas por el General Naranjo en Colombia, asesor de Peña Nieto, donde las consecuencias han sido desastrosas para la sociedad, por lo que no es ajena la orientación que ha seguido Capella y que pretende llevar a cabo al frente de la SSP una vez que cambien la ley y le hagan un traje a la medida, como acostumbra cualquier gobierno autoritario, que si la ley prohíbe hacer algo la aplica con toda la fuerza a los demás y la cambia a su modo cuando así le conviene, como ya lo han anunciado que harán en el Congreso del Estado. Este es el pésimo mensaje que recibimos al inicio del año, aunado al hecho de que voces otrora críticas se sumen al “beneficio de la duda” a estos funcionarios que también se presentaron en su momento como surgidos de la sociedad civil y hasta “apolíticos” que cuando ocupan cargos aplican todo lo contrario de lo que la sociedad requiere. Hemos documentado y denunciado la criminalización de la protesta social, la imposición antidemocrática de las reformas laboral, educativa y energética, que contravienen lo establecido en la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ese doble discurso y esa nefasta práctica de borrar con una mano lo que se firma con la otra, es lo que mantiene en la crisis de credibilidad las instituciones, en Morelos y en todo el país. Por eso crece la protesta y la inconformidad social ante los abusos del poder y de las políticas represivas, neoliberales y privatizadoras que están en la base de la injusticia social. Lejos de una visión acorde a los designios del poder, partimos del reconocimiento de que los derechos se conquistan mediante la lucha, porque a cada paso que se da para lograr un reconocimiento de los mismos enfrentamos nuevos ataques de las clases dominantes en el sistema capitalista que tratan de echar abajo esas conquistas. El supuesto de la universalidad, integralidad, interdependencia y complementariedad de los derechos humanos, es algo que no está dado por ninguno de los gobiernos como una concesión, sino producto de movilizaciones sociales, levantamientos, rebeliones, revueltas, revoluciones, donde los pueblos asumen la construcción de su propio destino. Defendemos derechos humanos por convicción, no por conveniencia, en ese sentido no prestarse a los designios del poder, ni al mejor postor, porque la historia política personal se construye día a día y la lucha implica compromiso individual y conciencia colectiva, asumir a fondo un proyecto de vida, ni enajenado ni integrado, congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Por ello rechazamos tanta violencia cotidiana, que no puede ser sino estructural, por lo que ninguna medida superficial podrá erradicarla.

cidhmorelos@gmail.com

Cambiará Segob fideicomiso para pagar a parientes y víctima de desapariciones

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Atoyac, 12 de enero. El gobierno federal modificará el fideicomiso que existe para el pago por la reparación de daños a víctimas cuyas indemnizaciones hayan sido ordenadas por organismos internacionales, para que comprendan ahora el pago a los familiares de los desaparecidos durante la guerra sucia en Guerrero, informó Ricardo Sánchez Paredes del Pozo, director general de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El fideicomiso que existe actualmente incluye el pago por ese concepto sólo en los casos en los que algún organismo internacional así lo ordene al Estado mexicano, explicó el funcionario federal, quien citó el caso de desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla Pacheco donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ordenó al gobierno federal a pagar por la reparación de daños a la familia como parte de la sentencia que emitió en 2009.

Abundó que lo que el gobierno federal hará es modificar las reglas de ese fideicomiso para que ahora, una vez que sea aprobada la modificación por los miembros del Congreso de la Unión y avalado el presupuesto por la Secretaría de Hacienda (no dio a conocer el monto), se le pueda pagar a deudos a nivel nacional, “como a los familiares de desaparecidos durante la guerra sucia”.

Agregó que una vez que se logre la modificación, que pudiera ser en los próximos tres meses, el gobierno federal iniciará con el pago a los 275 familiares reconocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mientras que el resto deberá ingresar al Registro Nacional de Víctimas de la Segob para ser tomados en cuenta posteriormente, además adelantó que los beneficios a los familiares no sólo serán económicos, sino en materia de salud, educación, vivienda y proyectos productivos.

Lo anterior fue dicho por el representante de la Segob durante una reunión denominada Diálogo con autoridades, familiares de desaparecidos, afectados y sobrevivientes de la guerra sucia 1969-1979, entre los familiares y autoridades del gobierno federal convocada por los miembros de la Comisión de la Verdad (Comverdad), donde el reclamo más repetido fue la exigencia para que se dé la ayuda a los familiares y se conozca cuál fue el destino final de los detenidos desaparecidos en aquella época.

Varios de los que participaron en la reunión demandaron que, además de la reparación de daños, se limpie el nombre de los desaparecidos, quienes, en su mayoría, fue gente que nada tenían que ver con la guerrilla del profesor Lucio Cabañas Barrientos.

Las exigencias fueron manifestadas por dirigentes de organizaciones de familiares de desaparecidos en este municipio y luchadores sociales, como Eleazar Peralta Santiago, Enrique Acosta Gómez y María de los Ángeles Santiago.

El luchador social Willibaldo Rojas propuso la creación de una mesa de trabajo permanente donde los familiares puedan conocer la información que hay en torno a los casos que se investiguen y puedan integrarse los que viven en comunidades aparatadas de la sierra.

Por su parte, el hermano de Lucio Cabañas, Pablo Cabañas Barrientos, quien vive en Sonora huyendo de la represión militar y donde, dijo, fue apresado y recluido seis años en la cárcel de Hermosillo, demandó mayor atención para los integrantes de la familia de Lucio, así como para las víctimas. Misma demanda que externó la activista Estela Arroyo Castro, quien pidió a las organizaciones de Atoyac a unirse y trabajar coordinadamente para tener mejores resultados.

Aparte de Paredes del Pozo, encabezaron la reunión José Antonio Pérez, representante de la Comisión Nacional de Víctimas de la Segob; Rocío Maldonado de la Fuente, subdirectora de Atención Casos de la Segob; la especialista en la Ley de Víctimas, Eliana García Laguna; así como los comisionados José Enrique González, Nicomedes Fuentes, Hilda Navarrete, Pilar Noriega y Arquímedes Morales. Asimismo se pudo ver en el acto a los activistas Tita Radilla, Zoelio Jaimes, Rosa María Gómez y Rogelio Pineda.

Se lanza el Cecop contra saqueadores de grava y arena del río Papagayo

En asamblea en Los Ilamos, ejidatarios exigen la asistencia de Aguirre Rivero a Cacahuatepec

HÉCTOR BRISEÑO

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) acordó iniciar la lucha por frenar y expulsar a las empresas extractoras de arena y grava de los pueblos asentados en los márgenes del río Papagayo, en los bienes comunales de Cacahuatepec, con complicidad con comisarios ejidales amañados.

El vocero del movimiento, Marco Suástegui Muñoz, subrayó que “el Cecop nació por la necesidad de defender las tierras. No es válido que por generar empleos se sacrifique la vida de otros”.

En asamblea efectuada en la comunidad de Los Ilamos, aproximadamente 300 comuneros y habitantes de los bienes comunales de Cacahuatepec acordaron entregar un citatorio durante esta semana a propietarios de las tolvas, para que el próximo domingo se presenten a la reunión del Cecop, que se efectuará en la comunidad de La Concepción, para darles una oportunidad de dar una explicación por su conducta.

Los empresarios identificados por pobladores de la zona son Humberto Marín Molina y la familia Valle.

Suástegui Muñoz señaló que “caciques trasnacionales están acabando con los recursos naturales, como la Comisión Federal de Electricidad, como las empresas que saquean la tolva de Parotillas”.

Advirtió que “el río ya no es de arena ni de grava, ahora es de lodo. El agua se está filtrando, se está yendo, las huertas se están secando al igual que los mantos freáticos”.

Explicó que “en la próxima asamblea en La Concepción vamos a pedir que Parotillas y El Carrizo dejen de percibir limosnas, que estos pueblos recuperen su dignidad y ya no acepten dinero de los que manejan las tolvas”.

Otro punto acordado fue exigir la presencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero en la asamblea junto con el secretario de Desarrollo Rural estatal, Humberto Zapata Añorve, para entregar los 2 mil 300 cheques a campesinos que perdieron sus parcelas de maíz.

Sostuvo que “la gente quiere que venga el gobernador a entregar los apoyos, obviamente hacemos un llamado a que todo sea con la garantía de que no haya agresiones, en un clima de respeto; lo que nos interesa en el fondo es la unificación de la gente”.

Suástegui Muñoz subrayó que la constitución de un nuevo municipio está en marcha, por lo que el próximo domingo en la Concepción serán entregados los primeros formatos a los representantes de los comité ciudadanos integrados con motivo del desastres ocasionado por la tormenta Manuel, para recabar las firmas necesarias para el trámite, para lo cual, señaló que el Cecop cuenta con asesoría jurídica.

Las autoridades mexicanas deben garantizar la seguridad de defensor de derechos humanos en Tapachula

El pasado viernes 10 de enero, el Hermano Ramón Verdugo regresó a la Ciudad de Tapachula, Chiapas para reanudar su labor en defensa de migrantes menores de edad víctimas de explotación laboral y sexual.

Tras haber sido objeto de amenazas contra su vida y la de su familia, Ramón Verdugo – director del albergue “Todo por Ellos A.C.” - tomó la decisión de salir de Tapachula en julio de 2013. La decisión de regresar a Tapachula para retomar la conducción del albergue ocurre tras el compromiso de las autoridades, a través del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de tomar medidas para garantizar su seguridad.

Amnistía Internacional (AI) ha recibido con buenos ojos los compromisos de las autoridades de asegurar que Ramón Verdugo pueda continuar con su labor en condiciones de seguridad y sin temor a represalias. Así mismo la organización ha llamado a las autoridades federales y estatales a que cumplan de forma inmediata con estas medias, y que estas mediadas sean extensivas a los integrantes de su familia quienes también han tenido que salir de Tapachula.

La organización también ha hecho un llamado a las autoridades mexicanas para que estas investiguen de forma inmediata e imparcial las amenazas en contra la de vida de Ramón Verdugo y de su familia, y que las personas responsables de estos actos de intimidación rindan cuentas ante la justicia.

VIDEO: Jesús Gonzalez Schmall, el Panorama Político de México