Exigen ‘estado de excepción’ ante delincuentes infiltrados en autodefensas

El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, exigirá al Gobierno Federal declarar un estado de excepción en la región de Tierra Caliente de Michoacán, ante la infiltración de miembros del crimen organizado en los grupos de autodefensa; este consejo, reiteró, que existe un Gobierno nulo en la entidad, por lo que exigió a la Federación cambiar la estrategia y dar certidumbre jurídica de cara a las elecciones estatales del 2015.

Por otra parte, rinden su declaración ministerial, 19 policías y una secretaria de los municipios de Irimbo y Ciudad Hidalgo, detenidos por el delito de extorsión, cometido contra cuatro personas.

En tanto, a las 20:00 horas de este jueves, el Ministerio Público, definirá si consigna o no ante un juez a Hipólito Mora, fundador de los Grupos de Autodefensa en Michoacán, a quien se le acusa del homicidio de Rafael Sánchez Moreno, alias “El Pollo” presunto sicario de los Caballeros Templarios, asesinado el pasado sábado con José Luis Torres.

Además continúa la tensión en la comunidad de La Ruana, donde Luis Antonio Torres, alias “El Americano” e identificado como presunto narcotraficante, realiza rondines para amenazar a simpatizantes de Hipólito Mora.

“Así somos y aquí estamos”

JOHN M. ACKERMAN

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El cierre de la página web 1Dmx.org por la empresa GoDaddy.com a petición de los gobiernos de Barack Obama y Enrique Peña Nieto constituyó un grave ataque a la libertad de expresión y a la libre circulación de ideas. Fue un acto similar al golpe al periódico Excélsior, orquestado por Luis Echeverría, el 8 de julio de 1976. La restitución de la página después de la difusión internacional del caso no enmienda el agravio. Todos los ciudadanos comprometidos con la democracia tendríamos la obligación de denunciar tal abuso de poder fruto de las “buenas relaciones” entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Esta cobarde acción fue aún más grave tomando en cuenta la violación sistemática a los derechos humanos, los ataques a los periodistas y activistas, las estrategias de infiltración de las redes y movimientos sociales, así como la consolidación del control mediático, que han caracterizado al gobierno de Peña Nieto desde el 1 de diciembre de 2012. Al parecer, el paso de casi 38 años nos ha dejado parados exactamente en el mismo lugar que antaño. Durante el régimen del “viejo PRI” se utilizaba a la Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V. (PIPSA) para controlar a la prensa escrita con la amenaza del retiro del papel que se utilizaba para imprimir periódicos. Hoy el “nuevo PRI” ha “modernizado” sus técnicas al cerrar las páginas donde se publica información sensible sobre su actuar.

La página 1Dmx.org había funcionado como una plataforma esencial para documentar y denunciar la represión policiaca a los movimientos sociales ordenada desde las oficinas de Miguel Ángel Mancera, Marcelo Ebrard, Manuel Mondragón y Kalb, y Peña Nieto. Allí se daban a conocer videos, testimonios y fotografías que la mayor parte de la prensa escrita, y desde luego también los medios electrónicos, no se atrevían a difundir por temor a represalias de la autoridad o de sus patrocinadores. Por ejemplo, el trabajo de los colegas de 1Dmx.org fue esencial para documentar el artero ataque contra Juan Francisco Kuykendall –quien a raíz del mismo falleció– por policías federales el 1 de diciembre de 2012, y para alimentar el informe que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sobre el abuso policiaco generalizado aquel día.

La información completa sobre la censura de esta importante página web, junto con un formidable video que expone los pormenores del caso, se encuentra hoy en un sitio alterno (http://op1d.mx/). “Me parece lamentable que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, junto con las del gobierno federal, en coordinación con las de Estados Unidos, limiten el derecho de documentar y comunicar de las personas, y también de criticar a los gobernantes. Me parece un ejemplo de las más férreas dictaduras de cualquier país del mundo”, señaló Jesús Robles Maloof en la conferencia de prensa sobre el tema la semana pasada en las oficinas de la organización Artículo 19. (véase: http://ow.ly/ugTit)

Maloof tiene toda la razón. Si bien estrictamente hablando el cierre de una página web no es equivalente al cierre de un periódico o un canal de televisión, el mensaje de intimidación e intolerancia es exactamente el mismo. El gobierno y los poderes fácticos están aterrados por la fuerza que van cobrando las redes sociales y las noticias en internet, y están buscando desesperadamente nuevas vías para restringir el flujo de información.

En momentos aciagos como el actual vale la pena aprender de la historia. En 1976 le salió el tiro por la culata a Echeverría con la expulsión de Julio Scherer de Excélsior. En respuesta, Scherer y un grupo de distinguidos periodistas e intelectuales, incluyendo a Rafael Rodríguez Castañeda, Vicente Leñero, Enrique Maza y Miguel Ángel Granados Chapa, fundaron Proceso, una revista que hasta la fecha nos acompaña a los ciudadanos como uno de los pocos bastiones de crítica informada que pone todos los días límites al poder corrupto de la oligarquía empresarial y sus empleados gubernamentales.

El editorial del primer número de Proceso, publicado el 6 de noviembre de 1976, deja un legado muy valioso. Ahí los editores denunciaron “la inquina política en términos que causaron asombro dentro y fuera de México”, al igual que “la impudicia de la agresión” hacia el periodismo libre, y expresaron su decisión de no permitir que “el silencio cubra por completo a esta nación”. Desde entonces la consigna “Así somos y aquí estamos” ha inspirado la actuación de quienes forman parte de esta digna empresa editorial.

Hoy la lucha es simultáneamente más difícil y más fácil que hace 37 años. Por un lado, el poder económico y político acumulado por las fuerzas de la reacción es mucho mayor que antes. La velocidad con la cual se aprobó la contrarreforma energética en diciembre pasado, y la íntima alianza entre Washington y Los Pinos, evidenciadas durante la captura de El Chapo Guzmán, lo confirman. Pero, por otro lado, el enorme potencial de las redes facilita la difusión de información “prohibida” y de opiniones incómodas. El reto principal será organizarnos de manera adecuada para aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrece el internet tanto al periodismo de investigación como a la disidencia y a la crítica social.

Procurador de Tamaulipas a familiares de desaparecidos: “pónganse a buscarlos”

JUAN ALBERTO CEDILLO

MONTERREY, N.L., (proceso.com.mx).- El procurador de Tamaulipas, Ismael Quintanilla Acosta, expresó a familiares de personas desaparecidas en ese estado: “Dios quiera que estén con vida, el chiste es que ustedes se pongan a buscarlos”.

Trece familias de Nuevo León con 28 consanguíneos desaparecidos en Tamaulipas se reunieron con el procurador de este último estado para conocer los avances en las investigaciones.

Miembros de la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) informaron en conferencia de prensa que el procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza, gestionó y proporcionó enlaces, transporte y seguridad para que las familias neolonesas se entrevistaran con su homólogo de Tamaulipas, Ismael Quintanilla Acosta.

Consuelo Morales, directora de Cadhac, informó que las personas desaparecidas viajaron a Tamaulipas y desaparecieron en Matamoros, Tampico, Laredo y Reynosa.

Durante su reunión con el procurador Quintanilla Acosta y con ministerios públicos estatales que llevan los casos, se revisaron los expedientes.

“Las investigaciones estaban detenidas hasta ese momento, y apenas se comenzaron a agilizarlas de cara a la reunión con las familias”, precisó Consuelo Morales.

El procurador Ismael Quintanilla se comprometió a reactivar las indagaciones y les recomendó a las familias que continúen con su búsqueda.

Los integrantes de las familias que viajaron a Ciudad Victoria señalaron que el funcionario les dijo: “Dios quiera que estén con vida, el chiste es que ustedes se pongan a buscarlos”.

Entre los casos presentados existen varios de desapariciones múltiples y entre ellas destaca el plagio de seis jovencitas que viajaron en una camioneta de Monterrey a Reynosa y que desaparecieron en la ciudad fronteriza desde junio de 2011.

Las desapariciones ocurrieron entre 2010 y el presente año.

Actualmente existen 319 casos de personas desaparecidas en Tamaulipas cuyas familias se mantienen activas en su búsqueda a través de redes sociales. Esos casos están documentados en la página “Esperanza por Tamaulipas”, donde se precisa la fecha y lugar donde desaparecieron.

Cabe destacar que en los últimos meses la desaparición de jóvenes se ha incrementado en Ciudad Victoria, la capital del estado, y en los municipios fronterizos de Valle Hermoso y Nuevo Laredo.

Tamaulipas compite con el Estado de México como la entidad con mayor número de secuestros y personas desaparecidas en el país. Sin embargo, en el estado fronterizo las autoridades manipulan las estadísticas debido a que los “levantones” no entran en sus cifras.

Una fuente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos comentó a Proceso que en los últimos cuatro años suman alrededor de 5 mil las personas desaparecidas en Tamaulipas.

Denuncian amenazas contra corresponsal de Reporteros Sin Fronteras

VERÓNICA ESPINOSA

GUANAJUATO, Gto., (apro).- La organización internacional Reporteros Sin Fronteras reveló este jueves que su corresponsal en México, la periodista Balbina Flores Martínez, recibió amenazas directas vía telefónica.

En un comunicado, RFC condenó las intimidaciones y pidió que el Mecanismo de Protección otorgue a su corresponsal medidas urgentes y permanentes para salvaguardar su vida e integridad física.

Balbina Flores “es una persona muy comprometida en la protección de periodistas que investigan sobre asuntos muy delicados, y esas amenazas no deben tomarse a la ligera”, expresó el responsable del despacho Américas de RSF, Camille Soulier.

De acuerdo con el texto, difundido en el portal web de la organización, el miércoles 12 Balbina Flores se encontraba en su oficina –misma que comparte con la revista Zócalo y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa– cuando recibió tres llamadas directas a su número telefónico, de un hombre que se identificó como “el comandante Omar Treviño”.

El hombre le preguntó su nombre y, luego de que la corresponsal se identificó, aquel colgó. En una siguiente llamada le dijo: “estoy cerca, en el Estado de México, vengo de Michoacán y traigo una encomienda con usted. Una persona me pago para hacerle daño, se quién es usted, dónde y cómo trabaja, la investigo desde hace 15 días.”

La periodista interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, y en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Además, pidió la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

Denuncian a minera canadiense por violar derechos en San José del Progreso, Oaxaca

Fernando Camacho Servín

Desde la imposición de un proyecto minero de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines en la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, han ocurrido de forma sistemática diversas violaciones a las garantías básicas de los pobladores de la región, sobre todo el derecho a la vida, a la libre determinación y a tener un medio ambiente sano, afirmaron integrantes de diversas organizaciones sociales.

En conferencia de prensa, activistas de los grupos denunciantes –entre ellos el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto y el Centro de Análisis e Investigación Fundar– presentaron los resultados del informe Justicia para San José del Progreso, elaborado a partir del trabajo de una misión civil de observación que visitó la zona desde finales de 2012 y actualizó su labor a la fecha actual.

El mencionado documento señala que desde su llegada al territorio de San José, en 2006, Fortuna Silver Mines ha violado diversos derechos de la comunidad, con el respaldo de las autoridades estatales y federales, entre ellos el de la vida; el consentimiento libre, previo e informado; la información pública, y la propiedad colectiva del territorio.

De igual forma, la compañía con sede en Vancouver, Canadá, pasó por alto el derecho de los pobladores a la libre determinación, a un medio ambiente sano, a la salud comunitaria, a la asociación y reunión, a la libertad, a la integridad personal y a la administración de justicia, así como las garantías de sectores vulnerables como mujeres, niños y defensores de derechos humanos.

Por todo ello, el informe dirige una serie de recomendaciones a los gobiernos federal, estatal y municipal, con el objetivo de que éstas ponderen los derechos de los ciudadanos por encima de los intereses de las empresas mineras.

A la Secretaría de Economía, por ejemplo, le exige cancelar las cuatro concesiones otorgadas a Fortuna Silver Mines –sin consentimiento libre e informado de la comunidad–, mientras que al gobierno de Oaxaca le pide que asuma un rol más activo en la defensa de las personas cuyos derechos han sido violados por la instalación de megaproyectos.

Luego de recordar que Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, activistas opositores a la mina, fueron asesinados en los primeros meses de 2012, las organizaciones anunciaron que entregarán el informe a la embajada de Canadá y a la sede diplomática de la Unión Europea, al tiempo que sostendrán reuniones con las secretarías de Gobernación, Economía y Medio Ambiente y Recursos Naturales.

VERACRUZ: Rechaza PGJ nexo de elementos de la AVI con desapariciones de Agua Dulce

SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

Coatzacoalcos,Ver.- La subprocuraduría de Justicia de Coatzacoalcos mantiene abierta la investigación de la desaparición de dos personas en el municipio de Agua dulce, aseguran que no hay elementos de la Agencia Veracruzana Veracruzana de Investigaciones (AVI) involucradas.

En tanto, en esa oficina esperan la visita de la contraloría del estado para poder quemar 'archivo muerto' y eliminar mobiliario.

En entrevista, Ricardo Carrillo Almeida, subprocurador de Justicia en la zona sur confirmó que se están siguiendo los protocolos de personas desaparecidas en algunos casos que mantienen abiertos.

Expuso que actualmente están investigando las desapariciones de Beatríz Morales Hernández de 14 años y Pedro Ángel Alejandro Garfias de 38 años, los cuales fueron sacados de sus hogares, de acuerdo a las versiones de las familiares de las víctimas.

Señaló que aunque se ha mencionado en medios de comunicación que los familiares refieren que fueron elementos de la AVI y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los que ejecutaron las detenciones, no han declarado eso en sus denuncias.

Indicó que por estos casos no se ha citado a comparecer a ningún elemento de esas dos corporaciones y las investigaciones se están orientando a otras líneas.

El subprocurador de Justicia en la zona sur evadió hablar sobre las denuncias e investigaciones sobre los otros plagios, generados en el municipio de Las Choapas.

Encuentran a secuestrado

Por otro lado, Ricardo Carrillo, subprocurador de la zona sur confirmó que fue encontrado con vida, Azael Santiago Martínez, un taxista de 24 años de edad que fue privado de su libertad en el municipio de Chinameca.

El joven fue hallado en la cajuela de su unidad en la carretera Federal, a un costado de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, cerca de la avenida Reyes Azteca.

De acuerdo con los datos proporcionados por elementos de la Policía Naval (PN) una llamada anónima los alertó sobre un auto que fue abandonado en la zona junto con el taxista, quien tiene severas lesiones y tuvo que ser hospitalizado, ya que su estado de salud es grave.

Indicó que por el momento no se ha podido tomar la declaración del taxista, pero siguen el procedimiento especializado en la desaparición de personas, desde que se presentó la denuncia por el padre de la víctima, aunque no especificó mayores datos.

Aseveró que el taxista no se dedica a ninguna actividad ilícita.

Iniciarán limpia

El subprocurador de Justicia de la zona sur confirmó que se mantiene la evaluación de los agentes del Ministerio Público (MP) y los secretarios para determinar el nivel de atención y eficiencia que presentan.

Indicó que se está analizando el porcentaje de rezago que tiene cada funcionario de la subprocuraduría y el tiempo de atención con cada expediente, pare presentarle un informe a Luis Ángel Bravo, nuevo procurador de Justicia estatal.

Además, en las oficinas están haciendo una limpia material en todas las áreas y los expedientes se encuentran concentrados en un área en espera que la contraloría del estado autorice su destrucción.

Ricardo Carrillo indicó que este proceso es “normal” ya que se tratan de expedientes y mobiliario muy antiguo.

Crea Estado grupos paramilitares para atacar a luchadores sociales

FERNANDO INÉS CARMONA

Orizaba, Ver.- El gobierno federal agudiza la militarización del país para detener la protesta social por las condiciones económicas de la población, además alienta la creación de grupos paramilitares para atacar verbal y frontalmente a las organizaciones sociales y contener las protestas por el crecimiento de la pobreza y el fracaso de las políticas “neoliberales” que se aplican en el país.

En este sentido, Adolfo Tlaxcala, representante en la zona centro del estado del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, plantea que el gobierno federal está muy lejos de resolver los problemas sociales de la clase mayoritaria del país.

Por ejemplo, el escenario nacional actual “es de condiciones de pobreza y miseria que con el actual modelo económico tienden a agudizarse. Las leyes neoliberales sólo provocan el detrimento de las masas populares”, señala.

Por ello, agrega, “la sociedad tiene una tarea ineludible: la unidad de todos los sectores en lucha, pero sobre todo la decisión de transformar las condiciones actuales de hambruna, miseria y explotación; necesidad que requiere el concurso de hombres y mujeres, como sujetos sociales llamados a sacudirse los yugos de la explotación”.

La realidad del país describe que en la lucha de clases en nuestro país “cada vez más se ciñen las cadenas de la represión y se hace uso de todas las formas de criminalizar la pobreza y protesta popular”.

Hoy, “el paramilitarismo se ha institucionalizado, la militarización sigue su curso, cobrando a su paso miles de víctimas y, por si fuera poco, se condena a toda aquel esfuerzo independiente por construir la organización popular”.

Pero al mismo tiempo, “se intenta restar fuerza a las organizaciones como la nuestra, creando grupos paramilitares que hagan el trabajo sucio del Estado, orquestando una campaña de difamaciones con el único objetivo de generar el clima perfecto para la represión”.

Esta estrategia contrainsurgente “se aplica como política de Estado para calumniar a las organizaciones, etiquetándoles diferentes adjetivos que criminalizan, tratando de generar confusión para que cuando se desate la represión y ésta sea dirigida específicamente a las organizaciones independientes y luchadores sociales, se acepte como un mal necesario en esta ola de violencia”, expone.

En el país, hay dos claros ejemplos: “en Chiapas, en donde se libra una campaña de criminalización donde se nos intenta tachar de paramilitares, y el caso de Michoacán, en donde se asegura que nuestra organización es financiada por los cárteles del narcotráfico por nuestra exigencia al cese a la militarización de aquel estado”.

“Nada más falso y pernicioso que tratar de vincularnos con grupos del narcotráfico, por el hecho de manifestarnos contra la militarización. Campaña que logramos revertir gracias al amplio arraigo a las masas populares y sus organizaciones”, precisa.

Es un hecho que el Estado mexicano “ya descaró su estrategia contra el proyecto que como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo representamos y contra aquellos con los que nos hemos coordinado, dentro de este escenario está la mano tendenciosa del Estado en lucha franca contra los que representamos una alternativa con amplio arraigo en las comunidades indígenas-campesinas y sectores populares”, declaró.

Hay 200 mil niños jornaleros sin paga justa en Veracruz: AUGE

NORMA TRUJILLO BÁEZ

En el estado de Veracruz hay cerca de 200 mil menores trabajando en condiciones precarias y sin pagos justos; tres de cada 10 trabajan en el campo como cortadores de café o caña, exponiendo su vida a los 5 años de edad, consideró el coordinador del Programa de Acción contra el Trabajo Infantil de La asociación civil Desarrollo Autogestionario (AUGE), Eduardo Cervantes Magaña.

Cervantes Magaña dijo que la concepción de la niñez y su participación temprana en el trabajo resulta un tema controversial para muchas familias y puso de ejemplo que los cafetaleros de “cepa tradicionalista” predomina una cultura de esfuerzo y del trabajo, que a menudo determina procesos de autoafirmación individual y construcción social del género y subestiman el riesgo laboral y las consecuencias de la participación de la niñez en el trabajo.

Los niños que trabajan en los campos agrícolas están expuestos a sufrir afectaciones físicas, ya que en algunos casos cargan objetos muy pesados, utilizan herramientas de trabajo que no son para su edad o trabajan en ambientes extremos que puede resultar afectada su salud.

En los campos, precisó Cervantes Magaña, se encuentran trabajando menores desde los 5 años y adolescentes, pero las familias llegan también con sus bebés que dejan en una hamaca improvisada para poder ganarse el sustento, y recordó que Veracruz tiene dos de las agroindustrias más importantes con el café y la caña de azúcar.

Pero a la vulnerabilidad en la que se encuentran los menores que trabajan en el campo se suma a que son alojados en lugares sin acceso a servicios básicos como salubridad, alimentación, atención médica, sobre todo a la educación, porque como son jornadas que inician en la mañana y concluyen en las tardes, y por lo tanto los menores no asisten a la escuela.

Así, algunos menores van perdiendo los ciclos escolares, aunque la mayoría de los niños que trabajan se privan de ir a la escuela ya que desde pequeños tienen otras responsabilidades, por lo que lamentó que Veracruz esté situado entre los primeros cuatro lugares a nivel nacional en número de menores trabajadores.

Y aunque señaló que el año pasado el gobierno de Javier Duarte integró un comité para luchar contra el trabajo infantil, que fue un avance, el problema continúa, pero desde la sociedad civil seguirán trabajando para que disminuya el número de menores trabajadores y las empresas tengan concientizar respecto al trato que dan a las familias jornaleras.

Se manifiestan campesinos en el palacio de Atlixco por gasoducto

Miguel Ángel Domínguez Ríos

La mañana de este miércoles un grupo de campesinos de esta región se manifestaron frente a las instalaciones del Palacio Municipal para exigir al alcalde José Luis Galeazzi que no permita el paso del gasoducto.

Durante la manifestación, los inconformes mencionaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aún no tiene los permisos correspondientes para iniciar la obra. “Y en consecuencia, será una intromisión y un violación a nuestros derechos que lleguen a quitarnos la tierra”, reclamaron.

“Pedimos que no se entregue la licencia al gasoducto”, fue la solicitud externada por un grupo de 30 labriegos de las comunidades por donde se pretende pasar este ducto que forma parte de una estrategia federal.

Y es que Galeazzi adelantó a los medios de comunicación en declaraciones recientes que el ayuntamiento que encabeza estaba pensando en cobrar a la paraestatal cerca de 4 millones de pesos por el concepto del permiso para aterrizar el gasoducto.

Los ejidatarios provenientes de las juntas auxiliares de Santa Lucia Cozamaloapan, San Isidro Huilotepec y Xonacayucan se apostaron en la entrada de palacio municipal para intentar ser recibidos por el alcalde José Luis Galeazzi Berra quien en días pasados acreditó, junto con algunos de sus homólogos de esta zona, el paso de esa obra que atravesará tres entidades: Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Sin embargo, los manifestantes fueron engañados por representantes del gobierno de Rafael Moreno Valle, que ya habían llegado al recinto, pues les prometieron que sería el mismo edil quién escucharía sus reclamos, pero el encuentro no ocurrió.

Antes de ingresar a palacio, en entrevista los inconformes reiteraron que no están dispuestos a permitir que pase el ducto debido a que quedarían encerrados entre el volcán y el gas. “Nuestra postura es muy clara: no al gasoducto por el riesgo que representa para nuestras familias”.

Florencio Pérez Sánchez, originario de San Isidro Huilotepec, indicó que no jugarán con el destino y el futuro de sus hijos por unos cuantos pesos. “El presidente municipal y la gente de la Comisión Federal de Electricidad dicen que rentemos nuestras tierras a cambio de obras para Atlixco, pero en caso de un accidente con el gas quién va a reponer las vidas y el patrimonio”, añadió.

Finalizó: “Si no han dado autorización, que no la den, que no entreguen licencia alguna para que pase por nuestros pueblos; si el alcalde pidió nuestro voto, ahora que escuche nuestras peticiones: no queremos el gasoducto”, señaló el ejidatario.

Ordenan exterminio de animales en Nayarit por dar una “mala impresión al turismo”

A través de un comunicado de prensa, la organización sin ánimo de lucro AnimaNaturalis denunció al alcalde del municipio de San Blas, Nayarit, el priista Porfirio López Luga, por ordenar poner veneno en las calles para exterminar a los animales que habitan en la zona.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Protección a la Fauna del estado, el sacrificio de cualquier animal en la vía pública, ya sea silvestre o doméstico, está prohibido, sobre todo el envenenamiento de los animales y sólo podrá ser sacrificado si el bienestar del animal está comprometido.

La justificación dada para realizar esta campaña de exterminio es que los animales en situación de calle “dan una mala impresión al turismo”.

A pesar de que Nayarit fue el primer estado en el que se autoriza una ley con penalización y sanción administrativa, esta no es la primera vez que dicho municipio tiene quejas por maltrato de animales, tan solo el mes pasado una asociación denunció que elementos de Seguridad Pública envenenaron a perros y aves, de acuerdo con una nota publicada en el portal Sin embargo.

Por lo tanto, la organización demanda al gobierno de Nayarit y al municipio de San Blas, terminar con esta situación, ya que representa un crimen en contra de los animales y se está violentando la legislación nacional y estatal.

Queman casa de familia desplazada del ejido Puebla

Persiste la violencia contra las personas desplazadas forzadamente del ejido Puebla

Queman casa de familia desplazada

Según información documentada por este Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el día de hoy, en el ejido Puebla, Chenalhó aproximadamente a la 01:30 hrs., fue quemada totalmente la casa de la familia de Normelina Hernández López y Macario Arias Gómez - personas desplazadas forzadamente desde el 23 de agosto de 2013 junto con otras 17 familias, en total 100 personas, quienes se encuentran en la comunidad de Acteal, Chenalhó -. Unos días antes, el 7 de marzo de 2014, a las 06:30 hrs. José Cruz Gómez, encontró quemada la puerta del salón de catequesis. Cabe mencionar que estos hechos ocurrieron a pesar de la presencia de aproximadamente 30 elementos de la Policía Estatal Preventiva quienes no se percataron de lo ocurrido.

De lo previamente narrado, este Centro de Derechos Humanos, muestra su preocupación por la persistencia del clima de violencia y por la situación de riesgo en la cual se encuentran las familias desplazadas forzadamente. Ante la gravedad de los últimos acontecimientos, el retorno resulta más difícil.

De la situación responsabilizamos por omisión a las autoridades de gobierno quienes, en lugar de procurar justicia, mantienen y permiten la impunidad lo que genera tensión y violencia.1

Para mencionar algunos ejemplos de impunidad: el 20 de julio de 2013, las mismas autoridades del ejido Puebla detuvieron arbitrariamente a dos Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional: Mariano Méndez Méndez y Luciano Méndez Hernández; y a otra persona del ejido: Juan López Méndez, con la falsa acusación de haber envenenado el agua de la comunidad;2 el 21 de agosto de 2013, Manuel Pérez Gómez, párroco de Chenalhó, fue privado arbitrariamente de su libertad durante siete horas y media;3 y el 21 de agosto de 2013, por el nivel de violencia alcanzado se desplazaron forzadamente 17 familias.4

Desde el Frayba hemos manifestado, de manera reiterada, nuestra preocupación ante la falta de acceso a la justicia que provoca aumento de la violencia y el estado de desplazamiento forzado de las 100 personas. Lo anterior significa una violación continuada de los derechos: a la integridad personal, a la libertad de tránsito, de residencia y a la vivienda, establecidos en instrumentos universales promovidos, signados y ratificados por el Estado mexicano entre ellos: la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 5°, 22°; y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 11°, párrafo primero, además de no aplicar los Principios rectores de los desplazamientos internos.

Antecedente:

El 26 de febrero de 2014, en el ejido Puebla, Eduardo Ramírez Aguilar, Secretario General de Gobierno y Víctor Hugo Sánchez Zebadúa Subsecretario de Asuntos Religiosos, entregaron oficialmente el predio de la ermita católica a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas; en este acto se encontraba Agustín Cruz Gómez Comisariado Ejidal como representante legal del ejido Puebla.

Inicio de los hechos:

El 7 de abril de 2013, en el ejido Puebla, Chenalhó 32 familias creyentes de la religión católica tomaron el acuerdo de iniciar las obras de remodelación y reconstrucción de la nueva ermita, porque la antigua estaba deteriorada lo que implicaba un riesgo para la población. Desde ese día comenzaron una serie de actos de agresiones físicas, detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes, destrucciones, robo y desplazamiento forzado en contra de 17 familias.

1 Impunidad ante desplazamiento forzado de 98 personas del ejido Puebla, disponible en:

http://frayba.org.mx/archivo/boletines/131017_pronunciamiento_puebla.doc.pdf

2 Escala la violencia en el ejido Puebla, disponible en:

http://frayba.org.mx/archivo/acciones_urgentes/130720_au_02_ejido_puebla.pdf;

http://frayba.org.mx/archivo/acciones_urgentes/130721_act_au_02_puebla.pdf

3 Liberan bajo presión al párroco de Chenalhó Manuel Pérez Gómez, disponible en:

http://frayba.org.mx/archivo/boletines/130823_boletin_22_ejido_puebla.pdf

4 Desplazamiento forzado de 70 personas del ejido Puebla, disponible en:

http://frayba.org.mx/archivo/acciones_urgentes/130823_au_04_desplazados_chenalho.pdf

Muere en Atoyac la veterana luchadora social Hilda Flores Solís a los 85 años

Desde 2005, la presea que anualmente da el ayuntamiento a mujeres destacadas lleva su nombre

RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)

Atoyac, 12 de marzo. La luchadora social de este municipio y compañera del profesor Lucio Cabañas Barrientos, Hilda Flores Solís, murió esta mañana, víctima de la neumonía por la que fue internada el pasado sábado en el hospital general Juventino Rodríguez, de esta ciudad.

Estela Arroyo Castro, quien por cuatro años cuidó de la profesora mientras estuvo recluida en una habitación de la Casa del Adulto Mayor en esta ciudad, confirmó la noticia del deceso de la mujer de 85 años, el cual ocurrió, dijo, alrededor de las 9 de la mañana.

Agregó que los restos de la profesora serán velados en su casa, en el número 20 de la calle Hidalgo, en el centro de la cabecera municipal.

En entrevista, asentó que ningún político de izquierda en el estado había expresado sus condolencias a los familiares, sólo algunos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en este municipio, entre ellos el cronista de Atoyac, Víctor Cardona Galindo; la dirigente del Comité Directivo Municipal del sol azteca, María de los Ángeles Santiago Dionisio; los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (Ocss), Norma Mesino Mesino y su padre Hilario Mesino Acosta, así como el alcalde priísta, Ediberto Tabares Cisneros.

Arroyo Castro manifestó, con voz entrecortada, que de acuerdo a lo que le han dicho dirigentes de organizaciones y miembros del PRD, serán organizados homenajes en memoria de la maestra para destacar su lucha y el ejemplo que dejó a varias generaciones de este municipio.

“La maestra hasta el último nos enseñó que la lucha debe ser honesta, limpia y no lucrar con ella, como fueron los principios del comandante Lucio Cabañas. Para mí fueron momentos de orgullo haberla atendido en los últimos años”, asentó la mujer antes de romper en llanto.

Consultada al respecto, la dirigente de la Ocss, Norma Mesino, expresó que “Atoyac pierde a una mujer emblemática para la lucha social. Una mujer que jamás se doblegó y que lamentablemente murió en las peores condiciones, abandonada por todos”, y criticó que muchos políticos sólo se hayan preocupado por ella cuando querían tomarse la foto a su lado.

Resaltó que la muerte de Hilda Flores se destaca más porque ocurrió a los pocos días de haberse celebrado el Día Internacional de la Mujer, “porque, si hablamos de mujeres valiosas, doña Hilda era una de ellas, ya que hasta el final siguió siendo un ejemplo para las mujeres de Atoyac; un ejemplo de lucha, honestidad, valentía y coraje, cual guerrera que fue siempre”.

Desde 2005, el nombre de Hilda Flores Solís lo lleva la presea que anualmente el ayuntamiento entrega a las mujeres más destacadas de este municipio.