miércoles, 3 de abril de 2013

México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 

Miguel Concha Malo

La crisis de los derechos humanos en México se ha generado a partir de la ausencia del estado de derecho en varias regiones del país. La política de militarización y guerra iniciada en la pasada administración se ha extendido en la actual y se ha radicalizado ante la falta de compromisos claros por reforzar un sistema respetuoso de los derechos humanos. La elevada actividad, ausente de controles en el uso de la fuerza pública por parte de policías y militares, ha seguido generando abusos contra los derechos humanos. El gobierno ha vuelto a señalar que los principales responsables de la violencia son los grupos al servicio del crimen organizado, aseveración con la que elude la responsabilidad de sus agentes de seguridad. El reconocimiento constitucional de los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales y del principio propersona han sido puestos en riesgo a partir de que legisladores emanados del Partido Revolucionario Institucional presentaron, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, sus intentos de contrarreformas. La finalidad de esos retrocesos tiene precisamente como principal objetivo restringir la aplicación de los instrumentos internacionales más protectores de la persona. El diputado responsable de la primera iniciativa, Francisco Arroyo Vieyra, al atender al reclamo social de no legislar regresivamente, señaló que no defendería el proyecto que había presentado el pasado 3 de enero. Sin embargo, no lo desdijo ni lo retiró. Por su parte, la propuesta del senador Raúl Cervantes hecha el 5 de marzo pasado, al igual que la anterior, restringe la posibilidad de reconocer los derechos consagrados en los instrumentos internacionales en beneficio de las personas cuando sus garantías se antepongan a las reconocidas en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, y contrariamente a la apuesta de los legisladores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Silva Meza, señaló, frente a representantes del Internacional Crisis Group, que las recientes reformas en materia de derechos humanos y amparo buscan acabar con la impunidad y la inseguridad.

Es cierto, México es un país donde la impunidad e inseguridad son condiciones de vida que se acentúan en virtud de la falta de perspectivas de derechos humanos en la institucionalidad estatal. El respeto y garantía de derechos, el acceso a la justicia, el debido proceso, la no discriminación y la reparación del daño han estado ausentes en muchos casos de víctimas. Es este sistema de impunidad el que ha obligado a defensores y defensoras de derechos humanos a accionar sistemas judiciales alternos al mexicano, para encontrar en instancias supranacionales el resarcimiento de la dignidad humana.

Por ello, ante gestiones de la sociedad civil, el pasado 14 de marzo el gobierno mexicano fue convocado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, para celebrar seis audiencias sobre el acceso a la justicia, y la garantía y justiciabilidad de los derechos humanos en el país. Los temas abordados fueron los casos denominados como “Digna Ochoa y otros” y “Mariana Selvas Gómez y otros”, así como los llamados “Derecho a la privacidad, víctimas de delitos y personas bajo responsabilidad del Ministerio Público”, “Prioridades en materia de derechos humanos y armonización legislativa en México”, “Situación general de derechos humanos en México”, y “Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas rarámuri y tepehuán en la Sierra Tarahumara de Chihuahua”.

En la audiencia relativa al caso “Digna Ochoa y otros”, las organizaciones civiles de derechos humanos solicitaron a la CIDH que dictara su admisibilidad, en virtud de haberse ya agotado las instancias en la justicia mexicana. El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) señaló que la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa fue realizada con sesgo y parcialidad, que al final resultó ineficaz. Como se sabe, la muerte de Digna Ochoa ocurrió, según la autoridad, por suicidio el 19 de octubre de 2001. Esto, no obstante que la familia ha reiterado que la defensora fue asesinada, al dejar entrever que el riesgo que se corre al defender los derechos humanos es la causa de su muerte.

Por los hechos ocurridos el 3 y el 4 de mayo de 2006 en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, en los que se registraron graves violaciones a los derechos humanos de personas por su derecho a ejercer la defensa de su tierra y la protesta social, 11 víctimas de tortura sexual (Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cueva Jaramillo) solicitaron también audiencia ante la CIDH. Durante el desarrollo de la misma se expusieron los hechos y agresiones de que fueron víctimas por parte de policías municipales, estatales y federales, así como por las omisiones del gobierno para investigarlas y hacerles justicia. En la misma sesión, la representación del gobierno mexicano a cargo de la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, declaró que el gobierno mexicano tiene “voluntad de reconocer las violaciones y ofrecer disculpas públicas a las agraviadas”. En tanto el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, pidió una “solución amistosa”. Al respecto, las denunciantes rechazaron tajantemente esa vía, porque de haber sido ésa la voluntad del gobierno, habría sido puesta en marcha desde el momento en que fueron denunciadas la agresión y las torturas, y se habría sancionado a los responsables de la vejación sexual. Las agresiones y torturas tanto físicas como sexuales, las violaciones al debido proceso y a la integridad personal, a la vida y al libre tránsito de hace 7 años en el caso Atenco, arrojaron 217 personas detenidas y con sujeción a procesos penales irregulares, dos muertos, 47 mujeres objeto de torturas sexuales y cinco extranjeros expulsados de México sin derecho a audiencia. La audiencia del 14 de marzo continuó con los temas de exhibición en medios de personas detenidas, arraigadas o víctimas de delito, que en términos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal viola en perjuicio de las personas sus derechos a la presunción de inocencia, a su honor y honra, y al nombre y la intimidad; es una práctica cruel, inhumana y degradante, con repercusiones sociales y laborales, principalmente porque anula la personalidad de la víctima. Al respecto, la representante de la Procuraduría General de la República, Eliana García, señaló que durante la Conferencia Nacional de Procuradores se abordará lo relativo a esta exhibición en medios, y se plantearán alternativas que disminuyan y erradiquen prácticas violatorias de derechos humanos. El relator por México, Rodrigo Escobar Gil, manifestó que es “inadmisible” la exhibición de personas en medios, y que no se disculpa ni porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no haya hecho al respecto ningún pronunciamiento ni por considerar que, como se propaga, favorece la cultura de la legalidad, o ayuda a la población a identificar sus presuntos agresores. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, o Tlachinollan, Fundar y Cejil exigieron de nueva cuenta al Estado mexicano que elimine el fuero militar cuando intervenga en conflictos con personas civiles y militares que violenten derechos humanos, y que ya se modifique el Código de Justicia Militar, tal y como lo ordenó desde hace años la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto al Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas recientemente establecido, denunciaron su falta de operatividad y la inaplicación de la ley en la instancia encargada de salvaguardar la integridad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Asimismo, representantes de los pueblos indígenas rarámuris y tepehuanes de la Sierra Tarahumara se pronunciaron contra la construcción de megaproyectos en los territorios que habitan, en virtud de los daños ecológicos, la división que causan en sus comunidades, la alteración de su identidad, sus usos y costumbres, así como la falta de información y consulta pública de las que son objeto.

Lo desarrollado en las audiencias ante la CIDH es un reflejo general muy significativo de lo que acontece en México. Ante la falta de compromiso del Estado mexicano, respecto de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y el incremento de la impunidad y corrupción en la impartición de justicia, la sociedad y algunas organizaciones civiles han optado por activar contenciosamente los sistemas interamericano e internacional de protección de los derechos humanos. A la fecha, la falta de esta perspectiva en la política del gobierno ha conducido a que la Corte Interamericana emitiera ya en cinco sentencias contra México las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Ello no obstante, en una clara ausencia de voluntad política, el Estado no ha dado cabal cumplimiento a los fallos, y está muy alejado de la reparación del daño.

*Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

“Ya no regreso a Radio Centro”: Bernardo Barranco


JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- “Ya no regreso más” a Grupo Radio Centro, confirmó el periodista y sociólogo Bernardo Barranco, cuyo programa Religiones del Mundo, emitido todos los martes durante 18 años, fue cancelado el pasado 25 de marzo por órdenes de Carlos Aguirre, director de la empresa radiofónica, alegando razones de competencia comercial y violación a la exclusividad.

Para Barranco la cancelación del programa no sólo fue de índole comercial o por la molestia de los Aguirre al haber participado en una mesa de análisis del cónclave pontificio, en el programa de MVS Radio, dirigido por Carmen Aristegui, sino también por presiones de los Legionarios de Cristo que desde hace tiempo quieren sacar del aire esta emisión.

Después de dar a conocer la cancelación del programa, el presidente del Grupo Radio Centro, Francisco Aguirre, buscó a Bernardo Barranco para rectificar el despido. Tras una plática de más de cuatro horas, Barranco les propuso un comunicado donde asumieran que fue un error el despido y también garantizaran la libertad del conductor de Religiones del Mundo de colaborar en otros espacios periodísticos.

No hubo respuesta por parte de la empresa. Este martes 2 de abril no se emitió el programa. Y Barranco confirmó que se trató de un caso de “censura indirecta” que afectará, sobre todo, a las minorías religiosas que tenían expresión en ese programa y a la visión crítica sobre la Iglesia católica.

“No hay ningún derecho de exclusividad con Grupo Radio Centro porque ellos no pagaban por esta exclusividad. Es realmente absurdo. Yo había colaborado antes con otros espacios, pero fue hasta ahora que participé en MVS que reaccionaron así”, comentó Barranco.

El especialista, también colaborador de Proceso y articulista de La Jornada, afirmó que desde hace años, los representantes de los Legionarios de Cristo presionaron para que el programa Religiones del Mundo saliera del aire.

Recordó que Carlos Llano, integrante del consejo editorial de Grupo Radio Centro, le advirtió con anterioridad: “Ten cuidado con los Legionarios porque están presionando”.

En su encuentro con Francisco Aguirre éste le negó a Barranco que hubiera algún tipo de presión de los Legionarios, pero finalmente no aceptó la disculpa pública ni la garantía de libertad editorial y de colaboraciones del especialista.

Protesta frente a Radio Centro

Ante la cancelación del programa, organizaciones religiosas y grupos como Católicas por el Derecho a Decidir han convocado a una protesta pacífica frente a las instalaciones de Grupo Radio Centro, el próximo jueves 4 de abril, a las 11 de la mañana.

En sus comunicados, han insistido en que Religiones del Mundo era un espacio plural, que privilegiaba las otras voces, a los grupos religiosos minoritarios que generalmente no tienen espacio en los medios electrónicos.

“Aquí hay una violación clara a los derechos de estas audiencias al cancelar el programa”, consideró Barranco.

¿Quiénes fueron los 9 periodistas asesinados en Veracruz durante la gestión de Duarte?


Entre mayo de 2011 y junio de 2012 nueve comunicadores fueron asesinados en Veracruz, entidad que desde diciembre de 2010 gobierna Javier Duarte. Este martes, el mandatario fue premiado por "defender a periodistas". 

 

Desde la llegada del priista Javier Duarte de Ochoa a la gubernatura de Veracruz, el 1 de diciembre de 2010, han sido asesinados nueves periodistas en esa entidad; además otros tres han desaparecido.

Los nueve casos de comunicadores asesinados ocurrieron en un plazo de poco más de un año y hasta ahora la mayoría de ellos siguen sin resolverse.

Estos son los perfiles de los periodistas asesinados en Veracruz entre mayo de 2011 y junio de 2012:

Noel López Olguín: periodista colaborador de los semanarios locales Horizonte y Noticias de Acayucan y del diario La Verdad. Desaparecido el 8 de mayo de 2011 y hallado muerto el 31 de mayo de ese año. Cuatro días antes de que su cuerpo fuera encontrado, un hombre capturado en Coatzacoalcos confesó haber participado en el homicidio. Sin embargo, se desconocían las razones del crimen.

Miguel Ángel López Velasco: periodista de la fuente policiaca del diario Notiver. Destacado por su trayectoria en investigar temas relacionados con el narcotráfico. Fue asesinado el 20 de junio de 2011 junto con su esposa y su hijo fotógrafo.

Misael López Solana: fotógrafo del diario Notiver e hijo de López Velasco. Asesinado el 20 de junio de 2011.

Yolanda Ordaz: reportera del diario Notiver. Fue secuestrada por un comando armado y su cuerpo fue encontrado el 27 de julio de 2011. El fiscal estatal de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez, trató de vincularla al crimen organizado, lo que el periódico para el que trabajaba negó tajantemente.

Regina Martínez: corresponsal de la revista Proceso en Xalapa. Fue encontrada muerta el 28 abril de 2012 en su casa, con rastros de golpes en el rostro y cuerpo. En octubre de 2012, la Procuraduría estatal afirmó que el móvil del delito fue un robo y presentó a un presunto asesino. El director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, manifestó su escepticismo al respecto.

Guillermo Luna Varela: trabajaba para la agencia fotográfica Veracruz News. Había trabajado unos meses en el periódico Notiver, pero en julio de 2011, tras la muerte de su compañera Yolanda Ortiz, salió del estado y había regresado recientemente a Veracruz. Su cuerpo fue encontrado cercenado el 3 de mayo de 2012.

Gabriel Huge Córdova: trabajaba para la agencia fotográfica Veracruz News. Al igual que Luna Varela, había dejado el estado tras el asesinato de Ordaz, con quien también había trabajado. Junto con Luna Varela, desapareció tres días antes de que su cuerpo fuera encontrado cercenado atrás de una planta de tratamiento de aguas negras el 3 de mayo de 2012.

Esteban Rodríguez: trabajaba con soldador cuando fue asesinado el 3 de mayo de 2012, pero había sido fotógrafo del diario AZ de Veracruz por cinco años y cubría notas policiacas para TV Azteca Veracruz. Su cuerpo fue encontrado junto con los de Luna Varela y Huge Córdova, también cercenado.

Víctor Manuel Báez Chino: reportero y editor de la sección policiaca de Milenio El Portal de Veracruz, afiliado a Grupo Milenio, y director adjunto del diario digital reporterospoliciacos.com. Fue secuestrado por hombres armados el 13 de junio de 2012 y su cuerpo mutilado fue hallado al día siguiente.

(Con información de Proceso, La Jornada, clasesdeperiodismo, Reporteros Sin Fronteras)

Maestros de Guerrero toman 4 estaciones de radio


Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron este miércoles desde las 08:00 cuatro estaciones de radio, en Chilpancingo, en protesta por el rechazo del congreso local para hacer cambios a la Ley Estatal de Educación.

La página de internet de Proceso reseña que los profesores se movilizaron en distintos puntos de la entidad para exigir un espacio en los principales programas de noticias de las empresas radiales.

Los inconformes irrumpieron en las cabinas de las empresas Radiorama, La K Buena, ABC Radio y Capital Máxima. Esta última se ha caracterizado porque los directivos han presentado denuncias penales contra normalistas de Ayotzinapa.

Diputados locales rechazaron el martes reformar la ley local de Educación, argumentando que la iniciativa enviada por el gobernador Ángel Aguirre y elaborada por la CETEG se contrapone a la Constitución.

La iniciativa rechazada por el Congreso estatal pretendía que no se evaluara a los profesores, como marca la reforma federal.

(Con información de Proceso)

Maestros de la Sección 22 toman comercios en Oaxaca


Maestros adheridos a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se apostaron en las entradas de plazas comerciales, tiendas departamentales y restaurantes de comida rápida, en la ciudad de Oaxaca e interior del estado.

Los profesores disidentes anunciaron que mantendrán la ocupación de las plazas comerciales hasta después de las 16:00 horas, para concentrarse en el Centro Histórico de esa ciudad y desde ahí partirán a la Ciudad de México, donde el jueves realizarán una marcha para exigir la instalación de una mesa diálogo con el gobierno federal.

Las plazas tomadas son: Del Valle, Oaxaca y Bella. La toma de estos centros comerciales se suma a las manifestaciones de profesores en Guerrero que esta mañana tomaron cuatro estaciones de radio locales, según reporta el semanario Proceso.

Preparan pescadores protestas por visita de Peña Nieto; polución baja producción


RODRIGO SOBERANES

Boca del Río, Ver.- En su visita a Boca del Río, el presidente Enrique Peña Nieto encontrará a un sector pesquero con quejas y dispuestos a hacer una manifestación en el lugar donde estará el mandatario este miércoles.

Isabel Pastrana, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera en Veracruz, informó en días pasados que unos mil pescadores se manifestarán ante Peña Nieto. El presidente estará en el World Trade Center (WTC) de Boca del Río en una reunión con académicos y expertos para tratar el capítulo de educación del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Según Pastrana, unos mil líderes de grupos de todo el estado se trasladarán a Boca del Río con pancartas y con la consigna de hablar en persona con el mandatario.

Este martes, el dirigente de la Federación de Permisionarios y Pescadores Ribereños de la zona sur del estado, Rosendo Quintana de la Cruz, hizo público su descontento por las afectaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) al sector pesquero.

Dijo que los derrames de crudo en el río Coatzacoalcos han afectado directamente en los ingresos de los pescadores de al menos siete municipios de esa zona sur del estado. Afirmó que desde el 8 de enero, cerca de 3 mil 500 pescadores de siete municipios no han podido pescar a causa de los derrames de crudo en instalaciones de Pemex.

Desde ese día en que se vertieron cerca de 10 mil barriles de combustible, se han perdido unas 120 toneladas de peces, lo cual significa pérdidas aproximadas por 7 millones de pesos.

Por su parte, el presidente Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Veracruz, Bernardo Hernández Guzmán, informó a los medios de comunicación que el gobierno federal redujo 70 por ciento los recursos destinados al sector para este 2013.

Se manifiestan ciudadanos en contra del viaje que realizarán diputados a Francia y Brasil


Un grupo de ciudadanos encabezados por el médico y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Francisco del Toro Lugo, protestaron en la sede del Congreso del Estado, luego de que de los legisladores dieran a conocer que en los siguientes días viajarían a los países de Francia y Brasil, respectivamente.

El activista, quien es reconocido por las protestas que realiza periódicamente en la sede del Poder Legislativo, ya sea acompañado por estudiantes de medicina o por ciudadanos de escasos recursos, dijo: “sé que yo sólo no voy a lograrlo, pero si cada uno de nosotros nos unimos…sería grato escuchar de los diputados : yo me niego a ir”.

Consideró que el presidente del Congreso local, Fidel Calderón Torreblanca, o los 14 diputados del PRI, PAN y PRD que ya se “apuntaron” para hacer los viajes a las ciudades de París y Brasilia, respectivamente, deben detallar a la sociedad cuáles serán los beneficios para el estado que traerán, en contraparte, si sólo van de turistas pues que sean ellos quienes paguen los costos de su viaje.

No saldrá de Xaltianguis la policía ciudadana: comandante Gallardo


Entregan al MP a los dos individuos que detuvieron en el enfrentamiento ocurrido el lunes

FRANCISCA MEZA CARRANZA ( )

“Ya pisamos Xaltianguis y no lo vamos a abandonar”, expresó Ernesto Gallardo, comandante del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), luego del enfrentamiento que tuvieron la tarde del lunes en ese poblado con presuntos integrantes de la delincuencia organizada; adelantó que en ese poblado se congregará la gente para sumarse a su sistema de defensa.

Los integrantes del SSJC permanecieron en el poblado de Xaltianguis y ayer por la mañana recorrieron la zona cercana al sitio en donde se enfrentaron el lunes para buscar indicios de personas heridas; de acuerdo con el dirigente del grupo localizaron rastros de sangre en distintos sitios.

En el lugar del ataque, a unos metros de dos de los tres panteones que hay en el poblado, permanecía la camioneta Odissey gris con placas de Guerrero en donde estaban los presuntos sicarios y en un árbol cercano se pudieron observar las marcas de los disparos que les hicieron. El carro Versa blanco fue trasladado junto con los detenidos.

El comandante calificó como eficaz el operativo del lunes, pues dijo que se evitó un secuestro, se logró la detención de dos hombres y el decomiso de sus pertenencias.

Expresó que permanecerían en Xaltianguis algunas células del SSJC y que “va pa delante esto”, pues en el mismo poblado, dijo, “hay personas dispuestas que se tendrán que organizar porque el miedo se tiene que acabar”.

“Hay muchas personas que sí están viendo lo eficaz que es nuestro movimiento y lo limpio que es, por eso le gusta a la gente y lo más que habla son los hechos”, expresó.

Ahorita sólo fuimos a un recorrido al terreno, al campo, al monte a meternos a buscar evidencias a ver si encontrábamos sangre y sí, efectivamente, hay gente herida de los maleantes, sí se encontró evidencia.

Se le preguntó si en caso de ser requeridos en otras comunidades acudirían, a lo cual aclaró que no se meterían directamente a Acapulco, pero advirtió que si lastiman a algún ciudadano del SSJC o de Tierra Colorada, en donde recién comenzó el movimiento, lo harán.

“Si me lastiman a un ciudadano de mi grupo de la policía o ciudadano de Tierra Colorada, Ayutla, San Marcos, donde sea nuestro territorio, si me lo lastiman en Acapulco pues en Acapulco caemos y si me lo lastiman en Chilpancingo, pues a Chilpancingo le llegamos”, aseguró.

Los efectivos de la SSJC se aglutinaron por unos minutos en uno de los caminos del poblado para organizarse; en dos ocasiones pasó por ahí una célula del Ejército en dos Hummer, la que, a decir del comandante del grupo, no los molestan y sólo una vez les preguntaron si había alguna novedad.

Posteriormente, como a las 10:30 partieron en una caravana de 37 camionetas con rumbo a Tierra Colorada.

Por otro lado, efectivos SSJC entregaron en la agencia auxiliar del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a los dos hombres que detuvieron en Xaltianguis la tarde del lunes en un enfrentamiento.

De acuerdo con el comandante Gallardo, los detenidos se llaman Miguel Ortega García y David Ramírez Quiñónez, quienes, dijo, pertenecen al grupo delictivo Los Rojos que operan en Xaltianguis, Tierra Colorada y Ayutla.

Un detenido vestía una playera tipo polo blanca con el logotipo al frente de la Policía Ministerial de Guerrero y el otro una camisola negra con el mismo logotipo en la espalda y a decir de los policías los hombres que huyeron vestían de manera similar.

Los dos detenidos permanecía bajo resguardo de la SSJC en las instalaciones de un sitio de taxis que ocupan como cuartel en el entronque a Ayutla y de ahí fueron trasladados después de la 1:30 de la tarde, en una camioneta de redilas, a las oficinas de la PGJE. Iban descalzos y con las manos atadas con cuerdas.

A la agencia fue llevado el automóvil Versa blanco sin placas además de seis chalecos antibalas, 500 cartuchos, ropa y dos picos y dos palas que, dijeron, utilizaban para enterrar a sus víctimas.

Entrevistado en el sitio el comandante del SSJC advirtió que mientras no lastimen a sus compañeros en Acapulco y Chilpancingo no entrarán “pero en la medida que nos levanten uno en los dos pues reventamos Acapulco y reventamos Chilpancingo”.

También hizo un llamado al gobernador, Ángel Aguirre Rivero: “Invito al gobernador a que ataque a la delincuencia y no a nosotros porque nosotros le hemos dado argumento y listas y no han operado, primero que nos garanticen, si nos garantizan seguridad, adelante; se lo estamos diciendo, que nos garanticen y que limpien Acapulco y que se dejen de preocupar de nosotros y que se preocupe por la ciudadanía que realmente lo necesita y que nos demuestren con hechos limpiando Acapulco”.

Cuentas mochas- Columna semanal de Sergio Aguayo


Censuran a Bernardo Barranco en Radio Centro ¿qué les pasa?

En transparencia Enrique Peña Nieto rinde cuentas mochas. Con su práctica contradice su compromiso verbal de conducirse con "absoluta transparencia".

Los presidentes panistas siguen superándolo en ese terreno. Fox impulsó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (aprobada en 2002) y tanto el guanajuatense como Calderón difundieron suficiente información sobre sus actividades. La página de Felipe Calderón estaba bien alimentada y organizada y la información era -es- bastante accesible por lo avanzado de sus buscadores.

Es fácil encontrar discursos, comunicados o entrevistas.

Cuatro meses después de asumir la Presidencia es un vía crucis navegar y buscar información en la página de Peña Nieto. Con reloj en mano corroboramos que, para la misma actividad, se requiere el triple de tiempo que en la página de su predecesor. Por ejemplo, carece de una sección de viajes, lo que obliga a meterse a un blog para ir entresacando día a día sus desplazamientos. Hay poca información y su buscador es elemental. Es posible que las exigencias de otras actividades hayan reducido la prioridad concedida a este instrumento esencial de la transparencia. Desafortunadamente, otros indicadores sugieren una vocación por la opacidad.

Quienes gobiernan tienen la obligación legal de presentar cada año una declaración patrimonial. Cada quien decide si la mantiene en la sombra o la publicita. Quienes la abren al escrutinio público muestran su disposición a informar a la sociedad sobre sus bienes. Es comprensible que algunos se rehúsen por temor a los secuestradores, pero los presidentes gozan de tanta protección que pueden divulgar sus propiedades sin correr ningún riesgo.

Felipe Calderón y Margarita Zavala lo hicieron con bastante detalle. En su primera declaración patrimonial Peña Nieto se fue al extremo opuesto. El 16 de enero de este año enumeró sus bienes sin ponerles el monto. Es un documento con olor a suspicacia: es extraño que en una sola jornada, el 8 de diciembre de 2011 -nueve días antes de ser nombrado candidato-, recibió como donación obras de arte, joyas y tres bienes inmuebles (una casa de 150 metros, otra de 338 metros y un terreno de 58 hectáreas y media) (texto completo de Declaración en www.sergioaguayo.org). ¿Quién o quiénes le hicieron esos regalos que pueden comprometer sus actos como Presidente?

Cuando se difundió esta información Jacqueline Peschard -¡cómo se le extraña- todavía era presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y criticó la peculiar forma de transparentar los bienes: "Yo creo que [Peña Nieto] debe dar a conocer todo lo que tenga que ver con esos registros patrimoniales".

Un motivo adicional de preocupación es que un buen número de dependencias federales está echándole candados a la entrega de información. Tanto así que en marzo pasado la comisionada del IFAI María Elena Pérez-Jaén informó sobre un aumento de 33% en el número de veces que las instituciones federales negaban o reservaban la información. Fue muy clara: "sí estoy viendo un retroceso".

El presidente del maltrecho IFAI, Gerardo Laveaga, salió inmediatamente a contradecirla y a justificar al régimen peñanietista diciendo que tal vez se debía a que los nuevos funcionarios llegaban sin la costumbre de dar información. Es obvio que las estadísticas de Pérez-Jaén tienen más peso que las opiniones de Laveaga quien, tal vez sin saberlo, señaló un punto central: una parte importante de quienes han llegado con el nuevo gobierno carecen de una cultura de la transparencia.

Existe disparidad regional en valores democráticos. Según diversos indicadores uno de los más atrasados es el Estado de México en donde es habitual ponerle diques al flujo de información oficial. En 2006, por ejemplo, se querían conocer los contratos publicitarios firmados por el ex gobernador Arturo Montiel. Un lunes de marzo de 2006 el entonces gobernador Enrique Peña Nieto se declaró dispuesto a entregarlos, pero horas más tarde su gobierno interpuso un recurso ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (ITAIPEM) para mantener en reserva las cifras.

Peña Nieto ha corregido sus errores en diferentes ocasiones. Hay un caso paradigmático. En su sexto informe como gobernador aseguró que la tasa de homicidios había caído más de la mitad durante su sexenio. La revista The Economist demostró que la afirmación era "absolutamente falsa" porque las estadísticas empleadas tenían diferente metodología. Peña Nieto aceptó el error en un texto publicado por La Razón. En las democracias -dijo- los "políticos tenemos que aceptar las críticas, especialmente cuando están fundadas".

Hasta ahora su compromiso con la transparencia es insuficiente. Esperemos que corrija porque en la oscuridad florecen la impunidad y el cinismo.

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

Primer tratado mundial de armas

Teodoro Rentería Arróyave

ALAI AMLATINA, 03/04/2013.- Alguna vez escuche a un maestro afirmar que la democracia es hasta ahora, a pesar de sus imperfecciones, el mejor sistema político que ha inventado el hombre y por consecuencia debemos de defenderla y enriquecerla.

El símil vale para la Organización de la Naciones Unidas, ONU, a pesar de sus graves y absurdas limitaciones que imponen los poderosos, es el único ente a nivel internacional que agrupa a todos los países y por ende debemos de defenderla con la mira siempre de mejorarla o enriquecerla.

Esta posición es más que válida, después de que la Asamblea General de la ONU aprobó en la víspera, es cierto en forma contundente, pero no por unanimidad a pesar de siete años de negociaciones, el primer Tratado Global Sobre Comercio de Armas de la historia

Lo incorrecto del pacto y por lo cual hubo disensos, consiste en la cláusula que deja a la discrecionalidad de las naciones el cumplimiento de la norma, pues según se aprobó cada país evaluará si las armas vendidas pueden ser usadas para cometer genocidios, “violaciones graves” a los Derechos Humanos o caer en manos de criminales.

El tratado que busca regular el flujo internacional de 70 mil millones de dólares en armamento convencional, que va desde armas livianas –pistolas, rifles-, hasta misiles, aviones y barcos de guerra; sin embargo, están excluidos los drones, transportes blindados de tropas y los equipos destinados a las fuerzas del orden.

Lo anterior quiere decir, para ser más específicos, que cada país queda libre de suscribir o no el tratado y ratificarlo; desde luego entrará en vigor con la ratificación de un mínimo de 50 países, proceso que podría llevar dos años cuando menos.

A favor del tratado votaron 154 delegaciones, mientras que 23 se abstuvieron, entre ellas India, Sudán, Indonesia y los países del ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, como Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. En contra votaron Irán, Corea del Norte y Siria.

El embajador cubano, Rodolfo Reyes explica la posición de esta manera: “Se ha decidido forzar ante la Asamblea General de la ONU una decisión que no ha logrado el consenso esperado”, al denunciar que el texto otorga “privilegios a los principales países exportadores” a la hora de evaluar si se debe hacer una venta o no. Se impuso, agregó, el enfoque de que el único resultado exitoso posible para este proceso es la adopción de un tratado a cualquier precio, aun cuando no tome en cuenta los legítimos intereses de todos los Estados.

Tomemos en cuenta que Estados Unidos es el principal abastecedor de armas del planeta con 30 por ciento del mercado, país que había hecho fracasar una precedente negociación en julio pasado, ahora se dijo estar listo a firmar el convenio, aunque su ratificación por el Congreso no es segura, ¿porqué? simple, la belicosa Asociación Nacional del Rifle se opone al tratado y desde siempre ha asegurado que luchará para evitar su ratificación en el Senado cuando llegue a Washington.

Por su parte el embajador de Siria ante la ONU, Bashar Jafari, reiteró que su gobierno se opone al tratado ya que no prohíbe la venta de armas a actores no estatales y “terroristas” como los que están activos en Siria, donde una guerra civil que ya se extiende por dos años ha cobrado al menos 70 mil vidas, según estimaciones de la propia Organización de Naciones Unidas.

La Coalición de Control de Armas, que representa a más de 100 organizaciones no gubernamentales en 120 países, celebró de inmediato el voto en la ONU y pidieron comenzar cuanto antes el proceso de firma y ratificación del tratado. Esperemos, que en el camino, se mejore y se enriquezca el PRIMER TRATADO MUNDIAL DE ARMAS.

- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano. www.fapermex.com, www.clubprimeraplana.com.mx

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La Asociación Nacional del Rifle acaba de dar a conocer las recomendaciones de su grupo de trabajo denominado "school shield", en las que se pide la presencia de guardias armados en todas las escuelas del país. Escuchamos la opinión de Judith Browne Dianis, abogada litigante en el área de derechos civiles, defensora de la justicia racial y codirectora de la organización Advancement Project. Más...

Los habitantes de Nelson, Georgia, debaten la nueva ley que obliga la tenencia de armas de fuego

El lunes, los miembros del concejo municipal de la localidad de Nelson, Georgia, votaron unánimemente a favor de una norma que exige que todas las personas que sean cabeza de familia tengan armas y municiones. La llamada Ordenanza de protección de la familia exige que haya un arma en todos los hogares, para que pueda "colaborar a manejar una emergencia en la ciudad" y "proteger la seguridad y el bienestar general de la ciudad y sus habitantes". Más...