viernes, 21 de febrero de 2014

Periodista bajacaliforniano presenta queja ante la CNDH por agravio a sus derechos


MÉXICO, D.F., (apro).- Por una nota que publicó en el año 2000, el periodista bajacaliforniano Said Betanzos fue citado por un juzgado del Poder Judicial de la Federación para que declare como testigo en un caso de narcotráfico. Este viernes el reportero presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Baja California por agravio a sus derechos fundamentales.

Gabriela Navarro Peraza, coordinadora regional del organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva, señaló que la queja será turnada a la Comisión para Agravio a Periodistas, que acompañará a Betanzos cuando se presente ante el juzgado.

Señaló que por ser el Poder Judicial quien solicita su participación, la CNDH no tiene la capacidad de ordenar, pero sí de acompañar y asesorar al reportero durante el proceso.

Betanzos, en tanto, se abstendrá de declarar para no arriesgar su integridad física al encararse con los implicados en el caso.

El pasado martes 18, el capítulo Baja California de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) precisó que el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Tijuana envió citatorios a medios de comunicación de esa frontera para que se presenten como testigos de acusados en procesos penales por delitos federales.

Incluso solicitaron a los medios de comunicación que les entreguen información confidencial sobre la dirección de los reporteros que redactaron notas sobre decomisos de droga y la detención de los presuntos responsables.

Se trata de un claro hostigamiento de los jueces federales al permitir a los abogados de los acusados que citen a quienes reproducen una información a la sociedad con el único fin de informar, consideró Fundalex.

Comunidado de LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA

AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
AL ALTO COMISIONADO PARA DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.
A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
A LA RED TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS.
A LA RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD.
A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO.
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA.

1.- El pasado 8 de febrero del presente año un grupo de comuneros de Santa María Ostula, coordinado con los grupos de autodefensa de los municipios de Coalcomán, Chinicuila y de la cabecera municipal de Aquila, tomó el control de la tenencia de Ostula en contra de los grupos del crimen organizado que desde finales de 2011 asolaban la región a pesar de la fuerte presencia de destacamentos de la Marina Armada de México a lo largo de toda la Costa Michoacana.

2.- El día 10 de febrero un pelotón del Ejército Mexicano desarmó a la Policía Comunitaria de Ostula y a los grupos de autodefensa que la respaldaban, ante lo cual la población de la tenencia de Ostula obligó a que el general a cargo de dicho pelotón militar devolviera las armas, pues, desarmar a nuestra policía comunitaria y a los grupos de autodefensa significaría permitir su cruel asesinato.

3.- El día 13 de febrero, con la presencia de más de 1200 comuneros, la Asamblea General de Santa María Ostula y sus 23 encargaturas, máxima instancia de decisión comunal, resolvió REORGANIZAR SU POLICÍA COMUNITARIA y nombró comandante general al comunero Semeí Verdía; asimismo la asamblea acordó trasladarse a la Encargatura de Xayakalan ante la presencia en el lugar, coincidentemente desde el día 8 de febrero, de grupos de policías federales ministeriales e integrantes del ministerio público, que de manera totalmente ilegal han ido a amenazar a los comuneros que viven en Xayakalan con desalojarlos, sin identificarse, ni presentar orden o mandato alguno, perturbando la posesión que nuestra comunidad tiene en dicho lugar.

Para mayor conocimiento del asunto queremos recordar que las tierras correspondientes a la Encargatura de Xayakalan, aun cuando se localizan dentro de nuestros títulos primordiales del siglo XVIII y dentro de nuestra Resolución Presidencial, se encuentran en conflicto con pequeños propietarios de La Placita, algunos de ellos cabezas del crimen organizado en la región, y actualmente existe un juicio agrario en trámite, así como el compromiso con el Ejecutivo Federal de encontrar una solución concertada a dicho conflicto, razón por la que la presencia amenazadora e ilegal de policías federales ministeriales en Xayakalan, supuestamente enviados al estado para combatir al crimen organizado, pareciera ser la continuación de las graves condiciones de guerra no declarada que vive Ostula desde que precisamente resolvió hacer el resguardo de las tierras de Xayakalan, el pasado 29 de junio de 2009.

En atención a lo expuesto, pedimos a la sociedad civil nacional e internacional, así como a los organismos internacionales, a estar atentos a lo que pase en la región y a no permitir un nuevo asesinato, un nuevo secuestro, un nuevo despojo en contra de nuestra comunidad y en contra de las comunidades indígenas del país.

A los gobiernos federal y del estado exigimos:

1. El CESE INMEDIATO de los ilegales operativos por parte de policías federales ministeriales y agentes del ministerio público que tienen como fin el DESALOJO de las tierras de XAYAKALAN, correspondientes a la propiedad y posesión comunal ancestral de nuestra comunidad.

2. La INMEDIATA y URGENTE solución a nuestra problemática territorial en el paraje de Xayakalan por parte de los gobiernos del estado y federal para que se garantice en forma definitiva la tenencia jurídica de dichas tierras a favor de Ostula.

3.Presentación con vida de los comuneros FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, presidente de bienes comunales, JAVIER MARTÍNEZ ROBLES, GERARDO VERA ORCINO, ENRIQUE DOMÍNGUEZ MACÍAS y MARTÍN SANTOS LUNA; esclarecimiento del asesinato de los comuneros PEDRO LEYVA DOMINGUEZ, DIEGO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, J. TRINIDAD DE LA CRUZ CRISOSTOMO, CRISÓFORO SÁNCHEZ REYES Y TEODULO SANTOS GIRÓN y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte; e investigación de los 32 asesinatos y desapariciones de comuneros pertenecientes la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos tres años.

4. El otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria en el territorio nahua de la Costa michoacana.

¡Respeto a la totalidad de nuestras tierras comunales!

¡Respeto a nuestra policía comunitaria!

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

¡Presentación con vida del compañero Francisco de Asís Manuel, presidente de bienes comunales de Santa María Ostula y de los comuneros Javier Martínez Robles, Gerardo Vera Orcino, Enrique Domínguez Macías y Martín Santos Luna!

SANTA MARÍA OSTULA, MICHOACAN, A 20 DE FEBRERO DE 2014.

TIERRA Y LIBERTAD

LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA