lunes, 22 de abril de 2013

Reportero víctima de García Luna y Televisa, obtiene residencia legal en EU


PATRICIA MAYORGA

CHIHUAHUA, Chih., (proceso.com.mx).- Después de casi tres años de su secuestro en Gómez Palacio, Durango, el gobierno de Estados Unidos otorgó la residencia legal al fotoperiodista Alejandro Hernández Pacheco el pasado 19 de abril.

“Los primeros meses, el primer año fue difícil. No podía trabajar, estaba en un lugar extraño. No teníamos cómo mantenernos, nos apoyó la familia, amigos, también gente buena de acá. Les ayudaba a limpiar el jardín, a sacar la basura, a pintar sus casas, me daban uno o dos dólares, pues para los antojos de los niños. Ellos no tienen la culpa de lo que sucede”, recuerda Alejandro.

Desde que le dieron el asilo político, que llegó con el permiso de trabajo, Alejandro Hernández fue contratado como camarógrafo de Univisión, en el Estado de Texas.

“Me ha ido bien, esto es lo que sé hacer bien, los mexicanos sabemos trabajar, con eso no ha hay problema”.

Alejandro dice que ahora vive seguro, todo está tranquilo: “No es como allá que tienes que cuidarte de las balas, de los levantones, de todo. Este país (Estados Unidos) ha sido generoso con nosotros, con mi familia”.

Allá, “del otro lado”, ha podido superar las consecuencias psicológicas de permanecer secuestrado durante cinco días, sometido a un terrorismo psicológico y emocional.

“Los primeros días mi esposa dice que dormido trataba de desatarme. Cruzaba un mueble en la puerta para que no entrara nadie. Desconfías de todo mundo, de policías, hasta de tu sombra. Llegando aquí fue pasando, porque pasas otras cosas, ves otra gente, puedes caminar sin miedo, en la noche”, recuerda.

Le duele hablar de aquella experiencia, le resulta difícil describir lo que siente, explica, sólo recuerda que pensaban que los iban a matar, desde que los subieron al automóvil donde lo plagiaron junto con el periodista de Televisa México, Héctor Gordoa y Javier Canales, camarógrafo de Multimedios de La Laguna.

“Nos apuntaron con una pistola y en ese momento sólo piensas en tus hijos. Durante el cautiverio piensas todo el tiempo qué te van a hacer, no te deja ni siquiera pegar las pestañas porque no sabes qué va a hacer tu familia, cómo le va, qué van a comer si te pasa algo, no sabes en qué momento te van a dar. Y luego nos decían que iban a llevar a nuestras familias”.

Recuerda que en uno de los cuartos, escuchaban niños, se les erizaba la piel: “Pensábamos que eran nuestros polluelos. Yo pensé que nos iban a cortar la cabeza, como ellos nos decían. Lo recuerdo como algo macabro, no éramos los únicos secuestrados, había tres Afis y dos taxistas, era una casa casi espectral, había mancha de sangre. Sólo pedía que me dejaran a la vista, en la calle, donde mi familia me viera, le pedía a Dios que no me dejaran oculto, enterrado”.

Lo único que tiene claro es que salió de trabajar de su casa a las 5 de la mañana el 26 de julio de 2010, para no regresar. “Un secuestro es difícil de superar”.

El infierno

El lunes 26 de julio arribó Héctor Gordoa a Torreón Coahuila para emprender un reportaje para Televisa México. El camarógrafo no llegó con el periodista porque lo dejó el avión. La empresa local buscó a un camarógrafo con experiencia y fue Alejandro Hernández quien acompañaría al reportero en esa encomienda.

El trabajo consistía en entrevistar a los tres alcaldes de la Comarca Lagunera: Gómez Palacio, Durango; Lerdo, Durango y Torreón, Coahuila.

Comenzaron con el de Gómez Palacio, la entrevista fue larga. Luego entrevistaron a dos policías preventivos, a quienes les cubrieron el rostro. Cuando estaban con los policías, les llamaron para avisarles de una manifestación afuera del Centro de Reinserción Social (Cereso) número dos, de Gómez Palacio, donde había policías preventivos estatales y federales. El penal fue clausurado este año.

La manifestación era de familiares de internos, quienes exigían la reinstalación de la directora, Margarita Rojas Rodríguez, quien se encontraba detenida porque de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, permitía a los reos salir en las noches para vengarse del grupo delictivo contrario.

“Había pocos medios y de lejos, eran de periódicos y radio, pero no se alcanzaban a ver bien. Los manifestantes apoyaban a la directora que habían cesado. Salimos de ahí como a las tres de la tarde y cuando regresábamos nos agarraron. Nosotros sólo andábamos trabajando”, insiste.

Los dos periodistas de Televisa fueron capturados con otro camarógrafo de Multimedios, Javier Canales, presuntamente por sicarios del cártel de Sinaloa, de acuerdo con el exdirector de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

Alejandro cuenta que los plagiarios les cuestionaban para cuál grupo trabajaban, pero ellos insistían en que sólo eran trabajadores de medios de comunicación.

Los periodistas fueron quienes convencieron a los sicarios que sólo eran periodistas y hacían su trabajo.

Entonces, les indicaron que debían pedir a las empresas que a cambio de su liberación publicaran unos videos contra “Los Zetas” y autoridades que presuntamente los protegían. Al siguiente día fueron transmitidos por Multimedios, pero ellos no fueron liberados.

Héctor Gordoa fue liberado el jueves 29 de julio, con el fin de llevar el mensaje a su empresa. Alejandro no supo más de él hasta que estuvo en Estados Unidos. “Supe que cuando llegó a México, habló con mi esposa y no supe más”.

Alejandro Hernández y Javier Canales intentaron huir después de la liberación de su compañero, la situación empeoró. Los dos fueron fuertemente golpeados en cabeza, tobillos y rodillas.

Los delincuentes los liberaron el sábado 31 de julio. “Nos liberaron estas personas y nos dicen que corriéramos pero no podíamos porque nos habían pegado en los tobillos, en las rodillas. Nosotros encontramos a la policía, les pedimos ayuda, ellos no nos rescataron, como dijeron”.

Cuando las autoridades se percataron de la libertad de los camarógrafos, los llevaron a México para dar una conferencia de prensa.

“Nos tuvimos que alinear a lo que dijeran ellos. No quise desenmascar ahí a García Luna porque fácil me hubieran asesinado y hubieran puesto de pretexto que yo estaba muy presionado por lo que viví, o algo hubieran inventado”, dice Alejandro.

Asegura que la Policía Federal estuvo alrededor de la casa donde estuvieron cautivos, pero no hizo nada.

“Nos liberaron de un secuestro para meternos a otro”, así describe los 20 días que permanecieron en la Ciudad de México mientras declararon y ayudaron con la investigación.

Durante ese tiempo, nadie les ofreció terapia psicológica, Alejandro sólo tuvo la promesa de Televisa para reacomodarlo en otro estado para no exponerlo, pero nunca se acercaron a él ni le cumplieron su palabra.

“Lo que yo quería era irme lejos de los policías. Hablé con mi familia y con vecinos, uno de ellos me dijo que había afuera personas armadas que no eran policías. Torreón estaba y está muy feo. Tuve contacto con mi esposa los 20 días que estuvieron dizque investigando”.

A la semana de permanecer en la Ciudad de México, lo llevaron a identificar a una persona que había detenido y sí la identificó. “Nos llevaron al Centro Nacional de Arraigos, y a través de una cámara lo reconocí. Estuvimos en la ciudad hasta que nos dijeron: ‘ya se acabó la investigación, cada quien a su casa’, pero yo no quería regresar”.

Indica que no había garantías para vivir en su tierra, ni Televisa lo apoyó, ni las autoridades le dieron confianza.

Luego de arreglar todo con su familia, viajaron a Juárez para solicitar asilo político en El Paso, Texas. En diciembre desenmascaró a García Luna, por el montaje del supuesto montaje que hicieron ante los medios.

El proceso

Su abogado, Carlos Spector, lo apoyó en el proceso. En agosto del 2011, casi un año después de haber llegado a El Paso, le otorgaron el asilo político.

“Con Carlos Spector nos pusimos de acuerdo. Ya no regresé a Torreón. Pasé de Juárez el 22 agosto (del 2010). Mi familia estaba en Juárez, ahí hicieron el informe para que pudieran cruzar, el 26 agosto”.

Aplicaron en dos meses: “En noviembre aplicamos, nos entrevistaron personas de Houston, y fueron ocho meses más o menos a partir de la aplicación, para que nos dieran el permiso. En febrero nos hicieron la entrevista y se llevaron la información. Llegó el permiso de trabajo y luego el asilo en agosto del 2011, casi a un año de que llegamos”.

Así logró entrar a Univisión y el pasado 19 de abril recibió la residencia legal. No piensa regresar a México, no ve condiciones de seguridad para su familia.

Alejandro está convencido que su proceso representa una esperanza para colegas que viven y trabajan con miedo en el país mexicano. “Mi caso representa que se pueden proteger, he sido bendecido porque no me mataron, ni estoy desaparecido, estoy tranquilo. Aplicaría en muchos compañeros el asilo político, es cuestión de que se informen”.

Dijo que hay varios periodistas que se han contactado con él para que los oriente: “Mi reconocimiento a todos los periodistas en mi país, porque estar allá es ser valiente. Yo dejé el país porque no quiero arriesgarme más, tengo mis hijos y tengo miedo de que se queden solos. Me preocupan sobre todo mis compañeros de mi ciudad, se les extraña, mi solidaridad para todos, para los veracruzanos, para todos”.

Ejecutado por militares, el caso del mecánico Joaquín llega a experto de la ONU


ROSALÍA VERGARA

MÉXICO, D.F. (apro).- Al iniciar su visita por el país, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, Christof Heyns, conoció el primero de muchos casos con los que se topará en su recorrido por los estados de Chihuahua, Guerrero y Nuevo León.

Se trata del caso de Joaquín Figueroa Vázquez, un mecánico que trabajaba desde hace 20 años en la empresa Construcción Santa Clara SA de CV y Triturados Río Seco SA de CV que fue acribillado, junto con 10 personas más, por elementos del Ejército el 17 de junio de 2011 en la carretera federal Xalapa-Veracruz. Inicialmente, las víctimas, todos civiles, fueron confundidos con sicarios.

En una carta abierta, Janet Figueroa, hija de Joaquín, dice:

“Como era costumbre, él viajaba desde la ciudad de Xalapa al municipio que le fuera asignado para reparar la maquinaria pesada de las empresas, desde dos semanas antes le había sido asignada la localidad de Chichicaxtle, ubicada a 45 minutos de la capital del estado”, dice la carta.

La información recabada por Jennifer es que ese viernes por la tarde viajó con su jefe, Raúl Tecate, y el laboratorista Tito Landa Argüelles a Xalapa, para recoger el dinero de la nómina de pago. Se transportaron en una camioneta marca Mitsubishi modelo 2009 tipo pick up L200 dísel, doble cabina, color blanco, placas XN-11-780 de Veracruz, propiedad de las empresas citadas.

“Esto es de lo único que tenemos certeza, porque después de casi dos años de pedir justicia, el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables, no hemos tenido respuestas a los cientos de preguntas que nos roban el sueño ¿Por qué nos entregaron un cuerpo desnudo, golpeado, moreteado, con la barbilla y la nariz rotas? ¿Por qué un proyectil de arma de fuego en la nuca le arrebató la vida? ¿Por qué tenía tantos impactos de arma de fuego en el cuerpo? ¿Por qué nos mostraron las fotografías de once sicarios y él se encontraba entre ellos, junto con Don Tito y el ingeniero? ¿Por qué estaba en una camioneta negra cargando una R15, con Don Tito al lado portando una AK47? ¿Por qué los dueños del poder inmediatamente declararon que eran delincuentes, criminalizando la vida de hombres ejemplares?”, se pregunta.

Ante tantas preguntas, Jennifer y familiares de las víctimas decidieron indagar la realidad de los hechos.

Interpusieron una demanda por homicidio en la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un informe a organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin resultados.

Por eso, escribió esta carta pública, para responder a quienes criminalizaron a estos trabajadores.

“Nosotros les respondemos: después de ser atacados con toda la fuerza que les permite ser dueños de la infraestructura y la información, y que posibilitó hacer públicas sus declaraciones en donde los nuestros fueron declarados culpables sin un proceso legal; después de utilizar al apoderado legal de las empresas como intermediario para hacernos llamadas telefónicas advirtiéndonos de las represalias para nosotros y nuestras familias.

“Después de convencer a nuestro primer abogado, un exfuncionario público del estado, de entregar en charola de plata nuestro caso; después de intentar por todos los medios posibles hacernos llegar medio millón de pesos, que fue en lo que valuaron la vida de mi padre y de Don Tito; después de poner todas las trabas posibles ante la Junta de Conciliación y Arbitraje estatal y federal, y con ello pretender pisotear uno más de los derechos de nuestros padres como trabajadores; después de tener automóviles parados frente de nuestros hogares, sin placas, durante dos o tres horas.

“Después de pretender dejar claro quién manda, con la muerte de una inconforme como la periodista Regina Martínez que nos apoyó diciendo la verdad; después de la persecución, la represión, el amedrentamiento, los puntapiés que nos hicieron abandonar nuestra tierra y sobrevivir a su embate para seguir luchando, en otra ciudad lejos de nuestro hogar y rumiando la soledad y el dolor, seguimos esperando respuestas al ¿por qué?, ¿en dónde?, ¿quién?”.

Pese a todo esto, los inconformes, a través de la carta de Jennifer, dejaron en claro: “No nos vendemos, no nos rendimos, no claudicamos”.

Presenta la Upoeg a 300 elementos de seguridad y justicia de Tierra Colorada


Marchan 3 mil simpatizantes del sistema vigilados por el Ejército; repudian a la alcaldesa

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 21 de abril. El Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana presentó unos 300 policías ciudadanos de Tierra Colorada, para garantizarse seguridad porque están cansados de los efectos de la delincuencia organizada, dijo Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), al presentarlos en la cabecera municipal.

Los nuevos miembros del sistema que inició como un movimiento de autodefensa impulsado por la Upoeg son de 17 comunidades y seis colonias del municipio. El acto de presentación fue en la cancha municipal de Tierra Colorada,

Antes, los simpatizantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, incluidos policías ciudadanos, que juntos sumaban unos 3 mil, marcharon por la cabecera municipal, vigilados por el Ejército. Los marchistas gritaron consignas contra la alcaldesa del lugar, Elizabeth Gutiérrez Paz, alusivas a sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada y cuya destitución exigían.

A la cancha municipal, sede de la Asamblea para la presentación de los nuevos miembros, asistieron comisarios municipales, comandantes y coordinadores de los nueve municipios del proyecto de la Upoeg: Ayutla, Tecoanapa, San Marcos, Copala, Cuautepec, Marquelia, Azoyú, Florencio Villareal, y ahora Juan R. Escudero (Tierra Colorada).

Plácido Valerio, en su intervención, aclaró antes de la presentación que el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana no es un movimiento guerrillero, "ni estamos en contra del gobierno”.

El comandante regional de este sistema de justicia, Ernesto Gallardo Grande, también dio un informe que denominó segunda etapa del movimiento, también antes de la presentación, y destacó que el mismo surgió el 6 de enero como una nueva fuerza en contra de la delincuencia organizada. Entre las acciones inmediatas, mencionó el rescate de uno de sus comandantes y la detección de fosas clandestinas.

Precisó que fue el 10 de marzo cuando se constituyeron ya como sistema de justicia. "Contamos con 116 comunidades participantes, somos ya mil 910 policías de este sistema de justicia, que ya detuvieron a 53 presuntos miembros de la delincuencia, 31 de éstos con nexos con el crimen organizado, y el resto se sometió a un sistema de reeducación. Se detuvo a seis presuntos secuestradores. Sostuvimos dos enfrentamientos, uno en un poblado de Ayutla, con un delincuente muerto y 3 detenidos; el otro en Xaltianguis, en Acapulco, se capturó a dos delincuentes", informó.

“No se trata de la guerrilla, ni estamos en contra del gobierno, es el ejercicio del Artículo 39 Constitucional, en donde los pueblos recuperan sus derechos, a pesar de que los senadores dicen que estamos fuera de la ley, pero son ellos los que llegan al poder delinquiendo”, dijo Plácido Valerio en entrevista al terminar el acto.

Los amagos abonan a la confrontación: Ceteg


MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 21 de abril. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) reiteró que no amedrentarán ni desviarán a los diputados locales de su objetivo de reformar la Ley Estatal de Educación, a pesar de las advertencias de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) de analizar la situación laboral de los maestros movilizados.

El coordinador en la zona Centro, Minervino Morán Hernández, consideró que el anuncio de la dependencia estatal abona a la confrontación, sobre todo ahora que el movimiento está en la parte final, porque los diputados analizarán el martes la iniciativa de reforma propuesta por los maestros cetegistas.

Insistió en que la pretensión de la SEG y el gobierno es desviar el objetivo del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), al que pertenece la Ceteg, porque realmente no cree que lleven a cabo la rescisión de contratos de maestros. “Pero si pasa, se tornaría un panorama distinto”, advirtió.

La secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, informó ayer (domingo) que a partir de mañana comenzarán a revisar las escuelas de nivel básico para conocer con certeza las necesidades a raíz del movimiento magisterial cetegista, y posteriormente determinar qué hacer sobre la condición de maestros en paro y la recuperación de clases.

La secretaria anunció un día antes que haría ajustes de maestros faltistas, en alusión a los cetegistas, incluso habló de contrataciones eventuales de otros docentes para la recuperación de clases en La Montaña y la Costa Chica, donde precisó hay más escuelas en paro. “Con estas campañas de difamación y guerra sucia que está implementando en contra del movimiento, incita a mayor confrontación, pero no lo vamos permitir”, aseguró Morán Hernández.

Agregó que la advertencia de la secretaria de Educación es otra medida más de intimidación a los cetegistas, y si siguen en esa dinámica, habrá consecuencias.

México: La tercera opción

Valentina Valle

ALAI AMLATINA, 22/04/2013.- En su Ventana sobre el Miedo, Galeano afirma que “Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida”, dividiendo el mundo entre los que no saben qué comer y los que no saben lo que comen. Sin embargo, después del inicio de la Cruzada contra el hambre, lanzada por el Presidente Peña Nieto en enero de 2013, el periodista Uruguayo debería añadir una tercera opción: los que tenían miedo al hambre y ahora le tienen miedo a la comida.

Casi diario salen noticias acerca de los acuerdos tomados por la Secretaría de Desarrollo Social con algunas empresas transnacionales que desde hace años contribuyen al empeoramiento del régimen alimentario mexicano. Se confirman las palabras de Carlos Fernández-Vega en La Jornada: “la tesis es llénenlos, no aliméntelos”(1).

En el reportaje especial del 13 de abril de la revista Proceso(2), Patricia Dávila abarca de manera detallada el tema de la incorporación de transnacionales como Nestlé, Pepsico y Coca Cola a este programa inaugural del sexenio.

Dávila retoma las palabras de Patti Rundall, líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de Intereses, quien recordó las fuertes críticas a las versiones brasileñas de la Cruzada contra el hambre, los programas Hambre Cero y Bolsa de Familia.

En este caso, las transnacionales convirtieron a las mujeres habilitadas a ser guías nutricionales de sus programas en promotoras de las empresas, y en lugar de inculcar buenos hábitos alimenticios difundieron una cultura de comida chatarra muy dañina por sus altos contenidos en azúcar, sal, grasas y aditivos.

En el caso mexicano, SEDESOL anuncia que las empresas no están contratadas y no venderán sus productos sino que desarrollarán proyectos comunitarios en contra del hambre. Nestlé, por ejemplo, capacitará a 15 mil mujeres de las comunidades para que hagan sus propios negocios elaborando postres en el marco del proyecto “Mi dulce negocio, Nestlé”.

El parecido con las políticas de la ex Administración brasileña es evidente, pero parece que la experiencia de Brasil, que se hubiera podido aprovechar gracias a la presencia en estos días del ex Presidente Lula, no haya servido de advertencia contra los efectos contraproducentes de la participación transnacional a programas sociales gubernamentales.

Además, la SEDESOL aclaró que las grandes empresas que han firmado el convenio “no van a producir, sino a donar, a formular una galleta nutritiva” basada en avena y a bajo costo que “no tiene nada que ver con productos chatarra”. Una muy buena noticia para los casi 7.5 millones de mexicanos que padecen malnutrición y temían que se le entregara comida chatarra. Ahora en cambio saben que se les entregará una supergalleta energética creada específicamente para ellos en los laboratorios de Quaker. Por supuesto, para la comida chatarra podrán continuar a dirigirse a las tiendas Diconsa, la “empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social”(3) y que la SEDESOL involucró también en la Cruzada(4).

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, alerta que hasta ahora sólo vemos la punta del iceberg del negocio que hay detrás del programa gubernamental que en sus palabras se vuelve una Cruzada no contra el hambre, sino contra los hambrientos(5). Se trata supuestamente de “los indios y campesinos que cometen el pecado de tener cultura propia, de ejercer y defender sus propias formas de organización, de producción, de vida, de lucha”. Las mismas personas amenazadas por la siembra de maíz transgénico y que están luchando por la defensa de su tierra y su identidad.

La amenaza es real y varios organismos nacionales e internacionales ya se han movilizado para denunciar la situación. Los días 26 y 27 de abril de 2013 tendrá lugar en la ciudad de Oaxaca la Pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en defensa del maíz nativo con la participación, entre otros, de los premios Nobel Alternativos, Vandana Shiva (India), Pat Mooney (Canadá) y Camila Montecinos (Chile).

La conexión entre la Cruzada contra el hambre y la siembra de millones de hectáreas de maíz transgénico es escalofriante. México, por culpa de la inevitable contaminación de los organismos sanos por los genéticamente modificados, corre el riesgo de volverse en un enorme campo de maíz transgénico y su población se ve una vez más traicionada y vilipendiada por el propio gobierno que regala su historia y orgullo al mejor postor y pretende compensar el saqueo de los recursos con migajas nutritivas.

Notas:

1 “México SA” por Carlos Fernández-Vega en La Jornada, 16 de abril de 2013, disponible en línea en http://www.jornada.unam.mx/2013/04/16/opinion/036o1eco
2 “Transnacionales, con apetito voraz en la Cruzada contra el Hambre” por Patricia Dávila en Proceso, 13 de abril de 2013, disponible en línea en http://www.proceso.com.mx/?p=338972
4 “México SA” por Carlos Fernández-Vega en La Jornada, 16 de abril de 2013, disponible en línea en http://www.jornada.unam.mx/2013/04/16/opinion/036o1eco
5 “Cruzada transgénica contra los hambrientos”, por Silvia Ribeiro en La Jornada, 20 de abril de 2013, disponible en línea http://www.jornada.unam.mx/2013/04/20/opinion/027a1eco

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Carta del MPJD a Patishtán por su cumpleaños 42 #LibertadPatishtan

Comunicado de las Abejas de Acteal en peregrinación por la #LibertadPatishtan

Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas”
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Ch’enalvo’, Chiapas. México.

19 de abril del 2013.

Tierra Sagrada de los Mártires

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas
A todos los Defensores de los Derechos Humanos
A la prensa Nacional e Internacional.
A la Sociedad Civil
A Los Adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
A la Opinión Pública

Hermanos y hermanas:

La Organización pacifista de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, venimos aquí a apoyar de corazón la liberación inmediata e incondicional de nuestro hermano Alberto Patishtán Gómez. Venimos a unir nuestras voces a las de todo este pueblo creyente que se está movilizando por la libertad de nuestro hermano Patishtan injustamente preso. Queremos que se escuche aquí el clamor de los sobrevivientes de Acteal que, además de haber sufrido la gran injusticia de la Masacre hace 15 años, están sufriendo ahora la gran injusticia de la impunidad y la gran burla de la justicia que hacen los que deberían defenderla, los ministros de la Suprema Corte que apenas hace unos días, el 10 de abril, liberaron a otro grupo de 15 paramilitares autores materiales de la Masacre de Acteal, entre ellos el expresidente priista de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, de quien se sabe que le solicitó permiso al entonces presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León para portar armas contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Nosotros los miembros de la Sociedad Civil Las Abejas hemos visto cómo en nuestro país no hay justicia. Los autores materiales de 45 asesinatos están siendo liberados poco a poco hasta que no quede nadie en la cárcel; los autores intelectuales, unos están libres en otros países como Ernesto Zedillo Ponce de León y otros cínicamente han regresado a ser funcionarios públicos como Emilio Chuayffet Chemor, actual titular de la Secretaría de la Educación Pública (SEP). Finalmente, los jueces tuercen la ley según les conviene a los poderosos, mantienen la impunidad y aplican la justicia totalmente al revés, liberando a los culpables y manteniendo presos a los inocentes.

La única esperanza para que se le haga justicia a nuestro hermano Alberto Patishtán es que el pueblo se una para exigir justicia como lo está haciendo hoy y que a los jueces se les despierte algo de honor y dignidad y puedan, aunque sea por una vez, actuar como lo exige la justicia y no como lo piden los intereses políticos y económicos. Por esta razón, queremos desde aquí dirigir a los encargados de la justicia en nuestro país unas palabras que nacen desde el fondo de nuestro corazón herido por tantas injusticias.

Señores ministros y ministras de la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación: ¿En qué tipo de lenguaje tenemos que hablarles para que tomen en cuenta nuestros testimonios verdaderos y nuestras demandas de justicia? Si les queda algo de dignidad y humanidad, respondan: ¿cómo es que excarcelan a los asesinos de niños y niñas, mujeres embarazadas, ancianos y ancianas, sin, tomar en cuenta nuestra palabra? Ustedes argumentan que “hubo fallas en el debido proceso”. Y nosotros como víctimas y agredidos y agredidas ¿dónde queda nuestro derecho a la verdad y a la justicia? ¿Acaso nuestra Constitución y nuestras leyes sólo se preocupan de las formas y no les importa el contenido de la justicia? Señores ministros y ministras, pónganse en nuestro lugar: si les matan a su hijo o hija, a su papá o mamá, a su tío o tía, a su abuelo o abuela, a su hermano o hermana o les matan a toda su familia y sólo se quedan ustedes y se quedan huérfanos y resulta que él o los asesinos de toda su familia son liberados por ministros y ministras de la máxima justicia en este caso mexicana, ¿qué harían? ¿Podrían vivir ustedes tranquilos porque se respetaron las “formas legales” mientras tienen que ver todos los días cómo los asesinos de sus seres queridos se pasean impunemente delante de sus casas?

Señores ministros y ministras: Ustedes hicieron un lado nuestra palabra con que declaramos quiénes eran los paramilitares que sabemos y conocemos que asesinaron a nuestros seres queridos. No sólo nuestra palabra hicieron a un lado, también borraron la sentencia de los jueces que ya habían condenado a los paramilitares. Incluso ignoraron hasta la confesión de culpa que varios de ellos hicieron. ¿Y por qué hicieron esto ustedes?

Dijeron que porque había “fallas en el debido proceso”. Pero cuando el presidente Felipe Calderón quería que siguiera presa la francesa Florence Cassez ustedes hicieron a un lado el debido proceso y dijeron que primero estaban los derechos de las víctimas. ¿Por qué no se acordaron de los derechos de las víctimas en el caso Acteal? ¿Y por qué no toman en cuenta las “fallas en el debido proceso” en el caso de Alberto Patishtán? ¿Acaso ignoran que fue detenido sin orden de aprehensión? ¿Acaso ignoran que estuvo 30 días bajo “arraigo domiciliario”, que estuvo incomunicado, que se le negó auxilio jurídico y traductor a su idioma materno, así como otras muchas violaciones a su derecho al debido proceso? ¿Por qué no dudaron en liberar a asesinos confesos y en cambio se negaron a liberar a un inocente? ¿Será porque para ustedes es peor crimen defender los derechos del pueblo que matar mujeres y niños?

Señores ministros y ministras: es verdad que ustedes no han respetado a los pueblos indígenas, pero de todos modos queremos decirles cómo se ven sus acciones desde nuestra cosmovisión indígena tsotsil. En nuestra comunidad tenemos nuestras propias autoridades pueden ser jóvenes o mayores de edad. Y los autoridades de nuestra comunidad tienen una gran responsabilidad y son respetados y también nos tienen que respetar, sólo que no ganan un dineral como ustedes, sino, en nuestra comunidad es al revés, allá se da un servicio porque es un cargo. Pero, ¿qué pasa por ejemplo si un o una autoridad se corrompe y actúa de manera parcial y favorece al o a la culpable? O por ejemplo, ¿roba dinero? O en el peor de los casos ¿se hace cómplice de un o unos asesinos? Lo que va a pasar es que ese autoridad, es quitada por la comunidad, pero, eso no es lo peor. Lo peor es que esas personas pierden todo el respeto y confianza que merecían como autoridad. La comunidad ya no las ve como gente respetable y de confianza, ahora la comunidad las ve y las considera personas inútiles y de vergüenza.

Señores ministros y ministras: Las acciones que emprendemos traen sus respectivas consecuencias. La de ustedes ya trajo sus respectivas consecuencias, tanto en su carrera profesional tanto ética como moral. Se merecían respeto y confianza del pueblo mexicano, ahora, les toca ser tratados como pasa en nuestra comunidad cuando un autoridad hace mal su trabajo.

Quizá quede algún camino si es que les remuerde la consciencia como seres humanos; como sobrevivientes de un Crimen de Estado, nos toca decirles si les queda algo de honor y dignidad, en nombre de la sangre de Acteal: RENUNCIEN! Porque excarcelar a criminales, no tiene nombre.

Ahora nos dirigimos a ustedes señores Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Tuxtla: Aquí frente a su oficina aquí estamos los hombres y mujeres con sed de Justicia y de libertad para nuestro hermano Alberto Patishtán, ya no vamos a alargar más nuestra palabra, porque ya escucharon lo que les dijimos a los ministros de la “Suprema Corte”, ¿Cuál va a ser entonces su decisión sobre el caso de nuestro hermano Alberto? ¿Van a estar del lado de la justicia o de la mentira y la impunidad? Les pedimos que sirvan al pueblo y a la justicia y para demostrar eso, es con la LIBERACIÓN INMEDIATA E INCONDICIONAL A NUESTRO HERMANO ALBERTO PATISHTÁN GÓMEZ.

¡Exigimos inmediata e incondicional libertad al Profesor Alberto Patishtán Gómez!
¡Justicia para los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal!
¡Acteal Crimen de Estado, un crimen de Lesa Humanidad!

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas

Por la Mesa Directiva:

Rosendo Gómez Hernández
Presidente

Antonio Vázquez Gómez
Vicepresidente

Lorenzo Pérez Ruiz
Tesorero

Por los representantes de los sobrevivientes de Acteal:

Juan Vázquez Luna
María Vázquez Gómez
Vicente Jiménez Sántiz
Tomás Gómez Pérez

Caravana en San Marcos Avilés recibe amenazas de partidistas, quienes dicen: “correrá sangre”.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 22 de abril del 2013
Nota Urgente

Según información con la que contamos hasta el momento, los partidistas de San Marcos Avilés han amenazado a la “Caravana Civil de Observación de Derechos Humanos a San Marcos Avilés de la Red por la Paz en Chiapas” con quitarles los vehículos que según información dijeron: “si no los entregan a la buena será a la mala y si corre sangre va a correr sangre”.

Como Centro de Derechos Humanos exigimos la pronta e inmediata intervención del gobierno de Chiapas para proteger y garantizar la integridad personal de los defensores y defensoras de derechos humanos de la caravana civil.

Finalmente solicitamos a la sociedad civil nacional e internacional que esté al tanto de la situación.

Red por la Paz en Chiapas informa sobre Misión Civil de Observación de Derechos Humanos a San Marcos Avilés

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 18 de abril de 2013

A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A la opinión pública

Misión Civil de Observación de Derechos Humanos a San Marcos Avilés, municipio de Chilón, Chiapas por parte de la Red por la Paz

Los integrantes de la Red por la Paz en Chiapas, les queremos informar que el 21 y 22 de abril de 2013, realizaremos una Misión Civil de Observación y Documentación a la comunidad de San Marcos Avilés, en el municipio de Chilón, con el fin de recopilar testimonios después de las recientes amenazas de desplazamiento forzado, hacia las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) por parte de habitantes del mismo ejido, afiliados a diferentes partidos políticos.[1] En este marco, también esperamos poder reunirnos con el presidente municipal de Chilón, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, y el delegado de gobierno en la zona Nabor Orosco Ferrer. Al finalizar esta visita, realizaremos un informe que presentaremos posteriormente.

La Red por la Paz en Chiapas fue creada desde finales de 2000. Es un espacio de reflexión y acción integrado por 10 organizaciones civiles que mantiene un análisis permanente sobre el contexto local y nacional, con acciones puntuales como pueden ser pronunciamientos ante hechos de gravedad, misiones de observación o Encuentros temáticos en materia de Derechos Humanos. Vemos importante poder realizar esta misión y reuniones con autoridades para frenar la escalada de amenazas y su posible concreción, más aún tomando en cuenta que entre agosto y octubre de 2010 170 personas BAEZLN del ejido San Marcos Avilés ya habían sido desplazados y que, en la actualidad, siguen viviendo en una situación precaria por que continúan desplazados de sus tierras de trabajo y en constante amenaza a su integridad y seguridad personal.

A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la opinión pública, les pedimos que estén atentos a lo que podría suceder en el marco de la Misión y a difundir el contenido del informe en cuanto se haga público.

Atentamente,

Los integrantes de la Red por la Paz

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada (CDHFP)
Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC)
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC)
Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)

[1] Acción Urgente: Aumenta hostigamiento y tensión en contra de BAEZLN en San Marcos Avilés (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Actualización, 4 de marzo de 2013); Acción Urgente: Riesgo de desplazamiento forzado a BAEZLN en San Marcos Avilés (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas , 23 de febrero de 2013)

Oficio de Papel




Calderón ordenó despilfarro publicitario
Involucradas Salud, Sedesol y Turismo
Investigan a Cortázar, Sota y Olmos

Si el uso indebido de recursos públicos y el abuso del poder por parte de la burocracia son de por sí actos reprobables entre la sociedad, causa mayor indignación cuando el despilfarro corresponde a dinero destinado al sector salud, cuyo presupuesto siempre ha sido limitado e insuficiente para atender las necesidades primarias de atención médica de millones de mexicanos en pobreza extrema.

Han transcurrido cuatro meses de que Felipe Calderón dejó la Presidencia de la República y apenas empezamos a conocer cifras y datos duros que revelan parte de esos abusos de la burocracia en la Secretaría de Salud durante el gobierno anterior, cuando esta importante oficina de gobierno tuvo como titulares primero a José Ángel Córdova Villalobos y después a Salomón Chertorivski Woldenberg.

El despilfarro del que hablamos fue en la Dirección General de Comunicación Social, a cargo de Carlos Olmos, quien gastó, sólo durante 2012, año de elección presidencial, unos 2 mil 500 millones de pesos en publicidad, todo autorizado verbalmente desde Los Pinos por su jefa de prensa Alejandra Sota, para resarcir a los medios de comunicación que apoyaban abiertamente a la candidata oficial a la presidencial y criticaban a los aspirantes de oposición.

Esa vieja práctica corrupta de usar de manera facciosa la publicidad oficial para mantenerse en el poder y complacer a los medios afines, se ejecutó en varias secretarías de Estado como Salud, Desarrollo Social y Turismo, principalmente, así como en algunas empresas paraestatales al mismo momento de arrancar las campañas políticas electorales, con lo que se buscaba complacer a medios electrónicos y escritos que exaltaban las políticas públicas de Calderón, aún aquellas que causaron decenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados.

Por ello el actual gobierno ha ordenado una investigación a fondo del uso del presupuesto en Salud durante los últimos tres años del gobierno calderonista, para deslindar responsabilidades y actuar en contra de quienes hayan abusado con dinero público y hasta lo hayan desviado.

Algunos datos que probablemente les sirvan a los auditores del órgano de control interno de la Secretaría de Salud, es que sólo en 2012 esa dependencia registró un gasto de unos 2 mil 500 millones de pesos en publicidad, de los cuales más de 320 millones aún se adeudan, por “insuficiencia presupuestal”, a varios periódicos, revistas y medios electrónicos, debido a que el área de comunicación social de Salud se salió del presupuesto ante las presiones y exigencias de la Presidencia de la República para llenar los bolsillos de algunos dueños de medios de comunicación complacientes con el gobierno.

El caso ha subido de nivel y ha llegado a la secretarías de Hacienda y de Gobernación, responsables de las autorizaciones del presupuesto público para la publicidad, y hasta allí han llegado las peticiones de empresarios de medios de comunicación para que les liquiden dicho adeudo millonario que dejó impunemente el gobierno de Calderón.

Mientras esta bola de corrupción creada en las secretarías de Salud, Sedesol y Turismo durante el gobierno de Calderón está a punto de estallar, la actual administración ha abierto expedientes en la Secretaría de la Función Pública. Uno de ellos está en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, específicamente para determinar si los respectivos secretarios, José Ángel Córdova Villalobos y Salomón Chertorivski Woldenberg (actual secretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino) en el sexenio pasado estuvieron involucrados en el mal manejo de recursos en publicidad y si también autorizaron los sobregiros por cientos de millones de pesos.

Otro expediente se abrió en Hacienda para revisar el gasto en todas las áreas de comunicación social de las secretarías de Estados, organismos descentralizados y paraestatales, que pudieron verse involucrados en gastos desorbitantes por instrucciones giradas desde la oficina de prensa de Felipe Calderón durante los últimos tres años, ocupada primero por Maximiliano Cortazar (2006-2010) y después por Alejandra Sota (2010-2012).

Inician auditoría en Salud

Por lo pronto un ejército de auditores inició la semana pasada su trabajo de revisión en la Secretaría de Salud, correspondiente a los tres últimos ejercicios fiscales del sexenio pasado, con atención especial en el área de Comunicación Social que dirigió Carlos Olmos.

Para los investigadores del caso, tanto de Hacienda como de la Función Pública, hay la certeza de que hubo un mal uso de recursos públicos que podría derivar en sanciones administrativas y hasta penales, que concluirían en inhabilitaciones y acusaciones por delitos de peculado y fraude con el presupuesto público, además de que se presume hubo pago de jugosas comisiones a funcionarios de Salud a cambio de que autorizaran importantes partidas presupuestales de publicidad. Por ello también se revisará la situación patrimonial de varios servidores públicos que se sospecha se han enriquecido ilícitamente con comisiones.

Molestos porque no les han pagado 260 contratos correspondientes a los 360 millones de pesos, los empresarios de varios medios de comunicación han iniciado el cobro de publicidad que les autorizaron en el sexenio pasado, mediante amenazas de denuncias penales por fraude, además de hacer público el adeudo contraído por el gobierno anterior.

En la Secretaría de Hacienda también fijaron posición y su Dirección General de Programación y Presupuesto precisó que esa unidad administrativa no cuenta con recursos en el actual ejercicio fiscal para liquidar dicho concepto, como lo ha demandado Salud, mientras que el titular de Hacienda, Luis Videgaray, ha comentado en reuniones privadas que ese dinero no se pagará con el actual presupuesto público, pues corresponde a un sobregiro del gobierno anterior, además de que dichos recursos mal utilizados fueron destinados para apoyos a la campaña de la candidata oficial a la Presidencia de la República y a la imagen del propio Calderón.

Acusa Olmos a exvoceros de Calderón

Mientras esto ocurre en las secretarías de Hacienda y de Salud, y la madeja de corrupción empieza a deshilarse, el vocero Olmos encontró refugio en la Cámara de Senadores como coordinador de Comunicación Social, con el respaldo de los líderes de las bancadas del PRI, Emilio Gamboa, y del PAN (al cual sirvió), Ernesto Cordero.

Entrevistado por la reportera Nancy Flores, Carlos Olmos se defiende y asegura que él no es el único responsable, y culpa a los exvoceros de Felipe Calderón, pues las campañas publicitarias se decidían en la Presidencia de la República “por Alejandra [Sota] o Max [Cortázar]. Ellos eran la primera instrucción; pasaba a Gobernación y Gobernación instruía a todas las áreas”. Sin embargo, acepta que de esas órdenes no hay registro documental: “Presidencia nunca te va a dar nada, porque son [instrucciones] verbales”.

Agrega: “Nadie, ningún área, ninguno de los comunicadores tenemos una tarjeta o documento que te diga, o donde venga: ‘Presidencia [ordena] esto’. Te hablan, ‘haz esto’”.

En 2012 –el año de las elecciones presidenciales en el que se estableció una veda electoral de abril a julio– el gobierno de Calderón Hinojosa destinó 6 mil 860 millones de pesos al gasto publicitario en medios electrónicos e impresos.

De ese total, Olmos Tomasini reconoce que la Secretaría de Salud ejerció 2 mil 500 millones, es decir el 36.44 por ciento.

—¿Por qué gastaron 2 mil 500 millones de pesos en un año electoral?

—Se gastaron en enero, febrero y marzo. No se gastó después.

—¿2 mil 500 millones en 3 meses?

—Perdón, pero fue la orden que tuvimos.

—¿Quién lo ordenó?

—Presidencia y Gobernación.

A lo largo del sexenio calderonista, el desembolso en el rubro publicitario superó los 32 mil millones de pesos, y la razón de aplicar la mayor publicidad en el primer trimestre de 2012, es porque la ley le impedía al gobierno hacerlo durante las campañas políticas.

Investigaciones en marcha

La orden que recibió de Presidencia el área que encabezaba Olmos Tomasini en los primeros 3 meses de 2012 se volvió en su contra: 260 contratos con medios de comunicación no se han pagado, por “insuficiencia presupuestal”. Así, la administración de Salomón Chertorivski Woldenberg heredó una deuda de 317 millones 78 mil 991 pesos a la gestión de la secretaria Mercedes Juan López.

No obstante, Olmos Tomasini se defiende: “Las campañas de salud siempre son emergentes. No tienen presupuesto. Entonces se justifica ante Hacienda y ante Gobernación el porqué de esa campaña; entonces Gobernación te dice: ‘necesitamos una campaña, busca el tema. Ya que va a ser emergente, podemos tener obesidad, adicciones; súbelo, arma la campaña’. Gobernación te da autorización e inicias la campaña y paralelamente solicitas el recurso y Hacienda te manda el dinero. Pero ya la campaña está caminando”.

En la Secretaría de Hacienda, la gestión de José Antonio Meade –actual secretario de Relaciones Exteriores– entregó 1 mil 838 millones 409 mil 399 pesos para cubrir la mayor parte de los contratos, a través de los acuerdos 801.1.099, 801.1.102, 801.1.118, 801.1.149 y 801.1.161. Los oficios –de los cuales se posee copia– fueron firmados por los exsubsecretarios de Egresos, Carlos Alberto Treviño y Bogart Montiel Reyna.

—¿Por qué no mandaron dinero para estos 260 contratos?

—Ahí sí no te sé decir eso; no te lo sé decir porque era una cuestión administrativa, y ya no regresó el dinero Hacienda. Ahora, es correcto lo de los 2 mil 500 millones de pesos, que fue en números redondos que bajaron; pero en esos 2 mil 500 millones debes incluir, por eso tiene un diferencial, que el Seguro Popular se manejaba independiente. Entonces parte de este dinero fue para el Seguro Popular [Comisión Nacional de Protección Social en Salud]. No nos mandaron todo el dinero a nosotros. Se pagaron las campañas del Seguro Popular y eso yo no lo manejaba.

—¿Pero tú sí manejabas estos 260 contratos que no se pagaron?

—Sí. Todo esto sí. De todo esto yo soy responsable. De la bajada del dinero sí era directamente [responsable] Gobernación, Hacienda y el área de pagos de la Secretaría [de Salud]. Entonces nosotros debemos hacer uso al soltar la lana en base a la autorización de Gobernación. Si tú querías hacer una campaña, tenías que solicitar la autorización de Gobernación, para que luego solicitara a Hacienda el dinero. Así ha trabajado siempre la Secretaría de Salud. Esto no es nuevo.

—¿Quién te autorizó en Gobernación?

—Alejandro Echegaray [exdirector General de Normatividad].

El oficio SNM/DGNC/0010/12, emitido por la Secretaría de Gobernación el 3 de enero de 2012 y firmado por el propio Alejandro Echegaray, autoriza una de las tres campañas publicitarias de la Secretaría de Salud que costaron al erario 2 mil 100 millones de pesos.
“Esta Dirección General [de Normatividad], en el ámbito de su competencia, autoriza la difusión de la campaña ‘Igualdad de oportunidades’, versión ‘Infraestructura hospitalaria y equipamiento médico”, de conformidad con su solicitud, sometida mediante oficio DGCS/DCyE-0008/12, del 3 de enero de 2012.”

Posteriormente, cita las especificaciones: medios de difusión seleccionados (algunos de ellos: Televisa, Tv Azteca, Canal 44, SIPSE, Productora y Comercializadora de Televisión), con una vigencia del 4 de enero al 7 de marzo de 2012.

Las otras dos campañas fueron autorizadas con los oficios SNM/DGNC/0075/12 (“Adicciones”) y SNM/DGNC/0371/12 (“Control de enfermedades y alerta sanitaria”). En los tres casos, la Dirección General de Normatividad detallaba los medios de comunicación que serían contratados.

Aunque Olmos Tomasini dice no recordar a todos los medios que se les debe, señala que ni Televisa ni TV Azteca se encuentran en esa situación (a éstas sí les pagaron). Están Milenio, Telmex, CIE, TVC y varias cableras, indica a botepronto.

Sobre la investigación que se sigue respecto de su gestión, indica, “estoy tranquilo”. Manifiesta que todos los contratos que asignó fueron autorizados por la Secretaría de Gobernación, que entonces encabezaba Alejandro Poiré Romero, con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

También se dice confiado en que la Secretaría de Salud pague los 317 millones 78 mil 991, correspondientes al sobregiro presupuestario de 260 contratos con empresarios de los medios de comunicación.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Maratón de Boston: patriotas y activistas por la paz socorren a las víctimas del atentado


Publicado el 19 de abril de 2013
Amy Goodman

El lunes fue el Día del Patriota en Massachusetts, que conmemora el comienzo de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos en 1775 en dos batallas celebradas en ese estado. También es el día en que se celebra la maratón anual de Boston, capital de Massachusetts, que ahora, lamentablemente, pasará a la historia como otro episodio de violencia desmedida sin sentido.

La imagen de Martin Richard dio la vuelta al mundo desde que murió ese día. La foto muestra al niño de 8 años de edad con una pancarta, que él mismo escribió, con la leyenda: “No lastimen a más personas. Queremos paz”.

La familia Richard estaba mirando la maratón cuando detonó la bomba. Su madre, Denise, y su hermana, Jane, sufrieron heridas graves. Su padre, Bill, sufrió heridas de metralla. El hermano mayor de Martin, Henry, no resultó herido, al menos no físicamente.

Al otro lado de la calle donde ocurrió la explosión, Carlos Arredondo y su esposa, Melida, observaban desde las gradas. Estaban esperando a un miembro de la Guardia Nacional que corría la maratón en honor al hijo de Carlos, Alex Arredondo, un infante de marina de Estados Unidos que murió en la batalla de Nayaf, en Irak, en agosto de 2004. En aquel entonces, inmediatamente después de enterarse de la muerte de su hijo, Carlos se metió en su camioneta y la prendió fuego. Sobrevivió, a pesar de haber sufrido quemaduras graves, y desde entonces se dedica al activismo por la paz, viajando por Estados Unidos con un ataúd envuelto en la bandera de Estados Unidos en honor a su hijo. En 2011, siete años después de haber perdido a su hijo Alex, su hijo menor, Brian, quien sufrió depresión tras la muerte de Alex, se suicidó.

En la maratón, Carlos, de origen costarricense, vestía un gran sombrero de vaquero. Las imágenes de su valiente campaña de rescate de personas heridas en explosiones también recorrieron el mundo.

En fracción de segundos, las vidas de estas dos personas, Martin Richard y Carlos Arredondo, provenientes de barrios de Boston bastante cercanos, cobraron dimensión internacional. Martin, un niño que murió trágicamente a causa de un artefacto explosivo improvisado, y Carlos, un padre que perdió a sus dos hijos como consecuencia de la guerra en Irak. Le pedí a Carlos que describiera los instantes posteriores a las explosiones en la maratón:

“Todo el mundo estaba en el suelo. Había personas quebradas, algunas mutiladas, otros desmayados, tantos heridos. Nunca en mi vida había visto algo igual. Fue un momento horrible. La gente corría y muchos realmente manejaron la situación de la mejor manera posible, dadas las circunstancias. Enseguida nos dimos cuenta de que se trató de la explosión de un artefacto improvisado. Mi primera reacción, como voluntario de la Cruz Roja, fue simplemente ir allí y cumplir con mi deber. Muchas personas hicieron lo mismo: policías, miembros de la Guardia Nacional, espectadores, veteranos de guerra. Todo el mundo se unió y acudió a ayudar. No sabíamos si había una tercera bomba, pero todos sacaron las vallas y movieron cielo y tierra. Y en muy poco tiempo, todo el mundo fue trasladado a la zona de emergencia, a unos 130 metros de allí, donde había muchísimo personal y unidades médicas de emergencia. Hubo mucha ayuda”.

Carlos concentró sus esfuerzos en ayudar a Jeff Bauman Jr., quien sufrió heridas graves en ambas piernas: “Rompí su camiseta, y con la ayuda de otro señor, le colocamos un torniquete en las piernas. En cuanto hubo una silla de ruedas disponible, lo levanté y lo puse en la silla y lo saqué de allí”.

El gran nivel de especialización de los hospitales de Boston no fue suficiente para salvar la vida de Martin Richard. Su hermana de 7 años de edad, a quien le encanta bailar, perdió su pierna, y su madre, Denise, sufrió un traumatismo grave en la cabeza. Denise es la bibliotecaria de la escuela primaria Neighborhood House Charter School y miembro activo de una organización comunitaria. El padre de Martin, Bill, es un activista muy respetado en la comunidad, que ha ayudado a revitalizar el área.

Hace siete años, también en el Día del Patriota, después de la Maratón de Boston, me encontraba en el histórico edificio Faneuil Hall junto al reconocido historiador fallecido Howard Zinn. Era la noche fría y lluviosa del 16 de abril de 2007, cuando llegaron noticias de una masacre en Blacksburg, Virginia, en el predio de la universidad de Virginia Tech. Treinta y dos personas murieron ese día, además del asesino, que se suicidó. Esta semana, mientras la recta final de la Maratón de Boston estuvo dedicada a las 26 personas que murieron asesinadas en Newtown, Connecticut, el Senado – controlado por los demócratas – no logró aprobar siquiera la parte más básica del acuerdo sobre la legislación de control de armas, una reforma suavizada de la verificación de antecedentes.

La primera explosión en Boston ocurrió detrás de una fila de banderas ondeantes de todo el mundo, que refleja la dimensión internacional de la maratón más antigua del país. Las banderas me recordaron, una vez más, las palabras de Howard Zinn: “Ninguna bandera es lo suficientemente grande como para cubrir la vergüenza del asesinato de personas inocentes”.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2013 Amy Goodman

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