martes, 10 de enero de 2012
Oficio de Papel
Las verdades de Acción Nacional
“Yo acuso” de Manuel Clouthier
Rendición de cuentas de Calderón
En busca de justicia y libertad de pensamiento, el 13 de enero de 1898 se publicó en la primera plana del diario francés L’Aurore, el famoso texto “Yo acuso”, en el cual el escritor y periodista Émile Zola hace una defensa a favor del capitán Alfred Dreyfus, acusado y sentenciado injustamente por un tribunal militar a 35 años de prisión por el delito de alta traición.
El texto del conocido caso Dreyfus, publicado en forma de carta abierta en el periódico francés, se convirtió en un clásico de la libertad de expresión que, a través de la prensa, exige justicia ante los abusos de los poderosos enquistados en el gobierno.
La semana pasada el todavía diputado panista Manuel J. Clouthier nos hizo recordar el “Yo acuso” de Zola con su carta con el mismo título y publicada como desplegado pagado en un diario capitalino. El hijo del legendario Maquío, excandidato presidencial y también del mismo nombre, acusa a su Partido Acción Nacional (PAN) de incongruencia, de corrupción, de injusticia y de traicionar los principios democráticos que le dieron vida a ese órgano político.
En una dura y consistente carta, Clouthier critica la incongruencia del PAN al negarle su derecho a participar en la contienda interna para buscar la candidatura a la senaduría por Sinaloa y le recuerda a los líderes de ese partido que no pueden ser promotores de la democracia en el país cuando internamente su organización carece de lo mismo.
El panista argumenta en su “Yo acuso”, igual que lo hiciera Zola hace más de 100 años, la falta de libertad de expresión, en este caso para los militantes y simpatizantes del PAN, “cuando esta libertad es pilar fundamental de toda democracia”.
En esta denuncia pública sobre los abusos del partido en el poder, Clouthier compara al PAN con el viejo régimen priista autoritario y antidemocrático, y lo acusa de incongruente al decir que promueve el respeto a la dignidad de la persona y al mismo tiempo coaccionar el voto de los militantes que trabajan en los gobiernos panistas, al más puro estilo del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A unos meses de que se lleven a cabo las elecciones para decidir quien será el próximo presidente de la República, el hijo de Maquío hace una severa acusación en contra de la administración pública y los gobernantes: usan los programas sociales con fines partidistas y clientelares. Al tiempo, critica al PAN por promover el terror cuando debería fomentar un ambiente de libertad.
Como pocas veces vemos, un destacado panista revela la verdad acerca de lo que se ha convertido ese órgano político, una vez que asumió el poder hace 11 años, cuando Vicente Fox ganó la Presidencia, y ahora con Felipe Calderón en Los Pinos.
Así, desmitifica al PAN como supuesto promotor de las buenas conciencias y de las libertades democráticas, de pensamiento y de expresión, y lo ubica como un partido autoritario, antidemocrático y falso en su moral y su ética política que pregona. Lo compara con las etapas más oscuras, corruptas y autoritarias del PRI, cuando éste mantenía el poder político del país.
A los dirigentes panistas, encabezados por Gustavo Madero, los acusa de intolerantes y excluyentes, y al PAN de pregonar por más de 70 años de regímenes priistas que se puede gobernar con principios y “en 11 años de ser gobierno federal no hacerlo”.
Otro señalamiento puntual es sobre el grave problema de la corrupción. En su “Yo acuso”, Clouthier precisa la incongruencia del PAN al decir que promueve la justicia y no combatir los privilegios y fomentar una sociedad desigual. Esa incongruencia, agrega, se incrementa cuando, con dedo flamígero, señala la corrupción del viejo régimen priista y hoy solapa la corrupción en los gobiernos panistas.
Lo acusan , señala el legislador del PAN, de dañar al partido al denunciar sus desviaciones, “cuando lo que hace daño es taparlas impunemente y no corregirlas o sancionarlas, convirtiendo complacencia en complicidad”. El PAN, continúa, fomenta el paternalismo, el populismo, la demagogia y la mentira.
Manuel J. Clouthier dice de Felipe Calderón que es incongruente cuando se permite que el presidente de la República, emanado de Acción Nacional, detente la autoridad como máximo líder del partido, como hacía el PRI.
Al presidente del PAN, Gustavo Madero, también lo califica de incongruente por acatar las opiniones de Calderón y del gobernador sinaloense Mario López Valdés, Malova, sin importar la opinión de los panistas y los ciudadanos sinaloenses.
El hijo de Maquío acusa que en México la política ha sido secuestrada por los partidos y, en consecuencia, los ciudadanos libres no pueden participar en ella ni ser votados.
Manuel J. Clouthier, un auténtico panista cansado de tantas mentiras y abusos de su partido (PAN) en el poder, desnuda en su “Yo acuso”, igual que lo hizo Zola hace más de un siglo, las injusticias y la farsa de ese partido fascista.
La rendición de cuentas
En un acto propagandístico y publicitario, Felipe Calderón emitió un acuerdo publicado el 15 de diciembre pasado, en el cual se especifica que los funcionarios del gobierno federal deberán difundir en sus páginas de internet toda la información que poseen, con excepción de aquellos apartados o anexos que contengan información que haya sido clasificada como reservada o confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso de la Información. En tal caso, se deberán elaborar versiones públicas, informó la reportera Lilia Saúl en El Universal.
Lo que parecía una voluntad política para que los servidores públicos rindieran cuentas a la población de sus actos de gobierno y administración, en realidad es una farsa más del presidente, pues cuatro días después, el 19 de diciembre, como da cuenta la misma nota aludida, Calderón abrogó el acuerdo que creó la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal, la cual operaba de manera permanente.
Dicha comisión, explica la reportera, tenía como objetivo coordinar las políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la transparencia en el ejercicio de las atribuciones de las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal. Entonces para qué la desaparece el mandatario, pues para permitir la impunidad en el desvío de recursos públicos.
Sin embargo, aún con la reticencia presidencial para transparentar las acciones de gobierno y con ello pretender ocultar la terrible corrupción que ha consumido a toda la administración pública y ha beneficiado a muchas empresas privadas nacionales y extranjeras, este gobierno, como ningún otro, será sometido al escrutinio público y a los medios de comunicación por el despilfarro y el abuso cometido en sus hasta ahora cinco años de gobierno. Sobre todo, la impunidad promovida desde Los Pinos en beneficio de funcionarios cómplices.
Dicho acuerdo presidencial, que más que una voluntad política es una obligación legal para el Ejecutivo, explica que “tiene por objeto establecer las bases que las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán observar para la rendición de cuentas de la administración 2006-2012, y la entrega recepción de los asuntos a su cargo a la siguiente gestión gubernamental, con la finalidad de que la misma se realice de manera ordenara, transparente, confiable, oportuna y homogénea, y permita dar continuidad a los servicios y funciones gubernamentales, así como a los programas y proyectos a su cargo”.
En el papel esto suena bien, pero en la realidad ya se comenta entre funcionarios las distintas estrategias para ocultar la mayor información posible y evitar con ello la rendición de cuentas y las probables sanciones en contra de directivos de las entidades públicas.
En cada gobierno, sea PRI o PAN, se ha abusado del poder y se han utilizado recursos públicos para enriquecer a los titulares de las unidades gubernamentales, a empresarios cómplices, a familiares y amigos, mediante el otorgamiento de contratos amañados para la adquisición de bienes y servicios.
Otra forma de corrupción gubernamental ha sido el desvío del destino original del dinero dispuesto por el Congreso. Es decir, los legisladores discuten y aprueban un presupuesto público general y a cada órgano de gobierno le asignan determinados recursos para programas y proyectos, pero muchos de éstos nunca se cumplen porque algún funcionario corrupto desvía los fondos hacia otras áreas para privilegiar sus propios intereses o simplemente para utilizar el dinero en otras actividades. Eso configura el delito de peculado que constantemente se comete en la administración pública ante la falta de regulación y vigilancia por parte de los órganos responsables para ello.
Otra área encargada de la vigilancia del buen orden y comportamiento de los servidores públicos, es la Secretaría de la Función Pública, esa entidad que hace unos años el mismo Felipe Calderón dispuso desaparecer por considerar que era un elefante blanco, pero el Congreso dispuso otra cosa e impidió que el presidente arremetiera con la dependencia encargada de combatir la corrupción y la impunidad.
El problema con esta Secretaría no es que sea un ente inservible, sino que su titular depende de las decisiones que se toman en Los Pinos y eso impide que se actúe con transparencia y honestidad en la disminución de la corrupción y en la rendición de cuentas de los servidores públicos. Es desde la casa presidencial en donde salen las órdenes para sancionar a tal o cual funcionarios o empresario cómplice, sin importar que la corrupción involucre a prácticamente toda la administración pública federal.
Entonces, mientras sea el mismo Poder Ejecutivo el que se encargue de revisarse a sí mismo y no haya una frontera que divida los intereses personales y de grupo político entre ambos propósitos, no se podrá avanzar en combatir el cáncer de la corrupción y la impunidad.
Como sabemos, sólo la Auditoría Superior de la Federación, órgano dependiente del Congreso de la Unión, es la única autoridad que actúa más o menos independiente, pues también está sujeta a los caprichos y juegos políticos de los partidos en la Cámara de Diputados, pero hasta ahora es la única entidad que investiga a la administración pública federal.
Muchos ejemplos de corrupción se han escrito en este espacio cada semana y por varios años, pero sin dudarlo los últimos sexenios, desde los priistas Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, así como los de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, son una prueba de la urgencia de que este país necesita cambiar sus modelos de gobierno, de democracia, de justicia y de rendición de cuentas.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
URGIMOS LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO CARRETERO LIBRAMIENTO NORTE
H. Puebla de Zaragoza a 10 de enero de 2012
Al Dr. Rafael Moreno Valle, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla
A los 41 Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla
Gobernador, Diputadas, Diputados:
Reciban por este medio un cordial saludo de parte de las familias afectadas por el proyecto carretero “Libramiento Norte”, al mismo tiempo exponemos nuestras demandas a partir del siguiente contexto:
En el 2008 el Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, que en la sección de CONSIDERNADO dice textualmente: “La expropiación es un acto administrativo que encuentra su justificación, en la exigencia imperiosa de adquirir determinado bien que, a pesar de formar parte de un patrimonio particular, por sus características, es indispensable para la satisfacción de un interés social. Constituyéndose en una acción por la cual el Estado, unilateralmente y en ejercicio de su Soberanía, afecta determinados bienes, por causa de utilidad pública, para satisfacer necesidades que están por encima del interés privado, mediando una indemnización justa.”
Más adelante en la misma sección refiere: “Los actos privativos de la propiedad se deben realizar, por regla general, mediante un procedimiento encaminado a oír previamente al afectado, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, como son: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se sustente la defensa; c) La oportunidad de alegar; y d) La emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas…”
Para tratar de entender que significa “Utilidad Pública” para legisladores y Gobierno del estado, en el Artículo 2 de la Ley de Expropiación dice: “Se entiende por utilidad pública las causas que satisfacen las necesidades sociales y económicas que comprenden: la pública propiamente dicha, cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra públicos; la social que satisface de manera inmediata y directa a una clase social determinada y mediatamente a toda la colectividad; y la estatal que satisface la necesidad que tiene el Estado de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política.” Y dice “Son causas de utilidad pública [refiriéndose a proyectos carreteros], para efectos de esta Ley, las siguientes: I.- El establecimiento, explotación, ampliación, modificación o conservación de un servicio público; II.- La apertura, prolongación, ampliación, alineamiento o mejoramiento de avenidas, calles, calzadas, andadores, puentes, boulevares, túneles, caminos y carreteras, así como toda vía que tienda a facilitar el tránsito en general, urbano, suburbano y rural, entre dos o más poblaciones; XIX.- La construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables…”
De las exposiciones arriba mencionadas nos preguntamos: Sí la expropiación encuentra su justificación en la necesidad de satisfacer un INTERÉS SOCIAL que está por encima del interés privado y que además debe cumplir la formalidad legal de procedimiento ¿Por qué se pretende expropiarnos nuestras propiedades sí con ello lo que estarán llevando a la práctica es un desplazamiento involuntario o forzado, así como la ruptura del tejido social, económico, cultural, indígena, ambiental que afectaría a miles de familia directa e indirectamente que durante décadas hemos vivido en las comunidades afectadas por el proyecto Libramiento Norte? ¿Acaso sabrán el gobierno del estado y legisladores que el desplazamiento involuntario o forzado es un delito de lesa humanidad?
También nos surge otra duda respecto a las Causas de Utilidad Pública expuestas en el Artículo 2 de la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla cuando menciona que la “Utilidad Pública” satisface de manera inmediata y directa a una clase social determinada y mediatamente a toda la colectividad, A qué clase social determinada se refiere: ¿A la oligarquía, cuyos banqueros y empresarios saldrán beneficiados con las cuotas de peaje, y optimización de tiempos para la transportación de mercancías y materias primas en esta red carretera desde el Golfo de México hasta el centro del País y que en consecuencia obtendrán mayores ganancias? O ¿Se refiere al pueblo trabajador: indígenas, campesinos, pequeños comerciantes que el ahorro de tiempo no se verá reflejado en ostentosas ganancias económicas? Si se refiriera a estos últimos, ¿Por qué no mejor dar atención médica, becar a estudiantes indígenas, construir espacios culturales y deportivos que contribuyan a alejar a la población de los vicios y la violencia? ¿O mejor aún, concesionar la construcción de caminos para las comunidades marginadas del estado como Eloxochitlan, comunidad catalogada como la más marginada del País?
Nosotros tenemos una hipótesis: El “Libramiento Norte” fue hecho para que se beneficiaran solamente empresarios de las constructoras y gobierno, ya que en ese mismo año 2008, el gobierno de Mario Marín Torres concesiono de manera directa a la empresa Obrascón-Huarte y Lain (OHL), cuyo presidente es el empresario Juan Miguel Villar Mir, dueño de Grupo Villar Mir e Inmobiliaria Espacio, y que en nuestro País opera con OHL México, cuyo presidente es José Andrés de Oteyza.
Villar Mir es recordado en España por haber comprado por una peseta la empresa Obrascón, así como otras empresas a precios de ganga, además a pesar de la actual crisis económica española y mundial los reportes de la empresa OHL son a la alza. Oteyza fungió como titular de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial con José López Portillo, posteriormente en el sexenio de Miguel de la Madrid fue embajador en Canada, se le asocia como responsable de la crisis económica en nuestro país de fínales de los 70, negándose en aquella ocasión a bajar el precio del petróleo mexicano, cuando había una baja generalizada de precios del crudo en el ámbito internacional, además se le asocia junto con López Portillo en 1978 para que PEMEX asumiera el rescate financiero de la refinería Petróleos del Norte (PETRONOR) de España, dominada por el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya, la Caja de Ahorro provincial y la Caja Municipal de Bilbao, PETRONOR entro en crisis por la salida de sus principales accionistas y después fue vendida a la Repsol, causando con esto crisis en México por el aumento de la deuda externa.
Otro dato importante es que de acuerdo a Ángela Forsyth, de la Revista Digital Building & Construction México, “a través de sus concesiones, a OHL México le han sido adjudicado seis importantes proyectos de infraestructura de carreteras al nivel nacional, para un total de 359 kilómetros de autopistas de peaje, en los estados de México, Puebla y el Distrito Federal. Además, en asociación con el gobierno federal, maneja una inversión cercana a los $65,000 millones MXN.”[1]
Además, la concesión del “Libramiento Norte” es a 35 años, y como pasa con las concesiones, sí a los 35 años OHL no logra la ganancia proyectada, la concesión se amplía y si no se cumplen las expectativas de OHL existe la figura de cancelación de concesión, posibilitando su acceso al llamado rescate carretero, y aunque el gobierno poblano ya les dio el derecho de vía, para poder construir el “Libramiento Norte” primero OHL se tienen que capitalizar por medio del financiamiento de bancos, como los ha obtenido OHL de El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), Banobras y Banorte, financiamiento que se paga con los beneficios obtenidos por el peaje. Es decir, solo ganan empresas y bancos, mientras el pueblo mexicano es el que se endeuda para dichos proyectos.
A partir de ese año, en coordinación con Alter Consultores de México S.C., por medio de la Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V., unión del grupo CONMEX-GRUPO OHL comenzaron con la proyección para la construcción de los proyectos carreteros antes mencionados bajo los siguientes ejes: “Desincorporación de la Propiedad Social del Circuito Exterior Mexiquense Bicentenario Fases I, II y II y Liberación y Desincorporación de Tierras de Propiedad Social y Privada para el “Libramiento Norte””[2]. Lo importante a destacar con Alter es el hecho de que desde el Director General Lic. Julio Antonio Virgen Cameño, hasta el Jefe de Proyectos, Ing. Raymundo Trujillo Pérez, pasando por otros 6 puestos directivos, todos han sido empleados de gobierno de dependencias como Tenencia de la Tierra, Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Agraria, Cartografía Catastral de INEGI, Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE). Lo indignante: Alter con la finalidad de comprar los terrenos por donde pretenden pasar el Libramiento, ha amenazado a los propietarios con la entrada del ejército y con la expropiación de propiedades sin remuneración a cambio.
Estas fueron las circunstancias que dieron paso a un proceso organizativo de las comunidades que se verían afectadas por este proyecto carretero, al mismo tiempo que comenzamos a recabar la información para la defensa de nuestro patrimonio.
En estos 3 años hemos reiterado de manera pública nuestra negativa a vender y hemos solicitado la CANCELACIÓN del “Libramiento Norte”. Debemos destacar que como habitantes de esta nación no nos oponemos de ninguna manera al desarrollo económico, políticos, social, educativo, cultural, en infraestructura de nuestra patria. Sin embargo, las empresas constructoras antes mencionadas nos quisieron obligar a vender con precios irrisorios, con la amenaza de que entraría el ejército a desalojarnos, también nos dijeron que dado que el gobierno ya había expropiado las tierras nos la quitarían sin remuneración alguna.
A lo anterior se suma que las personas que decidieron vender, sólo les entregaron una tarjeta con el costo total de los metros a comprar y el abono, el cual por cierto era menor al 10%, haciendo firmar a los propietarios documentos de los cuales no dejaron copia alguna, pero eso sí, recogieron escrituras originales.
En conclusión: Existen una serie de irregularidades que van desde una reforma a la Ley de Expropiación a modo de inversionistas privados, la falta de transparencia en la entrega de la concesión a OHL, cuyos directivos tienen una dudosa calidad moral, amenazas de represión, irregularidades en los precios, así como firmas de documentos de los cuales los propietarios no tuvieron conocimiento del contenido.
A pesar de que en la actual administración hemos solicitado de manera formal y públicamente una audiencia con el gobernador Rafael Moreno Valle, lo que vemos es una actitud dilatoria y de indiferencia ante nuestras demandas. Como afectados vemos con preocupación que no se privilegie el diálogo político, por qué entonces ¿Qué sigue? ¿La represión? A lo cual respondemos ¡No permitiremos y no queremos otro Atenco!.
Cabe destacar que obligarnos a vender para la construcción de estas carreteras implicaría un DESPLAZAMIENTO FORZADO O INVOLUNTARIO de miles de familias, lo cual, de acuerdo a la legislación de la Corte Penal Internacional se tipifica como DELITO DE LESA HUMANIDAD. Con ello, el gobierno en turno lejos de crear proyectos de desarrollo, por el contrario, rompe con el tejido social, cultural, económico, político, educativo, ambiental, producto de generaciones que se han venido construyendo.
Si bien la responsabilidad inmediata recae en la diputada por el distrito 2, Denisse Ortíz Pérez, también es responsabilidad de la LVIII legislación una solución política y legal que satisfaga nuestras demanda, insistimos: NO VENDER Y CANCELACIÓN DEL PROYECTO CARRETERO “LIBRAMIENTO NORTE” y cerrarle así el paso a un posible Atenco.
Gobernador, diputadas, diputados: Hoy cientos de familias que se verán afectadas por estos proyectos carreteros URGIMOS LA CANCELACIÓN DEL “LIBRAMIENTO NORTE”, así como las garantías para la integridad física, psicológica y moral de las familias afectadas organizadas en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, así como de las personas y organizaciones solidarias con nuestras demandas.
COMBATIVAMENTE
¡¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE TRABAJA Y SE DEFIENDE!!
¡¡CANCELACIÓN INMEDITA DEL LIBRAMIENTO NORTE!!
Por la Unidad Obrero, Campesina, Indígena y Popular
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-Región Malinche
Boletín de Democracy Now! en Español
9/1/2012
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