lunes, 24 de febrero de 2014

VIDEO: Protesta por la Libertad de Prensa

Néstora Salgado: Cautiverio injusto


MARTA LAMAS

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En estas semanas se ha debatido sobre las autodefensas, principalmente en torno a lo ocurrido en Michoacán. Sin embargo, hay otros casos de “autodefensa” ciudadana que tienen una larga tradición; por ejemplo, la Policía Comunitaria (PC) de Guerrero que, según la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), María Teresa Sierra, surgió desde 1995, y que para 2011 ya cuenta con 750 elementos y tres Casas de Justicia que atienden a 62 comunidades de 11 municipios de la Costa-Montaña del estado. A partir de la Ley de Seguridad Pública aprobada en 2007, a este cuerpo se le reconoce su carácter de policía preventiva y auxiliar, sujeta a los lineamientos de los municipios. Y desde 2011 la Ley 701 reconoce como actos de autoridad aquellos que ejerce la PC.

La Policía Comunitaria se creó con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes en una de las zonas del país con mayor marginación, violación de derechos humanos y militarización. Ahí ocurrieron la desaparición de Rosendo Radilla, las violaciones a Valentina e Inés y el asesinato de varios líderes indígenas. Y ahí también se produjo otra brutal injusticia, muy en la línea del caso Patishtán: la detención de Nestora Salgado y varios compañeros de la PC de Olinalá.

Nestora es una de esas heroínas cívicas que tanta falta hacen a nuestro país. Sexta de siete hijos de una familia del pueblo artesanal de Olinalá, perdió a los 11 años a su madre, se casó a los 16, tuvo tres hijas y emigró a Estados Unidos dejando a las pequeñas al cuidado de los suyos. En Washington trabajó siete años como recamarera y empleada doméstica, se separó de su marido y regularizó su situación migratoria. Hoy tiene también la nacionalidad estadunidense. Durante estos años, construyó una nueva vida junto a su actual compañero, quien vive en el país vecino. En octubre del 2002, Nestora regresó a Olinalá, y durante su estancia sufrió un accidente automovilístico a raíz del cual se lesionó severamente la columna y se quedó sin poder caminar por dos meses. Volvió a Estados Unidos para acceder a la atención médica que aquí no tenía.

Sensible a la situación de miseria de La Montaña guerrerense, Nestora había estado mandando recursos para apoyar a su comunidad, y se fue ganando un lugar de liderazgo comunitario en Olinalá. Preocupada por la inseguridad, decidió quedarse a organizar la Policía Comunitaria. Además, denunció la connivencia de las autoridades locales con el narcotráfico y habló de las amenazas que los socios de esos políticos corruptos hacen a los empresarios locales para que se retiren de la venta de materiales y mercancías, con el fin de acaparar el mercado.

Nestora encabezó, el 16 de agosto del año pasado, la detención del síndico de Olinalá Armando Patrón Jiménez, a quien se acusó de cometer el delito de abigeato y de estar presuntamente involucrado en el asesinato de dos ganaderos. Fue trasladado a la Casa de Justicia, pero los amigos del síndico hicieron una denuncia de “secuestro” y, el 21 de agosto, Nestora y otras 30 personas fueron detenidas por 20 militares en 15 vehículos. Posteriormente, la Marina Armada de México la trasladó a un penal de alta seguridad en Nayarit. Durante cinco horas no le permitieron ni siquiera ir al baño, y además le robaron su bolsa, su celular, una cámara digital, sus anillos de matrimonio y otras pertenencias, entre ellas documentos de la Policía Comunitaria.

Hasta el día de hoy Nestora se encuentra aislada en una celda en Tepic, acusada del delito de secuestro, dentro de la causa penal 142/2013-II, que se instruye en el Juzgado 2º de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en Chilpancingo (sus compañeros, Gonzalo Molina, Bernardino García, Samuel Ramírez y muchos más están regados en distintos penales en Oaxaca, Almoloya y Acapulco). Por su lesión en la espalda, ella debe caminar y la tienen encerrada sin salir ni al patio. Su compañero no ha podido hablar con ella y está muy preocupado ante la posibilidad de que no le estén dando las medicinas que requiere.

En YouTube se pueden ver las entrevistas que varios periodistas le habían realizado. En una de ella declara que no tiene miedo a los sicarios, sino al ayuntamiento, y relata el control de ciertos personajes vinculados con las autoridades políticas sobre la venta de materiales de construcción. En otra, Nestora solicita a sus paisanos: “No vendan la droga, no la consuman, porque mientras haya consumidores esto va a seguir adelante, y es difícil pararlo”. Luego de leer tales textos, no es difícil comprender por qué su detención parece parte de un turbio entramado político.

Por la información que tengo, creo que esta líder ciudadana no es una secuestradora, como tampoco lo son los otros policías comunitarios. La revisión del caso de Nestora Salgado y sus compañeros es imperativa, por la cantidad de irregularidades y ausencia de debido proceso, al igual que es urgente brindarle las condiciones médicas necesarias para atender su grave problema de columna. He solicitado a la doctora Leticia Bonifaz, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, su apoyo para la revisión de este caso, con la esperanza de que se haga justicia a esta líder comunitaria y a sus compañeros. A ustedes, mis lectores, los mantendré informados.

Víacrucis de viudas de Pasta de Conchos para cobrar apoyos



Por Patricia Muñoz Ríos

Industrial Minera México, empresa del consorcio Grupo México, de Germán Larrea, contrató una sicóloga para que hable con las viudas de los mineros de Pasta de Conchos y las convenza de que ‘‘dejen de lado lo malo que les ha pasado’’. Esposas de los trabajadores fallecidos, que llevan 2 mil 920 días afuera del mineral donde murieron sus familiares –‘‘esperando aún el rescate de los cuerpos’’–, relatan que la compañía apenas les da una ‘‘beca’’ para sus hijos, que asciende a 600 pesos al mes.

Sólo que ‘‘a veces pasan dos o tres meses sin que entreguen el apoyo, o lo dan en partes y lo condicionan a que los niños saquen 10 de calificación’’, dicen.

‘‘Le pagan más a la sicóloga que contrataron para que hable con nosotras’’, señalan en entrevista Elizabeth Castillo Rábago viuda de Gil Rico y Claudia Maricela Escobar, de Raúl Villasana Cantú.

Indican que reciben pensiones del IMSS de mil 800 pesos al mes, en promedio. A Elizabeth, el Infonavit le quiere quitar su casa porque no tiene para pagar y tampoco cuenta con el acta de defunción de su marido, que es el documento que le pide el instituto para poder cancelar la deuda. ‘‘Ni siquiera puedo tener esa acta’’, relata.

Ambas viudas denuncian que las promesas de los gobiernos federal, estatal y municipal, de que habría apoyos para ellas, seguridad, becas, programas, opciones de trabajo y demás, fueron ‘‘puras falsedades’’, quedaron en el olvido. Algunos apoyos mínimos les llegaron, pero ‘‘eso fue hace años’’ y ya no tienen nada, ni cómo sacar a sus familias adelante, ni mandar a sus hijos a la escuela.

Cuando Humberto Moreira era gobernador de Coahuila prometió becas de estudios para los hijos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos. ‘‘Eran 400 pesos al mes y sólo se dieron un año, luego se las quitaron. Hace como dos años volvieron a dar parte de las mismas y se volvieron a suspender’’. No saben si eso se hizo nada más para ‘‘tomarles la foto’’ de que les entregaban la beca.

La empresa sólo les da las becas mínimas, que equivalen o 20 pesos diarios, pero se entregan de manera irregular; a algunas familias se las suspendieron desde hace año y medio y a otras se las dejan de pagar por dos o tres meses. ‘‘Tenemos que ir a preguntar, reclamar; nos dicen que para que se otorguen los hijos tienen que ir excelentes en los estudios; pues ¿cómo quieren eso, no ven la situación en que están nuestros hijos sin sus padres?’’, señala Claudia Maricela, otra de las viudas afectadas.

Añade: ‘‘Ahora nos dijeron que fuéramos a unas pláticas con una sicóloga, quien está manejando nuestras mentes con la intención de que dejemos todo. Nos llamaron de la empresa Grupo México, nos sentaron a todas y la sicóloga nos empezó a decir que si quisiéramos que ya las cosas fueran diferentes, que en este aniversario dejáramos atrás todo lo que ha pasado. Primero nos quedamos todas calladas, pero luego reaccionamos y le dijimos que lo que queremos es que nos dejen entrar en la mina, que nos manifestemos.

‘‘La compañía quiere manejar nuestras vidas como lo ha hecho desde el principio, manipulándonos; la empresa es un monstruo que ha acabado con nuestras vidas, no nos puede llegar una ayuda del Estado porque la minera dice que ya somos riquísimas, cuando les estamos diciendo de cuánto es nuestra pensión. Estamos marginadas. Grupo México, además de que acabó con la vida de nuestros esposos, también va contra las familias, de nuestra condición social’’, apunta Claudia.

Exponen que están indignadas contra la empresa, porque ha generado además otro problema social: ha hecho una campaña contra las viudas, los huérfanos, hermanos y demás familiares de los mineros muertos, por seguir luchando. La compañía se ha encargado de ‘‘enlodar’’ el nombre de ellos entre la población, por lo que la gente habla mal de ellas, las marginan, señalaron las entrevistadas.

Consideran que cuando se dé el rescate de los cuerpos de los trabajadores de Pasta de Conchos, muchas cosas van a salir a la luz, como por qué fallecieron, las condiciones laborales que había en la mina, a qué se debió que el rescate se paró a los cinco días y por qué no se quiere recuperar los cuerpos, ‘‘pero lo que va a salir más a la luz es la dignidad del minero y que éstos ya no sean vistos como si no fueran nada’’, concluyeron.

Defensores de río Atoyac preparan nuevas acciones legales contra gobierno del estado


CELIA DÍAZ GARCÍA

Atoyac, ver.- A siete meses de que la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac mantenga su resistencia pacífica, ha sido visible cómo las autoridades gubernamentales han ignorado esta lucha, pues a pesar de mantenerse día y noche en campamento para evitar que trasladen material, ninguna autoridad se “ha tomado la molestia” de dialogar con ellos.

Ante la indiferencia del gobierno y tras cumplir más de medio año en resistencia, integrantes de la coordinadora advirtieron con emprender nuevas acciones legales para evitar que se extraiga agua del Río Atoyac en beneficio de Córdoba que, aseguran, no será otorgado a las familias de escasos recursos como se ha planteado, sino para empresarios, incluyendo proyectos para zonas residenciales.

En un foro realizado por integrantes de la coordinadora, Edmundo Reyes explicó que en varias ocasiones el Tribunal Permanente de los Pueblos Indígenas ha emitido condenas a las autoridades que pretenden llevarse el agua del nacimiento del río sin consentimiento de los habitantes de la subcuenca.

Ante tal insistencia, dijo, los defensores del río se han dado a la tarea de demostrar la inviabilidad del proyecto Bandera Blanca, esto con datos y estadísticas que demuestran, por una parte, cómo el afluente se ha secado y no puede otorgar agua a los municipios vecinos, así como también han demostrado que el líquido que se pretende extraer tiene fines de lucro en favor de grandes empresarios.

Al cumplir siete meses de la defensa, advirtieron que “este día, los pueblos de la cuenca del río Atoyac nos reunimos para ratificar nuestra unidad y voluntad de lucha para impedir que el gobierno estatal así como los gobiernos municipales de Córdoba y Amatlán lleven a cabo el proyecto denominado Bandera Blanca.

Recordaron que la verdadera intención de este proyecto es extraer agua del afluente -desgastado y altamente contaminado- en beneficio de las comunidades y municipios de Amatlán, Atoyac, Cuitlahuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla, Medellín de Bravo, Boca del Río y Veracruz. Aunque quien fuera el principal promotor de este proyecto, cabe recordar, fue el ex alcalde Juan Antonio Lavin Torres, quien preservara Bandera Blanca como solución a la falta de agua en la zona serrana de Córdoba, sin embargo, la coordinadora asegura tener pruebas de que la realidad es otra.

Ante este pretendido despojo y los resultados de sus investigaciones, dijo, entre las medidas que han adoptado lograron ser tomados en cuenta por el Tribunal Permanente de los Pueblos, para denunciar el delito en el que estarían incurriendo los tres órdenes de gobierno en favor de grandes empresas, pasando por alto el derecho colectivo al agua, al territorio a la autodeterminación, a la salud y seguridad.

Para darle solución al tema, han recurrido a todo tipo de asesorías, incluyendo distintas preaudiencias del Tribunal Permanente en tres estados, todo esto para estar informados, exponer el caso, pero sobre todo buscar la manera de actuar en contra del gobierno del estado de Veracruz que incurre en este delito a través de la CAEV, así como los gobiernos municipales involucrados.

Este recorrido en busca de justicia ha derivado en que tanto el Tribunal de los Pueblos así como los comités dictaminadores de la Audiencia Temática sobre devastación ambiental pidan a las autoridades la cancelación oficial de Bandera Blanca, sin que el gobierno de Veracruz haya acatado este dictamen.

Ante la evidente indiferencia de las autoridades al tema y la insistencia de seguir sobre Bandera Blanca, a siete meses de esta lucha, la coordinadora refiere que lo que pretenden es una solución social y viable para la crisis del manejo de las aguas residuales industriales y urbanas. Exigen también la clausura y remediación de los basureros de Cuitlahuac, Atoyac, Cotaxtla y Chocamán; igualmente, piden cerrar las granjas de pollos y cerdos que arrojan desechos al río Atoyac, asimismo, solicitan la realización de un estudio epidemiodológico de salud.

La coordinadora exigió el castigo a los funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción que intentan imponer Bandera Blanca.

Además de estas y en respuesta a la omisión del gobierno veracruzano hacia los activistas, aseguraron que “esta lucha se mantiene”.

Veracruz, el lugar más peligroso en la ruta del migrante, dicen en Honduras


RODRIGO SOBERANES

Progreso, Honduras.- “Ya no es Veracruz, es 'ver la cruz' del migrante”, dijo la locutora del programa de radio Abriendo Fronteras de Radio Progreso, en uno de los lugares insignes de la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos.

Es la voz de Rosa Nelly Santos, una mujer que buscó a su hijo 17 años y lo encontró en Tijuana, y que es una de las fundadores del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Progreso (Cofamipro).

Su programa sale al aire cada domingo con algún tema relativo a la migración –ayer abordó la ruptura de las parejas–, y recibe llamadas a micrófono abierto con opiniones y testimonios de personas afectadas por este fenómeno económico y social.

Ubican bien a Veracruz, lo miran como el lugar más peligroso para el tránsito hacia el norte. Por eso, pasar por el estado es una “cruz” para los migrantes que viajan sobre los vagones de trenes de carga.

“En México ya no es un crimen organizado, es un crimen autorizado, y México va a temblar pero de tanta fosa clandestina de nuestra gente. Nuestra gente les va a gritar y les va a decir, den respuestas a las familias”, expresó la locutora.

De acuerdo con el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), menos del 60 por ciento de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos, lo logran, y la cifra de víctimas del delito es incierta por la falta de información oficial.

En Progreso, un lugar histórico en las reivindicaciones sociales, ven a los migrantes con especial afecto.

“Son héroes anónimos los que se han ido a pata. Vale la pena luchar por ellos y se lo merecen porque nuestros hijos se fueron para buscar un mejor futuro para nosotros”, dijo Nelly Santos a través de la radio.

La hora del programa Abriendo Fronteras transcurre entre oraciones, anécdotas y canciones relacionadas a la migración, llamadas telefónicas y comentarios, y este domingo cerró con las frases:

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales”.

Marchan en 20 ciudades del país por la violencia contra periodistas


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA, NORMA TRUJILLO BÁEZ, ROXANA AGUIRRE Y AGENCIAS

Cientos de reporteros en 20 ciudades del país realizaron una manifestación simultánea para exigir la investigación puntual del asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz y 30 periodistas más que fueron ultimados en México de 2010 a la fecha. Coatzacoalcos fue una de las sedes, donde los comunicadores han tenido puestos los ojos por la reacción solidaria que tuvieron desde el secuestro del reportero.

En el Ángel de la Independencia, Romana Ortega periodista de Coatzacoalcos manifestó en el discurso que acordó el movimiento a nivel nacional: “Hoy todos somos Goyo y nadie en Veracruz quiere ser el número 11 en la lista de muertos”

A una sola voz, reporteros de varias regiones del país realizaron manifestaciones simultáneas para exigir un alto a las agresiones y asesinatos de periodistas en el país y en especial en el estado de Veracruz. De acuerdo con los datos del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) 73 periodistas y trabajadores de medios de comunicación asesinados entre 1992 y 2013, de estos 31 fueron ultimados de 2010 a la fecha. La organización internacional señaló que 88 por ciento de estos casos permanece en la impunidad y sólo en 8 por ciento se ha logrado esclarecer los crímenes.

El asesinato del reportero de Coatzacoalcos Gregorio Jiménez de la Cruz fue el detonante que generó una serie de movilizaciones de reporteros nacionales e internacionales, ya que se sumaban 10 en una sola entidad. Las manifestaciones se acompañaron de una ciberprotesta en redes sociales, que se mano bajo el hashtag #PrensaNoDisparen.

“El pasado día 11, Goyo encontrado en una fosa del municipio de Las Choapas. Las autoridades se apresuraron a explicar que había sido un pleito de vecinos para echar el cuerpo de Goyo a la fosa común de la impunidad. En sus apresuradas investigaciones ignoraron como posible causa de su asesinato el valiente trabajo periodístico que realizaba, su cobertura de secuestros, de giros negros, de trata de personas. Una vez más, los gobernantes se apresuraron a echar tierra al caso para tapar su deficiencia. El asesinato de Gregorio y la burda explicación del gobierno nos indignaron a todos. Nos movió los resortes para salir de nuevo a gritar “¡Ya basta!”, señaló el texto que se difundió.

En el Ángel de Independencia, se realizó un performance donde se colocó un féretro y las fotografías de los 31 periodistas que han muerto de manera reciente, encabezando la de Gregorio Jiménez; también se leyeron varios relatos de periodistas veracruzanos que dejaron el estado.

En el discurso manejado a nivel nacional por el colectivo de periodistas Prensa, No disparen, se explicó que la inacción de los gobiernos estatales y de la Federación ha intensificado los ataques al tiempo que los reporteros “son sacados a la fuerza de sus casas, emboscados en las calles, perseguidos hasta adentro de sus redacciones. En México la información molesta e informar se paga con la muerte.

”Hoy denunciamos que esta cacería de periodistas permanece impune y que va escalando en un ritmo que parece sin fin. Y que las autoridades gubernamentales de todos los niveles, desde la Presidencia de la República y los gobiernos estatales y municipales, además de los poderes legislativos y judiciales han permanecido omisos, permisivos e indolentes. Han sido testigos mudos, no han querido hacer nada. Mientras tanto, México se va convirtiendo en un enorme hoyo negro donde cada vez en más regiones la prensa es amordazada, tiene prohibido informar.

”En lugares como Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Veracruz, Estado de México, el terror se va imponiendo el silencio, se cancela cualquier posibilidad de crítica, cualquier voz discrepante, cualquier mirada escrutadora. El derecho a la información recibe tiro de gracia”. Para el colectivo de en el estado de Veracruz no existen condiciones para el ejercicio de los reporteros y la falta de castigo a los agresores ha generado que se recrudezcan los ataques. “Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Veracruz es sinónimo de muerte para los periodistas”.

Romana de la Cruz Ortega reportera de Coatzacoalcos señaló en el Ángel de la Independencia: “hoy no sólo somos Gregorio, hoy no sólo somos los reporteros del estado de Veracruz, hoy somos todos los comunicadores de este país quienes ante el lamentable caso de nuestro colega Gregorio, hemos efectuado un hecho histórico que atrevo a llamar la revolución de los comunicadores, de los verdaderos reporteros, del periodista que busca difundir la verdad a la sociedad”.

Informó que el gobierno de Veracruz le está dando a la familia de Gregorio Jiménez una vivienda y un subsidio, pero aún no es suficiente, por eso se pide la reestructuración de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (Ceapp). “No sólo pedimos al gobierno veracruzano, se lo exigimos también a Enrique Peña Nieto. Que garanticen la seguridad de los comunicadores de todo el país. Hoy todos somos Goyo y nadie en Veracruz quiere ser el número 11”.

En Coatzacoalcos, se replicó esta manifestación nacional; los periodistas salieron a caminar las principales calles de Veracruz y se realizó una concentración en el parque Independencia, como sucedió el pasado cinco de febrero, cuando fue secuestrado Gregorio Jiménez de la Cruz. Al grito de “Prensa, no disparen” y “Goyo, estás presente”, los comunicadores exigieron mayor seguridad para la zona sur y la libertad para manifestarse sin que exista una presión a los medios de comunicación.

De nuevo los comunicadores llevaron cubrebocas que emulaban mordazas, con las leyendas “Todos Somos Goyo” y “Libertad de expresión”. A la marcha se unieron algunos conductores de taxis, quienes han venido denunciando un incremento de la delincuencia en la ciudad. En el estado de Veracruz, esta marcha también se replicó en Veracruz y Xalapa, donde se han concentrado el mayor número de agresiones a la prensa y asesinatos.

En Xalapa también protestan

“Javier Duarte de Ochoa, el gobernador más peligroso para periodistas”, “¿Y Bermúdez? ¿Cuándo renuncia?” y “Gina, la prensa te saluda”, eran las consignas plasmadas en cartulinas de los periodistas que se manifestaron en la capital del estado para exigir justicia para los 10 compañeros asesinados, porque “Veracruz es sinónimo de muerte para periodistas” y unidos en 19 ciudades de 14 estados del país, al gobierno de Veracruz se le exigió que se garantice la seguridad de los periodistas que se han manifestado en solidaridad con Gregorio Jiménez, cesen las presiones a los medios de comunicación, y no se utilicen los convenios publicitarios como elemento de censura ni para premiar coberturas favorables en la prensa estatal.

En la entidad veracruzana se sumaron los periodistas de Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa, a la protesta “Prensa No disparen”, que tuvo lugar en el Distrito Federal, Cuernavaca, Morelos; Guadalajara, Jalisco; Morelia, Michoacán; Villahermosa, Tabasco; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; León, Guanajuato; Querétaro, Querétaro; Jalpan, Querétaro; Culiacán, Sinaloa; Mérida, Yucatán; Fresnillo, Zacatecas; Campeche, Campeche; Reynosa, Tamaulipas; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Mexicali, Baja California; Juchitán, Oaxaca; Chihuahua, Chihuahua.

Después de recorrer el primer cuadro de la ciudad, al llegar a la Plaza Lerdo, se leyó un comunicado: “¿Por qué nos manifestamos? Los ciudadanos se preguntan ¿qué hacen los periodistas tomando las calles? ¿Por qué se concentran en el Ángel de la Independencia, en esta plaza y en una veintena de ciudades del país? Les parece raro que hoy no estamos con libreta, cámara o grabadora persiguiendo las noticias, que hoy somos los protagonistas de las noticias. Y sabemos que algo está podrido en una sociedad donde quienes deben dar la noticia se convierten en la noticia.

”Con Gregorio el gobierno de Javier Duarte completó diez periodistas asesinados en Veracruz desde diciembre de 2010, cuando asumió la gubernatura, y cuatro desaparecidos. A la suma nefasta agregamos a decenas de reporteros que han tenido que salir huyendo del estado para salvar su vida y hoy se buscan la vida como pueden en otras ciudades de México o en el extranjero. Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Veracruz es sinónimo de muerte para los periodistas.

”Pero Veracruz no es caso aislado. Entre julio de 2000 a febrero de 2014, 87 trabajadores de la comunicación fueron asesinados en el país y otros 20 están desaparecidos. Al menos cuatro de ellos en Veracruz: Jesús Mejía Lechuga de Martínez de la Torre, Gabriel Manuel Fonseca Hernández de Acayucan; Sergio Landa Rosado de Cardel; Evaristo Ortega de Misantla”.

Así se recordó el crimen contra los periodistas asesinados en el estado, entre ellos, Regina Martínez, porque “México está en la lista negra de países donde matar un periodista sale barato, pues los silenciadores no pagan sus culpas”.

Prosigue el comunicado: “90 por ciento de los asesinatos de periodistas no han sido resueltos. Se han creado fiscalías, comisiones, mecanismos de protección a periodistas y se han gastado cientos de millones de pesos en instituciones burocráticas abocadas a la defensa de los periodistas, pero en este país los periodistas siguen cayendo como moscas. México es país de la impunidad y de la simulación. Gregorio fue el último y ya no queremos seguir enterrando a más compañeros”.

Así a nivel nacional los periodistas piden al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, garantice las condiciones para el ejercicio de la libre expresión en México, y que instrumente una estrategia especial para proteger la integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación en todo el país, empezando por Veracruz.

A la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), exigen que amplíe y profundice las investigaciones relacionadas con el asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz, y que solicite la incompetencia del juez para que el caso sea asumido por un juez federal.

“Que los órganos de Estado como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, rindan cuentas de su desempeño. Han dispuesto de recursos millonarios pero la vida de cientos de periodistas sigue amenazada.

”A la Comisión Especial para Atender Agresiones contra Periodistas del Senado de la República le exigimos que cumpla con su responsabilidad y cite a comparecer al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y al encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, Luis Ángel Bravo, para que expliquen los avances en las investigaciones respecto a los asesinatos de periodistas en Veracruz.

”Y al gobierno de Veracruz le exigimos que: se garantice la seguridad de los periodistas que se han manifestado en solidaridad con Gregorio Jiménez; cesen las presiones a los medios de comunicación, y no se utilicen los convenios publicitarios como elemento de censura ni para premiar coberturas favorables en la prensa estatal. Se establezca un fondo que garantice pensiones para los dependientes económicos de los periodistas asesinados y se pague la educación de los menores de edad hasta el nivel superior, ya que el asesinato de periodistas se debe a la impunidad y a la falta de garantías para ejercer el periodismo”, concluye.

Demandan ejercer profesión sin presiones

La ciudad de Veracruz se sumó a la veintena de ciudades donde tuvieron lugar reuniones de reporteros en lugares públicos de manera simultánea protestando contra la violencia sufrida por los comunicadores. Bajo las consignas “Prensa, no disparen” y “Frente a las balas de intolerancia, nuestras palabras”, los comunicadores expresaron su repudio al crimen de Gregorio Jiménez, quien investigaba la violencia en Coatzacoalcos.

Los reporteros y fotógrafos se congregaron frente al Tranvía del Recuerdo, en el centro histórico de la ciudad y leyeron un comunicado donde enfatizaron que Veracruz es el estado más peligroso para ejercer esa profesión. En lo que va de la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, 10 periodistas han sido asesinados y otros tres están desaparecidos.

Las imágenes de las manifestaciones de periodistas en ciudades como Monterrey, Guadalajara y la ciudad de México, se ven mensajes de apoyo hacia Veracruz, en especial por el caso de Gregorio Jiménez. Desde la desaparición del reportero el cinco de febrero, los reporteros de Coatzacoalcos protestaron todos los días, incluso después del hallazgo de su cuerpo seis días después en un paraje de Las Choapas.

El activismo de los reporteros de Coatzacoalcos encontró eco en la ciudad de México y otros estados, desatándose una campaña en redes sociales con más de 2 millones de menciones diarias sobre el tema cada día.

Detienen al periodista Felipe Madrigal en Orizaba

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) aseguró que el reportero salió tras pagar una fianza de 3 mil pesos y la PGJ dio a conocer que inició una investigación de hechos para deslindar responsabilidades.

En relación con la detención, por parte de la Policía Municipal de Orizaba, del periodista y activista social Felipe Madrigal Rodríguez, el gobierno del estado informa lo siguiente: “El gobierno municipal de Orizaba indicó que durante una manifestación de comerciantes que protestaban en contra de inspectores de comercio del ayuntamiento, se generó una confrontación con elementos de la Policía Municipal.

A decir de autoridades del ayuntamiento de Orizaba, la manifestación fue replegada cuando inconformes agredieron a servidores públicos, por lo que fueron remitidos a la Comandancia de Policía para posteriormente ser consignados ante la autoridad ministerial por ultrajes a la autoridad.

Al conocer los hechos, la Comisión Estatal para la Atención y Protección del Periodista (Ceapp) entabló comunicación con el reportero para ofrecer asistencia y apoyo. De igual manera, la CEDH a través de un delegado, se entrevistó con el comunicador para abrir un expediente de hechos.

Este domingo por la tarde, la CEDH aseguró que el reportero salió tras pagar una fianza de 3 mil pesos, y la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJ) dio a conocer que inició una investigación de hechos para deslindar responsabilidades.

Tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, por elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas


Privación arbitraria de la libertad a dos personas del Pueblo Maya

Según información documentada por este Centro de Derechos Humanos, el día 17 de febrero de 2014, a las 23:45 hrs. en el barrio Tlaxcala, San Cristóbal de Las Casas, dos jóvenes mayas de los pueblos tseltal y tsotsil, fueron detenidos con tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, por tres elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas.

Con insultos: “por dónde vives indígena ignorante”, con puñetazos en la cara, golpes y patadas los subieron en la góndola de la patrulla No. PC-053; una vez arriba, esposados, nuevamente golpeados a patadas, con puños y uso de tolete por todo el trayecto hasta las instalaciones policiacas, por un tiempo de aproximadamente cinco minutos. Durante todo el recorrido eran humillados con palabras: “me gusta quebrar dientes, éste va a ser el tercero […] ahora sí te quejas pinche indígena […] ¿qué, vas a llamar a tus compañeros indígenas?”.

Una vez en las instalaciones policiacas no les permitieron comunicarse con sus familiares y, a uno de ellos, mientras protestaba por las agresiones, le proporcionaron dos puñetazos en la cara. Con heridas en el rostro y dolores en el cuerpo, debido a los golpes recibidos, no se les dio asistencia médica, les tomaron las fotos, huellas digitales y, a las 00:20 hrs. del 18 de febrero de 2014, los encerraron en las celdas para ponerlos en libertad el día miércoles 19 de febrero de 2014 a las 12:20 hrs.

Según los testimonios recibidos y la información documentada por este Centro de Derechos Humanos los dos jóvenes fueron sometidos a tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, violentándoles sus derechos a la libertad, integridad y seguridad personal, seguridad ciudadana, a la honra y a la dignidad, a la no discriminación contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos: 1°, 5°, 7°,11°, 14° y 24° además de otros Convenios y Tratados Internacionales promovidos, firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Por lo antes mencionado, nos preocupa que elementos de las policías municipales, de las fuerzas de seguridad pública y protección ciudadana y de las policías ministeriales actúan en Chiapas, de manera desproporcionada, arbitraria, impune y con tratos crueles inhumanos y degradantes, así como lo hemos venido documentando.1

Lo anterior contradice lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que – aun calificados legales – puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.2

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1 Véase: 2013, Boletín No. 34 Uso desproporcionado de la fuerza pública en operativo policiaco en contra de productores de maíz, disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/131127_boletin_34_operativo_contra_productores.pdf; Boletín No. 25, Policías estatales privan arbitrariamente de la libertad a integrantes de la ONPP y a sus familiares, disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/130905_boletin_25_pal_onpp.pdf; Boletín No. 16, Tortura y uso desproporcionado de la fuerza pública en operativo policiaco durante el XXVI Congreso Seccional Extraordinario de la Sección 7, disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/130705_boletin_16_bloque_democratico.pdf

2 Corte Interamericana de Derechos, caso Gangaram Panday (Fondo), párr. 47.

Hoy se cumplen 16 años con dos meses de impunidad de la Masacre de Acteal


Organización de la Sociedad Civil de las Abejas

Tierra sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de Febrero 2014

A las Organizaciones Sociales y Políticas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios de Comunicación Alternativos
A la Prensa Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A las y los Adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

Hermanos y hermanas:

Estamos en el segundo mes de año 2014; hoy se cumplen 16 años con dos meses de impunidad de la Masacre de Acteal, de 1997. Hace tres días supimos que una Corte de Estados Unidos había declarado que “Zedillo queda exento ya de responsabilidad legal… por la muerte de 45 indígenas en 1997”. Al día siguiente, el presidente Obama de los Estados Unidos estuvo en México para visitar al presidente Peña Nieto para darle las gracias por la reforma energética que va a permitir que las empresas trasnacionales vuelvan a apoderarse del petróleo de México, como lo tenían antes de que el artículo 27 de la Constitución Mexicana fuera aplicado por Lázaro Cárdenas para recuperar el petróleo para los mexicanos.

Nosotros los miembros de la Sociedad Civil de las Abejas ya lo dijimos antes que no fuimos los que pusimos la demanda contra Zedillo en Estados Unidos. Tampoco estuvimos de acuerdo cuando en 1993 PEMEX quiso invadir nuestras tierras en Chenalhó para extraer petróleo. Pero de todos modos nos damos cuenta de que los gobiernos neoliberales de México están entregando un patrimonio de la nación a los gobiernos neoliberales de Estados Unidos y entonces nos da coraje pero no nos sorprende que en Estados Unidos declaren que Zedillo es inocente de la masacre de Acteal. ¿Acaso lo iban a condenar si son de la misma mafia? Como Peña Nieto está entregando el petróleo, Zedillo entregó los ferrocarriles nacionales a los Estados Unidos. Y Salinas de Gortari fue el que abrió la puerta a esas traiciones con las reformas al artículo 27 y la firma del Tratado de Libre Comercio.

La Corte de Estados Unidos que decidió que no se podía juzgar a Zedillo por la Masacre de Acteal dijo que “Hemos considerado todos los argumentos pendientes de los demandantes y concluido que éstos no tienen mérito”. O sea que las demanda de las víctimas de una masacre contra un ex presidente no valen nada. Lo único que vale para ellos es el dinero y el poder. El Neoliberalismo se alimenta de despojo de tierras, asesinatos, violencia y drogas, feminicidios, discriminación, represión, masacre. Pero ellos piensan que nada más hay cárceles para los luchadores sociales y para los pobres. Para ellos no hay cárceles, y son ellos que están batidos de las manos por la sangre de hombres, mujeres y niños.

Por el neoliberalismo ha habido masacres en todos los rincones de nuestros País. Y por el neoliberalismo ha habido guerras por muchas partes del mundo. Por la ambición del petróleo los Estados Unidos hicieron una guerra contra Irak hace diez años y ahora quieren provocar una guerra en Venezuela por lo mismo. En nuestro país no tienen que hacer guerra para quedarse con el petróleo porque los presidentes de México son de su misma mafia neoliberalista. Por eso defienden a Zedillo, por eso dicen las revistas de Estados Unidos que Peña Nieto está salvando a México, pero no lo está salvando, lo está hundiendo más todavía. Nuestro mundo está en crisis total por culpa de unos pocos ambiciosos del dinero y del poder que quieren obtener y controlar todo a costa del trabajo de los pobre y de la sangre de los inocentes. Así lo vemos en la palabra de Dios que nos confirma que ésa es la causa de las guerras:

¿De dónde nacen las guerras, sino de los malos deseos que siempre están luchando en su interior? Ustedes quieren algo y si no lo obtienen asesinan; codician algo, y si no lo consiguen, pelean y matan. (Santiago 4, 1-2)

Mientras roban a todos los gobiernos neoliberales ¿qué hacen con el pueblo? Lo mantienen engañado con discursos demagógicos, desinformación y proyectos asistencialistas.

¡Que triste e indignante que los autoridades oficiales del Mal Gobierno su uso y costumbre es, que en vez de aplicar la justicia , ofrece regalitos y migajas con el objetivo de dejar en Impunidad desde un delito sencillo hasta un crimen de lesa humanidad como la Masacre de Acteal!

El Neoliberalismo está construido sobre la injusticia. Por eso todos sus funcionarios tienen que ser corruptos y ninguno se atreve a hacer justicia porque si lo hace lo corren sus jefes. Ahora vemos en Michoacán donde hay tanta violencia por los grupos criminales que fue a visitar Peña Nieto y ofreció mucho dinero para programas del gobierno. Pero los hermanos de allá le dijeron que lo que quieren es justicia. Y hasta se han tenido que armar allá los grupos de autodefensa porque el gobierno no quiere hacer justicia. Nosotros de la sociedad Civil de las Abejas no estamos de acuerdo con el uso de las armas pero entendemos que el pueblo tiene derecho a defenderse cuando el gobierno no quiere hacer justicia. Porque no estamos de acuerdo con el uso de las armas fue por lo que sucedió la masacre de Acteal. Los grupos paramilitares organizados por el gobierno de Ernesto Zedillo en diferentes municipios de Chiapas actuaron en la quema de casas, robo de pertenencias, desalojos, obligaciones de tomar armas de fuego, obligaciones de cooperar recursos económicos para compra de armas. Porque no quisimos cooperar para las armas llegó hasta la masacre.

En el 2001 los desplazados de Las Abejas retornaron a sus comunidades y algunos tuvieron que reubicarse en comunidades diferentes. Fue un retorno por necesidad pero sin justicia, porque los autores intelectuales nunca fueron juzgados y solo algunos de los autores materiales fueron a la cárcel hasta que los sacó la Suprema Corte de Jueces Injustos. Ahora en el 2013 los mismos que pedían cooperación para las armas en 1997 provocaron el desplazamiento de nuestros hermanos y hermanas del ejido Puebla que ya cumplen 6 meses para este 23 de febrero, que dejaron abandonado sus pertenencia. El gobierno no acepta que son desplazados a la fuerza, dice que son desplazados voluntarios, ¿acaso uno deja su casa y todo lo que tiene por gusto? Claro que los políticos no saben qué es la pobreza y el sufrimiento de vivir en un campamento de desplazados. ¿Qué clase de gobierno tenemos que no sabe ni pensar en la vida de la Humanidad?

El día 15 de Febrero se llevó acabo un Dialogo en la Comunidad de Yabteclum, para tratar los asunto de Desplazamiento del Ejido Puebla. El gobierno del estado, a través de la subsecretaría de asuntos religiosos, se comprometió que resarcirá de todos los daños causados por los hermanos presbiterianos que provocaron esta violencia contra los hermanos católico, el gobierno indemnizará la pertenencia robada, Iglesia destruida, casas quemadas. Parece que pronto van a poder retornar los hermanos católicos a sus casas. Pero parece que va a ser como en el 2001 un retorno sin justicia o, cuando mucho, con justicia a medias. Porque los que provocaron el desplazamiento de 1997 y del 2013 siguen impunes. Y como ya vimos, los problemas se vuelven a repetir cuando hay impunidad. Por los golpes a Juan Méndez y dos hermanos bases de apoyo que les prefabricaron el delito de envenenamiento de agua, por el secuestro y los golpes contra el padre Manuel Pérez Gómez, nosotros lo analizamos que se deja pisoteada la justicia por los grupos delincuentes, como lo está pasando del caso Acteal.

Actualmente ni el Presidente de México ni el Gobierno del Estado de Chiapas, nada piensan de la justicia por los 45 de nuestros Hermanos Inocentes, que cayeron en la mano de los grupos Paramilitares. Para ellos ya se olvida. Pero para la Organización de las Abejas, nunca jamás podemos olvidar ni una gota la Sangre de nuestros hermanos Inocentes, cuando estaban en ayuno y oración, y seguiremos denunciando cada vez más porque es nuestro derecho y obligación en la defensa de los derechos Humanos. Y también, no dejaremos de denunciar la injusticias sufridas por nuestros hermanos desplazados de la colonia Puebla.

POR UNA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD. ¡NO A LA IMPUNIDAD!

Atentamente

La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

Por la Mesa Directiva:

Antonio Gutiérrez Pérez
Martín Pérez Pérez

Nicolás Arias Cruz
Simón Pedro Pérez López