martes, 16 de junio de 2009

Fotos: El Fisgón en la UAM Iztapalapa




Cobertura AMLOTV

AMLOTV
Soberania Popular
Resiste Acapulco
Radio La Nueva República

Bitácora Mexicana y Encuentro del 14 de junio de 2009.

Bitácora Mexicana.
Tema: Colapso Económico
Invitados: Arturo Huerta y Mario di Constanzo

www.Tu.tv

Encuentro.
Ricardo Rocha, Miguel Ángel Granados Chapa, José Antonio Crespo y Virgilio Caballero hablan sobre el caso de 46 niños que murieron calcinados por negligencia en la guarderia de Hermosillo, Sonora

www.Tu.tv

Carmen Aristegui Noticias MVS 16 de junio de 2009

(audio completo, sin comerciales)

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Soberania Popular

Video de el Fisgón en la UAM Iztapalapa


Denuncian pobladores de Las Ollas allanamiento y torturas de militares

Irrumpen unos 500 soldados en la comunidad de Coyuca de Catalán durante 3 días

Fuente: La Jornada de Guerrero


Mujeres y niños claman ayuda a defensores de derechos humanos y medios de comunicación

MARLEN CASTRO

PETATLAN, 14 DE JUNIO. Doña Amanda descansaba bajó el elevado y frondoso encino, cuando el martes 9, como a la una de la tarde, escuchó el ruido de los vehículos militares ingresando a su comunidad, Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, de la región de la Tierra Caliente, ubicado entre los límites con este municipio de la Costa Grande.

La jornada de horror de los pobladores terminó hasta el sábado 13 a mediodía con el ingreso de una misión civil de observación, integrada por representantes de varias organizaciones civiles, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y medios de comunicación.

El martes que oyó el arribo de los militares, Amanda sintió que el corazón se le salía del pecho, pues tenía pocos segundos que su hijo Jaime, quien aún sufre las secuelas de un derrame cerebral, montó su bestia de carga para irse a Las Palancas, a unos 10 minutos de Las Ollas y sabía muy bien que al joven no le daría tiempo correr para esconderse de los soldados.

Omar, el nieto de Amanda, un niño de 14 años, andaba en la rudimentaria cancha de futbol, lejos del monte para poder escapar.

No es la primera vez que el Ejército incursiona en Puerto las Ollas y las mujeres, niños y niñas saben que los hombres tienen que correr a refugiarse a los cerros para estar a salvo. Ese martes, Jaime y Omar no tuvieron opciones. Los militares los agarraron y por tres horas los torturaron.

Puerto las Ollas es una pequeña comunidad de apenas 11 casas, en las que habitan en total 10 varones, 15 mujeres y 35 menores, entre niños y niñas, pero desde hace ocho años, los hombres ya no duermen en las modestas casas de madera, pues tanto soldados como gatilleros irrumpen a cualquier hora del día.

Entre sollozos Amanda narra a los defensores civiles y públicos de derechos humanos y a los medios de comunicación como aguantó durante tres horas los gritos de su hijo y nieto, por los castigos infligidos.

El sábado, sólo Jaime rindió su testimonio pues pudo bajar de donde se escondió luego de las torturas, pero el niño a pesar de que se le buscó, no apareció. Se cree que estaba en muy malas condiciones, pues como todos los demás varones, no había comido desde el martes de la irrupción, pero además por los efectos de los golpes.

Jaime traía una gruesa camiseta negra cuando lo agarraron, la que los soldados alzaron por atrás y la pasaron por su cabeza para mantenerlo amordazado.

Durante tres horas, lo golpearon en los oídos, le picaron con agujas los dedos de las manos y golpeaban su nuca, hasta que Jaime al no poder respirar suplicaba porque se acabara el castigo.

Cuando lo soltaron, una espesa saliva rodeaba la boca de Jaime y su madre como el resto de las mujeres en el pueblo creyeron que por el susto había sufrido un nuevo derrame cerebral, pero sólo se trató de los efectos del dolor padecido.

De acuerdo con la versión de los pobladores, los militares querían saber dónde se escondían los hombres armados. Como a los únicos dos varones que pudieron agarrar no les sacaron nada, se fueron contra las mujeres.

Sometieron a tres señoras, a quienes con un cuchillo en la yugular y amenazas de que serían asesinadas quisieron arrancarles qué tratos tenían con los guerrilleros.

Los días siguientes –miércoles, jueves y viernes– escuchaban que entre los montes, los militares disparaban y en algunos momentos, llegó a haber tres helicópteros sobrevolando la zona.

Las mujeres y niños sólo rezaban para que no encontraran a sus esposos o padres.

Con los primeros rayos del sol del sábado, los militares comenzaron a gritar que quemarían todas las casas, entonces mujeres niños y niñas salieron corriendo de sus viviendas y hasta el mediodía que arribó la misión de observadores, dicen, creyeron que todo acabaría para ellos.

El sábado, aparte de recoger los testimonios de los pobladores, la misión civil constató los saqueos que hubo en las casas y que los soldados se llevaron lo poco de valor que encontraron.

Las 11 viviendas de Las Ollas apenas tienen lo indispensable para la vida de sus moradores. Un fogón, una mesa para comer, que no es más que una tabla montada sobre cuatro horcones y bancas del mismo estilo a su alrededor, los trastes necesarios para guisar y consumir los alimentos y como camas, sólo unas viejas colchonetas.

Durante los cuatro días de sitio, hubo en La Ollas y Las Palancas, unos 500 militares. El primer día arribaron unos 300, por el camino que conduce a Petatlán y al día siguiente, por el acceso para ir a la Tierra Caliente, llegaron otros 200, junto con los helicópteros.

Al caer el día y con ello el retiro de la misión, las mujeres y pequeños pedían que no los dejaran solos, pues temían que tan pronto como ya no estuvieran ahí, los militares retornarían, porque estaban convencidas que una parte sólo se replegó.

Al final, sólo una suplica. “Cuando pidamos auxilio, por favor vengan luego, tenemos miedo de que para la otra no esperen tantos días para acabar con nosotros”.

COMENTARIO: Me resulta extraño que pese al estado de guerra que existe en el Estado de Guerrero, la clase política (incluidos los intelectuales) no digan nada, claro los de la derecha que se puede esperar, pero que hay de la izquierda, a diferencia de 1994, hoy a los izquierdistas del PRD y sus nuevos apéndices (PT, Convergencia y Gobierno Legítimo) no parece importarles que en sur de México se esté masacrando a la población y a los defensores de derechos humanos, bonita izquierda que protesta cuando se trata de temas electorales pero no cuando se trata de vidas humanas.

L.D. Jesús Palma

Rogaciano Alba, la amenaza para comunidades de Petatlán y Coyuca

En la sierra, militares andan echando bala y gritando su nombre

Fuente: La Jornada de Guerrero


MARLEN CASTRO

PETATLAN, 14 DE JUNIO. Al despuntar el día y al caer la tarde, una espesa neblina cubre casas y veredas revelando en toda su magnificencia el tupido bosque en esta parte de la remota sierra. Encinos, ocotes y oyameles forman una cadena tupida de vegetación, un espectáculo ya inusual que sólo ocurre en unos pocos puntos de los bosques guerrerenses.

Hace como nueve años, en Puerto las Ollas, El Jilguero y Las Palancas, pueblos de Coyuca de Catalán, ubicados en los límites con Petatlán, los habitantes decidieron la protección de sus bosques.

Los García, cuyos orígenes están en Las Ollas, iniciaron este movimiento y desde entonces, comenzó el acoso de gatilleros a los pobladores de esta parte de la sierra, principalmente a los integrantes de esta familia.

Aquí en la sierra, todos los menores de edad, como Elizbeidi, una hermosa niña serrana de tez blanca y mejillas rosadas de 11 años de edad, dice que de toda la vida su padre y sus hermanos grandes han tenido que esconderse para que no los vayan a matar.

La pequeña Bella, como la llaman los niños aquí en su pueblo, desea que algún día su padre pueda dormir con ellos en la casa de madera. “Nosotros, lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz, queremos dormir sin sobresaltos”, dice una hermana mayor de Bella, ya convertida en mamá.

El obstáculo a los anhelos de la gente de la sierra, tiene nombre. Se llama Rogaciano Alba Alvarez.

El martes que los militares irrumpieron en Puerto Las Ollas, a bordo de varios Hummers, un vehículo artillado, y unos cuatro camiones de redilas, la vida se detuvo en esta comunidad.

El pavor invadió a todos, cuando ya abajo de las poderosas unidades, varios soldados cargaron cartucho, soltaron balas al aire y gritaron: “¡Arriba Rogaciano!”

La misión de observación de derechos humanos recogió esta información en las comunidades sitiadas durante cuatro días por los militares: “Varios militares, con disparates y echando bala al aire, gritaron Rogaciano sigue siendo Rogaciano, jijos de la chingada, aunque ustedes quieran verlo muerto”.

Hace un mes, Omar Solís Guerrero, el Comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), en una conferencia de prensa a medios nacionales advirtió que el Ejército y el gobierno estatal protegen a Rogaciano Alba –el poderoso ganadero y maderero priísta que ya ha sido tres veces alcalde de Petatlán y que recientemente el gobierno federal vinculó como integrante del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán.

Puerto las Ollas es una remota ranchería ubicada en lo más intrincado de la sierra de Guerrero, a cinco horas de Zihuatanejo. Se Accede por Vallecitos de Zaragoza a través de una difícil terracería, en un camino con la mitad de cerros desforestados y la otra mitad tupida de elevados encinos, ocotes y oyameles.

La mitad del camino a Las Ollas hace un calor abrasador y en la otra mitad el clima se va templando conforme se van remontando las cumbres. A la entrada de la sierra, en una tienda cuya ubicación es estratégica, cuando la misión civil que subió este sábado a Las Ollas –compuesta por Tlalchinollan, Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Coolectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y la Coalición de Organizaciones de la Sierra, además de los coordinadores de las regiones de Tierra Caliente, Rubén Román Bahena y de la Costa Grande, Ramón Navarrete Magdaleno, de la Coddehum– un hombre comunicó por radio el ingreso de la caravana.

A mitad del camino, la misión encontró una unidad artillada, 12 Hummers y cuatro camiones de redilas, en las que bajaban por lo menos unos 300 militares. Abría el comando militar, la unidad artillada con la matricula 80023101 y el camión de redilas con el número 8004140. Una hora y media antes de ese encuentro, en Las Ollas mujeres y menores aún presas del miedo por la amenaza de que quemarían todas las casas, vieron cuando una motoneta con una mujer y un hombre a bordo con vestiduras civiles, comunicaron algo a los militares, quienes intempestivamente, comenzaron a recoger sus cosas, cargaron las unidades y se retiraron, pero antes amenazaron a los habitantes que si algo decían, la siguiente vez no vivirían para contarlo.

Fue entonces, cuando Alma, una de las mujeres líderes de la comunidad, los tranquilizó diciéndoles que ya no tenían que temer, pues con seguridad los militares se retiraron porque habían sido avisados que iban en camino las organizaciones de derechos humanos.

Por segunda vez, caravana de AI visitará a miembro de la OPIM preso en Ayutla

Prevén reunión con autoridades estatales los días 28 y 29

Fuente: La Jornada de Guerrero


CITLAL GILES SANCHEZ

Como parte de las acciones de la campaña Exige Dignidad, que encabeza Amnistía Internacional (AI), se tiene programado que una caravana de activistas visite en los próximos días el municipio de Ayutla para exigir la liberación del integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Raúl Hernández Abundio, considerado por el organismo internacional como preso de conciencia.

Por segunda ocasión, una comisión de activistas regresarán a Ayutla para visitar a Hernández Abundio, quien no logró salir de la cárcel el 19 de marzo junto con los otros cuatro indígenas me’phaa acusados de matar a un informante del Ejército.

En febrero, AI estuvo por primera vez en Guerrero para entrevistarse con los cinco integrantes de la OPIM en ese entonces presos en el penal de Ayutla, así como con autoridades del gobierno estatal para exponer su preocupación por la situación de indefensión en que trabajan defensores de derechos humanos.

De acuerdo con la información del organismo internacional, la visita está programada para los días 28 y 29 de junio, en la que participarán diversas organizaciones de derechos humanos de México y Guerrero.

La misión será entregar todos los mensajes y cartas de apoyo y solidaridad a Raúl Hernández, recabadas durante la campaña Alza tu voz por su libertad; además reconocer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, refrendar el apoyo y la solidaridad y rechazar los obstáculos que tienen que sortear para desempeñar su trabajo.

De igual forma, dentro de las actividades de AI está reunirse nuevamente con autoridades del gobierno estatal, a quienes le expresarán las diversas preocupaciones en materia de defensa de los derechos humanos además de exigir la liberación inmediata del preso de conciencia.

El 29 de junio la caravana estará de regreso en la ciudad de México para analizar los resultados de la visita.

El 17 de abril de 2008 fueron encarcelados cinco integrantes de la OPIM acusados de asesinar a un informante del Ejército, pero se logró un amparo para cuatro de ellos, quienes salieron en libertad el 19 de marzo de este año. Hernández no alcanzó amparo debido a que hay dos supuestos testigos que aseguran fue el autor material del crimen.

Mario Patrón: falta voluntad del Estado para crear leyes que protejan a defensores

El gobierno desdeña recomendaciones de organismos internacionales, se queja el abogado

Fuente: La Jornada de Guerrero


JESUS RODRIGUEZ MONTES (corresponsal)

Tlapa, 14 de junio. El abogado Mario Ernesto Patrón Sánchez, coordinador técnico del Monitor Civil de la Policía y Cuerpos de Seguridad en La Montaña, especialista en el tema de derechos humanos, afirmó que de parte del gobierno mexicano no hay disposición en promover políticas públicas para la protección de los defensores y recordó que en ese sentido, han sido mínimos los logros de la campaña emprendida hace un año por varias organizaciones contra la criminalización de la protesta social, denominada Protestar es un derecho, reprimir es un delito.

Hace un año, en el Foro Estatal contra la Criminalización de la Protesta Social, con motivo del 14 aniversario del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, se dio a conocer que en lo que va del gobierno estatal hay más de 200 procesos contra líderes indígenas y de organizaciones sociales, por delitos relacionados con manifestaciones y encabezar movimientos como el de los opositores a la presa La Parota, o la policía comunitaria, expresó Patrón.

“Lo que ha pasado con la campaña contra la criminalización de la protesta social, es que se ha podido verificar la falta y ausencia de una política por parte de los tres órdenes de gobierno. El objetivo de la campaña era, primero, generar un marco normativo y de programas de políticas públicas. Se sabía que de por sí eso era difícil, pero por lo menos lo que se buscaba era que si las autoridades no hacían estos cambios normativos, por lo menos no generaran mayor vulnerabilidad de los defensores, que no los atacaran, pero Guerrero es un caso paradigmático porque ha pasado lo contrario”, explicó el abogado.

Sin embargo, añadió, “Guerrero demuestra que en el estado, como en el país en general, no hay un marco jurídico, no hay políticas públicas y programas del gobierno que realmente ayuden a generar condiciones de trabajo para los defensores y las defensoras”.

Patrón Sánchez –fue coordinador de defensa integral en el Centro Tlachinollan y del equipo de abogados del Centro Miguel Agustín Pro Juárez–, recordó que desde hace unos años, diversas organizaciones de derechos humanos han planteado al gobierno federal que “revise, cuestione y modifique” la manera en que operan instancias que debieran ser las encargadas de ofrecer garantías a los defensores.

“Está la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que justamente es la dirección encargada de construir una política pública relacionada con los derechos humanos. La otra instancia es el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tampoco tiene un mandato claro, realmente no tiene una incidencia en la construcción de un marco jurídico y políticas públicas en los programas del gobierno”, detalló.

En conclusión, dijo Patrón, el panorama para los defensores, líderes y activistas del estado es “sencillamente crudo” y lamentó que, no obstante, que hay instancias internacionales que han documentado los casos de violaciones contra los defensores, aún no hay una respuesta de las autoridades.

Oficio de Papel

• La OFAC y su lista de narcoempresas
• Otra violación a la soberanía mexicana
• Empresas de Jalisco en la “narcolista”

Como cada año, la Oficina para el Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó su lista negra de compañías en América Latina supuestamente vinculadas con bandas del narcotráfico y el lavado de dinero. Nuevamente es el policía del mundo, los Estados Unidos, el país que aplica una política persecutoria y extraterritorial para someter a gobiernos y empresas, bajo el estigma de vínculos con el narcotráfico, sin importar que ello signifique violar soberanías, leyes y convenios internacionales.

En dicha lista perversa de presuntos culpables de blanquear recursos procedentes del tráfico de drogas, este año aparece México y allí se revela una supuesta red de empresas, con sede en Jalisco, que según esa oficina del Departamento del Tesoro, han operado junto con un cartel colombiano que, según los registros en la página de Internet de la OFAC (http://www.ustreas.gov), mantiene relaciones también con compañías de Venezuela, un país cuyo régimen resulta totalmente contrario a los intereses de Washington, lo cual no sorprende a nadie ante la disputa que sostiene Estados Unidos con el presidente Hugo Chávez.

México, Venezuela y Colombia, el triángulo perfecto para narcotraficantes y lavadores de dinero, según los estadounidenses. Pero también el pretexto perfecto para señalar culpas en países en donde Estados Unidos necesita garantizar una plena injerencia.

En esta ocasión, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, acusa a empresas mexicanas de mantener relaciones con el cartel del narcotraficante colombiano Fabio Enrique Ochoa Vasco, quien fuera procesado en septiembre del 2004 por una Corte de Florida. De acuerdo con las reglas dictadas por el gobierno de Estados Unidos, las sanciones impuestas prohíben que cualquier estadounidense establezca relaciones comerciales o financieras con empresas o personas vinculadas con Ochoa Vasco, quien desde 2007 fue ubicado en Estados Unidos como “el gran traficante de drogas de Medellín”.

La noticia se da en medio de las negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos para lograr la ampliación del programa de financiamiento para luchar contra el narcotráfico y el lavado de dinero englobado en el Plan Mérida, la versión mexicana del Plan Colombia y el cual hasta ahora no ha servido para nada, pues los cárteles colobianos sigue en el primer lugar de producción de cocaína en el mundo, mientras que Estados Unidos también es el país que ocupa el primer lugar de consumidores de drogas prohibidas.

No es gratuito, por lo tanto, que las baterías sancionatorias de Washington se dirijan a
México, pero sin señalar a las contrapartes que en Estados Unidos hacen posible que operen los circuitos financieros y las estructuras empresariales señaladas por los investigadores del Departamento del Tesoro.

La noticia, sin embargo, no es del todo nueva: desde marzo de 2007 la OFAC señaló a 45 empresas y a más de 64 personas físicas vinculadas con el narcotraficante Fabio Enrique Ochoa. Su red se extendía por Colombia, Belice, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Panamá y México. Ahora, con precisión, se conoce que al menos cinco de esas compañías operan en Guadalajara y que forman parte de la red que opera en Medellín, las Islas Virgenes y las Islas Caimán.

Los nombres de las empresas que se agregan a la lista de la OFAC y al imperio de Ochoa son: Granoproductos Agrícolas, Grupo C.L.P Constructora, Grupo Constructor Inmobiliario Pacar y Cimientos La Torre, también conocida como Activos para el Desarrollo Isla Blanca, S.A. de C.V, ubicada en la colonia Chapalita de Guadalajara, Jalisco.

Las empresas colombianas sancionadas junto con las mexicanas incluyen al parque acuático Parque Ecológico Recreacional de las Aguas de Girardot y la Misión Inmobiliaria Limitada, entre otras.

La enorme lista de empresas cuyos activos se encuentras identificados y limitados para realizar transacciones en Estados Unidos, está conformada por más de 420 páginas que en México mantiene bajo la lupa a empresas de Baja California como Accesos Electrónicos de Tijuana; Administradora de Inmuebles Vida, Aeronáutica Condor, cuyas operaciones se concentraban en el aeropuerto internacional de Toluca y que estaba supuestamente vinculada con capos colombianos como Pedro Antonio Bermúdez, quien año con año reportó pérdidas ante el Servicio de Administración Tributaria y fue ahí en donde empezó su persecución. A Bermúdez también se le vincula en la OFAC con la constructora Guadalest, cuya dirección fiscal se encuentra en el Distrito Federal con operaciones espejo en Colombia.

En la lista de la OFAC permanece la Administradora de Inmuebles Vida S.A. de C.V. propiedad de María Antonieta Fregoso Amezquita, quien desde 2002 ha manifestado su inconformidad con las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber incluido a sus compañías de empresas poco transparentes y vinculadas con el narcotráfico.

Según registros periodísticos y de la Procuraduría General de la República, Fregoso habría sido socio del exsecretario de Turismo de Baja California, Alejandro Moreno Medina, a quien hace siete años se le señaló con vínculos con el cártel de los Arellano Félix.

También aparece la intermediaria AGBA Consultores Casa de Cambio, que forma parte de la red de lavadores de “El Mayo” Zambada, en Tijuana. En la lista, por supuesto, siguen las empresas de la familia Gaxiola que en Hermosillo, Sonora, protagonizó las actividades del cártel de Sinaloa a través de una nutrida lista de compañías, pero sobre todo mediante la operación de narcotúneles que llegaban hasta Arizona. Entre las compañías investigadas se encuentran: Molduras del Noroeste, Inmuebles Sierra Vista, Temple del Pitic, Distribuidora de Hermosillo, Gaxiola Hermanos, Inmobiliaria Gaxiola Hermanos, Grupo Industrial Gaxiola, Distribuidora Gran Auto, Fletes y Transportes Gaxgar Agrícola Gaxiola y gimnasio privado Bioesport, Minera Río Presidio, Minera La Castellana y Anexas, Copa de Plata, Compañía Minera del Río Cianury, entre otras.

En fin, detrás de la lista de la OFAC se encuentra la historia del narcotráfico, pero también de la clara injerencia del gobierno de Estados Unidos en la impartición de la justicia en México.

Así, a nueve años de que se publicara la primera lista de la OFAC en el marco de la Ley para la Designación de Narcotraficantes Extranjeros, los nombres de las compañías que habrían estado vinculadas con los cárteles de narcotraficantes permanecen intactos, lo que a primera vista da la impresión de que las actividades de los investigadores estadounidenses son intensas y fructíferas.

En Estados Unidos, sin embargo, investigadores independientes como Michael Moore han criticado el énfasis que pone el Departamento del Tesoro en las relaciones delicuenciales de los países de América Latina y El Caribe, mientras que se sabe muy poco o casi nada de las relaciones de empresas estadounidenses con el narcotráfico o de las instituciones financieras que lavan dinero de organizaciones criminales. A todas las operaciones donde estén involucradas entidades estadounidenses no se le da la misma difusión en su relación con el narcotráfico. Acaso, en el mejor de los casos, apenas hace un año se dieron a conocer las sanciones para las compañías que en Miami violan el embargo contra Cuba.

Si bien es cierto que la OFAC ha cumplido con aglutinar los nombres de empresas con supuestos vinculos con bandas del narcotráfico para cortar su acceso a los circuitos financieros, también utiliza este instrumento de persecución extraterritorial para amagar a las fuerzas políticas contrarias a sus intereses y que son ya mayoría en los países de América Latina. Allí éstá por ejemplo la investigación que se sigue contra la petrolera venezolana PVDSA.

Los primeros indicios de la OFAC

En la primera lista de la Oficina Federal para el Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aparecieron hace 10 años los primeros narcotraficantes mexicanos, cuyos bienes fueron incautados en territorio estadounidense, así como todos aquellos que mantenían relaciones con ellos en cualquier parte del mundo.

De acuerdo con la Ley para la Designación de Narcotraficantes Extranjeros Significativos, aprobada hace 10 años por el Congreso de Estados Unidos, cualquier persona o empresa que aparezca en las listas de la OFAC, así como sus socios, serían perseguidos por todo el mundo, con el fin de congelarle bienes y presionar a los gobiernos de otros países para que sus autoridades cumplan los designios del Departamento del Tesoro.

En aquellos años el Congreso de Estados Unidos designó a los seis miembros de la Comisión de Revisión Jurídica responsable de supervisar constitucionalmente la instrumentación de la nueva Ley para la Designación de Narcotraficantes Extranjeros Significativos (FNDKA, por sus siglas en inglés), mediante la cual la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro, daría a conocer el 1º de junio de cada año, la lista negra de los miembros de la mafia, sus socios extranjeros y las empresas que utilizan en todo el mundo para lavar recursos de procedencia ilícita.

La primera lista de aquellos abogados que integraron dicha Comisión, fueron Larry Thomson (presidente), David B. Smith, Richard León, Robert Dickerson, Dionne Morrow y como director ejecutivo Greg Keough. Este último era el responsable de reunir a un equipo de 20 o 30 colaboradores que integrarán el equipo burocrático responsable de vigilar el buen cumplimiento de dicha ley.

La labor de aquellos abogados era también informar previamente a las empresas estadounidenses que estuvieran asociadas con compañías extranjeras, cuando éstas fueran a ser incluidas en la lista negra de presuntos implicados con las mafias de la droga, a fin de prevenirlas y permitirles maniobrar con sus cuentas bancarias e inversiones y la afectación no fuera mayor.

Según funcionarios mexicanos vinculados con las operaciones financieras, tienen la promesa de Estados Unidos de que ninguna gran empresa mexicana se vería afectada o involucrada en esta lista, lo cual así ha sido hasta ahora.

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Boletín del Comité Cerezo

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AU: 1006/09-CMDP/Pue. Fuente: REDDH

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** Mateo Hernández, Evaristo **

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AU: 1006/09-CMDP/Pue. Fuente: REDDH

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AU: 1006/09-CMDP/Pue. Fuente REDDH

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NODO de Derechos Humanos AU: 1006/09-CMDP/Pue. Fuente REDDH

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La mesa de discusión de Noticias MVS 16 de junio de 2009

(La mesa de discusión con Denise Dresser, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer trata los temas de la tristemente celebre guardería sonorense y la nueva prebenda de Elba Esther Gordillo. Más adelante el audio completo del programa)

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Video: José A. Ortiz Pinchetti interpone demanda suscrita por AMLO contra Fox, Calderón, Zedillo, Gordillo y más








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Ejército podría desaparecer a luchadores

Sánchez Sánchez

Fuente: La Jornada de Guerrero


CITLAL GILES SANCHEZ

El abogado de las viudas y deudos de los campesinos masacrados en el vado de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez, consideró que es preocupante las agresiones y amenazas contra los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos y alertó que, ante el grado de militarización que hay en el estado, en poco tiempo será el Ejército el que se encargue de desaparecer a los luchadores sociales.

Consultado luego de dar a conocer las actividades del 14 aniversario de la masacre de Aguas Blancas, el abogado recriminó que de ese tiempo a la fecha, no han cambiado las cosas, a pesar de ser gobernados por un partido que lucha por las causas sociales, la impunidad y la criminalización hacia los indígenas y los pobres sigue siendo la misma que hace varios años.

“Se sigue asesinando y matando campesinos, sigue una política de presión, genocidio, de criminalización social, hay presos políticos, dirigentes desaparecidos, asesinados, la militarización en las comunidades, no ha cambiado en nada”, criticó.

Al contrario, condenó las acciones del gobierno de militarizar las comunidades y ahora los municipios, que con el pretexto de combatir la delincuencia organizada, allanan casas de la zona de Tierra Caliente o Acapulco, “y eso demuestra que el estado no sólo es un estado fallido, sino propenso a una explosión social”.

Agregó que en los últimos meses ha habido una constante criminalización y judicialización de la protesta y lucha social, “y ahora somos criminales, somos guerrilleros”, por lo que consideró que es preocupante el clima de represión que se vive en el estado.

Destacó que está cerca la celebración del centenario de la Revolución Mexicana y del Bicentenario de la Independencia, por lo que aprovechó para convocar a la reivindicación por el respeto de los derechos humanos, de lo contrario, alertó, la sociedad podría terminar por responder a tantas agresiones.

“La situación de los pueblos está en lo más bajo de la miseria, hay represión, se está reprimiendo a la gente, que va a responder porque el conflicto se va a acrecentar, no lo deseamos pero al paso que vamos, vamos para allá; el gobierno lo está provocando con la militarización con el pretexto de combatiro a la delincuencia organizada, pero al rato los militares irán contra a los movimientos sociales, revolucionarios, y vamos a tener otro dos de octubre, otro Aguas Blancas”, advirtió el abogado.

Peligra la vida de Emmanuel D’Herrera

Atizapan de Zaragoza, estado de México, 15 de junio de 2009.



En el año de 2004, en Teotihuacán, estado de México, Emmanuel D’Herrera Arizcorreta, nativo del lugar, se opuso conjuntamente con la sociedad civil a que se construyera una Bodega Aurrerá en ese lugar, porque violaba el uso de suelo. Después de una lucha nacional e internacional que emprendió Emmanuel como líder de la zona, no vio ningún resultado positivo durante todo este tiempo.

Con fecha sábado 16 de mayo del año en curso, a las 17.30 horas, Emmanuel entró a la tienda con la intención de seguir solicitando la cancelación del funcionamiento de la misma, siendo que en ese momento personal de la Bodega Aurrerá lo detuvo y presentó ante las autoridades con motivo de portar alguna arma.

Se levantó el acta 51-2009-1 en el Juzgado Duodécimo de Distrito en Nezahualcóyotl, estado de México.

El jueves 21 de mayo quedó libre bajo fianza, pero la empresa Wal-Mart volvió a inventar los delitos necesarios y nuevamente está detenido en el penal Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, estado de México.

Cuando la opinión de los altos ejecutivos de Wal-Mart entra por la puerta, la justicia sale por la ventana.

Ayer, 14 de junio, su esposa Francisca Beltrán Texocotitla, me habló por teléfono para informar que Emmanuel D’Herrera está muy grave y que casi no reconoce a las personas. Emmanuel tiene diabetes, un peso de 46 kilos y necesita atención médica especial con urgencia.

Yo recuerdo de unos granjeros en Inglaterra que se suicidaron con motivo de que la gran empresa los quebró en sus negocios. El Frente Nacional contra Wal-Mart desea fervientemente que no sea ésta una cruz más que se le tenga que colgar a esa gran empresa.



Frente Nacional contra Wal-Mart

Dr. Enrique Bonilla Rodríguez

Cofundador y coordinador

www.geocities.com/frentenacionalac

Ejecutan a sacerdote y dos seminaristas en Arcelia, confirma Aguirre Franco

Militares se enfrentan a presuntos sicarios en Tlachoachistlahuaca

Fuente: La Jornada de Guerrero


CINDY PACHECO Y FRANCISCA MEZA

La tarde del sábado en Arcelia, en la región de Tierra Caliente, fueron ejecutados un párroco y dos seminaristas de la Iglesia católica en Guerrero, confirmó el arzobispo Felipe Aguirre Franco y adelantó que los jerarcas de la institución harán un pronunciamiento para exigir el esclarecimiento del caso, aunque rechazó que soliciten seguridad especial para obispos y párrocos.

La intervención de militares en actividades de seguridad en Guerrero, sostuvo el prelado, es indispensable, pues hay incapacidad de las fuerzas policiacas estatales y locales para el combate al crimen organizado, por lo que pidió a la población apoyar estas acciones.

En conferencia de prensa, Aguirre Franco relató que el sábado, el sacerdote Habacuc Hernández Benítez y los seminaristas Eduardo Oregón Benítez y Silvestre González Cambrón fueron emboscados en Arcelia, a bordo de una camioneta de su propiedad, cuando se dirigían a una reunión pastoral vocacional, y sin explicación fueron acribillados por la espalda –aunque el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública indicó que las balas penetraron en la cabeza y pecho de las víctimas.

Balacera en Tlacoachistlahuaca

Soldados del Ejército mexicano mataron a dos presuntos narcotraficantes durante un enfrentamiento la mañana de ayer en el municipio de Tlacoachistlahuaca, en la Costa Chica, además detuvieron a cinco hombres y confiscaron armas y camionetas. De manera extraoficial se sabe de por lo menos cinco soldados heridos y ocho detenidos.

De acuerdo con fuentes policiacas, el tiroteo ocurrió como a las 10:30 de la mañana en la comunidad Guadalupe Mano de León. Según la información los militares llevaban a cabo recorridos de vigilancia por la zona cuando se encontraron con cuatro vehículos que transportaban mariguana y armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la balacera, que duró cuatro horas, murieron Martín González Mata, de 37 años originario de Torreón, Coahuila y Aurelio Pacheco Modesto, de Metlatónoc, en La Montaña.

Se decomisaron dos camionetas Ford F50, una tipo pick up 4 x 4 color gris y una Grand Cherokee roja, así como armas de las que no se especificaron las características. Se indicó que los detenidos y las armas serán puestos a disposición del MP federal.

En tanto, en la comunidad de Huehuetán, municipio de Azoyú, se informó extraoficialmente que los militares catearon por lo menos dos casas luego de una denuncia anónima sobre la presencia de personas armadas. Aunque no se pudo confirmar, autoridades de seguridad hablaron de un decomiso de un arsenal que posiblemente sería trasladado a la subdelegación de la PGR en Acapulco.

Arraigan a ministeriales

En tanto, la PGR informó que los comandantes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), Raúl Ricardo Rodríguez Guzmán y Oscar Vázquez Mondragón, detenidos por los militares este jueves en las comandancias de Ciudad Renacimiento y La Garita, fueron arraigados por 40 días por su presunta colaboración con el cártel de los Beltrán Leyva y su posible participación en la balacera del 5 de junio en Caleta.

Versión de choque entre miltares y erpistas en la sierra

Se habla de 6 muertos

Fuente: La Jornada de Guerrero


REDACCION

Soldados del Ejército se enfrentaron ayer en la sierra entre Coyuca de Catalán y Petatlán con hombres armados, presuntamente guerrilleros del ERPI, con un saldo de seis muertos y “varios detenidos”, según una fuente castrense que pidió no ser identificada.

La versión estuvo precedida por una ola de rumores que hablaban de un enfrentamiento entre militares y erpistas con 16 muertos, en la zona de Puerto Las Ollas, donde el sábado estuvo una misión de organizaciones de derechos humanos, en respuesta a una demanda de auxilio de la población, que denunció incursión militar. Sin embargo, habitantes del poblado desmintieron el choque armado.

Consultados al respecto, el director de la Policía Investigadora Ministerial, Erit Montúfar y el secretario de Seguridad Pública, general, Heriberto Salinas Altés, afirmaron no tener conocimiento de estos hechos.

Una fuente militar afirmó que el enfrentamiento ocurrió, aunque no precisó la comunidad, pero sí que se trataba de la sierra en área perteneciente a Coyuca de Catalán, y que los detenidos y los muertos serían presentados hoy en Petatlán.

Guerra sindical


Fuente: La Jornada de Zacatecas

Redacción

Diego Miramontes de León

El 25 de noviembre de 1884 la revista de Gil Blas anuncia la novela de Emile Zolá llamada Germinal, sin embargo, en 1885 se publica la primera edición por G. Charpentier. Ediciones más actuales, como la de 1993 por Éditions du Rocher, dicen textualmente, en algo que pudiera ser el prólogo, que “dicha edición ha sido propuesta a un precio excepcional para permitir el acceso del gran público a una obra esencial”.

Efectivamente, si queremos hablar de una feria del libro que realmente promueva la lectura de todo el mundo lo primero que se debe hacer es ofrecer obras importantes de la literatura en ediciones correctamente presentadas a precios interesantes. Si no se cumplen esos tres factores, la actual feria del libro no dejará de ser la misma venta callejera de los libros que no se venden dentro de las librerías.

Regresando a la novela de Zolá, él muestra que los mineros de esa época comprendieron cómo rebelarse ante las horribles condiciones de vida en las que los mantenían sus patrones. El título en sí encierra una gran cantidad de significados, pues Germinal es el mes en el que aparece la primavera, es decir, una época de renacimiento.

También se le considera como una metáfora de la revuelta de los mineros. Para Zolá, Germinal corresponde a un mes de revolución y fusiona además a los mineros con los vegetales que brotan de la tierra. Así, la germinación de las plantas se compara con la revuelta obrera para dar origen a una nueva justicia laboral.

Étienne, el personaje principal de la novela, como desempleado y en plena crisis industrial del siglo 19, se ve obligado a trabajar en las minas de Montsou, donde encuentra condiciones de trabajo espeluznantes. Integrado con rapidez al pueblo de mineros, inicia un movimiento de revuelta, originado por las condiciones brutales de trabajo y pobreza.

La compañía reduce el salario de los mineros, con el argumento del aumento en la crisis económica, lo que obliga a los trabajadores a estallar la huelga. En respuesta, la compañía adopta una posición de intransigencia, y aunque al final de la novela no se obtiene algún logro, el personaje principal deja sembrada la semilla que provocará, en un futuro, mayor justicia al trabajador.

Sin duda, la historia de Zolá, en la que se recurre a la huega, manifiesta una situación tan diferente del enfrentamiento de mineros en Fresnillo, que exige una reflexión profunda. En este caso, la guerra se da principalmente entre sindicatos. No olvidemos que un sindicato se define como una asociación que reúne a personas físicas o morales para la defensa o gestión de intereses comunes. Dicha definición parece estar en duda después de varias décadas en las que aparecieron los sindicatos charros.

Es preciso aclarar que un sindicato charro defiende los intereses del patrón, más que de los trabajadores. En términos precisos, es una organización para la defensa de los salariados y protegidos bajo una legislación particular en la que se incluyen al menos la libertad sindical y el derecho a huelga. Sin embargo, en el gremio minero existen posiciones antagónicas de quienes cuidan y respetan su fuente de trabajo y los que defienden la postura de un líder sindical sobre el que pesan órdenes de aprensión por fraude a miles de mineros.

La lucha entre el Grupo México y el sindicato minero no es sólo por el interés de mantener salario y condiciones de trabajo y vida adecuadas para los mineros, sino que es asunto de poder de grupos o familias y venganza entre las posiciones de apoyo o rechazo a campañas electorales presidenciales.

El resultado de parar la mina San Martín, en Sombrerete, y la mina de Cananea, en Sonora, ha sido la pérdida de la fuente de trabajo de muchos obreros. La actividad minera en Fresnillo no sólo ha sostenido y desarrollado al municipio y miles de familias, sino al estado, y sin duda también al país. La presencia de grupos de choque en la entidad viola el derecho de los mineros fresnillenses a tomar sus propias decisiones, además de sumar un nuevo factor de crisis nacional.

GOBIERNO LEGÍTIMO: VIGILANTES CIUDADANOS EN DEFENSA DEL VOTO

El día de hoy se llevaron a cabo las reuniones informativas para los Vigilantes Ciudadanos en cada una de las delegaciones políticas del Distrito Federal. Atendiendo a una convocatoria apresurada, decenas de personas acudieron al llamado que el Gobierno Legítimo de México ha hecho para que entre todos defendamos el voto este 5 de julio.






Considero que a pesar de las discrepancias, obstáculos y dificultades, nuestro movimiento debe participar en las elecciones constitucionales. Nosotros hemos optado por lograr la transformación del país en forma pacífica, por la forma pacífica y por la vía electoral. Hemos decidido que podemos cambiar a México de manera pacífica y por la vía electoral.

Ya sabemos que no es fácil, lo hemos padecido en carne propia; inclusive, algunos compañeros legítimamente sostienen que así no se va a poder, que los potentados no van a dejar nunca sus privilegios. Sin embargo, nosotros creemos que sí se puede, que es cosa de organizarnos mejor, que aunque los dados estén cargados o las cartas estén marcadas, con la participación conciente y decidida del pueblo, más temprano que tarde, vamos a triunfar.

Andrés Manuel López Obrador
22 de marzo, 2009.






El salón en donde se llevó a cabo la plática para los habitantes de la delegación Cuauhtémoc fue llenándose de interesados ciudadanos que atendían las explicaciones de quien se identificó como representante del Gobierno Legítimo, el cual explicó el procedimiento a seguir para vigilar el próximo proceso electoral, el cual consiste en el reporte sistemático, controlado e identificado de los reportes de datos electorales mediante una llamada telefónica y un mensaje SMS.





Presentó los formularios que los participantes tienen que llenar para que les sea asignado un número único que identifique sus reportes en el sistema. De esta manera, el día 5 de julio cada Vigilante Ciudadano visitará cuantas casillas electorales quiera y pueda, ya sean de su colonia o de en donde esté en la Ciudad de México, tomará registro de los números de los resultados que aparecen en las sábanas afuera de cada casilla al final de la jornada electoral y procederá a transmitirlos a la telefonista que le irá guiando paso a paso para que el registro sea correctamente asentado.





Alternativamente este reporte se puede enviar por medio de un mensaje SMS de celular, lo que da redundancia para verificar la precisión de los datos recabados.





El próximo domingo 21 de junio, de las 11:00 a las 21:00 horas se llevará a acabo un simulacro para que los Vigilantes Ciudadanos practiquen como deben reportar los números de los resultados. Durante este lapso se podrán utilizar los datos que acompañan cada hoja de inscripción para hablar y transmitir la información.





Se mencionó que a mediados de la próxima semana estará disponible la dirección www.vigilanteciudadano.org en donde estará toda la información necesaria para entender este sistema de recolección de datos electorales, sino también las formas para inscribirse y poder participar en él.

AMLO EN VIVO DESDE IZTAPALAPA

Suman atliscenses solidaridad con campesinos presos de San Agustín Loxicha, Oaxaca



Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)

MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ RÍOS

Atlixco. Proveniente de la comunidad indígena de San Agustín Loxicha, Oaxaca, la caravana de familiares y amigos de campesinos presos en la capital del país llegó este sábado a la ciudad. Tras un recibimiento en la entrada sur de la mancha urbana, a cargo de militantes locales de la izquierda, investigadores y organizaciones no gubernamentales independientes, el contingente de cerca de 200 personas caminó por las principales arterias para finalizar, con un acto masivo, en el zócalo.

Una vez instalados a un costado del Palacio Municipal y de la parroquia, los visitantes, en su mayoría mujeres, escucharon palabras de aliento y de solidaridad. Y el primero en tomar el micrófono fue Arnulfo González Martínez, de la junta auxiliar de San Pedro Benito Juárez, franja cercana a las faldas del Popocatépetl: “en cada uno de nuestros pueblos abundan los problemas, ¿y cómo pensamos resolverlos?; ¿separados o unidos? La unión hace la fuerza. Durante 70 años gobernó el PRI, y desgraciadamente nunca, como trabajadores del campo, recibimos algo”.

Como “dicen por ahí, no tenemos madre y padre y nada capaz de responder por nosotros. ¿Qué hace falta? Entendernos y exigir justicia para seguir luchando. Caso contrario, ¿cómo deciden traernos las autoridades? Aquí con ustedes está la mejor muestra: 12 compañeros presos desde 1996 hasta hoy por defender sus propiedades y su dignidad”.

Catalogado dentro de los municipios con menor índice de desarrollo humano por la Secretaría de Desarrollo Social federal, los pobladores de San Agustín Loxicha siguen en una encrucijada tras la aparición pública del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en 1996, acto causante del reforzamiento de la zona con elementos militares.

Con la presencia de ese movimiento armado, más de 130 campesinos fueron detenidos, y de acuerdo con estimaciones de defensores de los derechos humanos, unos 200 más viven escondidos por pesar sobre ellos órdenes de aprehensión. En tanto, familias enteras migraron ante el temor a ser aprehendidas arbitrariamente.

En medio de este contexto, hace 12 años quedaron encarceladas en penales estatales 12 personas de San Agustín Loxicha, acusadas de pertenecer al EPR y por delitos federales como terrorismo, sabotaje, conspiración y homicidio, cargos no comprobados. Entre los presos están quienes cumplían las funciones de presidente y síndico municipal. Las sentencias para cada uno de ellos son de entre 13 y 32 años de prisión.

Ante la falta de justicia, familiares de los presos y organizaciones de apoyo a sus demandas realizan una marcha de esa región a la ciudad de México, la cual inició el pasado 8 de junio. El objetivo: demandar a las autoridades federales la libertad de los presos cuyos nombres son los siguientes:

Fortino Enríquez Hernández, Abraham García Ramírez, Álvaro Sebastián Ramírez, Agustín Luna Valencia, Ricardo Martínez Enríquez, Mario Ambrosio Martínez, Estanislao Martínez Santiago, Urbano Ruiz Cruz, Eleuterio Hernández G., Zacarías Pascual García López, Cirilo Ambrosio Antonio y Justino Hernández José.

“Nosotros salimos desde San Agustín Loxicha en una marcha caravana a la ciudad de México para pedir la libertad de nuestros esposos, que ya llevan más de 12 años detenidos sin saber nada y sin que nadie pueda hacer algo por ellos. Todos son inocentes; arrebataron al pilar de nuestra familia y los hijos quedaron desamparados. Debido a esas injusticias hoy estamos convertidas en padres y madres. Y estamos aquí porque deseamos una muestra de solidaridad de parte de los habitantes de Atlixco. Queremos espiritualmente una compañía hasta la capital del país para pedir una vez más la libertad de nuestros familiares”, explicó una mujer indígena.

Después, Venenciano Valencia Suárez, otro habitante de esa comunidad indígena de Oaxaca, tras hablar primero en lengua náhuatl, explicó: “soy un indio zapoteca de San Agustín Loxicha, municipio instalado en la Sierra Sur, y acompañamos a las esposas y los hijos de nuestros hermanos presos desde hace más de 12 años”.

La comunidad “está totalmente marginada por no contar con elementos y servicios básicos para sobrevivir como seres humanos. En 1996, los compañeros presos junto con el pueblo alzamos la voz y organizamos una marcha caravana como esta para llegar a la ciudad de Oaxaca y exigirle al entonces gobernador Diódoro Carrasco Altamirano mejores condiciones de vida”.

Para conocimiento de muchos, “es pertinente platicarles de la carencia de energía eléctrica, agua potable, vivienda digna y de aulas escolares. Por eso decidimos organizarnos, junto con los compañeros aun presos, para intentar cambiar las cosas. Y en respuesta, del gobierno obtuvimos represión. Nos engañaron con la promesa de establecer mesas de trabajo para saber hasta donde iban a llegar los apoyos de las autoridades hacia nosotros”.

Todo “fue una total mentira, porque luego empezó la represión. Primero detuvieron a las autoridades municipales y después a mucha gente que participó en esa marcha. Entró el Ejército y la fuerza pública a golpear al pueblo de una manera salvaje. Hubo más de 150 detenciones, asesinatos y desaparecidos”.

Sin duda y sin miedo, “vamos a llegar hasta la ciudad de México para exigirle al gobierno federal la libertad de nuestros compañeros que son acusados de pertenecer a un grupo armado para justificar la represión. Y entonces están detenidos por delitos del fuero federal. No vamos a descansar hasta lograr nuestro objetivo”.

Al acto asistieron maestros del Movimiento Democrático Poblano y un centenar de habitantes de la ciudad. Un miembro del primer organismo, Antonino Soriano, lanzó una serie de cuestionamientos: “estamos enterados de la lucha de ustedes, compañeros de San Agustín Loxicha. Aquí también en esta entidad contamos con pueblos campesinos reprimidos. Hace poco hubo represión en contra de los labriegos de Azumiatla, cuyo único pecado era defender sus tierras”.

El Estado “lleva la política de despojar a los ejidatarios de las tierras para entregárselas a las empresas privadas. Nosotros como magisterio independiente estamos en la disposición de dar la batalla junto a nuestros hermanos afectados. Y no nada más con ese grupo, también al lado de los comerciantes, obreros, amas de casa y de quienes quieren una Puebla con igualdad de justicia y de oportunidades. Todos bajo un frente de defensa”.

Otro integrante del magisterio poblano independiente, Miguel Ángel Hernández, hizo énfasis en la postura de los familiares de los campesinos de Oaxaca: “quienes realmente luchamos por la democracia en la región de Atlixco, a la cual pertenezco, estamos con ustedes y vamos a seguir apoyándolos hasta las últimas consecuencias. No existe miedo; bien dice claramente aquella frase: vale más morir de pie que morir arrodillado ante un gobierno represor. Sigamos en la batalla”.

Enseguida, un militante de la organización 28 de Octubre habló así de cara a los asistentes: “¿Qué quieren los presos políticos del país? Libertad, libertad, libertad. Y una de las maneras para conseguirla es creando un poder popular. Por luchar, el maldito gobierno termina por encarcelarlos para convertirse en presos políticos. Sin embargo, los verdaderos delincuentes siguen allá arriba, no con dios, porque esos cabrones no llegarán hasta allá, arriba en el pinche poder. Ahí siguen los auténticos ladrones”.

Es una realidad, “a esos cabrones rateros el gobierno sigue solapándolos. De ahí la importancia de la unidad entre los diversos movimientos sociales de campesinos, obreros, estudiantes, magisterio y comerciantes. No sólo es la lucha por la reforma educativa, es la pelea por todas las reformas estructurales para cambiar a este México lleno de represión, represalias que cuentan con la complicidad de los partidos políticos”.

Por eso “no es bueno creer en ningún partido político. Por ejemplo, en Atenco PRI, PAN y PRD unieron fuerzas para darle en la madre a los compas de esa comunidad que mostraron resistencia a la construcción de un proyecto del gobierno federal. Eso mismo ocurrió en Oaxaca con la propia APPO. No debemos olvidarlo. Es mejor creer en la fuerza y voluntad de las comunidades”.

Finalmente, Omar Esparza, de una organización social de la Mixteca poblana y oaxaqueña, expresó: “nuestros compañeros campesinos siguen presos por una razón: los gobiernos estatal y federal no quieren despertar la conciencia de nuestros pueblos, que significa levantarse y luchar por su dignidad y sus tierras. Son 12 años de secuestro injusto de los trabajadores de la tierra de San Agustín Loxicha”.

Esas personas, “además de ser reprimidas, son torturadas y golpeados por el propio sistema en que vivimos. Sin embargo, cuando la gente alcanza a organizarse, trabajar y levantarse para decir ¡ya basta, estamos cansados!, la única respuesta oficial está relacionada con la reprimenda y el uso de la fuerza policiaca y militar. Nosotros nada más queremos diálogo”.

La gente de Oaxaca “está cansada de observar cómo pisotean su dignidad. No más presos políticos en las cárceles. Hoy gran parte de esa entidad está en resistencia. Todos los días los ciudadanos de ese lugar despiertan para decir estamos hartos de gobiernos priistas, panistas y perredistas. No vamos a quedarnos callados ante las injusticias cometidas en muchas partes del país”.

Se solidarizan los oaxaqueños con el CDMP



Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)

MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA

A su paso por la capital poblana, la caravana de San Agustín Loxicha que hoy arribará al Distrito Federal para exigir la libertad de sus 12 presos políticos, se solidarizó con el Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) y condenó la represión de sus integrantes, de los defensores de derechos humanos y periodistas, cometida el pasado miércoles por el gobierno estatal, en contubernio con la dirigencia oficial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El mitin con que fueron recibidos los caminantes de Loxicha sirvió también para la reaparición de Gilberto Maldonado Maldonado, uno de los líderes del CDMP, quien fue también uno de los disidentes más golpeados en la reprimenda de la semana pasada.

De hecho, Maldonado fue uno de los primeros oradores, y en su discurso habló de inmediato y directo contra el gobierno estatal, los “líderes charros” de las secciones 23 y 51, Eric Lara Martínez y Cirilo Salas Hernández, amén de la dirigente vitalicia del SNTE, Elbar Esther Gordillo, a quienes calificó como “gusanos”.

Maldonado también aprovechó la ocasión para aventarse un “palomazo”, con el activista Efraín Rojas Brushetta y otro par de jóvenes, quienes interpretaron música andina.

La caravana arribó al filo de las 18 horas al zócalo de la Angelópolis, donde fue recibida por decenas de simpatozantes.

4 fueron los golpeadores que contrató el SNTE para reprimir a disidentes: CDMP

Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)


ARTURO ALFARO GALÁN

Miembros del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) identificaron que los cuatro golpeadores, quienes el pasado miércoles reprimieron, junto a policías judiciales y metropolitanos, a cientos de profesores durante una manifestación en el Centro Histórico, son parte de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza Eric Lara Martínez, secretario general de la organización.

Ayer, después de una reunión para analizar las fotografías y videos de la agresión en contra del movimiento magisterial, los profesores –quienes pidieron el anonimato después de las represiones que sufrieron sus compañeros– revelaron la identidad de los cuatro encapuchados, quienes, vestidos de civiles, fueron los encargados de señalar a los líderes del movimiento magisterial para que los elementos de la Policía Judicial los agredieran y detuvieran a fin de presentarlos ante la PGJ.

De esta manera, indicaron que los cuatro golpeadores pertenecen a la sección 23 del magisterio responden a los nombres de: Salvador Escamilla Vargas, integrante del Comité Ejecutivo seccional desde hace 10 años, aspirante en 2008 a la dirigencia seccional del SNTE y pariente de Ardelio Vargas Fosado, candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el distrito de Huauchinango, ex titular de la dirección del Centro Nacional de Análisis, Planeación e Información (Cenapi) de la Procuraduría General de la República (PGR) y quien encabezó la represión de campesinos en Atenco y en contra de maestros de Oaxaca, ambos en 2007.

También participó Adán Hernández Prior, quien en 2007 fue candidato a diputado por el Distrito I con cabecera en Huauchinango por el Partido Nueva Alianza (Panal); y Avelino Aguilar Molina, profesor de la región de Acatlán, quien buscó la dirigencia seccional del magisterio en 2008.

Por último, señalaron a Francisco Rodríguez Canul, trabajador del comité seccional del SNTE 23, como la persona que en las fotografías viste una camisa roja y una máscara negra. Sobre Rodríguez Canul, indicaron, pesan acusaciones –no aclaradas– por supuestos actos de corrupción en el programa de Vivienda impulsado hace varios años en el sindicato.

Entrevistado por separado, Miguel Guerra Castillo, vocero de la disidencia magisterial, pidió al gobierno del estado sacar las manos del magisterio y evidenció que la presencia de los golpeadores durante la represión del pasado miércoles es una muestra que el mandatario estatal y los dirigentes de las secciones 23 y 51 del SNTE, pretenden desarticular el movimiento disidente en la entidad tal como ocurrió en Morelos, Oaxaca y Michoacán.

La Jornada de Oriente documentó el pasado viernes que Gilberto Maldonado Maldonado, líder democrático de la sección 23 del SNTE, explicó que la estrategia de infiltrar a golpeadores en los movimientos disidentes proviene de la líder vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, quien pretende generen violencia en las manifestaciones, para justificar la represión policiaca.

Las liberaciones

Los 15 profesores que fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial, fueron liberados por el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) después que a 13 de ellos se les impuso una fianza de mil pesos y dos de los profesores –quienes fueron consignados ante el Juzgado Segundo Penal y trasladados al Centro de Rehabilitación Social (Cereso) del estado de Puebla– quedaron libres, pues no se les encontró delito que perseguir.

Así lo informó la juez Rosa Celia Pérez González –quien fue protagonista durante el caso que enfrentó al gobernador Mario Marín Torres y a la periodista Lydia Cacho Riveiro– durante la liberación de los mentores Mariano Rolón Castelan y Evaristo Mateo Hernández.

Los maestros fueron acusados por los probables delitos de despojo, allanamiento de morada, asociación delictuosa y daño en propiedad ajena, que quedaron asentados en las denuncias 1054/08/sur DMZN y 12495/08/ norte DMZN, interpuestas en la PGJE en enero pasado por los secretarios generales de la secciones 23 y 51 del SNTE, Eric Lara y Cirilo Salas, respectivamente.

Las querellas fueron iniciadas después de que hace ochos meses la disidencia magisterial tomó el control de los edificios sindicales para exigir al gobierno del estado la cancelación de la Alianza por la Calidad en la Educación (ACE) y el cese de represiones en su contra.

Sin embargo, al no encontrar elementos para su detención, la PGJ acordó liberar a 13 profesores después de pagar una fianza de mil pesos cada uno por el delito de agresiones tumultuosas, cometidas contra los agentes estatales y metropolitanos el pasado miércoles, cuando la disidencia magisterial realizó una marcha en las calles del Centro Histórico.

Los mentores liberados responden a los nombres de: Manuel Martínez Espíndola, Lourdes Valderrábano, Verónica Ramírez Jarquin, Lorena Ramírez Jarquin, Marcelino Vázquez Ildefonso, Floriberto Vergara Cañongo, Mario Ruben Lara Caamaño, María de Jesús Herrera López, Elfego Márquez Luna, Rosa Isela Hernández, Justino Jacinto Rosas, Gregorio Martínez Hernández y Marcelino Becerra Orozco.

Los maestros pertenecen a las regiones de Cholula, San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Puebla y Teziutlán, quienes denunciaron que durante su aprehensión fueron objeto de agresiones físicas y verbales por parte de los policías estatales y metropolitanos.

Finalmente, integrantes de la disidencia magisterial denunciaron que su compañero Nazario Flores Juárez continúa en calidad de desaparecido, después que el pasado miércoles se presentó en la manifestación que fue reprimida por los policías estatales:

“Hacemos un llamado al gobierno estatal, porque nuestra lucha no termina ahí. Nosotros vamos a continuar pugnando por la cancelación de la ACE y buscaremos las vías necesarias para terminar con lo que pretende ser la privatización del sector educativo en el país y en Puebla”, concluyó Miguel Guerra Castillo, vocero de la disidencia.