El gobierno desdeña recomendaciones de organismos internacionales, se queja el abogado
Fuente: La Jornada de Guerrero
JESUS RODRIGUEZ MONTES (corresponsal)
Tlapa, 14 de junio. El abogado Mario Ernesto Patrón Sánchez, coordinador técnico del Monitor Civil de la Policía y Cuerpos de Seguridad en La Montaña, especialista en el tema de derechos humanos, afirmó que de parte del gobierno mexicano no hay disposición en promover políticas públicas para la protección de los defensores y recordó que en ese sentido, han sido mínimos los logros de la campaña emprendida hace un año por varias organizaciones contra la criminalización de la protesta social, denominada Protestar es un derecho, reprimir es un delito.
Hace un año, en el Foro Estatal contra la Criminalización de la Protesta Social, con motivo del 14 aniversario del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, se dio a conocer que en lo que va del gobierno estatal hay más de 200 procesos contra líderes indígenas y de organizaciones sociales, por delitos relacionados con manifestaciones y encabezar movimientos como el de los opositores a la presa La Parota, o la policía comunitaria, expresó Patrón.
“Lo que ha pasado con la campaña contra la criminalización de la protesta social, es que se ha podido verificar la falta y ausencia de una política por parte de los tres órdenes de gobierno. El objetivo de la campaña era, primero, generar un marco normativo y de programas de políticas públicas. Se sabía que de por sí eso era difícil, pero por lo menos lo que se buscaba era que si las autoridades no hacían estos cambios normativos, por lo menos no generaran mayor vulnerabilidad de los defensores, que no los atacaran, pero Guerrero es un caso paradigmático porque ha pasado lo contrario”, explicó el abogado.
Sin embargo, añadió, “Guerrero demuestra que en el estado, como en el país en general, no hay un marco jurídico, no hay políticas públicas y programas del gobierno que realmente ayuden a generar condiciones de trabajo para los defensores y las defensoras”.
Patrón Sánchez –fue coordinador de defensa integral en el Centro Tlachinollan y del equipo de abogados del Centro Miguel Agustín Pro Juárez–, recordó que desde hace unos años, diversas organizaciones de derechos humanos han planteado al gobierno federal que “revise, cuestione y modifique” la manera en que operan instancias que debieran ser las encargadas de ofrecer garantías a los defensores.
“Está la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que justamente es la dirección encargada de construir una política pública relacionada con los derechos humanos. La otra instancia es el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tampoco tiene un mandato claro, realmente no tiene una incidencia en la construcción de un marco jurídico y políticas públicas en los programas del gobierno”, detalló.
En conclusión, dijo Patrón, el panorama para los defensores, líderes y activistas del estado es “sencillamente crudo” y lamentó que, no obstante, que hay instancias internacionales que han documentado los casos de violaciones contra los defensores, aún no hay una respuesta de las autoridades.
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