jueves, 28 de abril de 2011

Gerardo Fernandez Noroña 27 de abril de 2011

Autodefensa cheranense


Aviso de Cherán:

Muchos podrían pensar que hoy miércoles 27 de abril es un día para el olvido, a causa de nuestros dos compañeros caídos (Armando Hernández Estrada y Pedro Juárez Urbina). Sin embargo, pese al dolor que ahora nos inunda, nuestro temor ha de convertirse en coraje. No podemos seguir esperando que el gobierno atienda nuestras exigencias. Si esperamos a que el mal gobierno nos atienda, moriremos en el intento. Mas hoy es el día en que reivindicamos nuestra lucha.

Hacemos un llamado a todos y a todas a que se unan a nuestra lucha, que entiendan que la lucha es de todos. Nosotros ahora estamos padeciendo la brutalidad del crimen organizado (entiéndase que la tala clandestina es parte del crimen organizado) y la complacencia del gobierno. Piensen en las diversas formas de manifestarse en contra del crimen organizado. Nosotros, hoy somos el foco de atención, pero cuando Cherán sea sofocado (que esperamos no sea así) seguirán otras muchas comunidades humilladas y saqueadas.

Hoy, a casi dos semanas de iniciada la lucha contra un enemigo que es como la noche: sabemos que está ahí al acecho pero no podemos apresarlo, nuestra vitalidad está mermada, noches de desvelo y días de preocupación cargamos en nuestros hombros. Tuvimos la ingenuidad de considerar el apoyo del gobierno. Estamos en estos momentos sufriendo nuestra ingenuidad. Dos compañeros yacen muertos. ¿Por qué? Por defender lo último que nos queda: dignidad. Por amor a la naturaleza, por amor a la vida. Como bien señala Javier Sicilia: “estamos hasta la madre”. Pero si no logramos una unidad significante y total, cada muerte será en vano: la de cada hijo o hija, la de cada padre o madre, la de cada hermano o hermana, la de cada compañero o compañera. Digamos: ¡ya no más!

Con los cuerpos cansados, mas con el espíritu más grande que nunca, hoy nos reivindicamos en favor de la vida y en contra de todo lo que atente contra ella. No somos Cherán, somos todos y todas.

Les pedimos que nos muestren su fortaleza, para que nuestra lucha también se fortalezca. Compañeros y compañeras, únanse a la lucha, no esperen más, aún estamos a tiempo de salvar lo poco de dignidad que nos queda. Basta de quejas, pasemos a exigencias y con acciones demostremos nuestro amor a la vida. Basta de gritos de dolor, demos gritos de lucha.

Una vez más: hermanos y hermanas p’urhépechas, hermanos y hermanas mexicanas, seamos uno.

Sépase: la responsabilidad por nuestros muertos es responsabilidad directa del gobierno. Nuestros compañeros que luchando en el bosque fueron emboscados. Sus cuerpos llegaron sin vida al hospital, asesinados con armas de alto calibre. Los médicos dieron parte a los ministerios públicos correspondientes (el municipal, el de Zamora y el estatal), pero éstos se negaron, deslindándose de toda responsabilidad, a recibir los cuerpos abatidos en batalla.

Una vez más: hermanos y hermanas p’urhépechas, hermanos y hermanas mexicanas, seamos uno.

Invitamos a todos y a todas a que se unan a nuestra lucha, exigiendo desde sus lugares la justicia que ha sido violada. No permitamos el paso a esos grupos que nos han querido acobardar. Hagámosles sentir nuestra presencia. Que no nos aniquilen. Exijamos el restablecimiento del orden a quienes corresponda o que desalojen lo que no han podido ejercer, que es utilizar el poder que la ciudadanía les dio para la construcción de un orden constitucional.

¡Basta de saqueos!

¡Basta de asesinatos!

¡Basta de secuestros!

¡Basta de la impunidad de esos que se sienten protegidos!

¡El futuro es nuestro!

¡Que viva Cherán khéri!

¡Que vivan las comunidades p’urhépecha!

¡Que viva el pueblo mexicano!

Fuente: micheran.com - La Jornada de Michoacán

Comuneros de Cherán se enfrentan a talamontes; 2 muertos y varios heridos


La población tiende barricadas y advierte que organizará grupos de autodefensa

MARCO LÓPEZ, AGENCIA ESQUEMA


Comuneros de Cherán se enfrentaron ayer con presuntos talamontes del municipio vecino de Capacuaro, provocando en la refriega la muerte de dos cheranenses y un número indeterminado de heridos.

Al respecto, según fuentes extraoficiales, “algunos de esos heridos” –tanto cheranenses como del grupo de presuntos talamontes– quedaron “bajo la custodia” de la comunidad indígena de Cherán.

El gobierno estatal envió a la localidad dos unidades de rescate y protección civil, que hasta ayer por la noche se mantenían en espera de que les “entregaran a posibles lesionados, con el objetivo de trasladarlos a un hospital para su debida atención médica”.

Emboscada y enfrentamiento

Los hechos ocurrieron entre las 9 y 11 de la mañana de este miércoles, en el lugar conocido como el Cerro de Arriba, ubicado entre los poblados de Rancho Morelos y Santa Cruz Tanaco.

De acuerdo con la información que sobre los acontecimientos proporcionaron las autoridades cheranenses y el gobierno estatal, los muertos son Pedro Juárez Urbina y Armando Hernández Estrada, quienes formaban parte de un grupo organizado para la defensa de los bosques de Cherán.

Pasadas las 9 de la mañana, la comunidad de Cherán recibió la noticia de que una banda de presuntos talamontes, apoyada y resguardada por decenas de hombres armados, todos provenientes al parecer del municipio de Capacuaro, cortaban árboles en uno de los cerros ubicados en el camino a Rancho Morelos. Tras recibir el informe, un grupo de cheranenses, encabezados por Juárez Urbina y Hernández Estrada, se dirigió al lugar de los hechos para tratar de enfrentar y detener a los saqueadores.

Sin embargo, el grupo de defensa de los bosques fue emboscado en las inmediaciones del Cerro de Arriba (Pakarakua, en lengua purépecha), cayendo muertos Juárez Urbina y Hernández Estrada, reconocidos en su comunidad como “férreos luchadores sociales”.

Pedro Juárez Urbina es hermano de Leopoldo Juárez Urbina, el excandidato ciudadano a la alcaldía de Cherán que fue secuestrado y asesinado en enero de 2008, tras encabezar una serie de movilizaciones ciudadanas en defensa de los bosques de su comunidad, llegando incluso a utilizar maquinaria pesada para abrir zanjas que frenaran el paso de los camiones de los saqueadores. Hasta el momento, el asesinato del líder social de Cherán sigue en la impunidad.

El enfrentamiento entre cheranenses y los presuntos talamontes de Capacuaro se prolongó durante casi una hora. Oficialmente se desconoce si hay más víctimas fatales, pero de acuerdo con la información más acabada que proporcionaron tanto los comuneros como las autoridades municipales y estatales, hay varios heridos de uno y otro bando, y no se descarta que tanto los comuneros como los talamontes mantengan “en calidad de retenidos” a varios de los protagonistas del enfrentamiento.

Al respecto, se presume que la comunidad de Cherán mantiene en esa situación a por lo menos 10 heridos originarios de Capacuaro, según versiones de los propios habitantes de ese municipio.

Pasadas las 13 horas, las actividades comerciales y de transporte público se suspendieron en Cherán y el poblado vecino de Nahuatzen, toda vez que las autoridades comunales llamaron a la organización de todo el pueblo para organizar la defensa de su territorio.

Todos los accesos a Cherán quedaron bloqueados con camionetas, piedras y guardias de personas armadas con pistolas, rifles, palos y herramientas utilizadas para el cultivo del campo.

Los cheranenses admitieron que en adelante organizarán la autodefensa de sus bosques y patrimonio, pues “desconfían” de la palabra empeñada por las autoridades federales y estatales, que “incumplieron con su promesa de mantener la vigilancia en los bosques para evitar la presencia de talamontes coludidos con el crimen organizado en esta parte de la Meseta Purépecha”.

Al respecto, recordaron que en la reunión que sostuvieron el martes de la semana pasada con el general Juan Bernal Reyes, comandante de la XXI Zona Militar; el secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, y el delegado de la Policía Federal, Elías Álvarez, los tres acordaron coordinar esfuerzos para garantizar la paz en la región y mantener esquemas de vigilancia en la zona boscosa de Cherán.

“¿Dónde está el cerco militar y policiaco que ofrecieron para salvaguardar nuestros bosques?”, se preguntaban enfurecidos los cheranenses, que ya a principios de este mes se habían enfrentado con talamontes y retenido durante varios días a cinco de los saqueadores.

Cabe señalar que de acuerdo con las versiones recogidas entre periodistas de Uruapan y habitantes de Cherán, durante todo el día de ayer fue notoria la ausencia de militares y policías federales y estatales en la zona. Sólo después del enfrentamiento un helicóptero de la policía michoacana sobrevoló el lugar, pero sin intervenir en los hechos.

Finalmente, cabe señalar que en aras de asegurar la paz en esta región indígena de la entidad, los comuneros de Cherán habían programado sendas reuniones de trabajo para este jueves con Calderón Torreblanca y el viernes con el gobernador Leonel Godoy Rangel. Los encuentros habían sido pactados hace dos días, cuando una caravana de cheranenses se manifestó por las principales avenidas de la ciudad de Morelia para exigir medidas drásticas y contundentes de la autoridad federal y estatal contra la delicuencia organizada que asuela los bosques de la Meseta.

Los cuerpos de Pedro Juárez Urbina y Armando Hernández Estrada serían velados anoche en la plaza central de Cherán, de acuerdo con lo contemplado por los propios comuneros.

Fuente: La Jornada de Michoacán

Mario Di Costanzo Intervención en tribuna2 LSN 270411





Fuente: Mario DiCostanzo

Ley fascista de “Seguridad Nacional”


Laura Itzel Castillo

Un grupo de diputados pertenecientes a las fracciones parlamentarias del PT, PRD y Convergencia firmamos ayer un pronunciamiento dirigido a la opinión pública mediante el cual rechazamos, de manera enérgica, que el Congreso abra las puertas institucionales a la dictadura o a la intervención, por medio de la renuncia a sus facultades básicas. En pocas palabras, nos oponemos a la instalación del Estado fascista. Esto es lo que, en resumen, significaría la aprobación de la minuta sobre la Ley de Seguridad Nacional cuyo dictamen fue elaborado por el PRIAN en la Cámara de Diputados.

Más aún: con esta pretendida reforma sin precedentes, la dupla Felipe Calderón-Enrique Peña Nieto amenaza con cancelar la supremacía del poder civil sobre la autoridad militar, lo cual constituyó el pilar fundamental de la relativa paz social de que gozó el país después de la Revolución mexicana. ¿Por qué razones lo quiere hacer?

La primera, porque con esta legislación reactiva intenta imprimir un carácter legal a las acciones ya emprendidas, en menoscabo de la voluntad popular y del orden jurídico. Quiere tapar su incompetencia, su renuncia a la soberanía y, sobre todo, las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes que se han cometido en esta estúpida guerra que emprendió, en un vano intento por legitimarse en el poder.

La segunda, tal como lo documentó el semanario Proceso esta semana, cree que al doblegarse ante Calderón y los militares, los expedientes negros en contra de priístas, y quizá en contra de él mismo, no vean la luz pública ahora que está en juego la gubernatura del estado de México. Y, claro, a su ingenuidad habría que añadirle la ilusión de aprovechar para sí esta reforma, en el muy remoto caso de que llegase a suceder en el cargo al usurpador Calderón.

En el pronunciamiento, los legisladores firmantes señalamos nuestra extrema preocupación por 12 agravios a los derechos fundamentales, al Estado democrático, a la justicia y al gobierno constitucional y republicano que representa la propuesta fascista de dictamen sobre la Ley de Seguridad Nacional. Dado el breve espacio de esta columna resulta imposible enumerarlos aquí puntualmente. Pero se pueden leer aparte en esta misma publicación o en la mayoría de los medios de comunicación.

No olvidamos que sigue pendiente reformar el Código de Justicia Militar para que sea la jurisdicción civil, y nunca la militar, la que investigue, juzgue y sancione las violaciones a los derechos humanos, tal como lo ordena la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Rosendo Radilla, tema sobre el cual nuestros grupos parlamentarios han formulado las iniciativas pertinentes.

Debemos reconocer que la situación de violencia tiene su origen en la incompetencia y en la renuncia a la soberanía nacional por parte del ocupante del Ejecutivo. La paz y la seguridad requieren una reforma integral del ejercicio del poder, acotar la discrecionalidad de las autoridades y transformar las condiciones que generan y reproducen la violencia en todos los ámbitos. Por eso es que exigimos detener esta aberración constitucional e incluir a la ciudadanía en general, a la sociedad civil y a las organizaciones políticas en un proceso que requiere la atención nacional.

Fuente: El Gráfico

Pide el Congreso a la Sedena que vigile de cerca la actuación de los soldados

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 26 de abril. Diputados locales lanzaron un exhorto al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, para que militares al mando vigilen de manera “minuciosa” la actuación, conducta y comportamiento de los militares al hacer cateos o revisiones e incursiones a poblaciones además se exhorto al ombudsman de Guerrero, para que se agilicen las indagatorias y las recomendaciones y deslinde responsabilidades y se apliquen las sanciones por la presunta violación de los derechos humanos y violación del fuero constitucional del diputado Faustino Soto Ramos.

El diputado Efraín Ramos subió a tribuna para leer el punto de acuerdo, en el que argumentó México y Guerrero sobre todo, viven momentos de incertidumbre y zozobra ante los hechos de violencia que azotan el país.

Recordó que en Guerrero se destaca la ejecución de quien fuera Presidente de la Comisión de Gobierno de esta Soberanía, Diputado Armando Chavarría Barrera, y recientemente, la agresión contra el actual Presidente de la Comisión de Gobierno, Diputado Faustino Soto Ramos, quien fue amedrentado y golpeado por militares a bordo de los vehículo 819147 y 819031.

“Este Congreso se suma a la condena por la imparable ola de violencia que azota nuestro país y nuestro estado; exigimos un cese a la violencia, mayor coordinación a las autoridades responsables de velar por la seguridad pública y el cambio en la estrategia de seguridad que frene los abusos de cuerpos policíacos y se erradique este ambiente de incertidumbre en que se halla la sociedad mexicana, y particularmente la ciudadanía guerrerense”, imploró Ramos Ramírez.

Al gobierno federal y al presidente Felipe Calderón exigieron replantear la estrategia de guerra contra las bandas del narcotráfico y crimen organizado, pies la que está actualmente dijo, “ha generado la muerte de civiles inocentes y un ambiente de miedo y zozobra por parte del Ejército mexicano que realiza cateos, revisiones en retenes y operativos sin profesionalismo”.

Aseveró que la agresión contra Soto Ramos no puede pasar por alto y por ello, y luego de condenar el hecho, los diputados de manera unánime aprobaron lanzar el exhorto a Galván Galván para que sus mandos “realicen una vigilancia minuciosa de la actuación, conducta y comportamiento de sus subordinados y de la tropa en general, al realizar cateos o revisiones e incursiones a poblaciones como parte de la lucha contra el crimen organizado, en virtud del demérito de la imagen hacia esa noble institución castrense de quienes se apartan de sus códigos de conducta”.

De igual forma, se pidió a la Coddehum que se inicie una investigación sobre lo sucedido e informe al Congreso sobre los avances así como las recomendaciones y sanciones que se apliquen a quien resulte responsable por la presunta violación de los derechos humanos y violación del fuero constitucional del diputado Faustino Soto Ramos.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Con infraestructura privatizada no se resuelve la pobreza


ARTURO HUERTA GONZÁLEZ

El 25 y 26 de abril, Felipe Calderón ha venido afirmando que su gobierno invierte en infraestructura porque con ello se combate a fondo el subdesarrollo y la pobreza. Si bien el desarrollo de la infraestructura es indispensable para el desarrollo de una economía, ello tiene que ser realizado por el gobierno, para otorgar los servicios de electricidad, transporte, riego, abasto de agua, educación, salud, etcétera y tales servicios deben ser gratuitos, o a bajo costo (como la electricidad y agua) para impulsar el desarrollo industrial, agrícola, y demás ramas de la economía, para que ello se traduzca en la generación de empleos bien remunerados y en bienestar de la población. Sin embargo, las acciones del presente gobierno, como los que le han antecedido en las últimas tres décadas, han impulsado la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura (así como en sectores estratégicos), implicando ello el pago de mayores tarifas en la prestación de los servicios públicos. Situación que se observa en las altas cuotas de peaje en las carreteras, en el pago de las tarifas eléctricas, en el agua, y demás servicios públicos.

Combatir a fondo el subdesarrollo y la pobreza no pasa por la privatización de la infraestructura ni de los servicios públicos, que con la Ley de Asociación Pública Privada en la prestación de los servicios públicos (que ya fue aprobada por el Senado y ahora está en comisiones en la Cámara de Diputados), abrirá la puerta para que participe el sector privado, en educación, en salud, en el agua, en alcantarillado, alumbrado, recolección de basura, en todos los servicios públicos, donde habrá que pagar por el uso de los mismos. Ello lleva a la mayor presencia y tamaño del sector privado en la economía, y a la consecuente reducción de la participación y tamaño del sector público en la economía. El sector privado busca la ganancia, y de ahí que se favorecerá de la participación que tendrá en la prestación de los servicios públicos. El gobierno está concebido para satisfacer las demandas de la población, y ello no lo resuelve reduciendo su tamaño y participación en la economía. Al proceder a privatizar la prestación de los servicios públicos, favorece a la cúpula empresarial que tiene recursos para invertir donde el gobierno deja de hacerlo, y en cambio se ve afectada la mayoría de la población pues tiene que pagar más por tales servicios públicos, por lo que menos recursos pasa a tener para satisfacer sus necesidades de consumo, lo que restringe el mercado interno y la dinámica económica.

Por más que el Ejecutivo federal reitere que “se tiene un rumbo claro y estamos avanzando en la ruta correcta”, no encara de raíz los problemas del subdesarrollo y la pobreza, los cuales son consecuencia del bajo desarrollo tecnológico interno, como del escaso y caro financiamiento al impulso de los sectores productivos de la economía. Sin desarrollo tecnológico y financiamiento, no se podrá recomponer cadenas industriales, ni desarrollar el sector agrícola, indispensable ello para crear empleos productivos bien remunerados, como para incrementar salarios, para recuperar la autosuficiencia alimentaria, como para disminuir las presiones sobre el sector externo, y alcanzar una dinámica autosostenida, y más equitativa, sectorial, regionalmente y en la distribución del ingreso, y menos vulnerable del exterior.

En uno de los discursos de Felipe Calderón en Nayarit, el 26 de abril, reitera que “la responsabilidad en el manejo de as finanzas públicas da fortaleza a la economía, y en ese terreno el país va bien”, y que “el reto es que se pueda traducir en empleo de mayor calidad, en empleo de mayor ingreso, y sobre todo en mayor crecimiento económico”. Tenemos muchos años escuchando el mismo discurso, y siguen sin entender que las políticas macroeconómicas de ‘estabilidad’ predominantes (de disciplina fiscal, baja inflación y peso fuerte), solo beneficia al sector financiero, a los dueños del dinero, y a los que invierten en los sectores donde el gobierno ha dejado de hacerlo, y tales políticas atentan sobre el desarrollo tecnológico y productivo (industrial y agrícola), como en la generación de empleo bien remunerado, y aumentan las presiones sobre el déficit de comercio exterior, lo que nos ha hecho más subdesarrollados, ha aumentado la miseria, y la violencia, y nos ha colocado en un contexto de alta vulnerabilidad externa, y en crisis económicas recurrentes y cada vez más profundas.

A pesar de ello, el jefe del Ejecutivo reitera que “se debe perseverar en el objetivo de que la economía sea competitiva y generadora de empleo, y por ello es necesaria la responsabilidad en el manejo de la economía”. Cabe reiterar que ese manejo ‘responsable’ de la economía, no se ha traducido en mayor competitividad, ni en más empleo, sino solo ha beneficiado a unos cuantos, a costa de reducir la participación y el tamaño del sector público en la economía, y dejar de satisfacer las demandas de empleo bien remunerado, y de bienestar de la población. El manejo responsable de la economía debe ser para satisfacer las demandas naciones de empleo y bienestar, para lo cual se requiere de un mayor tamaño y participación del Estado en la economía, a fin de poder compatibilizar el objetivo de pleno empleo, estabilidad de precios, y bienestar de la mayoría de la población, para lo cual debe modificarse la política económica predominante, lo cual no pasa por la mente de quienes nos gobiernan.

Fuente: La Jornada de Oriente

Neoliberalismo, Estado y delincuencia organizada.


Sin duda que el significado de aquella vieja expresión del liberalismo francés ‘laissez faire-laissez passez’ adquiría distintas dimensiones cuando era usada como arenga política por la naciente burguesía frente al poder absoluto del Rey; del que tiene en la actualidad, cuando esa clase burguesa, ahora tiene bajo su dominio hegemónico a los Estados modernos y nuestra civilización sobrevive a los embates de la política y la economía manejadas desde los centros del poder imperial. La fase histórica contemporánea caracterizada por el predominio político y económico de los Estados Unidos de América, en apariencia vencedor del modelo de economía planificada que representaba el bloque europeo de países del socialismo real, dio impulso a la filosofía neoliberal que preconizó, entre otras cosas, la nueva fachada de aquel viejo liberalismo burgués, que ahora, bien remozado, bautizaba como ‘desregulación’.

Pero esta desregulación, no solamente ha implicado la permisividad de las leyes hacia la compleja red de negocios de todo tipo con los que es posible la obtención de ganancias; sino ahora también, esa desregulación pasa, fundamentalmente, por el control directo de los Estados, en tanto estructuras institucionalizadas de poder político y bélico. Es decir, no existe mejor garantía de que las leyes sean permisivas hacia la actividad empresarial –en la más amplia acepción que esto significa-, en tanto posibilidad de generación de ganancia como de su apropiación privada, que teniendo controlado en forma directa el aparato del Estado, como ente de poder político productor de las leyes y como ente de poder bélico que garantiza, por la fuerza, la manutención de la vigencia de esas leyes así como la situación social generada con la aplicación de ellas.

Pues bien, si queremos saber en donde se relacionan los intereses de la burguesía política, financiera y empresarial, con el aparato de Estado y con la delincuencia organizada, sólo debemos buscar el interés que les es común: la ganancia y su apropiación privada. El pasado lunes se difundió esta noticia:

“Las millonarias ganancias del narcotráfico en nuestro país ingresan al sistema financiero internacional a través de uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos.(…) Ganancias multimillonarias manchadas con la sangre de miles de personas que anualmente mueren por la violencia desatada por los cárteles mexicanos, está siendo introducida de manera ilegal a través del convenio que sostiene Wachovia Bank con las miles de Casas de Cambio existentes en ambos países. (…) Las autoridades norteamericanas sancionaron al banco por no aplicar rigurosamente las políticas internacionales para evitar el lavado de dinero, sin embargo, el monto de la multa no equivalía ni al 10 % del dinero que ya había circulado a través de sus cuentas y el caso nunca llegó a los tribunales, pues no se ejecutó acción penal sobre alguna persona ya que a los cuentahabientes de dicho banco los protegía la Ley del Secreto Bancario.” (El Economista, 4 de abril, portada)

“Pese a que el banco fue advertido del riesgo por estas acciones, se mantuvo en ese negocio donde el crimen organizado realizaba depósitos que contenían grandes cantidades de dinero. Como consecuencia, Wachovia sólo pagó a las autoridades norteamericanas una multa de 110 millones de dólares por haber permitido dichas transacciones y otra de 50 millones por no haber impedido la utilización de dinero en efectivo para el transporte de 22 toneladas de cocaína. Además, fue sancionado por no haber aplicado las reglas antilavado de dinero por la transferencia de 378,400 millones de dólares -suma equivalente a un tercio del PIB de México- a cuentas de las casas de cambio mexicanas, con las que hacía negocios.” (Revista Sexenio, 4 de abril, portada).

Estas revelaciones ponen de manifiesto y explican los mecanismos de relación que se dan entre, en este caso, los bancos y el gobierno de Estados Unidos; de modo que una acción delictiva grave no es castigada como tal, sino sólo mediante multa como si se tratase de una simple infracción administrativa. Aquí se refleja claramente la relación que se da entre el Estado, los factores reales del poder (bancos) y el manejo de la ley. Esta relación evidencia que, tener el control de las instituciones estatales implica tener también el poder de calificación sobre las conductas de las personas y determinar que, una, es ilícita aun cuando no lo sea; o que, otra, no lo es aunque objetivamente sí lo sea. En la jerga ministerial o judicial esto es vulgarmente conocido como fabricación de delito en el primer caso; y, como protección política, en el segundo.

También, salen a luz pública los niveles de ingresos gananciales que tiene la delincuencia organizada sólo por el narcotráfico (algo similar debe ocurrir con las otras modalidades como contrabando, robo de autos, trata de personas, tráfico de migrantes y otros) cuyos exorbitantes montos pasan a formar parte del sistema financiero internacional y, por consecuencia al de nuestro país, de cuya buena salud presumen los políticos de primer nivel en México. Ese dinero, también forma parte del sistema crediticio con el que los organismos internacionales hacen los préstamos anticrisis a los países dominados y los bancos usuran a sus clientes. Acaso esto explique la necesidad gubernamental de privatizar y extranjerizar la banca en México. (El tema acerca de cómo se da la relación concreta entre el gobierno y los capos mexicanos de la droga, allá por el año 1982, ha sido excelentemente abordado, bajo el género literario de novela, por Gregorio Ortega Molina, Crimen de Estado, de Plaza y Janés, publicada en 2009).

Parece evidente entonces que el dinero que producen los negocios de delincuencia organizada es el que respalda, hoy por hoy, las crisis económicas que le son inherentes al capitalismo, derivadas de las ansias de apropiación privada y de sus consecuencias naturales: la atrofia de circulación del flujo monetario y las crisis del mercado interno. Confiada en este soporte económico, la clase político financiera empresarial puede seguir diciendo a los cuatro vientos que la inseguridad es el principal freno de la actividad económica y que el segundo obstáculo lo constituye la falta de “cambios estructurales” en alusión a las proyectadas reformas fiscal, energética, laboral y de telecomunicaciones. Es decir, desde las alturas se alienta la perspectiva que ve a la delincuencia organizada como problema criminal y no como lo que realmente es: un problema político-económico estructural. Aquí, la inseguridad es el medio; los cambios estructurales, la finalidad que se busca.

¿Cuál es el significado político, económico y social que tiene el hecho de que el dinero que proviene de la delincuencia organizada, nutra al sistema financiero internacional y por consecuencia al de México? Tiene varios. Primero, que la inseguridad, como eufemísticamente se trata al fenómeno representado socialmente por la delincuencia, no es un el obstáculo para la actividad económica empresarial puesto que le sirve de soporte financiero; la inseguridad es, ante todo, un negocio que reditúa enormes ganancias y que por tanto recibe de las estructuras estatales la misma protección que cualquier otro negocio que las genere, salvo las cuestiones que son propias a la competencia económica. Por ello la revista Forbes no tiene empacho alguno en incluir a conocido narco mexicano en su lista de hombres más ricos del mundo.

Segundo, la delincuencia organizada no puede, ni debe, seguir siendo analizada como un fenómeno del orden criminal, sino como propio del funcionamiento del esquema capitalista actual y por tanto como un problema esencialmente político. Cerca de 40 mil muertos en México acreditan fehaciente, pero macabramente, que enfocarlo como una cuestión de delincuencia es una posición que ya no resiste el menor análisis. El problema no radica en la existencia de leyes que castiguen tal o cual delito. Desde hace muchos años está previsto el delito de homicidio en los códigos y, sin embargo, por estos miles de muertos en el supuesto combate al narco; o por los feminicidios de Ciudad Juárez, no hay quien pague culpas purgando condenas. La aplicación y cumplimiento de las leyes no es un problema jurídico; es, ante todo un problema de voluntad del Estado, un problema político atribuible a cada uno de los gobiernos que lo dirigen.

La enseñanza básica de la Convención de Palermo (Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, Palermo, Italia, diciembre de 2000) es: no existe delincuencia organizada, sin protección gubernamental. No hace mucho tiempo Genaro García Luna, sostuvo:

El secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, reconoció ayer ante diputados y senadores que a cuatro años de declarada la “guerra” contra la delincuencia organizada, el actual gobierno no ha podido consolidar una política de Estado en materia de seguridad pública, y resaltó que uno de los temas claves para combatir a las bandas es terminar con la protección oficial que se les da desde la administración federal, las estatales y municipales. (La Jornada, 1 de febrero, p. 11)

Tercero, es la inserción del dinero de la delincuencia organizada como soporte del sistema financiero internacional lo que explica la necesidad de privatización de las empresas que antes eran propiedad del Estado, como los bancos, que tras su nacionalización fueron saneados con dinero público y luego devueltos a la iniciativa privada que los vendió, con autorización del Estado, a la banca extranjera en el sexenio de Carlos Salinas. De modo que el auge de los negocios de delincuencia organizada fue debidamente preparado desde los ámbitos de gobierno que jefaturan a los Estados mediante los procesos de ‘adelgazamiento del Estado’ y la consiguiente privatización de las empresas que antes fueron propiedad nacional. Por ello, los negocios de delincuencia organizada y el accionar de las bandas que los llevan a cabo no afectan, sino apuntalan, a la macroeconomía; y, ni los políticos de alto nivel o los grandes empresarios se sienten intimidados por la existencia de ellos.

De esos procesos de privatización surgieron todos los ricos que México ha dado al mundo, que configuran la elite que dirige las riendas del grueso de la economía nacional y que en connivencia con los órganos financieros internacionales y el gobierno de Estados Unidos, deciden quién debe gobernar en México; lo cual explica los fraudes electorales de 1988 y 2006. Así ni el actual, ni anterior o futuros gobiernos, podrán establecer una adecuada política de Estado en torno a la inseguridad, debido al diseño que institucionalmente se le dio a éste al quitarle la propiedad de empresas que serían prioritarias para enfrentar a la delincuencia organizada. Ninguna lucha contra el crimen organizado dará resultados efectivos si puertos, aeropuertos, carreteras y bancos son propiedad de particulares. En otras palabras, haber privatizado los lugares naturales por los que transita la droga (o autos, personas, contrabando, etc) y aquellos donde va a parar el dinero obtenido como ganancia por el delito, fue el mejor método para propiciar el auge de tales actividades. Se habla incluso de privatizar aduanas y cárceles, lo que por ahora no ha sido llevado a cabo gracias al papel permisivo que en estos ámbitos juega la corrupción generalizada que permea a todo el cuerpo del Estado Mexicano. El problema social generado en México por el fenómeno de la delincuencia organizada y su estela de violencia sanguinaria o mortal se reduce a la formulación de una sola pregunta a los órganos del Estado: ¿se quiere combatir el fenómeno, o no?

Cuarto, la inseguridad pública proveniente de la delincuencia social puede tener visos de solución mediante el impulso de políticas incluyentes en salud, educación, techo y trabajo para la población más pobre; pero la derivada de la delincuencia organizada no puede ser combatida de la misma manera, atento a que se trata de un gran negocio que beneficia a la población más rica del país, a costa de la vida de miles de individuos de la población pobre que perecen en el diario transitar de la droga. Se usará al ejército, a la policía, nos seguirán diciendo que se detuvo, abatió o extraditó a tal o cual capo, habrá más violencia en México, la gente seguirá muriendo y, después de todo ello, el fenómeno de la delincuencia organizada seguirá aquí El combate a este flagelo social no se hará efectivo mediante medidas de política criminal cuya eficiencia se encuentra cuestionada por la pregunta de si realmente se quiere combatir, o no. Revertir el deterioro de nuestra vida social, que en demasiadas ocasiones tiene visos de franca descomposición, no es tarea sencilla si se consideran las implicaciones del entramado político y económico que representa la disputa por los mercados abiertos por la delincuencia organizada, sus ligas financieras y los sangrientos índices de violencia que se le han asociado y dejado crecer. Sólo será la llegada al poder de un gobierno de corte nacionalista y popular que, regenerando el ámbito del Estado y las líneas de su acción pública, tendrá las posibilidades reales y factibles para atacar este mal de raíz. No es el camino cómodo ni tampoco el más fácil. Enfrentaría muy duras pruebas y sería sometido a ataques de todo tipo. Con todo, me parece que es el único.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 5 de abril de 2011.
JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO

Fuente: REDDH

Según peritaje antropológico, El Zapotillo significa cancelar los sueños de Temacapulín


El documento se basó en la participación en fiestas y actividades cotidianas de la comunidad

JORGE COVARRUBIAS

“Con la amenaza de la inundación del poblado de Temacapulín, la gente siente que pierde el territorio que le otorga su identidad; lo que equivale a la pérdida de su pasado histórico. La mayoría de la gente no quiere salirse del pueblo porque no quiere perder sus raíces; en el pueblo se encuentran sus referentes, sus querencias, sus recuerdos. Insisten en que en estas tierras nacieron y crecieron y allí mismo desean morir. Incluso para los migrantes, la proyectada inundación del pueblo la perciben como una cancelación de sus sueños, de la búsqueda de un regreso a sus raíces para disfrutar su jubilación en la tranquilidad de su pueblo”, señala uno más de los peritajes que los habitantes de este poblado presentaron en el juicio de amparo 198/2010 y 199/2010 para frenar la construcción de la presa El Zapotillo.

En ediciones anteriores La Jornada Jalisco dio a conocer los peritajes realizados por especialistas en materia ambiental, ingeniería civil y psicosocial que dan cuenta de las afectaciones que tendrá el medio ambiente y las repercusiones sociales en los pobladores si la autoridad logra desplazarlos.

María Cecilia Lezama Escalante, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social –egresada del CIESAS– es la autora del peritaje antropológico que se entregó –al juez cuarto de distrito en materia administrativa del estado de Jalisco Juan Manuel Villanueva Gómez– como una prueba más de los daños y perjuicios que la construcción de la presa El Zapotillo está ocasionando a los pobladores.

La académica explica que el dictamen se basa en los resultados derivados de una investigación de campo efectuada en la comunidad de Temacapulín, que incluyó la observación y participación en las actividades cotidianas y fiestas tradicionales de la localidad, así como de entrevistas sostenidas con las quejosas y algunos de sus familiares, con otros residentes y migrantes de esta población.

Comienza por la historia de Temacapulín, la cual se remonta al siglo VI con los primeros asentamientos indígenas de los tecuexes en la región, y continúa al correr de los siglos para convertirse en un pueblo colonial, importante proveedor de maíz y trigo para la región.

Expone que en el pueblo existe una profunda religiosidad y devoción al Señor de la Peñita, un Cristo al que ven plasmado sobre las paredes rocosas de la montaña. Los trazos reticulares de sus calles empedradas denotan los patrones ancestrales de los centros urbanos coloniales que se organizaban en torno a la Iglesia. Los espacios públicos permiten reunir a la población en las festividades y actividades cotidianas, como son la plaza central, el kiosco, su centro de servicios municipales, campos recreativos y para uso comunitario de los manantiales, sus panteones, etcétera.

“Se sienten privilegiados y orgullosos de que en su territorio se haya revelado la imagen del Señor de la Peñita”, refiere el documento.

Para los temacapulinenses los símbolos de identidad –señala Lezama– no se pierden ni con la muerte, y aún los que viven fuera del pueblo, desean ser enterrados en su tierra natal, al lado de sus antepasados, como una forma de ratificar su pertenencia y los lazos de unión con sus seres queridos. Este fenómeno cultural explica la existencia de cuatro panteones que contrasta con el reducido tamaño del pueblo.

“Son tan importantes los muertos para la comunidad, que hay quienes piensan interponer un amparo para evitar que inunden el panteón o que saquen los restos de la tumbas, considerando que tienen derechos adquiridos por los pagos que efectúan al camposanto”, dice.

La investigadora resalta entre sus anotaciones que el proyecto para reubicar la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios que representa un patrimonio cultural que data del siglo XVIII se consideró inviable por parte de las autoridades de la Comisión Estatal del Agua (CEA). Su importancia para los habitantes radica, además de su estilo sobrio en cantera rosa y las pinturas que resguarda –las cuales representan eventos históricos y escenas de las costumbres religiosas del pueblo– en que constituye un centro de celebración de todo tipo de festividades religiosas y sociales. Es el lugar privilegiado para celebrar bodas y bautizos, atrae a moradores y migrantes que regresan a dar gracias a la Virgen por los favores recibidos.

En el 2009 con motivo de la celebración de sus 250 años de fundación, arribaron feligreses de otras ciudades de la república y el extranjero, quienes a través de colectas reunieron fondos para adquirir una campana de 250 kilogramos, así como los adornos florales y pendones para el jubileo. Con motivo de las fiestas el pueblo entero fue remozado; se pintaron bardas y casas, se limpiaron calles y terrenos baldíos para dar una mejor imagen a los visitantes.

“Esta iglesia es patrimonio del Estado y fue declarada por la Secretaría de Cultura del Estado como uno de los monumentos coloniales sujetos a conservación. Sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se ha abstenido de realizar los estudios correspondientes del inmueble, a pesar de las solicitudes expresas de la comunidad, toda vez que están en riesgo de desaparecer bajo el embalse de la presa El Zapotillo”, subraya la investigadora.

Lezama explica que las autoridades tampoco tomaron en cuenta la añeja rivalidad entre Cañadas y Temacapulín surgidas por cuestiones de origen, pues en la primera prevalecía descendencia española, mientras que en la segunda un origen indígena.

“Lo anterior indica que las políticas públicas en cuanto a la reubicación adolecen de un diagnóstico previo de las necesidades, costumbres y valores de los futuros pobladores para elegir el sitio y el diseño adecuado de vivienda para el nuevo centro de población. Es claro que la restitución del daño que implica para un afectado el dejar su hogar y su territorio no puede ser considerado exclusivamente en términos de un simple intercambio de un lugar a otro o de una indemnización económica”.

La investigadora señala que las políticas hidráulicas en México han favorecido por muchas décadas la construcción de grandes presas de almacenamiento y plantas hidroeléctricas, como medio para alcanzar el desarrollo económico y el progreso. Sin embargo, las experiencias acumuladas durante los últimos cincuenta años, que arrojan más de cien mil personas desplazadas de sus comunidades de origen, no dan cuenta de mejoras en la calidad de vida y niveles de ingreso de los afectados.

Recuerda que en estos proyectos se ha reubicado de manera forzosa a población compuesta en su mayoría por indígenas, que hasta la fecha siguen esperando las compensaciones prometidas por las autoridades. Tal es el caso de la construcción de la presa de El Temazcal, que condujo al desplazamiento de 22 mil mazatecos; La Angostura desplazó alrededor de 15 mil 483 tzotziles y mestizos; la presa de Cerro de Oro a 25 mil chinantecos y mazatecos; la presa Carlos Ramírez Ulloa a más de cinco mil nahuas; la de Itzantún afectó a 13 mil zoques; Aguamilpa a 12 mil 450 huicholes; la de Zimapán a dos mil 109 pame-otomíes, por mencionar sólo algunas de las obras hidráulicas más importantes. No se incluyen los datos de las presas más recientes, como son El Cajón y La Yesca, que se encuentran en territorio huichol.

“Veinte años después aún hay afectados esperando que el gobierno pague las compensaciones estipuladas originalmente. Incluso, les ha tocado a los nietos de los desplazados demandar las compensaciones, sin contar con ninguna ley que los ampare”.

Lezama añade que los desplazados suelen verse obligados a trabajar como jornaleros a cambio de salarios muy bajos, donde son sometidos a condiciones precarias de vida y son víctimas de discriminación.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Perdieron el expediente a propósito, señala el Morena


MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 26 de abril. Los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chilpancingo, anunciaron la visita de Andrés Manuel López Obrador para el próximo domingo, con el propósito de presidir la Asamblea Popular en el zócalo capitalino, en la que restructurarán su estrategia.

Los lopezobradoristas aprovecharon la conferencia de prensa que ofrecieron para anunciar el acto, y se solidarizaron a la exigencia de justicia por los perredistas que han perdido la vida, casos no esclarecidos por las autoridades, como el de Armando Chavarría Barrera.

Iván Hernández, miembro de la coordinación del Morena en Chilpancingo, se refirió a la desaparición del expediente del crimen de Chavarría Barrera, y aunque no mencionó culpables directos, dijo que la responsabilidad recae en el anterior gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.

Además consideró que el extravío de averiguación previa se hizo “de manera premeditada”, con el fin de no esclarecer el asesinato de quien fuera el presidente de la Comisión de Gobierno de la actual legislatura.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Comunicado de ejidatarios/as de Tila


EJIDO TILA, CHIAPAS. A 27 DE ABRIL DEL 2011

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS DERECHOS HUMANOS INDEPENDIENTES NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
A LA COMISION SEXTA INTERNACIONAL.
AL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA DE ATENCO
AL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA
A LA OTRA CAMPAÑA DEL EJIDO SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN

Compañeros y compañeras, el ejido Tila se mantiene en pie de lucha en defensa de su autonomía y dignidad como pueblo indígena Ch´ol.

Queremos manifestar nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras adeherentes de la otra campaña del ejido San Sebastián Bachajón que luchan y defienden dignamente la madre tierra del despojo que hace el gobierno y las empresas extranjeras para su propio beneficio.

Repudiamos el proyecto ecoturístico que el gobierno está comenzando a construir en el territorio de San Sebastián Bachajón ya que es puro interés capitalista cordinado con el estado burgués desde arriba hasta abajo, para destruir la colectividad del campesino en forma comunal y así destruir nuestras culturas indígenas, ellos no valoran nuestros usos y costumbres, solo buscan los recursos naturales tales como: el petróleo, el cobre, el otro la plata, las cascadas para sus grandes riquezas, porque son descendientes de los saqueadores españoles.

Hace más de 500 años de represión, hoy en día si defendemos nuestros derechos y el futuro de nuestros hijos, somos encarcelados, dicen que está prohibido la mutilación, la infamia, la marca, el azote y el tormento, y es lo más reciben en la cárcel de muerte y de secuestro nuestros compañeros presos políticos del ejido San Sebastián Bachajón: Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo García Gómez y el menor de edad Mariano Demeza Silvano.

Denunciamos al mal gobierno y su administración de injusticia que violan las leyes y las aplican en contra del interés y bienestar del pueblo. Las leyes son utilizadas y torcidas por el gobierno para favorecer a los empresarios, terratenientes y latifundistas, lo vemos claramente en el ejido Tila y en San Sebastián Bachajón. No son respetados nuestros derechos, ni los documentos que amparan y protegen nuestras tierras y territorio indígena, los mismos gobiernos amenazan con nulificarlos y privatizarlas utilizando al ejército y policía para meter miedo en nuestras comunidades, porque nos desprecian, nos discriminan y nos siguen considerando como animales sin derecho como en la época de la colonia.

Exigimos la libertad inmediata de nuestros compañeros presos políticos de San Sebastián Bachajón y respeto a su territorio. No están solos compañeros y compañeras, hasta la victoria siempre!

RESPETO A LA MADRE TIERRA
TIERRA Y LIBERTAD
VIVA LA AUTONOMÍA
ZAPATA VIVE

Chak, Wützöü, Ja´al, Tyokol, I´k´, Küñ y Tziñal
7 dioses 7 palabras
Por un solo objetivo llamada TIERRA

Fuente: FRAYBA

Boletín de Democracy Now! en Español

27/4/2011

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http://www.democracynow.org/images/nav/icon_audio.pngbaje el audio (disponible alrededor de las 17:00 ET)

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