miércoles, 2 de septiembre de 2009

JUANITO Y CALDERÓN: DOS TIPOS DESQUICIADOS

Solo pude soportar 20 minutos viendo el tercer desinforme de gobierno de Felipe el Espurio. Ya no pude aguantar más viendo a ese inepto decir tantas mentiras. Mientras que una bola de mafiosos, cómplices y lamehuevos lo ovacionaba cada 5 minutos.

En las tomas que sacaron no ví algún representante del pueblo, a un familiar de los asesinados de Acteal, a un padre de familia de los niños calcinados de la guardería ABC, a un familiar de los asesinados por el ejército, a un pariente de los indígenas despojados, a un vecino de Atenco o de la APPO, a una viuda de los mineros de Pasta de Conchos, a un desempleado, a un estudiante rechazado, a un campesino muerto de hambre, etcétera. En resúmen, no ví a ninguno de los más de 80 millones de mexicanos que claman por justicia en este país.

Solo escuchaba mentiras, y oraciones practicadas con antelación, sin que ninguno de los presentes refutara nada.

Por otro lado, Juanito ya es una estrella más del canal de las estrellas. Las televisoras y sus lectores de mentiras (seudoperiodistas) ¡ya lo aman! cuando hace mes y medio lo repudiaban.

¡Pobre Juanito! tan cerca de Televisa y tan lejos de la realidad. Como lo dijo AMLO, antes era un pelele para los intelectuales orgánicos y seudoperiodistas de televisa, y ahora resulta que es un "luchador social ejemplar".

¡Habrase visto semejante PANdejada!

Felipe el Espurio está desquiciado, al igual que Juanito, ya que hablan puras incoherencias. De todo lo que dicen nada es verdad, solo ellos creen lo que dicen.

Por un lado Felipe el Espurio habla de justicia, respeto a la ley, lucha contra la corrupción, instituciones ejemplares, combate a la pobreza, respeto a los derechos humanos, obras públicas, apoyo a la educación, salud para todos, etcétera. No sé, a ciencia cierta, de que país estaba hablando. Y por el otro escucho a Juanito decir que el pueblo no quiere que deje la jefatura delegacional. Según él, el pueblo manda y quiere que él gobierne Ixtapalapa, pero sale corriendo cuando se encuentra con algún grupo de la resistencia que le grita traidor.

Definitivamente, Felipe el Espurio y Juanito están desquiciados. La realidad que ellos viven no corresponde a la realidad que todos los demás vivimos. Es urgente y necesario que sean remitidos al hospital siquiátrico más cercano.

POR SALUD MENTAL, APAGA LA TELEVISIÓN.

Adopta a un trePANado y/o PRIvado de la razón.

Carlos Romero Deschamps, vende plazas, entre 180 a 250 mil pesos en tierra y dependiendo del nivel y la categoría entre 250 a 400 mil en plataformas.


México D F a 30 de septiembre de 2009.

Democracia sindical.

Boletín # 45.

Al presidente de México.
A las autoridades federales.
A los trabajadores petroleros.
Al pueblo en general.

SOBRE LA VENTA DE PLAZAS.

Está problemática la abordaremos en dos boletines. En este daremos algunos elementos históricos y trataremos un poco la forma en como proceden los charros en la venta de plazas, este hecho delictivo y corruptivo no se podría explicar sin el consentimiento y la participación de las Autoridades Federales las cuales les otorgan protección e impunidad a los “charros vende plazas”.

Antecedentes Históricos.

La venta de plazas es una practica muy añeja, la cual los seudo líderes corruptos han estado implementando en PEMEX, como uno más de sus negocios para benefició propio y su enriquecimiento personal y de grupo.

Ya se tienen noticias de que los lideres sindicales “desde el año 1942 empezaron a recibir favores y dinero por ayudar a las personas con trabajo”. Pero no es sino hasta el año de 1949, con el denominado charrazo en el STPRM cuando los seudo-líderes convierten el sindicato en una verdadera cueva de ladrones y es a partir de ese momento cuando el trabajo es visto como una mercancía con la cual han hecho un excelente negocio, que todavía en el 2009 siguen explotando.

Desde 1949 hasta en momento actual los charros se han encargado de la venta del trabajo en la industria petrolera, siendo la venta de plazas una de las actividades que más dinero les deja. . Actualmente una plaza la venden entre 180 a 250 mil pesos en tierra y dependiendo del nivel y la categoría pueden costar de 250 a 400 mil pesos en plataforma. Aunque se oiga mal pero es una realidad, en PEMEX los trabajadores sindicalizados pagan por trabajar.

La venta de trabajo es un delito contemplado en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. El cual a sido denunciado infinidad de ocasiones sin embargo las autoridades no han hecho nada por darle solución a este problema, todo lo contrario, los encargados de impartir justicia se alían o se corrompen a los Vende Plazas y terminan protegiéndolos. En lugar de perseguir y combatir este delito, aplicando la ley conforme a derecho. Ahí tenemos el caso del expediente 11537/DGM/96, en donde el ministerio publico ya tenia suficientes elementos para consignar a los implicados en la famosa venta de plazas y lo que hicieron fue “esconder el expediente” y calificarlo como “no ejercicio de la acción penal”.

Continuando con nuestra exposición en 1949 el golpe a los petroleros se lleva acabo cuando los delegados al servicio del gobierno instalan la denominada “convención” bajo vigilancia policíaca y el reconocimiento de la Secretaria del Trabajo. El papel de “charro” lo desempeña Gustavo Roldán Vargas, trabajador de la Refinería de Atzcapotzalco. Quien posee antecedentes de malversación de fondos sindicales y de venta de plazas. Estos acontecimientos expresan el “charrazo” contra los petroleros y aceleran con ello un proceso de control burocrático del Sindicato: se sientan las bases institucionales de la corrupción sindical y los mecanismos para reprimir los brotes de organización obrera independiente. “Los sindicatos Nacionales-Petroleros, Javier Aguilar, Editores GV, México 1986 p. 31”.

Para el investigador José Rivera Castro el problema de la venta de plazas se viene arrastrando desde antes de 1949 pero después del denominado charrazo está practica se institucionaliza y se convierte en una practica común en donde los seudo-líderes la utilizan como mecanismo de control político y en una de las tantas practicas que llevan acabo para su enriquecimiento ilícito, ha está práctica le han dado continuidad hasta nuestros días. A pesar de que desde esa fecha se tienen antecedentes de denuncias y demandas las Autoridades encargadas de impartir justicia en nuestro País se han puesto del lado de los charros y hasta la fecha han quedado impunes.

Para el año de 1958 está al frente del STPRM Felipe Mortera Prieto quien es apoyado ampliamente por Antonio J. Bermúdez, que funge como director de la empresa. Habría que destacar “el grado de corrupción que existe en la industria. Como prueba de ello, vale la pena recordar el escándalo creado con el saqueo a PEMEX efectuado por Antonio J. Merino, superintendente de la Refinería de Poza Rica. Algunos trabajadores que denuncian la corrupción administrativa, la venta de plazas y el saqueo a PEMEX por las autoridades administrativas y por los líderes, son expulsados, cabe citar como ejemplos los casos de Noel Guerrero y Nicéforo Pérez Cárdenas. Op. Cit. P. 32.


La corrupción sindical y el liderazgo político es un fenómeno que penetra en todas las secciones del País, constituyendo grupos de 50 a 100 “trabajadores” que participan en los principales cargos: comisiones de contratos, tiendas de consumo, fraccionamientos, como intermediarios en los prestamos de la empresa a los obreros, como “vendedores de plazas” e incluso hasta en el negocio de servicios funerarios. Op. Cit. P.34.

En términos generales podemos decir que la venta de plazas y el condicionamiento político del trabajo son prácticas institucionalizadas en el STPRM y se considera una práctica característica de este gremio. Sin embargo se han registrado una serie de inconformidades y movimientos los cuales se manifiestan en contra de estas prácticas.

Durante el movimiento de insurgencia sindical de los años 1958-1959 en la Ciudad de México, los líderes petroleros independientes planteaban la creación de un escalafón que permitiera un acceso más justo al trabajo. En 1959 en el libro publicado por Antonio Vargas MacDonald se denuncian las prácticas usuales de la venta de plazas y la participación de líderes sindicales en contubernio con funcionarios de la empresa. Y así, en numerosas ocasiones se señala el negocio permanente que llevan acabo los líderes en todo el sistema petrolero. El mismo Joaquín Hernández Galicia declara que siendo secretario general del STPRM, sabía que algunos líderes vendían plazas a 25 mil y 35 mil pesos. Ecxélcior, 16 de mayo de 1975 p.16; El Día, 25 de junio de 1977 p.2.

A principio de la década de los sesentas cuando la “Quina” apenas estaba cimentando su poder, los ingresos para el sindicato eran escasos. En cambio, los líderes petroleros ya empezaban a amasar fortunas a través de la venta de plazas, llovían en ese entonces las denuncias de los petroleros en contra de sus dirigentes. (La Quina el lado oscuro del poder p. 48.)

En los años setentas el sindicato ya tenía la infraestructura legal para obtener dinero fácil, los líderes petroleros Todavía dependían en mayor medida de la venta de plazas. En la sección uno, las plazas se vendían a 40 mil pesos. Desde ahí se controlaba a nivel Nacional, el ingreso de los trabajadores a todo el sistema.

Los autores Salvador Corro y José Reveles señalan que “la Quina todo quería solucionar con dinero. Para tener controlados a sus secretarios locales, les entregaba fuertes cantidades de dinero, para, “supuestamente, obras sociales. Además los dejaba enriquecerse. Cuando alguno de ellos le representaba algún problema, los aplastaba. Los denunciaba ante la procuraduría general de la Republica por vende plazas. Así le hizo con los hermanos Sánchez Solís, de Villa Hermosa, en 1987. En unas cuantas horas el cacicazgo de Andrés Sánchez Solís se vino abajo. Andrés tuvo que refugiarse en la casa del gobernador, Enrique Gonzáles Pediero, para no ser aprendido.

En realidad la acusación por la venta de plazas se convirtió en uno de los instrumentos políticos más usuales para descalificar a los adversarios políticos, tanto en el plano Nacional como seccional. En 1980, es utilizado también este recurso de venta de plazas para eliminar de la escena política al “dirigente” de la sección 10 de Minatitlán, él más fuerte de la zona sur. Sergio Martínez Mendoza, quien también fungía como Senador, fue denunciado por la corriente sindical de Joaquín Hernández Galicia “la Quina”. Martínez Mendoza fue obligado a jubilarse, bajo amenaza de acusarlo por enriquecimiento ilícito y vende plazas. El Diario de México publico la siguiente Nota el 10 de Diciembre de 1980 “La Procuraduría General de la Republica ordenará auditorias a los ex líderes petroleros Sergio Martínez Mendoza y Rafael Cárdenas Lomelí –ambos caciques en el sur del Estado de Veracruz- quienes, entre otros cargos, han desempeñado los de diputados locales, Federales y Senadores y que con la venta de plazas en Petróleos Mexicanos se han convertido en millonarios”.

“En el nivel de las secciones, los cabecillas de las diversas facciones políticas también emplean este tipo de denuncias para sus luchas de poder. Como un ejemplo entre muchos posibles, en la sección 29 de Comalcalco se consignó al secretario general local, Héctor Rosas Martínez, por vender plazas entre 30 y 60 mil pesos. Excelsior, 24 de marzo de 1977.

En el sindicato petrolero está practica de acusar de vende plazas a sido muy recurrente para acabar con los rivales políticos. Ya que es uno de los elementos que en verdad les duele a los trabajadores, que se comercie con el trabajo. Sin embargo tan solo es utilizado como un escaparate entre las pandillas sindicales por el poder.

De igual forma en el sindicato petrolero no se pudo dar una unidad de manera general debido a que “los acuerdos permanentes resultaron difíciles, pues el reparto de los cargos políticos (diputaciones, senadurías, etc.), los intereses económicos en juego (ganancias en la construcción de instalaciones y plantas petroleras, venta de plazas, etc.)” en fin los intereses personales y de grupo han estado por encima de la unidad de los petroleros. De ahí la existencia de los denominados caciques regionales, en donde dichos caciques “petroleros” son los que mantienen el poder político y el control económico de una región la cual puede estar compuesta de varios municipios, donde influyen política y económicamente, por lo regular son presidentes municipales, teniendo la facilidad de quitar y poner autoridades municipales, diputados locales, etc., además de contar con los negocios más importantes de la región, Hoteles, transporte publico, restaurantes, cantinas, maquinaria de construcción, etc.

En ese contexto habría que señalar que los intereses personales han podido más que los intereses sindicales. De ahí la falta de unidad en el gremio petrolero y la constante pugna entre las “pandillas sindicales” por el control de las secciones así como de las regiones.

Hay una declaración hecha por el Gobernador de Tabasco, Mario Trujillo a Ecxélsior el 11 de marzo de 1975. La cual es muy reveladora e ilustrativa y de una u otra forma refleja una realidad que aún hoy se aprecia en el actuar de los charros de este sindicato, “los líderes petroleros se matan o se suicidan por el control del poder político en una abierta lucha por el manejo de millones de pesos que se obtienen con la venta de plazas de trabajadores.” Entre otras tantas cosas y negocios que en realidad no son otra cosa que cuestiones de poder y dinero.

El 7 de Noviembre de 1983, fue interpuesta una denuncia en la dirección de Averiguaciones Previas Recepción y Control de Documentos de la PGR con No. De Folio 024681. Por los dirigentes del movimiento petrolero independiente “Lázaro Cárdenas”, en donde denuncian y señalan toda una serie de delitos y corrupciones efectuadas por los seudo Líderes sindicales, una de tantas acusaciones señalan a Héctor Valladares Torres, “dirigente” de la Sección 34 en aquel entonces, había cobrado, 1,500 millones de pesos “por concepto de venta de plazas”.

En diciembre de 1984 habría cambio de dirigente sindical. Uno de los personajes que tenia posibilidades para aspirar a la secretaria era Sebastián Guzmán Cabrera. “La Quina” ya le preocupaba Sebastián. Tanto que lo consideraba un peligro y un obstáculo. Sebastián Fue dirigente de la sección 10 y en 1982 ya le empezaban a cargar calor con la finalidad de tenerlo comprometido y cohesionado políticamente de tal forma que en septiembre de ese año, “la empleada de PEMEX, Luz del Carmen López, al entrar a la sucursal del Banco de México de Minatitlán, fue detenida por Romelia Gutiérrez, trabajadora transitoria, quien le coloco en las manos un sobre, al tiempo que le decía: este es el dinero convenido por la plaza. Inmediatamente, supuestos agentes policíacos detuvieron a Luz Del Carmen. La trasladaron a la Ciudad de México. En el interrogatorio las preguntas iban encaminadas a inmiscuir a Sebastián Guzmán Cabrera en la Venta de plazas, delito por el que había sido acusado mucho antes, en 1971.

“En vísperas de la convención petrolera en junio de 1984, el secretario Particular de Sebastián Guzmán Cabrera, Raúl Salinas Aragón, es acusado también de vende plazas. Con esto el dirigente de Minatitlán quedó todavía más debilitado. “La Quina” lo había doblegado. Y para que no hubiera dudas, en dicha convención, fue el propio Sebastián el que, por instrucciones de Joaquín, postulo a José Sosa Martínez, para sustituir a Salvador Barragán Camacho”. Ib Idem. Pag. 160.

En 1988 se acercaba nuevamente el cambio de la Secretaria General. En junio de ese año le llego la señal a Sebastián. La policía detuvo a Jesús Cupido, secretario de ajustes del sindicato y antiguo masajista de “La Quina”. También acusado de vende plazas, Cupido acuso directamente a Sebastián. Unos días después tubo que pedir su jubilación. Y Joaquín volvió a imponer a Salvador Barragán Camacho.

Después del denominado quinazo:

El 25 de octubre de 1999 fue denunciado el “trafico” de plazas en las Choapas Ver. Y la forma en como los seudo líderes locales comprometían las plazas Vacantes a “amigos, familiares o gente incondicional” que apoye la precandidatura de Francisco Labastida Ochoa a la presidencia de la republica.

En la sección 34 tuvimos una discusión con el entonces secretario general de la sección, Mario Martínez Aldana a quien le recriminábamos la entrega de 10 plazas a personal de nuevo ingreso, entre ellos amigos o incondicionales de Martínez, quien nos informó que otras 30 plazas ya estaban comprometidas. La utilización política de las plazas también es utilizada por los charros, aunque al final no cumplan, pero traen mucha gente a su alrededor con el engaño de que los apoyen en todo y les darán una plaza. “nos apoyas o apoyas al candidato del PRI y te damos una plaza” Periódico la Jornada 25 de octubre 1999, pag. 51.

El 30 de noviembre de 2003 en el suplemento Masiosare de la Jornada, aparece toda una crónica del periodista Jesús Ramírez Cuevas de Salamanca Guanajuato, en donde señala gran parte de los negocios del seudo líder de la sección 24 Fernando pacheco Martínez –también indiciado en el pemex-gate- su grupo administra desde hace 14 años las “conquistas sindicales” como un negocio propio: venden plazas en 100 mil pesos. Les cobra a los trabajadores por trámites de vivienda y prestamos económicos, renta los deportivos, escuelas, salones de fiesta y tiendas sindicales. En fin extorsiona a los trabajadores como de costumbre.

El 13 de enero de 2004 en el periódico el sol de Hidalgo en la columna del periodista Federico La Mont, señala toda la problemática causada por la venta de fichas y la venta de plazas, en la sección 35. El periodista señala que la planta laboral en la refinería Miguel Hidalgo de 2000 trabajadores paso a tres mil 200, con casi mil desocupados, quienes pese a pagar sus fichas no fueron contratados. O sea, que fueron defraudados y estamos hablando de una cantidad considerable más de mil personas. En este caso nosotros señalamos que el fraude es millonario, la venta de fichas les redituó muchas ganancias. Hay que recordad que Romero Deschamps es de la sección 35.

En términos generales el problema de la venta de fichas y plazas se ha mantenido presente en los medios de comunicación a manera de denuncia a trabes de los años de tal forma que es de dominio público, es un hecho conocido por todos los mexicanos. Existen infinidad de pruebas en todas las secciones del STPRM. Ya sea en las Procuradurías o en los medios de comunicación.

Tan solo falta que las autoridades encargadas de impartir justicia en este País, se enteren de este hecho, venta de plazas, y les interese este problema y en verdad lo quieran combatir. De lo contrario seguiremos arrastrando este problema como un lastre que nos perseguirá hasta que exista una autoridad que quiera combatir este problema.

Porque los charros van a continuar con su negocio, si no se hace algo, van a continuar... porque están siendo protegidos y solapados por las propias autoridades.

Nos podríamos pasar mucho tiempo hablando de está problemática, venta de plazas en el sindicato petrolero pero consideramos que lo que hemos señalado es muy ilustrativo además que de todos es conocida la practica de la venta de plazas, en este sector. Muchos investigadores señalan esta actividad como propia del gremio petrolero.

De este hecho tienen pleno conocimiento las autoridades de la PGR, de la SG, la STPS y la JFCyA La mayoría de Ciudadanos sabe que “para entrar a trabajar a PEMEX hay que Pagar”. Sin embargo dichas autoridades no han hecho nada por tratar de atacar estos actos delictivos y corruptivos que tanto daño han hecho a la empresa y al sindicato.

La política de alianza que existe entre los charros y las Autoridades Federales tiene que cambiar de lo contrario este tipo de actos delictivos, corruptivos y de impunidad van ha continuar. Hay que señalar que este tipo de prácticas llevan más de 60 años. No es posible que en tanto tiempo los gobiernos de este País no se hayan dado cuenta de esto.

Hay antecedentes de que los trabajadores petroleros con tendencias democráticas han denunciado y demandado, la venta de trabajo y sobre todo la venta de plazas, desde 1950. La aplicación de la justicia ha brillado por su ausencia. Las autoridades ha ningún charro han llamado a cuentas. Al contrario los han apoyado, solapado y dado impunidad. Incluso “volteándoles” las demandas a los denunciantes.

Esto no puede continuar, las cosas tienen que cambiar. Los trabajadores petroleros en lucha por la democratización del STPRM, hemos decidido llegar hasta las últimas consecuencias en torno a nuestra demanda. Romero Deschamps se tiene que ir ya hizo mucho daño.

Estamos en condiciones de aportar más elementos de carácter Histórico sobre la venta de plazas, por si este hecho no les queda claro a las autoridades encargadas de impartir justicia (PGR Y STPS). Recomendamos el libro, LOS SINDICATOS NACIONALES-PETROLEROS. Volumen 1, Coordinador Javier Aguilar García, Editores GV. México 1986. Con la finalidad de que se adquiera más información sobre la venta plazas.

PLANTEAMIENTO GENERAL.

Como se podrá apreciar la practica de venta de plazas es uno de los actos corruptivos y delictivos tan añejo casi como el sindicato ya que se tiene conocimiento que este tipo de practicas se lleva acabo desde 1942 pero es a partir de 1949 cuando la venta de plazas se institucionaliza y pasa a formar parte de una conducta prioritaria de los seudo-líderes, tan es así que el trabajo es tomado como una mercancía en donde los trabajadores petroleros tienen que pagar por trabajar.

La relación que existe entre Petróleos Mexicanos, el STPRM y el Gobierno Federal en su conjunto es una relación que a durado más de 60 años, la cual se remonta al momento en el cual el Presidente Miguel Alemán Valdés “charrificó” al sindicato petrolero y lo convirtió en apéndice del PRI y de la empresa. Desde ahí se han dado toda una serie de actos delictivos y corruptivos en donde la administración de pemex participa de manera aliada con los charros y los representantes de la empresa, con la finalidad del saqueo y la tranza. Es el caso de la venta de plazas.

Pero el negocio de los charros no solo se reduce al la venta de plazas también venden todos los contratos temporales, vacaciones, contrataciones por día, ausencias por enfermedad o incapacidad, etc. estos hechos se han convertido en una practica cotidiana y común. A tal grado que se han convertido en una costumbre o mejor dicho un padecimiento. En donde se tiene que pagar por trabajar en pemex.

Está practica ha prosperado y se ha mantenido hasta convertirse en una especie de tradición en donde el trabajador tiene que pagar por trabajar, en una empresa propiedad de la nación. Gracias a las prácticas delictivas y corruptivas que se manejan en las Instituciones encargadas de impartir justicia en este País (STPS, JFCyA, PGR, SG).

No es posible que está problemática tenga más de 60 años y que desde ese tiempo los trabajadores la hallamos estado denunciando y demandando. Y las autoridades, los diferentes gobiernos se hallan hecho de la vista gorda y hasta el momento los charros gocen de impunidad y sigan vendiendo el trabajo.

Hay que señalar que muchos compañeros que se han atrevido a denunciar y a hacer movilizaciones en contra de estos actos delictivos y corruptivos, casi en su totalidad fueron separados de su trabajo, encarcelados e incluso acecinados. Todo esto con la venia de las autoridades.

En la venta de plazas los funcionarios de la empresa tienen mucho que ver, ya que están concientes de la forma en como manejan las plazas los seudo-líderes, es más fungen como comparsas. Tan solo hay que señalar que todo el cuerpo jurídico de PEMEX conoce como funcionan las demandas de protección, es más les ayudan a los “abogados corruptos” que contratan los charros para que lleven dichas demandas de protección.

Acción democrática:

Con base en la lucha que estamos llevando en contra de los charros del STPRM. Por la democratización de nuestro sindicato:

Nos dirigimos a las autoridades encargadas de impartir justicia, SG, PGR, STPS. Para que se dejen de hacer de la vista gorda y en realidad apliquen la ley conforme a derecho, en está problemática.

Ustedes dicen que le tengamos confianza a las Instituciones, nosotros nos hemos dado cuenta que las Instituciones están plagadas de corrupción.

También es cierto que el gobierno está señalando el cambio de las instituciones, nosotros estamos de acuerdo en que las Instituciones se democraticen. Y, que en verdad sirvan para los fines que fueron creadas y dejen de ser lo que hasta ahora han sido una carga fiscal la cual pagamos todos los mexicanos.

Reclamo:

Sr. Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México. Las prácticas delictivas y corruptivas que describimos en este boletín los charros las vienen aplicando cuando menos desde 1949. Los trabajadores disidentes desde entonces las hemos venido denunciando y demandado.

¿Pero que pasa con estas denuncias y demandas? Jurídicamente no pasa nada ya que las autoridades encargadas de impartir justicia en este país se hacen de la vista gorda e incluso se ponen de parte de los delincuentes y le ponen muchas trabas a los trabajadores hasta que los aburran y desistan en sus acciones, hacen perdidizos los expedientes y los califican como “no ejercicio de la acción penal”, de está forma le dan carpetazo. O de plano les voltean la demanda a los denunciantes. Está practica ha sido la misma, nació junto con la venta de plazas.

Al no aplicar la ley conforme ha derecho y darle impunidad a los charros, estos se sienten con más poder y se le dejan ir con todo a los trabajadores que confiaban en la ley y las Instituciones. Por haber llevado acabo está osadía lo mínimo que les pasaba era ser despedidos, golpeados, accidentados, asesinados, etc. la historia del sindicato petrolero esta llena de este tipo de casos, por lo regular no están documentados, pero son platicados por los mismos trabajadores. Como una señal para prevenir a los demás que no se metan con los charros, sino les puede pasar lo que a fulano, etc.

Esto obedece a la política de alianza que existe y ha existido entre el gobierno y los charros. Donde el crimen, la delincuencia, la corrupción y la impunidad los ha hermanado. Ejemplo:

La cuarta reelección de Carlos Antonio Romero Deschamps, la XXIV asamblea extraordinaria es ilegal y fraudulenta, se violan todos los artículos de los estatutos del STPRM. Cometiendo los delitos sindicales previstos en los artículos 303 fracciones I, II, III, XVIII y demás relativos y aplicables del estatuto general del STPRM. Que hablan de la reelección y procesos electorales, así como leyes en la materia. Estatutariamente solo se permiten dos reelecciones, en realidad, es una, donde se elige por primera vez y una reelección. Romero ya lleva cuatro reelecciones, en realidad serían 5 ya que el 31 de octubre de 2007 Javier Lozano Alarcón representante de la STPS le vendió a Romero otra Toma de Nota.

Está cuarta reelección es impugnada y el tribunal resuelve el 8 de noviembre de 2006 que se le debe de retirar la Toma de Nota a Romero. Lozano hace caso omiso de este mandato y de manera fraudulenta le “otorga” otra Toma de Nota al charro.

Este acto delictivo y corruptivo es el que estamos demandando, sin embargo el charro Romero ya lleva tres años usurpando el poder en el STPRM, la mitad de su periodo. Continua haciendo fraudes, vendiendo el trabajo, vendiendo plazas, etc. anda como si nada. Comprando terrenos baratos en Hidalgo para posteriormente venderlos caros para la construcción de la nueva refinería, uno de sus cómplices es el famoso y gran político Francisco Labastida Ochoa, representante de la comisión de la energía en el Senado y principal socio de Romero del pemexgate. Entre otros.

Por todo lo anterior. Exigimos que se aplique la ley conforme a derecho en la demanda y todas las acciones de tipo legal que estamos llevando en contra de los charros del STPRM y la fraudulenta, ilegal y corrupta entrega de Toma de Nota del 31 de octubre de 2007.

Como es posible que los estudiosos de este tema señalen que “la venta de plazas y el condicionamiento político del trabajo son prácticas institucionalizadas en el STPRM y se consideren una práctica característica de este gremio.

¡¡¡Fuera Charros del STPRM!!!

Trabajadores petroleros en lucha por la democratización del STPRM.

Unidos venceremos.

Dirección electrónica: petroleros36.blogspot.com
Correo electrónico: petroleros36@gmail.com

Pemex, la empresa que más muertes y siniestros provoca en la Entidad


Fuente: La Jornada de Veracruz

Del año 2005 a la fecha, Petróleos Mexicanos no sólo se ha convertido en la principal industria del estado, sino también en la principal empresa de accidentes y muertes para los veracruzanos, pues de enero de ese año a julio de 2009 en un número incuantificado de siniestros han muerto 181 personas y han resultado heridas otras 216.

Esto según la información que la misma paraestatal ha dado a conocer a través de sus subsidiarias, mediante la plataforma Infomex del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Según los datos proporcionado por las cuatro subsidiarias de Petróleos Mexicanos que operan en territorio veracruzano, Pemex Exploración y Producción; Pemex Refinación; Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica las muertes ocurridas del 1 de enero de 2005 al 31 de julio de 2009 son 181, mientras que las personas heridas en el mismo periodo son 216.

La información brindada por la paraestatal indica que no sólo han muerto trabajadores de Pemex, sino también empleados de compañías contratistas y personas ajenas, que por alguna razón estaban cerca del área donde ocurrió el accidente.

Son las instalaciones de Pemex Refinación las más inseguras dentro del territorio veracruzano, pues tan sólo en éstas han ocurrido 56 muertes de empleados de la paraestatal y de contratistas. En 2005, se registraron 27 muertes, en 2006 fallecieron otras 19 personas. Para 2007 la cifra disminuyó a sólo siete muertes, mientras que en 2008 ocurrió un solo accidente fatal, aunque en lo que va de 2009 se tiene el reporte de dos personas muertas en accidentes dentro de Pemex Refinación.

En Pemex Exploración y Producción se tiene un reporte en el año 2005 de 47 trabajadores de Pemex lesionados, más otros 23 contratistas heridos y uno muerto. Para el año 2006, el número total de obreros lesionados es de 43 y otro contratista muerto, mientras que en el 2007 fueron apenas 28 trabajadores de la paraestatal lesionados y tres fallecidos por algún siniestro. En el año de 2008 se presentaron accidentes que no provocaron muertes, pero sí 42 personas heridas y en lo que va de 2009, está el reporte de tres contratistas muertos y otros 12 lesionados.

Pemex Petroquímica, la segunda subsidiaria más grande en número de instalaciones y trabajadores, es la que mayor cantidad de muertes reporta con 123 entre empleados de Petróleos Mexicanos y contratistas. La mayoría de sus accidentes han ocurrido en los complejos petroquímicos con saldos fatales en cada uno de ellos. En el año 2005, en el complejo Morelos fallecieron 16 personas en accidentes; en el Cangrejera cuatro; en el Cosoleacaque 10 y en el Pájaritos 14. Para 2006, el número de empleados y contratistas fallecidos disminuyó, pues dentro de todos los complejos sólo se registraron 25. Esta tendencia siguió en el año 2007, pues únicamente hubo 14 personas muertas en los accidentes. Sin embargo, para 2008, la cantidad de accidentes fatales se incrementó, pues el número de obreros muertos se elevó a 28, incluyendo dos en el complejo petroquímico Escolín, en el municipio de Poza Rica. En lo que va del año 2009, se tiene el reporte de 10 personas muertas, la mayoría en los complejos petroquímicos del sur de Veracruz: Pájaritos, Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque. Esta subsidiaria únicamente reporta seis personas heridas en la zona de ductos.

La subsidiaria con el menor reporte de accidentes es Pemex Gas y Petroquímica Básica, pues no han ocurrido accidentes fatales dentro de sus instalaciones, y sólo tiene reportes de cuatro personas lesionadas desde 2005 a la fecha.

La paraestatal mantiene adeudos multimillonarios con municipios


Fuente: La Jornada de Veracruz

Son aproximadamente 14 mil kilómetros de ductos de Petróleos Mexicanos los que atraviesan la entidad veracruzana y que, en algunas zonas, han provocado voces de alarma entre la población. Pero no sólo los ductos y los factores de riesgo que conllevan han promovido que los veracruzanos protesten. El mes pasado, la alcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Porras David, anunció que su administración había ganado una demanda millonaria entablada contra la paraestatal por la falta de pagos prediales; la alcaldesa ganó la querella y anunció que a partir de octubre se comenzaría a cubrir el adeudo.

En junio del presente año, habitantes de Nogales se organizaron con el fin de embargar la subestación de la paraestatal, pues argumentaban que sólo durante el tiempo que lleva la administración municipal se les adeudaba un millón de pesos por concepto de pagos prediales y, además, explicaban que hay incumplimiento de hacer rutas de evacuación.

Parece que en Veracruz las voces de las autoridades municipales y de los habitantes no tienen eco para obligar a cumplir a Petróleos Mexicanos. No sucede lo mismo con ciudades como Tamaulipas, donde por concepto de predial se pagaron unos 680 mil pesos. También ha ocurrido con Nuevo León, donde les han pagado adeudos que llegaban a 506 mil pesos, o los habitantes de Ciudad del Carmen, que recuperaron 782 mil.

Hacia febrero de 2008, en el municipio de Papantla, los habitantes también protestaron porque los trasportes de Petróleos Mexicanos, que son de tráfico pesado, destruyen los caminos y cuando es momento de repararlos, la paraestatal hace caso omiso. También con los papantecos hay deudas por el concepto de pagos prediales.

En febrero del año 2007, también por el asunto predial, Petróleos Mexicanos se comprometió a pagar al ayuntamiento de Coatzacoalcos unos 70 millones de pesos. En aquella ocasión, la paraestatal signó un convenio con el gobierno del estado para buscar impulsos económicos a las empresas que generan empleo y son proveedoras de insumos. El trato era (?) sobre todo para las ciudades de Tuxpan, Poza Rica, Veracruz, Minatitlán y Coatzacoalcos.

Pero es con una nota publicada por La Jornada, en julio de 2007 en donde el periodista Isarael Rodríguez informaba que Petróleos Mexicanos debía enfrentar juicios por diversas querellas y en total, se llegaba a un monto de aproximadamente 37 mil 279 millones de pesos.

PRIMER INFORME A 25 DÌAS DEL SINIESTRO EN LA MINA LULU


Saltillo, Coahuila. 31 de agosto del 2009.


La impunidad prevalece ante el reclamo de justicia de familiares y trabajadores del carbón

En semanas pasadas se solicitó públicamente a la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila, S.A. de C.V., se instalara una mesa de diálogo con las viudas y trabajadores para acordar indemnizaciones y liquidaciones justas, asimismo se solicitó información sobre las condiciones de seguridad de la Mina. Sin embargo a la fecha la empresa no ha contestado la solicitud escrita que se le hizo, ni el Sr. Salvador Kamar Apud ha contestado las llamadas telefónicas que se le han hecho.

La reacción de parte de la empresa ha sido la siguiente:

 Ofrecer a las viudas cantidad de $ 6,000.00 (por un mes de antigüedad) y 25,000.00 (por 4 años de antigüedad) por la muerte de sus esposos como “ayuda humanitaria”.

 A los trabajadores que por riesgo a su seguridad e integridad personal no aceptan regresar a la mina, se les ofrece una liquidación que va de $1,000.00 a 2,800.00 pesos.

 Instar a los trabajadores y viudas de no coordinarse con el grupo de Familiares de Pasta de Conchos y con la Pastoral Laboral para exigir sus derechos, porque de hacerlo estarían en la “lista negra” y esto les impediría conseguir trabajo.

En relación a las condiciones de seguridad y laborales en la Mina Lulú, los trabajadores manifiestan que a la fecha no les han informado de los resultados de la inspección realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien además les pidió firmar hojas en blanco, o firmar documentos que no les permitió leer, por lo cual muchos se negaron. De acuerdo a testimonios de los trabajadores y a las fotografías que hemos obtenido de las Mina Lulú (disponibles en la página www.diocesisdesaltillo.org.mx en el link del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fr. Juan Larios), la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila S.A. de C.V., operaba la mina en condiciones deplorables:

 No hizo del conocimiento de los trabajadores los mapas de la mina; no había “paquete de emergencia”; ni hidrantes en el interior ni en el exterior de la mina; ni cuadrilla de rescate; ni comisión mixta de seguridad e higiene; ni señalamientos en los cañones de la mina; ni plancha; ni salida de emergencia; ni sistema de comunicación del interior de la mina al exterior, ni del exterior de la mina a las oficinas; ni transporte para emergencias; ni sistema de monitoreo de gas; ni botiquines; ni extinguidores; y en el momento del siniestro “no saben de dónde salió la otra camilla porque ellos nada más tenían una”; para las frentes de trabajo hay un solo gasero con un sólo metanómetro y los ingenieros no bajan a la mina.

 La estructura de la mina no tiene ni emparrillados; ni separadores; ni la bocamina está construida con materiales adecuados; no hay escalera para los trabajadores; y debido a las filtraciones de agua, el cañón construido para el acceso de los mineros sólo es transitable hasta la diagonal 5 debido a los caídos que obstaculizan el paso; los trabajadores bajan a las frentes de trabajo o salen de la mina montados en el carro skype y la “cuerda de vida” sólo está en algunos tramos (en las fotografías mencionadas podrán observar que hay una franja sin polvo inerte debido a que los trabajadores se “ayudan” de los ademes cuando suben a pie).

 Los trabajadores no fueron capacitados para las labores que desempeñaban y sólo se les entregaba como equipo de seguridad una lámpara (ni casco, ni botas, ni mascaras, ni auto rescatador, ni guantes); no se les hacía un examen médico al ingresar a la empresa, ni exámenes periódicos; no tenían agua potable para beber; ni baños; ni regaderas.

 Los carboneros están inscritos en el IMSS con salarios de $486,45 pesos por semana y por destajo se les pagaba en promedio $1,500 pesos por semana, sin que exista ningún registro legal de esto.

 Los trabajadores de exterior están registrados con $547,47 pesos semanales más dos bonos de asistencia y puntualidad, dando en total de $700.00 pesos semanales, aparte se les da una gratificación no registrada en el recibo de nómina de en promedio de $300.00 pesos por semana laboral de 6 días y si trabajan el domingo (quedando sin ningún día de descanso) les daban otros $300.00 pesos. Es decir, por 7 días de trabajo a la semana la empresa paga 1,300.00

 Algunos trabajadores “doblaban turno seis días a la semana” con un salario registrado de $547,47 más los bonos de puntualidad y asistencia percibiendo en nómina en total de $ 700.00 pesos a la semana y un “bono” no registrado de 600 pesos a la semana.

 Algunos trabajadores vivían en la mina de lunes a sábado, sea porque doblaban turno todos los días o porque la empresa “les solicitara”, sin tener baños, ni regaderas, ni agua potable, ni un lugar adecuado para comer, ni dormitorio, ni siquiera un área techada (los trabajadores “adaptan con lo que pueden” un espacio para dormir).

 No estaban sindicalizados y cabe la posibilidad que como pasó con los trabajadores de la contratista General de Hulla (ahora Sita Empresarial) en el caso de Pasta de Conchos, que el sindicato cobrara “cuota sindical para no sindicalizarlos”.

En días posteriores al siniestro en la Mina Lulú, algunos medios de comunicación impresos dieron a conocer que el TITULO DE LA CONCESIÓN era el 214430, lo cual es falso. Dicho Titulo de Explotación ampara el lote ESCOBEDO con una superficie de 1,211.4502 Has., concesionado a la misma empresa y colindante con la Mina Lulú.

De acuerdo al Sistema de Información Integral de la Dirección General de Minas de la Secretaria de Economía, la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila S.A de C.V., es concesionaria del TITULO DE EXPLORACIÓN MINERA 213152, con el nombre de lote Lulú con una superficie de 550 Has. Este título fue solicitado el 7 de diciembre de 1998 y expedido el 29 de marzo de 2001 y tiene una vigencia del 30 de marzo de 2001 al 29 de marzo de 2007. Hasta el día de ayer 30 de agosto de 2009, la empresa no entregó los trabajos periciales (para lo cual tenía como fecha límite el 4 de marzo de 1999), ni el Informe de Comprobación de Obras, ni datos de la inversión para la comprobación de obras y sin que aparezca ningún registro Histórico de Movimientos, el titulo continúa vigente. Aún más grave que todo lo anterior, es que según este mismo sistema de Información Integral de la Dirección General de Minas, la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila, NO ES CONCESIONARIA DEL TITULO DE EXPLOTACIÓN MINERA PARA EL LOTE LULÚ, lo cual de no ser aclarado y probado públicamente por parte de la empresa y de la misma Secretaría de Economía, estaría suponiendo la existencia, explotación y operación de manera clandestina de recursos naturales propiedad de la Nación por parte de un particular responsable también de la muerte de los mineros.

Conclusiones:

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, existen nuevas formas de esclavitud, una de las cuales, está tipificada como trabajo forzoso, el cual se define como el impuesto por agentes privados con fines de explotación económica, distintos de la explotación sexual comercial y por consiguiente es responsabilidad del Estado Mexicano investigar a fondo la responsabilidad de empresas privadas por las violaciones a los derechos humanos. En este mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sido muy clara en el señalamiento de la responsabilidad de los Estados por violaciones cometidas por particulares: “Los derechos laborales, en su conjunto, adquieren una real dimensión en las relaciones entre particulares, por tanto es frente a terceros que deben tener una eficacia vinculante. Con esta finalidad, todo Estado debe adoptar medidas legislativas o administrativas para impedir estas violaciones, los instrumentos procesales deben ser efectivos y ágiles. En el plano de la responsabilidad internacional, toda violación de derechos que realicen los particulares serán imputables al Estado en el caso de no haber tomado medidas eficaces para prevenir tal violación o por tolerarla o por permitir la impunidad para sus autores.” (CIDH, Opinión Consultiva, Serie A, No. 18, 2003).

En pleno ejercicio de nuestros derechos, hemos informado de manera personal y por escrito al Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para que continúen el seguimiento del caso y su intervención.

Debido a todas las contradicciones en la información, la falta de transparencia y omisión de datos importantes y la falta de voluntad por parte de la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila, del Gobierno del Estado de Coahuila, así como de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y la Dirección General de Minas de la Secretaria de Economía, exigimos al C. Presidente de la República C. Felipe Calderón Hinojosa:

1. Ordene de manera inmediata a las Secretarias competentes que suspendan los trabajos de exploración y explotación de la Mina Lulú hasta que se determine su estatus legal.

2. Ordene a la Dirección de Minas que haga público el TITULO DE EXPLOTACIÓN MINERA otorgado a la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila de la Mina Lulú.

3. Ordene a la STPS haga pública el Acta de Inspección a la Mina Lulú.

4. Posibilite la atracción de las investigaciones al fuero federal y se garantice el debido proceso, juicio justo y reparación del daño, así como la coadyuvancia de los trabajadores o a quienes ellos designen.

5. Se garantice la indemnización y la pensión a las familias de los mineros fallecidos y las liquidaciones de los trabajadores de manera justa.

6. Dado que, el Estado Mexicano es el responsable de tutelar y respetar los Derechos Humanos, exigimos se garantice la integridad y seguridad de las familias de Pasta de Conchos y de los y las defensoras de Derechos Humanos.

El día de hoy, se estará estableciendo una mesa de diálogo entre los trabajadores y ejidatarios con la empresa “Fénix Tecnoservicios S.A. de C.V”, concesionaria de la mina “Santa Barbara”. Hacemos un llamado a las partes para que con la suma de voluntades se resuelvan el conflicto y exigimos al Gobierno de Coahuila, se abstenga de desplegar la fuerza pública contra los trabajadores mineros y sus familias.


Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Equipo Nacional de Pastoral Laboral



Por indolencia institucional, en Guerrero se denigra y deshumaniza la migración jornalera


Difusión Cencos México D.F., 1 de septiembre de 2009
Boletín de prensa
Tlachinillan / PRODESC

* A pesar de las reiteradas denuncias, los jornaleros siguen sufriendo violaciones a sus derechos humanos laborales.

* Se estima que por crisis económica y sequía, aumente a 20 mil el número de indígenas que saldrán en la temporada alta de migración.

* Se presenta hoy documental “migrar o morir: Jornaleros Agrícolas en los campos tóxicos de Sinaloa que evidencia el drama que viven los jornaleros de Guerrero en las agroindustrias del norte del país.

El retiro de los apoyos gubernamentales al campo, la falta de oportunidades de empleo, el acoso del hambre y la negativa de las autoridades para asumir el compromiso de promover y defender los derechos de los pueblos originarios, han orillado a unos 15 mil indígenas a migrar cada año de Guerrero, para enrolarse como jornaleros agrícolas en los estados del norte del país, bajo condiciones inhumanas.

Sin embargo, se estima que para la Temporada Alta de Migración 2009 que hoy inicia, la cifra aumente a 20 mil jornaleros, a consecuencia de la actual crisis económica en que se encuentra sumido el país así como por la pérdida de los cultivos de temporal ante la sequía que azota a la región de la Montaña.

Debido a que el problema de la migración se ha vuelto común en la entidad y se ha permitido acrecentarse, el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) ha reportado que anualmente salen del estado 73 mil guerrerenses (hacia el interior del país como a Estados Unidos), mientras que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en sus informes da cuenta de que año con año, migran cerca de 40 mil jornaleros de las zonas indígenas y campesinas en la entidad.

Estos datos que ubican a Guerrero en el primer lugar nacional en migración interna y en la quinta posición por su migración externa, revelan que las autoridades en sus tres niveles de gobierno, reducen su actuación sólo a contabilizar a la población jornalera y fungen únicamente como meros espectadores del drama vive ese sector en las empresas agrícolas, obligados a encontrar ingresos que les permitan mal comer de regreso a sus comunidades, porque aún cuando la prioridad es acceder a la alimentación, este derecho no se obtiene en la región de la Montaña de Guerrero.

El documental Migrar o Morir: Jornaleros Agrícolas en los campos tóxicos de Sinaloa, que hoy se presenta en Guerrero en el contexto del inicio de la Temporada Alta de Migración, retrata parte del vía crusis que enfrentan los indígenas na savi (mixtecos) me´phaa (tlapanecos), nahuas y amuzgos de la Montaña y Costa Chica, en su odisea hacia los campos agrícolas el norte del país, en donde enrolarse como jornalero agrícola ha implicado siempre maltratos, engaños y múltiples abusos por parte de los dueños de las empresas.

A través de dicha cinta, Promedios Comunicación comunitaria en Chiapas, el Proyecto de Derechos Económicos y Culturales (Prodesc) con sede en el DF y Tlachinollan, buscan generar conciencia entre la población sobre esta problemática de la migración interna y al mismo tiempo hacen un llamado a las autoridades tanto estatales como federales a involucrarse en la diversidad de demandas que tienen los jornaleros así como a destinar el presupuesto necesario para atender situaciones de emergencia. Es preocupante que más allá de que se revierta este problema, hoy se le reste importancia al desaparecer el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas que operaba la Sedesol federal.

Dicha medida ha comenzado a tener una serie de repercusiones negativas en la Montaña de Guerrero, pues en el inició oficial de la Temporada Alta de Migración, las autoridades determinaron desaparecer la mesa de registro de jornaleros en Tlapa y con ello también deja de existir el apoyo de despensas que entregaban a los indígenas migrantes que les servían para paliar sus necesidades de hambre en el trayecto hacia Sinaloa y durante los primeros días de su estancia en ese lugar en tanto recibían su primer pago. De esta determinación sólo se ha informado que los recursos que se habían venido destinando a Guerrero ahora se van a canalizar hacia los estados receptores de mano de obra como Sinaloa.

Con esta decisión queda claro, que en lugar de proteger los derechos de los jornaleros agrícolas, las autoridades se obstinan en seguir reproduciendo modelos empresariales, promocionando las creación de agencias de colocación para ordenar el peonaje y consentir las condiciones esclavizantes de los indígenas de Guerrero. Este video además de documentar la tragedia de miles de familias que se encuentran sumidas en el olvido quiere ser un instrumento de denuncia sobre las condiciones denigrantes que arrastran por siglos los trabajadores del campo.

Llamamos a las autoridades para que salgan del marasmo y dejen de seguir implementando políticas que son contrarias a los derechos básicos de los pueblos originarios, hacemos también un llamado a los medios de comunicación para que le den voz a las familias que son víctimas de estos abusos y que hagan visible una realidad indignante de lo que no podemos ser cómplices. La clase política tiene que aprender a mirar hacia abajo y a comprometerse con las causas de la población indefensa, los diputados también tienen que legislar para no seguir tolerando graves violaciones a los derechos humanos, y las dependencias públicas tiene que desburocratizarse y atender los problemas en lugares donde no hay escritorios pero si hay seres humanos.

Chilpancingo, Gro a 31 de agosto del 2009.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Comienza otra etapa en la lucha por la libertad de los presos políticos.


En el acto celebrado en la cárcel de Molino de Flores, donde se encuentran injustamente presos nueve compañeros por los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006, diversas organizaciones de La Otra Campaña, junto con loas compañeras y compañeros que por más de tres años mantuvieron el Plantón afuera de la prisión de Santiaguito, primero, y de la de Molino de Flores, después, se anunció el inicio de una nueva fase en la lucha por la libertad de todos los presos y presas políticos y, en particular, por la de los presos que están aquí detenidos, lo mismo que la de los compañeros Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, que se encuentran en la cárcel de alta seguridad de Almoloya.

El plantón, sin duda fue una herramienta importante para lograr la liberación de más de 190 compañeros. Ahora es indispensable dar un salto hacia adelante y realizar una campaña nacional por los que aún siguen injustamente detenidos en Molino de Flores y Almoloya, así como por un México sin pres@s polític@s.

Todos los ahí presentes reafirmaron su voluntad de trabajar unidos para lograr ese objetivo. Manifestaron su voluntad de incrementar las acciones para llevar a las diversas plazas del país esta campaña.

Por lo pronto, se anunciaron las dos primeras acciones: el 26 de septiembre una actividad en el zócalo de la Ciudad de México y en las principales plazas del país, y en aquellos países en los que esto sea posible.

Y el 26 de octubre, un acto en el zócalo de Toluca, sede del palacio de gobierno del estado de México, donde despacha Felipe Peña Nieto, uno de los responsables directos del asesinato de dos compañeros, de la violación y el hostigamiento sexual en contra de nuestras compañeras y de la salvaje golpiza en contra de centenares de nuestros compañeros y compañeras.

De esta manera, todas las organizaciones ahí presentes reafirmaron su voluntad de seguir luchando por abrir las cárceles para que puedan salir nuestros compañeros y compañeras. Ya que sabemos que no estamos completos, que faltan nuestros presos, que faltan nuestras presas.

Equipo de apoyo a la Comisión Sexta del EZLN

Presentación del número 14 de la revista “Revuelta”.


El Comité Cerezo México te invita este jueves 3 de septiembre a las 6 p.m. en el Centro Cultural Universitario a la presentación del número 14 de la revista “Revuelta” en el contexto de los ocho años de su publicación y de los seis meses de la liberación de Héctor y Antonio Cerezo Contreras.

La revista “Revuelta” fue fundamentalmente la voz de los presos políticos y de conciencia recluidos en los Centros Federales de Readaptación Social y de quienes luchaban por su libertad durante varios años. En la actualidad es un espacio que sin abandonar el análisis de la realidad social y el compromiso de luchar por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país incorpora a todos aquellos que buscan un lugar para expresar sus ideas.

La presentación estará a cargo de Soila Luna coordinadora de la Fundación Sergio Méndez Arceo y del Director de la revista Héctor Cerezo Contreras.

Si escribes cuento corto, poesía, análisis de la realidad nacional, reflexiones filosóficas o tomas fotografías, pintas o dibujas colabora con nosotros.
Escríbenos a: revistarevuelta@gmail.com

Cambia el Ejército su modo de operar: soldados actúan como si fueran civiles


Fuente: La Jornada de Veracruz

Orizaba, Ver.- El Ejército nacional, al menos en esta región, ha dejado de montar retenes de revisión y patrullajes oficiales. Ahora sus operativos lo hacen encubiertos en vehículos particulares y vestidos de civiles; “con ello sin duda se incrementarán las violaciones a los derechos humanos”, según argumenta Jairo Guarneros Sosa, dirigente de “La Otra Campaña”, quien además critica “la sumisión de Nohemí Quirasco ante las fuerzas castrenses al pedir que no salgan de las calles del Estado”.

Pero si esto pasa en la zona urbana, advierte, en la sierra las condiciones son peores; “allá en la sierra, se ha montado una red de espías o informadores que se infiltran entre las organizaciones sociales para que después se inicien acciones represivas”. De hecho, critica, la actuación del Ejército debido a que se argumenta “una lucha contra el narcotráfico, pero hasta el momento al menos en la zona de Orizaba no han dado un golpe contra la venta de drogas. No sabemos de que se haya dado un golpe efectivo al narcotráfico, solamente se han violentado los derechos de los civiles”.

Ejemplos hay casos claros: “El de los trabajadores sexuales que fueron agredidos por soldados uniformados y que desde hace unas semanas son acosados por personas con corte militar, pero que hacen uso de vehículos particulares”. Otro más reciente es el de los comerciantes que fueron agredidos a tiros, detenidos y posteriormente liberados al no tener delito que perseguir.

Se conoció que los militares realizan sus operativos en vehículos particulares, el más reconocido es en un Tusuru color azul con vidrios polarizados sin placas. Este vehículo, se suma a otros más, pero son situados cerca de las unidades Mercedes Benz que son utilizados para el traslado de los militares.

Guarneros Sosa arremete contra la presidenta de los Derechos Humanos en el Estado, Nohemí Quirasco: “no puede ser tan contradictoria, hace unas semanas leíamos que pedía acertadamente, que salieran los soldados de las calles y ahora se retracta y dice que no deben salir”, denunció.

La presencia militar es un anticipo de lo que pudiera pasar en el resto del año; “pero sobre todo en 2010 que es cuando los veracruzanos elegimos a los alcaldes, diputados y gobernador. Sin duda esta movilización pudiera agravarse en las elecciones del año siguiente”, explicó.

Jairo Guarneros no descarta la posibilidad de un estallido social; “la sola presencia militar sin resultados efectivos ha enrarecido el ambiente estatal. Hay malestar de la gente, no estamos a gusto con la presencia del ejército y ahora con la forma en la que trabajan, se agrava el ánimo y puede haber un estallido social”, concluyó.

El Ejército arresta a un maestro y un cantinero en bar de Atoyac

Los soldados se metieron a robar joyas, muebles y electrodomésticos, denuncian

Fuente: La Jornada de Guerrero


Desde el viernes pasado están desaparecidos y en la zona militar les niegan información, acusan

Los obligaron a confesarse culpables de narcotráfico; retienen a parroquianos durante 4 horas

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Tecpan, 31 de agosto. Artemio Soberanis de los Santos y Migdalia Valadez Ríos, habitantes de Tenexpa, denunciaron que militares detuvieron al profesor Omar Soberanis Noriega, de 38 años, y a su tío, Lourdes Soberanis de los Santos, de 55, a la medianoche del viernes 28 de agosto, mientras se encontraban en el bar El Colegio, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el testimonio de testigos, los militares, de forma violenta, les cubrieron el rostro con sus propias playeras, y a puñetazos y culatazos los obligaron a confesar que se dedican a la venta de drogas.

Según la denuncia, los soldados intimidaron a los clientes del bar que administra Lourdes Soberanis, “incluso impidiéndoles ir al baño, por lo que más de uno se hizo en su pantalón”.

Asimismo, también privaron ilegalmente de su libertad a los que esa noche se encontraban en el establecimiento, porque los retuvieron sin razón unas cuatro horas, además de golpearlos e insultarlos, “se fueron contra todos los que estaban ahí esa noche”.

Además de los abusos en el bar, los soldados se metieron a varias casas con violencia y robaron joyas, muebles y aparatos electrodomésticos, según declaraciones de algunas víctimas, agregaron los denunciantes.

Después de que los miembros del Ejército se llevaron al par de hombres, sus familiares fueron a la zona militar 27, con sede en El Ticuí, municipio de Atoyac, para saber el paradero de los desparecidos, pero nadie les dio información.

Artemio Soberanis exigió que el gobierno federal informe en dónde tiene a los detenidos porque hasta ahora están en calidad de desaparecidos.

Agregaron que los militares actuaron como delincuentes, por lo que exigieron al gobierno federal que detenga “esta represión hacia gente inocente”, además de que respete los derechos de la población.

La violencia pasó de causas rebeldes a asesinatos políticos, concluyen luchadores

A pesar de años de lucha, la situación de represión social persiste, acusan en foro

Fuente: La Jornada de Guerrero


LAURA REYES MACIEL

En un foro donde se recordó la vida y obra del guerrillero Carmelo Cortés Castro, se dieron cita luchadores sociales, catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y perredistas que llegaron a una misma conclusión: Guerrero atraviesa una situación similar o peor que la vivida en la época de la guerra sucia porque la violencia pasó de ser rebelde a una suma de asesinatos políticos y relacionados con los poderes fácticos.

En el auditorio del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA), se conmemoró el 34 aniversario luctuoso de Cortés Castro, allegado a Lucio Cabañas Barrientos. Ahí la fundadora y académica del mismo, Rosa Icela Ojeda Rivero, adelantó la creación de un seminario permanente para discutir el tema de la violencia y revisar qué tan funcional y válida ha sido en sus diferentes dimensiones.

En este mismo tema, Octaviano Santiago Dionicio recalcó que ni en los ámbitos estatal y federal han podido conseguir beneficios para los familiares de desaparecidos, quienes viven en la peor miseria, donde un Guerrero sin violencia y sin muertos sigue siendo un sueño.

“Las armas en México se han agarrado siempre para conseguir algo que por la vía pacífica no se logra, es para reclamar derechos”.

Mientras que el director del IIEPA-IMA, Rogelio Ortega, calificó el tema de los desaparecidos como un fenómeno terrible, que forma parte de la cultura del terror, como ahora son los levantones, donde las familias sólo deben esperar a que aparezca el cuerpo ejecutado o incluso decapitado.

En la sesión de intervenciones, el miembro del extinto Partido de los Pobres, Luis León, rechazó que se trate de tachar a los luchadores sociales como sujetos violentos, pues afirmó que fue el propio gobierno el que provocó los enfrentamientos.

Por su parte, el dirigente del PRD, Guillermo Sánchez Nava, calificó de paradójico que a 34 años de esas acciones, aún se tenga que seguir luchando en el estado para conseguir oportunidades a una vida digna, situación por la cual urgió el rescate de los principios y la unidad de la izquierda.

Comentario al que se sumó la integrante de la dirigencia estatal perredista Emperatriz Basilio, quien recalcó que en estos tiempos “tan complicados” es necesario reorientar el camino de la lucha social que de manera irresponsable han perdido.

“Los espacios democráticos nos hicieron desviar la mirada a los puestos, a ver qué cargos ocupaban. Seguimos la izquierda atorados en esto y por eso hay que regresar, sobre todo ahora que nuestros corazones están de luto”, en relación al asesinato de su compañero de partido y de corriente, Armando Chavarría Barrera.

Al final del encuentro los acuerdos fueron muy claros entre los asistentes, principalmente entre los luchadores sociales como Santiago Dionicio y Eloy Cisneros Guillén, escribir sus memorias y puedan ser estudiadas por las nuevas generaciones, propuesta que surgió del ex líder municipal del PRD, Martín Hernández González.

“Que este instituto sea el encargado de sentarse con estos luchadores, en una plática de café para documentar esta parte de la historia, que sea parte de una tarea académica”.

Destape de Rogelio Ortega

De manera discreta, casi impalpable, la perredista Emperatriz Basilio aprovechó el final de su intervención para destapar al director del IEPA, Rogelio Ortega como candidato a rector de la UAG, incluso, afirmó que “es el único capaz de sacar a la casa de estudios de la derecha.

“Hay que rescatar a la universidad de la derecha. Rogelio (Ortega) tú tienes la posibilidad de rescatar a la universidad”.

Comentario al que se sumó el diputado local y ex rector, Florentino Cruz Ramírez, quien destacó que en Guerrero está en la pelea de evitar que “los dinosaurios” regresen, pues la democracia a la que ha podido llegar el estado se construyó también por la lucha desde la universidad.

Declaración de Gómez Mont, puerta para enjuiciar al Estado por la guerra sucia

El caso de Rosendo Radilla establece jurisprudencia: Gallegos

Fuente: La Jornada de Guerrero


LAURA REYES MACIEL

Las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en las que aceptó que el Estado detuvo a Rosendo Radilla Pacheco e incluso lo da por muerto, obliga a que se reabran el resto de los casos de desaparecidos y el gobierno sea enjuiciado por crímenes contra la humanidad, sostuvo el miembro de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales, José Arturo Gallegos Nájera.

En entrevista después de la presentación de su segundo libro A merced del enemigo, dijo que tras esa revelación ahora es prioridad llamar a cuentas a los responsables, que tienen nombre y apellido, de las más de mil desapariciones en Guerrero en la época de los 70.

“Estos avances es producto del esfuerzo de todos los familiares, no es un esfuerzo de Tita (Radilla) o de la Afadem, sino que es producto de las fuerzas de Rosario Ibarra, como de todos que estamos empujando a que se haga justicia”, remarcó.

Consideró que es un avance lo dicho por Gómez Mont, porque años atrás el gobierno federal negaba haber participado en las desapariciones.

“Abre la posibilidad de enjuiciar otros casos, va ser una especie de jurisprudencia para llamar a cuentas a otros responsables, que ya hay señalados”, agregó el dirigente.

En la conmemoración del Día Internacional del Detenido-Desaparecido el domingo en Atoyac, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), reveló que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Fernando Gómez Mont aceptó que fue el Estado el responsable de la detención de Rosendo Radilla.

Gallegos Nájera afirmó que pese a las críticas de algunas organizaciones no gubernamentales respecto al recién creado Movimiento Ciudadano por la Paz y la Justicia, la Asociación Nacional de Luchadores Sociales estará presente en las movilizaciones para exigir el esclarecimiento del asesinato del diputado local Armando Chavarría Barrera y los 21 crímenes políticos cometidos en el último año y medio.

“Para nosotros es importante que el gobierno del estado y el federal esclarezcan cuanto antes este asesinato, porque si no, se va a enrarecer el ambiente político, sobre todo teniendo las elecciones en puerta”, advirtió Gallegos.

Acuerdan familiares presentar más casos a la CIDH: Radilla

La Afadem no puede llevar el trámite

Fuente: La Jornada de Guerrero


RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Atoyac, 31 de agosto. Al finalizar las actividades para conmemorar el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afedem), Tita Radilla Martínez, informó que los se hizo el compromiso de respaldar la presentación de nuevos casos de desapariciones ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y luchar para que lleguen hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En entrevista, Radilla Martínez precisó que uno de los acuerdos más relevantes de los talleres fue que los familiares de desaparecidos se harán responsables de respaldar sus casos cuando sean presentados ante las instancias internacionales, “ya que sólo se puede hacer si es el propio familiar el que lo presenta”.

Recordó que ese mismo procedimiento fue el que aplicó la familia de su padre, Rosendo Radilla Pacheco, cuando decidieron presentar ante la CIDH, porque el Estado mexicano se negó a investigar la desaparición del ex alcalde de Atoyac.

Aunque aún no es preciso el número de casos que serán presentados ante la CIDH, consideró primordial tener el consentimiento y principalmente el compromiso de los familiares de dar seguimiento a sus asuntos, “porque nosotros sostenemos que si no hay familiar no hay caso, ya que la Afadem, aun como organización constituida y que busca la verdad en cuanto a los desaparecidos en México, no puede hacer por sí sola el trabajo”.

La activista añadió que para cerrar las actividades se presentó una función de cine, con una buena asistencia.

Ilegal que el gobernador use el préstamo para gasto corriente

Dejará una deuda de 13 mil 404 mdp: economista

Fuente: La Jornada de San Luis


Para el economista Fernando Almazán Maldonado, la deuda pública que deja Marcelo de los Santos Fraga es de 13 mil 404 millones de pesos; destacó que es ilegal la pretensión del mandatario de pagar deudas porque se lo prohíbe la Constitución Federal.

Al 31 de diciembre del año pasado la deuda era de 11 mil 904 millones y la suma del crédito de los mil 500 millones de pesos da ese resultado de 13 mil 404 millones de pesos.

Si bien de los mil 500 millones de pesos provenientes del crédito, se sabe que 120 millones de pesos van a ir a parar a los 58 municipios, lo que apenas y les tocaría escasamente unos cuatro millones de pesos a cada uno.

“Se sabe que el mandatario estatal va a pagar a proveedores y acreedores, pagaría impuestos por pagar y obra pendiente por ejecutar, es obra pública que se supone que debe y que ya se hizo pero la debe, como el Centro de Convenciones y otras obras de relumbrón, lo que aquí no se ha dicho es que el crédito no se autorizó para pagar deuda pública, ni es para pago de pasivos generados, ni crédito público y menos para gastos de operación o gasto corriente”.

“En junio del presente año se supone había 500 millones en caja, ¿porqué entonces solicitó crédito el gobernador?, esa es una de tantas cosas que nadie entiende”, concluyó.

Profepa: abren laguna Negra sin aval oficial; ONG acusa a constructoras

Homex, Geo y ARA buscan evitar inundaciones en sus viviendas

Fuente: La Jornada de Guerrero


CITLAL GILES SÁNCHEZ

El ex delegado de la Semarnat, Leonel Lozano Domínguez, y la organización Guerreros Verdes presentaron denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la apertura “ilegal e irresponsable” de la laguna Negra de Puerto Marqués y pidieron a las autoridades proceder con una demanda penal por delitos ambientales.

En respuesta, el delegado de la Profepa, Joel Tacuba García, aseguró que la apertura de la barra no fue autorizada por el Comité Estatal de Protección Civil, por lo que envió unos inspectores para constatar de los daños.

Este lunes los ambientalistas acudieron a la Profepa a entregar un oficio en el cual detallan que el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado, Sabás Arturo de la Rosa Camacho, les notificó sobre la apertura de la barra de esa laguna, y que según los lugareños quienes pudieron haberlo hecho fueron las desarrolladoras Homex, Geo y ARA para evitar que sus viviendas se inundaran ante la posibilidad de fuertes lluvias.

Lozano Domínguez argumentó que la apertura de la barra tiene que ser de manera natural, a menos de que haya una orden del Comité Estatal de Protección Civil por la alerta de una posible emergencia y en la que deben estar presentes el municipio, la Profepa, Semarnat y Propeg.

Explicó que el abrir de manera ilegal una barra causa grandes daños al cuerpo lagunar, ya que se reduce el cuerpo de agua, ocasionando que los humedales y manglares se sequen y mueran cientos de peces como pargos, robalos, chanos, jaibas, lisas, mojarras, bagres, camarón, entre muchas otras especies de valor comercial, trayendo también grandes pérdidas económicas.

De igual forma coincidió en que son las grandes empresas desarrolladoras quienes promueven la apertura de las barras para evitar que sus construcciones se inunden cuando es temporada de lluvias, “ya es tradicional que ante la amenaza de lluvias zonas habitacionales que fueron construidas sobre humedales o áreas de riesgo se inundan por la mala planeación de desarrollo urbano”.

En tanto, Tacuba García aseguró que desde temprano se envió a personal para hacer una inspección y si se confirma la apertura de manera manual, “obviamente habrá una acción o denuncia penal contra quienes hayan hecho esta apertura que a todas luces es irregular”.

Las sanciones, dijo, pueden ser administrativa, que es una multa de hasta 5 mil salarios mínimos, equivalente a 150 mil pesos o bien la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República que dependerá del grado de afectación ambiental que generó la apertura la barra.

Reiniciarán construcción de relleno en Huatusco, pese a oposición popular


Fuente: La Jornada de Veracruz

Huatusco, Ver.- Sin importar el conflicto estallado recientemente por la construcción del relleno sanitario en la comunidad de La Víbora, donde más de 500 habitantes de los municipios de Huatusco, Zentla y Comapa impidieron el progreso de la obra, la alcaldesa de Huatusco advirtió que la reiniciarán en los próximos días.

Zaira Ochoa indicó que en 15 días aproximadamente se retomarán las obras del relleno sanitario, detenidas tras una manifestación de vecinos que acusaron futura contaminación de los mantos freáticos y de los ríos donde ellos adquieren el vital líquido para su consumo.

La alcaldesa sentenció que continuará con dicho proyecto, y que para ello se continúa entablando dialogo entre la Sedesma y la constructora para acordar el cumplimiento con los estándares de cuidados ambientales establecidos y observados por la dependencia estatal.

La presidenta declaró que dicha obra realizada con los recursos de la bursatilización debe continuar hasta verla concluida, para ello, reiteró, se dialogará con los vecinos de las comunidades que se dicen afectado para explicarles el funcionamiento del relleno sanitario, además de darle respuesta a todas sus interrogantes sobre el tema para evitar las dudas y la confusión, agregó.

Aseguró que no se le perjudicará a nadie, aclaró que no se autorizarán obras de mala calidad que afecten a la población para evitar confrontaciones con los beneficiarios. El problema suscitado en el relleno sanitario, estimó, se debió a la desinformación surgida entre los propios vecinos, resultando en la manifestación que derivó con la suspensión temporal de la obra.

Es importante señalar que fue a raíz de la queja generalizada de los habitantes afectados que se logró descubrir una serie de anomalías en la edificación del relleno sanitario, como la utilización de un plástico y capas de unicel para sustituir la membrana especial que debe llevar una obra de esa magnitud.

Condena represión de la SSP el movimiento afín a AMLO

Exige la inmediata liberación de los detenidos

Fuente: La Jornada de Jalisco


MAURICIO FERRER

El Movimiento Ciudadano en Defensa del Petróleo, de la Economía Popular y de la Soberanía Nacional, condenó ayer la represión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública al grupo opositor al Macrobús el sábado pasado en la calzada Independencia.

“Es incalificable que servidores públicos bajo su mando, atacaron el día de ayer (sábado) con brutalidad a mujeres, niños y ancianos indefensos, que realizaban una manifestación pacífica y tranquila de protesta contra el Macrobús”, reza el documento que el movimiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la entidad, entregó el domingo a las 15:13 horas en Casa Jalisco, la residencia de todo gobernador jalisciense por seis años.

En el mismo documento se exige la liberación de los detenidos Saúl Cotero, Salvador Lugo, Gerardo Bañuelos y David Ramírez.

“C. Gobernador: es inadmisible que su gobierno en lugar de dar cauce a las manifestaciones pacíficas por sus gobernados por la vía del diálogo y del entendimiento esté optando por la violencia”, se lee en el texto.

Y el movimiento advierte: “Vamos a estar vigilantes y atentos a la liberación de nuestros compañeros y recurriremos a todos los medios en forma pacífica, pero enérgica hasta lograrlo”.

Enrique Ibarra Pedroza, diputado federal electo por el Partido del Trabajo (PT), lamentó también la “pasiva actitud” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ante el hecho.

“Yo escuché en la radio una postura muy tibia al presidente de la Comisión (Felipe de Jesús Álvarez Cibrián), dijo que iban a investigar, como si estuviera en un enjambre burocrático, cuando hubo hechos muy palpables, es inadmisible la actitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, señaló.

Ibarra Pedroza reiteró que no permitirían dos cosas: una, el hecho que el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, haya declarado que no se permitirían más las manifestaciones.

“Qué lamentable que el señor tenga espíritu hitleriano, fascista, pero no depende eso de él, sino de nosotros y vamos a seguir manifestándonos”, expresó.

La segunda cuestión que no permitirán, a decir de Ibarra, es que se criminalice a disidentes: “estas son conductas propias de la barbarie de la irracionalidad, con estas conductas actúa (González Márquez) más como governícola que como gobernador”.

Aprender a escuchar, pide sindicato de la UdeG a Emilio González Márquez

La oposición al Macrobús crece y no cederá, advierte

Fuente: La Jornada de Jalisco


MAURICIO FERRER

Se han ido alzando las voces que reprueban la represión por parte de la policía estatal a opositores del Macrobús el sábado pasado: el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) –que aglutina a unos 14 mil docentes universitarios aproximadamente–, rechazó ayer la fuerza bruta de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el fin de semana contra el grupo conformado por hombres, mujeres, niños y ancianos.

“Expresamos nuestro rechazo absoluto hacia la represión del gobierno a las manifestaciones libres de los ciudadanos”, dijo en rueda de prensa Lourdes Estrada, secretaria de prestaciones del STAUdeG, en representación de Patricia Retamoza, secretaria general de dicho sindicato.

Y advirtió que la Coordinadora Ciudadana Opositora al Macrobús, principal organismo ciudadano que cuestiona la apuesta en movilidad urbana del gobierno panista de Emilio González Márquez para la Zona Metropolitana de Guadalajara, “no va a ceder… ¡ni un paso atrás!”.

Al momento que Estrada dijo esa última frase, más de 50 académicos de la UdeG, reunidos en un salón de un hotel del centro de la ciudad, alzaron el puño y corearon la consigna por segundos: “¡ni un paso atrás! ¡ni un paso atrás!”.

“El gobierno debe abrir los canales de comunicación, sólo queremos que nos escuchen, que no es viable el proyecto”, expresó Estrada.

El sábado pasado, un contingente de unos 500 manifestantes en contra del Macrobús se topó con una muralla de unos 250 antimotines armados hasta los dientes sobre la calzada Independencia –donde transita el sistema de transporte mencionado-. Ahí, los uniformados sometieron a golpes a los manifestantes y el saldo, según la Secretaría de Seguridad Pública: seis civiles heridos detenidos y dos policías lesionados. El titular de Seguridad Pública en la entidad, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, aseguró que sus muchachos actuaron ante la agresión de niños, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres.

A casi 48 horas de la detención, la situación jurídica de Saúl Cotero Bernal –dirigente del movimiento–, Salvador Lugo, Gerardo Bañuelos, David Ramírez, Jorge Ramos y Rubén Contreras es aún indefinida, según Octavio Cotero Bernal, abogado de los mismos.

“No sabemos qué delitos les imputan, si tienen derecho a fianza, ni el número de averiguación previa, hay un hermetismo total y arbitrario por parte del gobierno del estado. La Procuraduría del Estado se ha vuelto una cárcel privada, esto es un secuestro”, dijo.

Añadió: “es una lástima que sir Winston Herbert Taylor o como se llame (en referencia al coordinador de Innovación del gobierno estatal, Herbert Taylor) y ese muchachito Diego Monraz (principal funcionario estatal promotor del Macrobús) tengan, empinados a sus pies, al procurador y al secretario de Seguridad”.

Rosa Velasco, secretaria de Relaciones del STAUdeG, cuestionó el hecho que, durante 45 días fueron tomadas las instalaciones del PAN estatal y el gobierno no actuó de la misma manera que el sábado pasado.

A la convocatoria del sindicato universitario, asistieron otros 30 organismos civiles, entre ellos, el Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, cuyos 368 miembros apoyarán a los afectados del “gobierno fascista”, según su presidente José Luis Guízar Abarca.