lunes, 14 de enero de 2013

En sigilo, crea el gobierno una CIA a la mexicana


Asesores estadunidenses en seguridad contratados por el equipo de Enrique Peña Nieto adelantan a Proceso que el mandatario trabaja para crear un Centro Nacional de Inteligencia con la finalidad de “mexicanizar” el combate al crimen organizado. El organismo será controlado por Gobernación, la supersecretaría a la que se acaba de dotar de un presupuesto superior a los 62 mil millones de pesos, con los que podrá hacer casi todo… como en el viejo régimen priista. El problema, dicen los especialistas, es que no hay personal suficientemente capacitado para esa tarea.

WASHINGTON.- En la dependencia federal que está siendo convertida en una supersecretaría –Gobernación–, dotada por consiguiente de un presupuesto descomunal, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende crear el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Su objetivo: recopilar la información que generen todas las instancias de seguridad y procuración de justicia de México, en el afán del mandatario priista de combatir con eficiencia al crimen organizado.

Funcionarios extranjeros que participan en el proyecto, ideado desde los tiempos de la campaña electoral del mexiquense, confían lo anterior a Proceso. Pero advierten: el problema es que no hay personal con los conocimientos necesarios para afrontar una tarea de esa magnitud, labor que varias agencias estadunidenses habían realizado con el aval del anterior gobierno federal.

Uno de los consultores estadunidenses contratados por el gobierno de Peña Nieto para la creación del CNI adelanta a Proceso: “Se trata de un plan innovador cuyo objetivo será la recolección de información de inteligencia entre todas las agencias de seguridad del Estado mexicano para realizar operativos más eficaces, menos vistosos y mejor coordinados contra el narcotráfico”.

Según el proyecto, el CNI estará bajo el mando directo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y tendrá como “operador inmediato” al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El propósito de Peña Nieto, dice el entrevistado, es emular las operaciones de inteligencia que realiza el gobierno de Estados Unidos con las tácticas y actividades de espionaje de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Peña Nieto y su equipo “quieren concentrar en una sola entidad, como se hace en los centros u oficinas de fusión que tenemos en Estados Unidos, toda la información de inteligencia que recopilan el Ejército, la Marina, el Cisen, la PGR y todas las demás dependencias federales y hasta estatales implicadas en la lucha contra el narcotráfico”, enfatiza el consultor, quien acepta hablar a condición de que se mantenga su anonimato.

Especialista en operaciones internacionales de inteligencia, el entrevistado comenta que con la creación del CNI Peña Nieto intenta cumplir con su promesa electoral de desmilitarizar de manera paulatina la lucha contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón.

“A nosotros nos parece una muy buena idea porque si se logra, antes de lanzar cualquier operativo contra cierto cártel, narcotraficante u objetivo del crimen organizado se estudiarán opciones, se plantearán escenarios y se definirán ataques conjuntos que –está comprobado– siempre dan mejores resultados que los enfrentamientos frontales”, apunta.

Continúa: “Cuando se lleve a cabo un operativo podrían participar juntos el Ejército, la Procuraduría General de la República, la Marina, la Gendarmería Nacional, policías estatales y municipales, pero siempre bajo las órdenes de un solo mando: la Secretaría de Gobernación”.

Las propuestas de campaña

Al asumir la Presidencia, Peña Nieto decidió prescindir de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, la dependencia favorita de Calderón, y adscribir a su personal a la Segob, lo que se concretó a principios de este mes. Convertida en una supersecretaría, Gobernación concentra a partir del jueves 3 todas las acciones de seguridad y prevención del delito que antes ejecutaba la SSP. Y lo más importante: Absorbió también los 41 mil 217 millones de pesos asignados a la extinta secretaría para este 2013. Con ello su presupuesto se elevó a 62 mil millones 258 mil pesos, por encima incluso del que maneja la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que es de 60 mil 812 millones.

Poco después de ser declarado presidente electo, Peña Nieto pidió a Miguel Ángel Osorio Chong, quien hoy está al frente de esa superdependencia, contratar a consultoras estadunidenses especializadas en seguridad e inteligencia con un propósito definido: Que participaran con los colaboradores del mexiquense en la elaboración y definición de la nueva estrategia de combate al narcotráfico y al crimen organizado.

De acuerdo con otro consultor entrevistado por el corresponsal, “se canalizaron varias propuestas y al final se contrató a expertos estadunidenses altamente calificados en este campo, quienes trabajan con los colaboradores de Peña Nieto desde el 1 de diciembre”.

Dice, a condición de que se omita su nombre, que él y sus compañeros han viajado en varias ocasiones a la Ciudad de México para “agilizar el plan del establecimiento del CNI”, pues Peña Nieto quiere echarlo a andar poco después del primer trimestre de este año. Según el entrevistado, Osorio Chong se coordina con su subalterno Eugenio Ímaz Gispert, director general del Cisen; él y los otros asesores estadunidenses trabajan a su vez con un grupo de funcionarios “jóvenes” de Gobernación.

Pero el consultor se alarma porque la mayoría de los funcionarios que trabajan en el proyecto del CNI –con edades que van de 28 a 35 años– “no tienen ni la menor idea” de lo que significan las labores de inteligencia y mucho menos de la elaboración y definición de operativos contra el crimen organizado o los narcotraficantes.

Otro consultor extranjero confía a Proceso: “Ese es el gran problema que tenemos. Esperamos que poco a poco Osorio Chong o el director del Cisen encuentren gente con más experiencia para la elaboración de un proyecto de gran envergadura como el que quieren desarrollar”.

Los expertos estadunidenses coinciden: La falta de gente con experiencia en la Secretaría de Gobernación y en el círculo cercano a Ímaz es el principal obstáculo para la creación del CNI.

Para ellos el único funcionario “con un poco de conocimiento” sobre los asuntos de inteligencia es Juan Carlos Foncerrada Berumen, economista que hasta hace unas semanas era delegado del Cisen en la embajada de México en Estados Unidos.

“Foncerrada Berumen sabe muy poco, pero de entre todos los funcionarios mexicanos que están involucrados en el proyecto hasta ahora, es el que sabe más”, comenta una de las fuentes.

El “pelotón de la muerte”, soldados con licencia para matar


Desde septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el caso del “pelotón de la muerte” de Ojinaga debe pasar al ámbito civil, pero no lo ha notificado y el proceso sigue en manos de la justicia militar. No es un caso más de abuso, sino la historia de asesinatos sistemáticos cometidos por un grupo de soldados y oficiales que actuaban como un grupo armado de la delincuencia organizada. Esta es parte de esa historia, reconstruida por Proceso con base en expedientes judiciales y testimonios de sus protagonistas.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La tarde del 22 de junio de 2008, a casi tres meses de haber iniciado el Operativo Conjunto Chihuahua ordenado por Felipe Calderón, un pelotón de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) en Ojinaga, bajo el mando del mayor Alejandro Rodas Cobón, salió a patrullar al área de Mulatos, un rancho al oriente de esa ciudad.

El oficial se subió a una camioneta Lobo de cabina y media que había sido asegurada a narcotraficantes y sobrepintada de verde militar con el número 8013148, como si fuera un vehículo oficial. El conductor era el sargento segundo hojalatero automotriz Andrés Becerra Vargas. El mayor Rodas Cobón portaba su arma de cargo, una pistola ametralladora MP-5, calibre 9 mm, y otra personal, calibre 40 mm, plateada con negro.

En una de las brechas hacia Mulatos, los militares vieron a un civil en una cuatrimoto. Vestía un amplio pantalón de mezclilla, playera blanca sin mangas y estaba rapado. El mayor mandó llamar a la patrulla urbana del Ejército para el municipio de Ojinaga, que comandaba el teniente de Infantería Gonzalo Arturo Huesca Isasi, quien iba en un vehículo Hummer al frente de un pelotón de fusileros.

De regreso a la CINE, en el camino de terracería entre Mulatos y Ojinaga, el grupo de militares se encontró de nuevo con Esaú Samaniego Rey, El Cholo o El Azteca. El mayor Rodas ordenó al sargento Becerra que detuviera la marcha. Le ordenó alumbrar al detenido con las luces de la camioneta.

“A este pendejo ya lo traigo en la lista”, le dijo Rodas Cobón a Becerra, en alusión a la base de datos sobre narcotraficantes que elaboraba como segundo comandante de la Tercera CINE, por lo que se le conocía también como Lince 1. El comandante de la compañía, José Julián Juárez Ramírez, Lince, estaba de vacaciones.

Rodas Cobón llamó a Verde (clave del teniente Huesca) y le ordenó levantar la playera al detenido, a quien le dieron la vuelta completa para que el mayor lo acabara de identificar. Lo ubicó como un “pinche azteca”, es decir, un integrante del grupo Los Aztecas, brazo armado del cártel de Juárez.

Rodas Cobón tomó su celular y llamó al cabo de Infantería Guillermo Arce García. “Espero que esté tu mujer contigo”, le dijo, y le ordenó al conductor que lo llevara al domicilio de ese elemento de tropa. Al llegar a la casa ubicada en calle 14 de la colonia Porfirio Ornelas, bajaron al detenido, que ya iba con los ojos vendados. La mujer del cabo lo identificó como quien había intentado secuestrar al hijo del matrimonio.

El mayor ordenó al teniente Huesca y a sus hombres que se llevaran al detenido a la CINE y lo “trabajara” para que dijera quién era su jefe, quién lo mandó a secuestrar al menor, quiénes iban con él y cuánto le iban a pagar. “De ser posible, mátalo”, le dijo el mayor al teniente, según el relato que hizo el sargento conductor a la justicia militar en la causa penal 1982/2009.

Huesca se llevó al detenido a una palapa que está detrás del comedor de esa instalación castrense. “Yo escuchaba los gritos del civil desde la camioneta, donde me quedé a dormir”, prosigue el sargento conductor. Cerca de las 4:00 de la mañana, el sargento Alberto Alvarado Vázquez lo despertó para transmitirle la orden del mayor Rodas de que abasteciera bien de combustible la camioneta y pusiera de reserva dos contenedores con 60 litros: uno de gasolina y otro de diesel.

“Yo pregunté que para qué el diesel, si la camioneta usa gasolina. El sargento me contestó ‘ya valió madres; se nos pasó la mano con el pinche azteca’”. Becerra asegura que Rodas Cobón le ordenó salir con el teniente Huesca a hacer un trabajo. Puso la camioneta a un lado de la palapa y subieron “un bulto encobijado”. El teniente Huesca y el sargento Alvarado se subieron a la cabina y, en la parte de atrás, los cabos de Infantería Carmen Omar Ramírez Jiménez y Rufino Pablo Cruz, así como los soldados Azael Santiago Luna y uno identificado como El Tacuarín o Pareja.

Según el conductor, Huesca le ordenó tomar la carretera hacia Camargo. Después de más de una hora de recorrido, antes de llegar a la minera La Perla, le dijo que se metiera a una brecha del rancho El Trece. Tomaron el camino del rancho Los Berrendos, lo cruzaron y como a media hora más de camino llegaron a unas galeras de madera y lámina. Huesca le ordenó al Tacuarín que se subiera a un cerro con un radiotransmisor para que avisara si alguien se acercaba.

El resto de los que iban en la caja de la camioneta tiraron una palapa para hacer leña. Levantaron una pila como de un metro de altura. El soldado de Infantería Santiago Luna fue al vehículo por el diesel, mientras los dos cabos bajaban el cuerpo. Luego rociaron el cadáver y la madera con el combustible. El cabo Carmen Omar Ramírez fue por pasto seco, lo prendió con un encendedor y lo aventó al montón.

Pasaron entre cinco y seis horas para que se consumieran hasta los huesos del cadáver. Subieron las cenizas de la fogata a la camioneta y las fueron dispersando por el camino con palas. Luego, con un manojo de hierbas, limpiaron la caja. El grupo regresó a la CINE entre las 16:00 y las 17:00 horas.

Veracruz: bloquean carretera familiares de hombres abatidos por militares


NOÉ ZAVALETA
14 DE ENERO DE 2013 · 2 COMENTARIOS
DESTACADO

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- Familiares y viudas de los cuatro habitantes de Ixhuatlán del Café abatidos por militares la noche del 28 de diciembre 2012, bloquearon diversos puntos carreteros en las entradas-salidas de los municipios de Huatusco, Coscomatepec e Ixhuatlán para exigir justicia y limpiar su nombre.

Con pancartas en mano y formando una barricada humana, los inconformes pidieron a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que indaguen el caso para limpiar el nombre de Jesús Juárez, José Raúl Fernández Ortiz, Luis Vargas Piña y Ángel Piña Teodoro.

Acusaron que la muerte de sus parientes fue un acto de negligencia de la Sedena que no debe quedar impune.

Los manifestantes exigieron justicia y bloquearon diversos accesos carreteros minutos antes de las 8:00 horas.

Hasta esta tarde el cerco continuaba sin que alguna autoridad del gobierno de Veracruz o de la Sedena acudiera a dialogar con los inconformes.

El caos vehicular se intensificó en esa región montañosa del centro del estado debido a que la protesta coincidió con otra realizada por habitantes de la congregación de Presidaria –adscrita a Ixhuatlán del Café– y de Potrerillo de Coscomatepec, quienes exigían la pavimentación del camino a dichas comunidades. El Ejército responsabilizó a Jesús Juárez, José Raúl Fernández Ortiz, Luis Vargas Piña y Ángel Piña Teodoro de intentar rescatar –el 28 de diciembre– el cadáver de Ángel Enrique Uscanga, El Pokemón, líder zeta en Veracruz abatido dos días antes, quien se encontraba resguardado en la funeraria Vélez bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

El pasado lunes 31 de diciembre, los presuntos sicarios fueron sepultados en el panteón municipal en medio de protestas.

En su edición de esta semana, Proceso (1889) da cuenta de cómo la indignación y el coraje se apoderó de los habitantes de Ixhuatlán del Café pues taxistas, mecánicos y empleados del ayuntamiento aseguran que ninguno de los cuatro presuntos zetas abatidos –y catalogados así por las fuerzas castrenses– andaban en “malos pasos”.

“Ni armas sabían usar, era gente de bien, que vivía al día y que siempre estuvieron rodeados de pobreza”, dijeron familiares y vecinos.

Crean más retenes civiles en Guerrero; exigen respuesta del gobernador


El líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero estima que en breve sean seis municipios los que desarrollen planes de autodefensa ciudadana ante el aumento de la inseguridad.



Ciudadanos armados y cubiertos del rostro realizan revisiones a automovilistas en comunidades de la Costa Chica de Guerrero. (Fotos: Bernardino Hernández/Cuartoscuro)

Comunidades guerrerenses se suman a las acciones de seguridad ciudadana que desarrollan en las poblaciones de Tecoanapa y Ayutla de los Libres, explicó el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, quien comentó que en Las Mesas, municipio de San Marcos, crearon el primer retén de civiles armados.

“Podríamos hablar que en las próximas horas ya serían seis municipios los que tendrían su propios grupos de seguridad” aseguró al diario Reforma.

El líder local explicó que sostendrán una asamblea regional en breve, en la que esperan la participación de representantes de los municipios de Florencio Villarreal, San Marcos, Cuautepec y Juan R. Escudero.

Los ciudadanos que participan en los programas de autodefensa armada mantienen la vigilancia en la Costa Chica, a pesar de los rondines y recorridos terrestres y aéreos implementados por la Policía Federal, la Marina y la Policía Estatal.

Durante el fin de semana aumentó a 40 la cantidad de asegurados por su presunta relación con el crimen organizado, la sentencia que les corresponde la dictará la asamblea popular.

El viernes anterior el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, indicó que fortalecería y extendería los operativos de seguridad estatal.

“Hay versiones de que algunos delincuentes detenidos por las fuerzas federales fueron liberados después y seguían operando con sus acciones ilícitas”, afirmó Plácido Valerio respecto al aumento de la inseguridad luego de la salida de uniformados que enviaron momentáneamente las autoridades locales.

(Con información de Reforma)

Entregan cartas contra estancia de FCH en Harvard y tráfico de armas


Javier Sicilia y Sergio Aguayo dejaron en la Embajada de Estados Unidos dos misivas para cuestionar la incorporación del ex presidente Calderón a la universidad y para detener el contrabando de armamento a México.



El escritor Javier Sicilia y el académico Sergio Aguayo enviaron dos cartas a los Estados Unidos en las que cuestionan la incorporación del ex presidente Felipe Calderón a la plantilla de la Universidad de Harvard, y realizaron críticas por el tráfico y el control de armas del país vecino del norte.

Sobre Calderón y Harvard

Tanto Sicilia como Aguayo cuestionaron al profesor David T. Ellwood: ¿qué tanto el ex mandatario mexicano cumple con los criterios de la Declaración de Derechos y Responsabilidades de la Universidad de Harvard, la cual establece que quienes forman parte de dicha comunidad se distinguen por respetar la dignidad de otros?

“Profesor Ellwood, usted calificó al ‘presidente Calderón de ejemplo vivo de un servidor público dinámico y comprometido’. ¿Cómo puede usted sustentar dicha afirmación, cuando haya tanta evidencia en contra? Felipe Calderón fue un presidente insensible: su gobierno no investigó lo sucedido con los desaparecidos y ocultó de manera deliberada información importantísima para las familias”, apuntaron los mexicanos en la misiva.

De acuerdo con información de Proceso, en la carta agregaron que la incorporación de Felipe Calderón como investigador de la Universidad de Harvard constituye un insulto a las víctimas de la violencia en México.

Silicia y Aguayo solicitaron al decano Ellwood un informe en el que se explique las razones para integrar al ex mandatario mexicano a dicha comunidad universitaria.

“Le solicitamos respetuosamente y formalmente que nos informe por escrito las razones que llevaron a la Kennedy School a incorporar a Felipe Calderón como integrante del Programa Global Angelopoulos de Líderes Públicos del John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Con base en la información aquí presentada no cumple con los criterios éticos de esta institución”, indicaron el escritor y el académico.

CNTE entrega amparos contra reforma laboral



Integrantes de la CNTE y del Stunam llegaron al Palacio de Justicia Federal para entregar miles de amparos en contra de la reforma laboral (Fotos: informador.com.mx/reforma.com)

Alrededor de 1 mil 500 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arribaron al Palacio de Justicia Federal para entregar los amparos en contra de la reforma laboral.

Empleados del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (Stunam) realizaron un mitin para sumarse al rechazo a los cambios en la ley laboral, por considerar que viola los derechos de los trabajadores, informa el diario El Universal. En conjunto, suman más de 2 mil trabajadores apostados a la entrada del Palacio de Justicia.

El secretario general del Stunam, Agustín Rodríguez Fuentes, confirmó la entrega del amparo para 25 mil 817 trabajadores universitarios, así como una copia certificada del padrón sindical. Las agrupaciones sindicales pretenden tramitar la suspensión provisional de la ley para sus agremiados.

Previo a la movilización, la CNTE dijo en una conferencia de prensa que llegarían hasta las últimas consecuencias jurídicas para defenderse de la reforma laboral y educativa, pues representan “una amenaza de despido para los trabajadores”, de acuerdo con el periódico La Jornada. Estaba previsto que la Coordinadora presemtara 150 mil amparos.

Sin aparecer lista de desaparecidos: Sergio Aguayo


Durante la Mesa Política de Noticias MVS primera emisión, el analista político, Sergio Aguayo, señaló que, de acuerdo a versiones de funcionarios, la lista que habría realizado la PGR para contabilizar a las personas desaparecidas en México, está perdida.


Integrantes del Movimiento por la paz con Justicia se manifiestan en la Estela de Luz por los desaparecidos en México (Foto: Cuartoscuro)

El analista Sergio Aguayo aseguró que la PGR sí elaboró una lista para contabilizar a los desaparecidos en México, como lo ventiló en Noticias MVS primera emisión, el pasado 12 de diciembre, José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Right Watch, citando a un reporte de The Washington Post .

Pero señaló que, según le han comentado funcionarios, la lista está desaparecida. “Hasta donde sé, funcionarios me han comentado que no encuentran la famosa lista”, confirmó.

Lo anterior, al aclarar que la carta que envió junto con el activista, Javier Sicilia, a David T. Ellwood, decano de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard, es una misiva respetuosa en la que cuestionan la presencia del ex presidente Felipe Calderón en esa institución.

Solicitó a los críticos de su petición, leer la carta y argumentó que “a la luz de los desaparecidos”, Felipe Calderón no está a la altura para formar parte de la universidad estadunidense, porque no tiene calidad ética, porque “su capacidad intelectual no la cuestionamos”.

Sobre el tema, la politóloga Denise Dresser consideró que Calderón tendrá una presencia de bajo perfil en Harvard. Y recordó que a diferencia de Ernesto Zedillo, el ex presidente panista no puede aspirar a una plaza académica. “No podrá ser profesor porque no cuenta con los estudios necesarios”.

Por su parte, el historiador Lorenzo Meyer, expresó que no le extraña que Felipe Calderón quiera ir a Harvard, pero “sí me extraña que Harvard quiera allá a Calderón”.

Esconde Pacto por México "proyecto privatizador": Moctezuma Barragán


El secretario de estudios y proyecto de Nación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Pablo Moctezuma Barragán, aseguró que el Pacto por México “esconde un proyecto de privatización y privilegios para las grandes corporaciones extranjeras y nacionales y omite la defensa de obreros, campesinos, de indígenas, empresarios medianos y pequeños”.

Al dictar una conferencia frente al Hemiciclo a Juárez, señaló que el Pacto “oculta más de lo que dicen, pero lo firman para legitimar a (Enrique) Peña Nieto luego de que tanto el PAN como el PRD lo habían exhibido por su compra de votos en una elección (presidencial) que no fue ni libre ni auténtica como lo marca la constitución”.

Dijo que el mensaje de Pacto “es de la unidad de los neoliberales en torno al nuevo gobierno del PRIAN que encabeza peña Nieto”.

Moctezuma Barragán afirmó que Morena no permitirá la privatización del sector energético y poner IVA a medicinas y alimentos.

Inician siembra de transgénicos en Veracruz, acusa investigador


JAIR GARCÍA / DOMINGO, ENERO 13, 2013

En Veracruz ya hay soya y maíz transgénicos, pues en el primer cultivo ya se cuenta con la autorización federal y estatal, mientras que en el segundo, simplemente existe un “mutis” y ojos cerrado por parte de las autoridades, mencionó el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en derecho indígena, Francisco López Bárcenas.

Advirtió que empresas como Monsanto y los propios gobiernos federal y estatales promocionan el uso de transgénicos como una medida para salir de la pobreza y acabar el problema de la crisis alimentaria. “El problema en México de la crisis alimentaria, no es la falta de alimentos, sino el acaparamiento por parte de unas empresas, así como el estricto control sobre las semillas, todo orientado para que comiencen a utilizar los transgénicos que producen empresas como Monsanto, Syngenta Agro, PHI y Dow Agrosciense”, añadió.

Señaló que de acuerdo con documentos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), existen permisos para la siembra de soya transgénica en entidades como Yucatán, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y de México. En el caso de Veracruz, son los municipios como Papantla, Pánuco, Ozuluama, El Higo, Tempoal, Pueblo Viejo y Tampico Alto donde se cuenta permiso para el uso de la soya transgénica.

Lamentó que a los productores se les hace creer que el uso de transgénicos es la solución a sus problemas económicos, pues les garantizan grandes cosechas, siempre y cuando compren todo el kit que ofrecen las empresas que los elaboran. Dijo que desde 2009 hay peticiones de empresas como Monsanto para plantar maíz transgénico en Veracruz y aunque oficialmente no hay una aprobación, aseguró que ya hay registros en varios puntos.

“La siembra de transgénicos la han vendido como métodos para superar la pobreza y que haya alimentos. No tenemos una crisis de escasez de alimentos y ése no es el problema, sino quién los controla”, expresó. López Barcenas aseguró que México tiene semillas para producir los alimentos que se requieren, pero el gobierno federal y los estatales ceden a la presión e intereses económicos de las compañías de transgénicos.

Continúa conflicto en Olintla por la construcción de una hidroeléctrica


ARTURO ALFARO GALÁN - 2013-01-14 11:37:00

El Consejo Tiyat Tlali, emanado para pugnar por el respeto a los derechos indígenas en la entidad, denunció públicamente que las autoridades del municipio de Olintla continúan favoreciendo la construcción de una hidroeléctrica en la zona, propiedad del Grupo México, con la intención de abastecer de energía a los proyectos mineros al norte del país. Esta situación, que lleva más de un mes con conflictos internos en la comunidad, se recrudeció este fin de semana, cuando las autoridades se presentaron ante los indígenas de Olintla acompañados de policías estatales para intentar convencer a los pobladores de las "bondades" de la hidroeléctrica, lo cual generó crispación en la comunidad.

Perredistas, 40% de los afiliados al Morena



 ARTURO DE DIOS PALMA ( )

Chilapa, 13 de enero. Casi 40 por ciento de las personas que se afiliaron al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Chilapa son perredistas, informó el coordinador en el distrito federal 06 del movimiento, Jorge Rendón Castro.

Desde las 10 de mañana hasta las 3:30 de la tarde estuvo la mesa de afiliación de Morena en el municipio. Según el coordinador de Morena y regidor se registraron 107 ciudadanos y 12 jóvenes menores de 18 años, es decir, en el primer día, hubo 117 afiliados.

Rendón Castro, quien llegó al actual ayuntamiento a través de la coalición que encabezó el PRD en el pasado proceso electoral, explicó que la meta para el municipio en este 2013 es lograr la afilicación de mil 200 personas.

En este primer día la mesa de afiliación contó con 500 formatos de registro, del cual sólo se utilizó un poco más de 20 por ciento.

En ese sentido, el coordinador de Morena en distrito federal 06, justificó el resultado al señalar que días previo no hubo ninguna actividad para promover la afiliciación. Sin embargo aseguró que a partir de mañana (lunes) comenzará los trabajos de promoción pra que el próximo fin de semana se logren afiliar 300 ciudadanos a Morena.

Señaló que las mesa de afilicación se instalarán en el municipio sólo los fines de semana en zócalo de la ciudad.

Sin una orden, policías federales sacan de su casa al periodista Nelson Matus


El reportero de Ágora Guerrero fue retenido por los agentes; horas después fue liberado

FRANCISCA MEZA CARRANZA

Policías federales sacaron de su domicilio, sin presentar alguna orden, al reportero Nelson Matus, a quien mantuvieron incomunicado en el hotel donde se hospedan en la llamada Costera Vieja; horas después fue liberado porque no se acreditó el presunto robo de vehículo, delito que se le imputaba.

El hecho se dio a conocer mediante la página de Internet de noticias Ágora Guerrero, donde el reportero labora. Se informó que fue en los primeros minutos de ayer, como a las 00:30 horas cuando las camionetas 13926 y 13752 llegaron a su casa ubicada en la colonia Emiliano Zapata y revisaron su vehículo, estacionado afuera del inmueble.

El argumento de los policías federales fue que el coche tenía reporte de robo y por ello lo sacaron de su vivienda y se lo llevaron, a pesar de no contar con una orden.

Como a la 1:20 de la madrugada se emitió la alerta por las redes sociales ya que personas cercanas no podían comunicarse con él.

De acuerdo con lo informado por el director de Ágora Guerrero, Emilio Lugo, los policías se llevaron al reportero al hotel donde se hospedan en el fraccionamiento Condesa. Ahí lo retuvieron aislado, posteriormente fue trasladado y presentado en la agencia central de recuperación de vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde permaneció hasta las 8 de la mañana.

“Los policías responsables de este acto de intimidación fueron identificados como Moisés Gil Rivera y Alejandro Madrigal Sendejas. Después de ocho horas y de presentar su declaración Nelson Matus fue puesto en libertad, pero sus teléfonos, cartera, identificaciones y tarjetas quedaron bajo resguardo en la PGJE, privándolo con esta acción de sus principales herramientas para desarrollar su trabajo”, expresó.

Más tarde, como a las 11 horas, Nelson Matus en su cuenta de Facebook cuestionó el actuar de los agentes federales y también agradeció a “unos comandantes de la PF” que se movilizaron para buscarlo; también agradeció al agente del ministerio público Juan Carlos, “que se comportó a la altura y no quiso aceptar el abuso de autoridad efectuado en mi contra”.

Expresó: “Ahora entiendo los abusos de la Policía Federal, según un mal entendido pero no tenían que llevarme ni mucho menos incomunicarme, me quitaron mis aparatos de comunicación y mi cartera”.

Más tarde, informó que el acto no quedará impune e interpondrá su denuncia ante el ministerio público federal y en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero (Coddehum). “Procederé para que se les haga una tarjeta informativa y sean llamados a cuenta, no debieron llevarme y ni mucho menos incomunicarme, mañana lo primero que haré es ir por mis cosas y mi cartera que ojalá y esté completa con mis 5 mil 200 pesos”, dijo.

En Ágora Guerrero relacionaron los hechos con una nota publicada en la cual se informó que dos ancianos que estaban armados en autodefensa por las extorsiones, fueron desarmados por los agentes federales y posteriormente fueron atacados, donde uno de ellos murió.

Amenazan a pobladores con robar a las mujeres de un pueblo de Ometepec


Habitantes se arman con machetes y pistolas para defenderse

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 13 de enero. Habitantes de la comunidad Tierra Blanca, en el municipio de Ometepec, viven momentos de angustia y zozobra ante las constantes llamadas telefónicas para amenazar con robarse a las mujeres si no eran entregadas por las buenas. Ante esta situación, los pobladores se armaron para defender a sus mujeres.

Hace unos 15 días, grupos delictivos causaron pánico entre los habitantes de Tierra Blanca, a quienes realizaron varias llamadas para obligarlos a entregar a las mujeres “por las buenas y si nos negábamos nos amenazaron que iban a entrar por la fuerza y se las iban a llevar”, relató una mujer quien dijo llamarse Norma.

En Tierra Blanca habitan poco más de 2 mil habitantes y sólo 55 familias tienen el servicio de teléfono en sus domicilios, todos fueron amenazados de la misma forma.

La señora Norma detalló que cerca de las 9 de la noche sonó el teléfono de su casa y una voz masculina con palabras altisonantes la amenazó “me dijo que le entregara a mis hijas por las buenas o de lo contrario entrarían a la fuerza para llevárselas”.

La señora Norma tiene cuatro hijos, todos menores de 20 años, y sin la presencia de un hombre quien pueda defenderlas, por lo que sintió mucho temor, pues le advirtieron que era vigilada y que su casa estaba rodeada.

“Me pidió que desnudara a mis hijas para que se las entregara; me dijeron que estaban frente a mi casa y que entregara a mis hijas de 8 y 15 años o de lo contario me matarían, también me pidieron que entregara a mis dos hijos de 4 y 5 años de edad, porque mi casa estaba siendo vigilada y que de nada serviría el apoyo de los pobladores porque también el pueblo de Tierra Blanca estaba rodeado”, dijo.

Agregó que no hizo caso de las amenazas y colgó el teléfono, posteriormente se comunicó con otros vecinos quienes también dijeron haber recibido ese tipo de llamadas telefónicas.

Ante el pánico –agregó– los pobladores se armaron para evitar que se llevaran a las mujeres, “eran como 30 los hombres que tomaron sus armas, unos llevaban machetes, otros escopetas y unos llevaron piedras y palos”, dijo.

Por el momento, informó la señora, los habitantes de Tierra Blanca siguen con el temor de que suene el teléfono, pues aunque están desprotegidos, no han querido dar parte a las autoridades por miedo a que suceda algo peor.

Oficio de Papel


Los vicios del sindicalismo corporativo
Gordillo, Deschamps, Flores y Pedraza
Acusan de corrupción al líder de la SRE

El sindicalismo corporativo con todos sus vicios ha alcanzado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en donde Eduardo Pedraza Hernández, líder de los trabajadores incorporados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) que preside el senador priista Joel Ayala Almeida, ha decidido continuar tres años más al frente del sindicato de la SRE mediante el fraude, el chantaje, la amenaza y el uso de documentos apócrifos, para lo cual simuló asambleas con firmas falsificadas de los delegados sindicales y coercionó a varios trabajadores.

El abuso de este líder corrupto que aprovechó el cambio de gobierno para reelegirse por tres años más y seguir abusando de las cuotas sindicales y de las muchas prebendas que le otorga el gobierno federal, ya ocasionó reacciones entre los trabajadores que exigen justicia y reclaman transparencia en el proceso de selección de sus líderes sindicales. Un grupo de delegados presentaron una denuncia penal en contra de Pedraza Hernández y varios miembros de su comité ejecutivo, por los delitos de fraude, falsificación, uso indebido de documentos y falsedad en declaraciones.

La acusación penal la presentaron el último día de noviembre ante la Fiscalía Desconcentrada de Coyoacán, en el Distrito Federal, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en donde se inició la averiguación previa FCY/COY-3/T1/02099/12-11. Allí, los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SRE denuncian las prácticas fraudulentas de Pedraza Hernández para obtener la toma de nota, las cual obtuvo como secretario general el 29 de septiembre.

Sin duda que estos vicios y corruptelas han sido una práctica común en el sindicalismo mexicano, fomentado por gobiernos priistas y aprovechado en los dos últimos sexenios por las administraciones panistas, al grado de que fue la lidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, la que garantizó a Felipe Calderón Hinojosa apoderarse de la Presidencia de la República en el sexenio pasado mediante irregularidades, lo que le hizo pagar durante seis años a Calderón con cargos públicos para los cómplices de la abusiva “maestra” Gordillo.

El nuevo gobierno priista de Enrique Peña Nieto rompió desde su campaña política con el grupo de Elba Esther y el nombramiento del mexiquense Emilio Chuayffet confirma que este no será el sexenio de la abusiva “maestra”; sin embargo, hay muchos más sindicatos con prácticas similares de corrupción, complicidad, fraudes y chantajes, como es el sindicato petrolero que dirige Carlos Romero Deschamps, quien se ha reelegido por seis años más al frente del gremio petrolero, y a quienes Peña Nieto debería de investigar y llevarlos ante la justicia.

Otro caso de corrupción sindical corporativa es el del líder ferrocarrilero Víctor Flores Morales, quien se mantiene al frente de ese sindicato desde hace 18 años y apenas en 2012 se reeligió por seis años más. Este líder sindical priista tiene un negro historial de abusos, golpes, amenazas, chantajes y fraudes. Una de las últimas acusaciones fue aquella en donde los ferrocarrileros lo acusaron en la Procuraduria General de la República de un desfalco por 25 millones de pesos de las pensiones. A pesar de esto siempre ha gozado de la protección del gobierno federal.

Estos líderes sindicales corruptos son ejemplos concretos de que el nuevo gobierno federal no considera en sus prioridades transparentar y mucho menos impedir que los trabajadores al servicio del Estado dejen de ser estafados por sus líderes sindicales bajo el argumento de la autonomía sindical, mientras que las autoridades federales permiten el abuso y los fraudes en perjuicio de los trabajadores.

Sin rastro de las cuotas sindicales

A finales del sexenio pasado, un lunes 1 de octubre, un grupo de trabajadores hicieron un mitin a las puertas de la Secretaría de Relaciones Exteriores para quejarse por la imposición de su dirigente Eduardo Pedraza Hernández, lo que obligó a funcionarios de esa dependencia a reunirse con una comisión para que liberaran el acceso y cesaran de su protesta.

Los sindicalistas fueron recibidos por el embajador Héctor Antonio Romero Barraza, director general del Servicio Exterior y Recursos Humanos; Sandra Elisa Hernández Ortiz, directora general de Asuntos Jurídicos; Héctor González Garfias, director general adjunto de Recursos Humanos, y tres funcionarios más de menor rango. Para que levantaran su protesta, los funcionarios de la SRE se comprometieron con la comisión a investigar el caso, al cierre de las oficinas sindicales hasta regularizar la situación y al congelamiento del pago por descuento de cuotas sindicales, entre otros puntos. Sin embargo, ningún acuerdo fue cumplido por los funcionarios de Relaciones Exteriores.

Días después, los trabajadores de la SRE recibieron la información de que la Secretaría de Hacienda había liberado los recursos para el incremento de las prestaciones. El pago se dio hasta noviembre, pero se hizo de manera retroactiva al mes de mayo y el monto recibido por cada trabajador ascendió a unos 2 mil 300 pesos.

Actualmente esa secretaría tiene en su nómina a unos mil 240 trabajadores sindicalizados, quienes por supuesto reciben los salarios más bajos del total de los empleados. A cada trabajador se le quita de su salario mensual 126 pesos como concepto de “cuota sindical”, que multiplicado por el total de trabajadores de base la cifra asciende a 156 mil 240 pesos.

Otra de las quejas de los trabajadores defraudados es que se investigue qué hace con las cuotas su líder sindical Pedraza Hernández, porque durante los tres años que ha estado al frente del sindicato nunca ha rendido cuentas y mucho menos ha entregado algún reporte de los recursos sindicales acumulados en tres años, que ascienden a 5.6 millones de pesos. A esto hay que sumar los beneficios y subsidios que por instrucciones del titular de la SRE se entrega al comité ejecutivo del sindicato para mantener contentos a sus dirigentes.

Además, de acuerdo con la denuncia de los trabajadores, Pedraza vende las plazas, condiciona los préstamos a sindicalizados y negocia con las prestaciones laborales.

Hasta ahora el nuevo titular de la SRE, José Antonio Meade, se ha mantenido al margen de las corruptelas del líder sindical, pero los abusos contra los trabajadores de base han provocado un pésimo ambiente laboral y sin duda creará problemas mayores en los próximos meses si las autoridades siguen omisas.

Proceso de elección de líderes sindicales

En el expediente penal contra Pedraza Hernández se explica que nunca realizó la convocatoria para fijar las bases del proceso para elegir nuevo comité ejecutivo, a pesar de que los estatutos sindicales así lo exigen. Esta irregularidad fue denunciada en agosto pasado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) y ante la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, a pesar de lo cual las autoridades laborales del país no tuvieron empacho en otorgar impunemente la toma de nota al dirigente reelegido.

La componenda de los líderes charros se fraguó desde el 26 de junio pasado, cuando Pedraza Hernández entregó al TFCA una promoción para reformar los estatutos internos y ampliar su gestión por otro periodo de tres años. Además, entregó una acta de un supuesto congreso general extraordinario celebrado el 18 de junio. Como una prueba de ello, acompañó el acta con un listado de las firmas de asistencia de los trabajadores que presuntamente participaron y aprobaron los cambios estatutarios.

De acuerdo con los trabajadores y delegados inconformes, los documentos son apócrifos porque el congreso nunca se realizó y ellos no firmaron lista de asistencia alguna, pues 16 delegados y subdelegados se encontraban laborando el día que supuesta se llevó a cabo el congreso fuera del Distrito Federal. El 4 de septiembre, el dirigente Pedraza anunció a través de una circular que el TFCA había aprobado que su gestión al frente del sindicato se ampliara hasta septiembre de 2015. Esto generó malestar e inconformidad y ya se recaban pruebas con peritos en grafoscopía para determinar cuánta son las firmas falsificadas de delegados y subdelegados para echar atrás la toma de nota y poder nombrar a nuevos líderes sindicales.

Las cifras de pobreza extrema

Hace unos días la Secretaría de Desarrollo Social informó que el número de personas en pobreza extrema se incrementó en 10 por ciento entre 2010 y 2012, al pasar de 11.7 millones a 13 millones de mexicanos que no tienen que comer. Después de estar 12 años fuera de la Presidencia de la República, el nuevo gobierno priista aprovechó esa circunstancia para criticar las políticas públicas del gobierno de Felipe Calderón para disminuir la miseria en el país, por lo que anunció una mejor distribución del gasto social.

En un reportaje de Erika Ramírez en la revista Contralínea, se explica cómo el gobierno ha manipulado la distribución de recursos públicos de combate a la pobreza en México y asegura que son 28 millones y no 13 millones las personas sin acceso a la alimentación, la mayoría de ellas habitantes del sector rural y de origen indígena. Es decir, en la Sedesol vuelven a manipular las cifras como lo hicieran los panistas para presentar la imagen de un país menos grave de lo que es.

El trabajo periodístico en cuestión señala que el saldo del calderonismo suma 81 millones de personas que padecen por lo menos una carencia entre los principales factores de vida: alimentación, salud, educación, vivienda y seguridad social

Sin duda que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa dejó un saldo negativo en materia de combate a la pobreza: si se habla de atención a zonas prioritarias, los números llegan a más de 800 municipios.

Al margen de los discursos oficiales que hablaron de “vivir mejor”, mientras que los índices de desarrollo humano en 2007 indicaban que había 11 municipios en el país en condiciones de vida similares a los del África Subsahariana, a finales del mandato calderonista se reportaron 125 ayuntamientos en esa situación de vulnerabilidad.

La miseria en México se extendió y se profundizó: el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2012, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indica que son 51 millones 993 mil personas en situación de pobreza, 3 millones 155 más que al inicio del sexenio calderonista.

El incremento se ha registrado a pesar del gasto multimillonario que realizó la administración federal en la materia, lo que revela que el presupuesto de combate a la pobreza fue desviado de su destino original y debes ser investigados y procesados penalmente los funcionarios responsables. Tan sólo el Programa Oportunidades (principal política gubernamental en materia de combate a la pobreza) dispuso de 162 mil 893 millones 320 mil pesos en este sexenio.

Además de este presupuesto público, el gobierno de Calderón contrató deuda por 45 mil 486 millones con el Banco Mundial, bajo el concepto del impulso a proyectos de combate a la miseria.

Para el Coneval, “el nivel de acceso y la calidad de los programas de protección social es desigual: se le otorgan beneficios diferentes a personas similares”.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Grupo México miente públicamente a comunidad indígena Totonaca de Olintla

A los medios de comunicación
 A la opinión pública

 Comunicado de Prensa No. 2

13 de enero de 2013

Sobre la cuenca del río Ajajalpan, uno de los principales ríos de la sierra norte, se pretenden construir tres presas hidroeléctricas para generar energía por parte de las empresas Grupo México y Comexhidro, bajo el esquema de autoabastecimiento.

En esta cuenca existen además varias concesiones mineras. Lo que pone en grave riesgo la vida de cientos de comunidades y amenaza con destruir la biodiversidad.

El proyecto hidroeléctrico en Olintla que forma parte del Convenio Energía Limpia firmado entre el gobierno del estado de Puebla y Grupo México en abril del 2011, para autoabastecimiento de las minas de dicha empresa, continúa generando tensiones en el municipio.

A 45 días de iniciado el plantón en la comunidad totonaca de Ignacio Zaragoza para impedir el paso de la máquina que pretende abrir camino hacia el río, se incrementan las violaciones a derechos humanos contra la población indígena, tanto por parte de Grupo México como de las autoridades municipales.

Trabajadores de Grupo México siguen realizando tareas de medición y trazos de manera ilegal en terrenos de la comunidad de Ignacio Zaragoza ya que no cuentan con la autorización de sus dueños. Tampoco cuentan con ningún tipo de permiso de autoridades municipales, estatales ni federales.

El pasado 20 de diciembre el presidente municipal Héctor Arroyo Bonilla y David Díaz Vázquez, delegado de la secretaría de gobierno, se presentaron en el plantón tratando de convencer a la gente de que acepte el proyecto y diciendo que los llevarían a visitar una hidroeléctrica, actuando como si fueran empleados de la empresa en lugar de cumplir con sus obligaciones de servidores públicos que deben defender los derechos violentados de la población.

El 22 de diciembre representantes de la comunidad de Zaragoza y miembros del Consejo Tiyat Tlali acudimos a la presidencia a una reunión acordada con el presidente para dialogar y buscar solución al conflicto pero encontramos la presidencia cerrada. Consideramos esto un cierre al diálogo y una falta de respeto a la comunidad.

El 25 de diciembre Diego de Jesús Francisco Galindo, síndico municipal, estuvo repartiendo volantes en la comunidad de Zaragoza con la leyenda: “Estoy a favor de la hidroeléctrica”, actuando descaradamente a favor de los intereses de Grupo México.

Durante la primera semana de enero sucedieron los siguientes hechos:

Policías estatales llegaron al plantón diciendo que se instalarían permanentemente en una casa localizada frente al plantón en una clara acción de intimidación. José Armando Reyes, trabajador de dicha empresa, en repetidas ocasiones ha amenazado a las personas que están en el plantón que las máquinas pasarán de cualquier forma.

De igual manera, Alfonso Francisco, conocido como asesor del PAN en dicho municipio se presentó al plantón amenazando que las máquinas pasarán porque es un proyecto federal.

Habitantes de Ignacio Zaragoza escucharon dos balazos el jueves 10 de enero provenientes de la zona donde se encuentran trabajadores de la empresa.

El viernes 11 de enero, a petición de varios ciudadanos de Olintla, el Consejo Tiyat Tlali y un grupo de personas de la comunidad de Ignacio Zaragoza que se oponen al proyecto hidroeléctrico, acudimos a la reunión con el presidente municipal y representantes de Grupo México. Federico Schroeder mintió al decir que los responsables del proyecto no son una empresa minera y que no tienen otro proyecto hidroeléctrico además del de Olintla sobre el río Ajajalpan. Al ser cuestionado, reconoció que la información dada no era verdadera.
En el transcurso de la reunión el presidente municipal, el síndico y algunos regidores se mostraron agresivos contra los representantes de Ignacio Zaragoza y el Consejo Tiyat Tlali.

De nuevo favoreciendo a intereses privados por encima de su deber como servidores públicos de proteger los derechos de los ciudadanos a quienes representan.

El sábado 12 de enero el presidente municipal, el síndico y algunos habitantes de Olintla que también están favor de la empresa, se presentaron en Ignacio Zaragoza para promover el proyecto hidroeléctrico haciendo presión frente al plantón para que dejen pasar la máquina.

Durante esta reunión fue inquietante la presencia de policías municipales y policías estatales.

DENUNCIAMOS:

1- La indebida actuación de las autoridades municipales de Olintla a favor de la empresa Grupo México.

2- El hostigamiento por parte de autoridades municipales: presidente municipal, síndico, regidoras de educación y salud a la comunidad totonaca de Ignacio Zaragoza.

3- La presencia de policías municipales y estatales en la comunidad.

Por todo lo anterior exigimos al gobierno federal, al gobernador Rafael Moreno Valle y a las autoridades municipales:

1-Cumplir con su función de servidores públicos y no favorecer a intereses privados.

2-Garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de los pobladores totonacas de Ignacio Zaragoza que están ejerciendo su pleno derecho a defender su tierra que es su principal sustento.

3-Respetar y garantizar el derecho a la libre determinación de la comunidad Indígena totonaca de Ignacio Zaragoza.

Atentamente
Consejo Tiyat Tlali

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