• México ante la justicia francesa
• Genaro García Luna en la mira
• Sedena investiga adquisiciones
Francia se prepara para sentar al gobierno mexicano en el banquillo de los acusados. El presidente francés, Nicolás Sarkozy, prepara un duro golpe en contra de México y su dudosa aplicación de la justicia.
Hoy, como otras muchas veces, el Poder Judicial mexicano está en entredicho, sólo que esta vez no será un asunto interno de los mexicanos, en donde gobierno, policías, jueces y ministros se coluden y violan las leyes para atentar contra la libertad y la defensa de los derechos humanos.
Esta vez, las dudas sobre la honestidad, transparencia, ética y veracidad de la justicia mexicana es un asunto internacional, motivado y escandalizado por Francia ante la aplicación de la “justicia” en México en contra de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada en este país a 60 años de cárcel por el delito del secuestro.
Pero cómo negar la enorme corrupción del Poder Judicial mexicano, en donde jueces, magistrados y hasta los ministros de la Suprema Corte han dado muestra muchas veces de su debilidad ante el poder político y el poder del dinero. Quién puede dudar en México de la enorme corrupción de ese Poder Judicial, que va incluso más allá de la misma corrupción del Poder Ejecutivo, que en sí misma es grave, debido a que en sus sentencias juegan con la libertad y la vida de las personas.
Ese Poder Judicial que por mucho tiempo ha sido impune en México, hoy será juzgado por la opinión pública internacional que tiene en Francia a su fiscal de hierro. Estos jueces mexicanos hoy conocerán otra justicia distinta a la que están acostumbrados a practicar y en donde lo más probable es que salgan mal librados.
Se trata de jueces que se han vuelto intocables sin importar los fallos corrompidos que cometen, con el consecuente daño en contra de miles de personas inocentes. Son esos impartidores de “justicia” quienes se han convertido en una élite de “servidores públicos” que, desde la opulencia construida con dinero del erario y otro producto de extorsiones, chantajes y sobornos, acumulan sentencias en contra de los que menos tienen, los pobres y desprotegidos que no pueden defenderse ni pagar costosos despachos de abogados, y protegen a los que más tienen, a los hombres del dinero dispuestos a cometer delitos y corromper a quienes los juzgan.
Esto es la justicia mexicana y su Corte de jueces, magistrados y ministros, quienes no están dispuestos a perder canonjías económicas, sin importar que ello signifique vivir sumisos ante el poder político presidencial, el cual ve en el Poder Judicial un valioso aliado para también mantenerse impune y ejercer un autoritarismo a su antojo.
En México son frecuentes las constantes violaciones constitucionales a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa; al encarcelamiento injusto de indígenas, campesinos y luchadores sociales inocentes; a la protección judicial de empresarios defraudadores y lavadores de dinero; a la complicidad de burócratas corruptos. Por eso no será complicado para Francia sentar a la justicia mexicana y a todo el poder político en el banquillo de los acusados.
García Luna en la mira de Francia
Por instrucciones del presidente francés, la Procuraduría de ese país investiga operaciones financieras que habría realizado el secretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, en países de Europa.
En México también se abrió un expediente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contra de ese funcionario por supuestos movimientos financieros que hizo en al menos dos países europeos.
La investigación en contra del alto funcionario del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa habría iniciado luego de que esa Unidad, encargada de combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, encontrara diversas transferencias monetarias trianguladas a instituciones bancarias europeas. De éstas, la autoridad mexicana investiga si es lícito el origen del dinero.
La información –confirmada por diversas fuentes de inteligencia militar, inteligencia civil y de carácter diplomático–, indica que una segunda pesquisa la llevaría a cabo directamente el gobierno francés por instrucciones de su presidente Nicolas Sarkozy.
Las pesquisas son realizadas por la Procuraduría de aquel país (Ministère de la Justice et des Libertés) y por la Oficina contra los Circuitos Financieros Clandestinos (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins) del Ministère des Finances.
Durante tres meses he solicitado conocer la opinión del secretario de Seguridad Pública federal sobre las investigaciones en su contra, a través de su secretario particular adjunto, Marco Antonio Mecalco Raya, pero debido a la “complicada agenda” de su jefe ha sido imposible. Seguramente esperarán a que sea Francia quien dé a conocer la investigación en su contra.
Encono francés
En entrevista, Charlotte Cassez –madre de la ciudadana francesa Florence Cassez Crepin, condenada a 60 años de prisión y actualmente recluída en el centro de readaptación femenil Tepepan– confirma que el gobierno galo mantiene un encono político con autoridades mexicanas, particularmente con el secretario García Luna.
Asegura que el presidente Nicolas Sarkozy la ha recibido en seis ocasiones para tratar lo que consideran “un montaje” del secretario de Seguridad Pública mexicano contra su hija Florence Cassez.
“Sentimos que aquí hay un poder que nos está rebasando completamente. Hay algo a nivel de la corrupción en la que está involucrado el narcotráfico.
No sé si con el gobierno, pero sí con algunas personas relacionadas. García Luna es una persona realmente importante. En Francia, o fuera de México, oímos decir que es, incluso, más importante que Calderón”, comenta.
La madre de Cassez Crepin –presa por los delitos de delincuencia organizada y secuestro– asegura que las autoridades de Francia realizan diversas investigaciones para lograr la libertad o la extradición de la joven.
“El presidente francés es alguien muy convincente, determinado y siempre ha buscado todas las relaciones posibles”, agrega Charlotte Cassez.
Riqueza inexplicable
Las investigaciones en torno a las transferencias financieras de García Luna, llevadas a cabo por los gobiernos de México y de Francia, no son los únicos cuestionamientos respecto de la fortuna del secretario de Seguridad Pública.
El 24 de septiembre de 2010, legisladores de oposición demandaron a García Luna que transparente la fuente de financiamiento de sus propiedades, valuadas en un monto mayor al sueldo que percibe como servidor público.
De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia del gobierno federal, las percepciones brutas mensuales del titular de la SSP ascienden a 205 mil 122 pesos, integradas por su sueldo base de 32 mil 813 pesos y su compensación garantizada de 172 mil 308 pesos.
Mireille Roccatti Velázquez –investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, y especialista en el estudio del lavado de dinero– critica que al interior del gabinete presidencial falta transparencia, sobre todo en la situación patrimonial de los altos funcionarios.
Sedena investiga adquisiciones de helicópteros
Aunque la “guerra” inventada por Felipe Calderón en contra de los cárteles de la droga ha dejado de ser una “guerra” por designio de él mismo, es una realidad el incremento en los fondos públicos destinados para que las Fuerzas Armadas puedan adquirir mejor armamento y más aeronaves que les permitan hacerle frente al crimen organizado.
En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) apenas se están reponiendo del susto que les causó una investigación del Órgano Interno de Control -cuyo titular es un militar- sobre un contrato para dar mantenimiento a cinco helicópteros Mi-17, cuando esa misma dependencia, junto con la de Marina, solicitaron la autorización de la Secretaría de Hacienda para adquirir otras 17 aeronaves a un costo aproximado de 10 mil millones de pesos.
En el expediente, se explica que la Dirección General de Administración de esa Secretaría asignó de manera directa un contrato millonario a la empresa Volans, S.A. de C.V., cuyo director general es el ruso Yuriy Chumak, para el mantenimiento en Rusia de cinco helicópteros Mi-17; sin embargo, las aeronaves nunca se enviaron a ese país. Actualmente siguen volando en México.
Esto generó dudas e inquietud en algunos mandos castrenses, pues en los últimos años han ocurrido accidentes aéreos que han costado la vida de militares. Además, hay varios niveles de mantenimiento: en Rusia alcanzan un nivel V de reparación, mientras que el máximo en México es III.
En 2009, el OIC solicitó la información de ese contrato millonario a la Dirección General de Administración de la Sedena, pues el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, pidió conocer cómo se habían gastado esos recursos públicos. La Sedena se limitó a informar que se había hecho un convenio modificatorio para que Volans diera mantenimiento en México a los cinco helicópteros, por lo que ya no fueron trasladados a Rusia, lo que representó un ahorro importante en el gasto inicial presupuestado.
Según la Sedena, esta explicación bastó para que el OIC cerrara el expediente bajo supervisión de la Secretaría de la Función Pública. Del dinero ahorrado en el mantenimiento de las aeronaves, la Sedena explicó que se reintegró a la Tesorería de la Federación. ¿Por qué se pactó un primer contrato para darles mantenimiento en Rusia y, de pronto, deciden dejarlos en México y que sean los técnicos de Volans los que viajen aquí?
Más aeronaves y más gasto
La semana pasada, El Universal destacó en su primera plana una nota del reportero Noé Cruz, relativa a la compra de 17 aeronaves para las secretarías de la Defensa y de Marina, a un costo de 9 mil 888 millones de pesos.
Sobre esa información, la Sedena confirmó la petición hecha por ambas secretarías a Hacienda para que autorice el presupuesto correspondiente y puedan adquirir los aviones y helicópteros. Para la Sedena, estas nuevas aeronaves se suman a las más de 200 que ya tiene los militares y se utilizan para el traslado de personal en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Actualmente la Defensa cuenta con 206 mil efectivos.
En la información de El Universal, se explica que esa Secretaría solicitó la compra de cinco aviones Hércules versión H usados; mientras que la Secretaría de Marina pretende adquirir seis aviones versión transporte militar y carga y seis helicópteros para transporte de personal.
La nota agrega que la demanda de transporte de efectivos en la Marina aumentaría de 19 mil en 2009 hasta casi 51 mil en 2012, y la compra de las aeronaves permitiría hacerle frente.
El blog Todo por México, donde militares y civiles intercambian opiniones sobre las fuerzas armadas, explica que el Mi-17 es un helicóptero bimotor de transporte con capacidad de portar cohetes y misiles guiados antitanque. Desarrollado a partir del fuselaje de los Mi-8, especialmente para la guerra de Rusia en Afganistán y producido en las fabricas de Ulán-Udé y Kazán, el Mi-17 fue equipado con motores TV3-117MT más grandes, los rotores y la transmisión desarrollada para el Mi-14, junto con mejoras del fuselaje para cargas más pesadas.
La designación Mi-17 es para exportación; las fuerzas armadas rusas lo llaman Mi-8MT. El Mi-17 se puede reconocer porque tiene el rotor de cola en el lado izquierdo y guardapolvos en frente de las tomas del motor.
En México la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con 24 Mi-17, 19 en servicio y 5 retirados, matriculas 1701 a 1724. La Armada de México tiene 23 Mi-17, 21 en servicio y 2 retirados, con matrículas AMHT-200 a AMHT-222. La Policía Federal cuenta con 4 Mi-17, todos en servicio, con matrículas XC-PFD (PF-302, número de serie 312 M82), XC-PFE (PF-304, 95582), XC-PFF (95663) y XC-PFG (PF-305, 96077).
