sábado, 20 de abril de 2013

Propuesta del PRI y PAN contiene cambios sustanciales a las demandas de la Ceteg


CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 19 de abril. El dictamen de reforma a la Ley Estatal de Educación propuesto por el bloque plural legislativo por Guerrero, integrado por las fracciones PRI, PAN, Verde Ecologista y Panal, que durante la noche del jueves y madrugada del viernes fue discutido entre los diputados del PRD y Movimiento Ciudadano con la CETEG, sin que se llegara a acuerdos, echa abajo varias de las demandas que exige el movimientos magisterial.

De acuerdo con un documento elaborado por los diputados perredistas, en el que se hace un comparativo entre ambos bloques y del cual se tiene una copia, el bloque plural legislativo por Guerrero propone que los maestros sean evaluados desde la Federación y que el estado sólo sea coadyuvante; además cancela la creación de un instituto autónomo de evaluación y lo cambia por el Instituto de Profesionalización y Evaluación Educativa del estado; las plazas serán otorgadas por examen de oposición y el escalafón será en base al Sistema Nacional de Evaluación y ya no como lo solicitaban los maestros: a través de aptitudes, puntualidad, experiencia, antigüedad.

Los cambios sustanciales que fueron modificados por el bloque opositor fueron a los artículos 29, 17 y 22 así como el segundo transitorio. De acuerdo con el documento, en el artículo 29, que establece la creación del Instituto Autónomo de Evaluación Educativa, la propuesta del PRI, PAN, Verde y Panal es cambiar dicho instituto autónomo por el Instituto de Profesionalización y Evaluación Educativa del estado, que será coadyuvante con la federación, a quien le dejan la responsabilidad de evaluar a los maestros. Sin embargo deja el apartado que señala que dichas evaluaciones serán considerando la diversidad sociocultural, demográfica y socioeconómica de la entidad.

En lo referente a la permanencia de los docentes, el grupo plural omite la palabra “permanencia” y destaca con base a los resultados de las evaluaciones, las autoridades educativas tomarán “las medidas pertinentes” siempre y cuando se respeten los derechos constitucionales de los trabajadores.

En el artículo 17 referente a la entrega de las plazas, el bloque plural quita la frase “es responsabilidad del gobierno federal y estatal” otorgar las plazas a egresados normalistas, en cambio proponen que las plazas de nueva creación para el ingreso al servicio profesional docente serán entregadas de acuerdo con las “disponibilidades presupuestales”, y estarán sujetas a concursos de oposición; además de que el estado podrá proponer a la SEP “estándares complementarios” para el ingreso, tomando en cuenta las particularidades de la entidad, incluida la de los pueblos originarios.

En el artículo 22, que plantea las promociones a cargos de director y supervisor, el bloque plural pide que sea en base a los resultados del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y no como lo propone la CETEG quien pide sea a través del examen de conocimiento pero también por aptitudes, puntualidad, experiencia, antigüedad y demás méritos.

Defensor: no se pedirá indulto presidencial de Alberto Patishtán



El abogado Leonel Rivero Rodríguez insiste en que será liberado, ya que “hay muchísimas irregularidades en el proceso... lo que estamos ofreciendo son nuevos documentos que destruyen las pruebas que sirvieron como base para emitir la sentencia”.

Elio Henríquez, corresponsal
Publicado: 20/04/2013 11:06

Tuxtla Gutiérrez, Chis. El abogado defensor de Alberto Patishtán Gómez, Leonel Rivero Rodríguez, afirmó que la defensa no solicitará el indulto presidencial en caso de que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en esta capital, le negara la libertad.

“Existe la posibilidad del indulto porque de acuerdo con la Constitución el ejecutivo federal está facultado para otorgar ese beneficio pero es una decisión que finalmente recaerá en el propio ejecutivo federal”, dijo, al aclarar que en todo caso, primero se debe de esperar el fallo del Primer Tribunal.

Sin embargo, insistió en que “tenemos confianza en que será liberado por esta instancia porque tenemos la razón”, ya que “hay muchísimas irregularidades en el proceso, aunque éstas ya no pueden ser impugnadas dado que ya es cosa juzgada; lo que estamos ofreciendo son nuevos documentos que destruyen las pruebas que sirvieron como base para emitir la sentencia”.

Alberto Patishtán, preso en el pena de San Cristóbal, está acusado de los delitos de homicidio y lesiones calificados, daños en propiedad ajena y portación de armas de fuego prohibida, por su presunta participación en una emboscada ocurrida en 2000 en una carretera de El Bosque y Simojovel, en la que murieron seis policías estatales y uno municipal, por lo que fue sentenciado a 60 años de cárcel.

Entrevistado al finalizar la peregrinación que varios miles de católicos de la diócesis de San Cristóbal realizaron el viernes en esta ciudad, Rivero Rodríguez añadió que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le informaron hace dos días, que el expediente relativo al caso será enviado a esta capital dentro de dos semanas para su estudio y análisis.

“Lo que estamos pidiendo no es que los magistrados vean un expediente en abstracto, ya que Alberto Patishtán no son seis tomos de documentos sino que es un ser humano que durante 12 años ha pedido justicia”, añadió su abogado defensor.

Comentó que la peregrinación del viernes fue “una manifestación llena de simbolismo y espiritualidad, lo cual es un mensaje muy claro para los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en el sentido de que deben de analizar con debida cautela y minuciosidad el expediente”.

En su opinión, el del profesor originario del municipio de El Bosque, ubicado en el norte de Chiapas, “es el caso más emblemático de los últimos años en México, en el marco de la defensa de las libertades y del debido proceso”.

Rivero Rodríguez manifestó que “jurídicamente lo único que estamos esperando es que el Tribunal Colegiado resuelva el fondo del incidente planteado, que estudie nuestros argumentos y las pruebas que ofrecimos y emita su resolución; esta es la última etapa que jurídica que queda a nivel interno”.

Al preguntarle si además de lo jurídico el caso tiene tintes políticos, el abogado respondió: “No quisiera especular pero la gente de la Secretaría de Gobierno trató de disuadir para que no se realizara la manifestación la peregrinación, que es pacífica y no veo ningún tipo de problema en que el pueblo se exprese para solicitar que se haga justicia”.

Se deslindan de actos violentos alumnos que ocupan Rectoría



Los estudiantes de CCH señalaron que no se trata de una toma del inmueble, sino de un plantón dentro del campus universitario.

Arturo Jiménez
Publicado: 20/04/2013 13:13

México, DF. En un comunicado leído alrededor de las 12:45 horas, los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan que mantienen tomadas las instalaciones de Rectoría desde anoche se deslindaron de los actos violentos surgidos durante la manifestación de ayer, en la que marcharon desde el Parque Hundido hasta la sede de la UNAM y realizaron un mitin.

Dijeron que mantendrán tomadas las instalaciones hasta que haya respuesta de las autoridades a sus demandas de reinstalación de cinco estudiantes expulsados por los hechos violentos de febrero pasado, así como hasta que se cancelen los doce puntos de la reforma al plan de estudios de dichos colegios.

Los inconformes exigieron que no haya represalias por este movimiento y responsabilizaron al rector José Narro y a Laura Lucía Muñoz, directora general de los CCH, de cualquier medida en su contra.

También negaron que se haya dañado el mural de David Alfaro Siqueiros al momento de la toma del edificio anoche, como afirmó algún medio informativo, pues dijeron que sólo rompieron una ventana para poder entrar.

Aclararon que no se trata de una toma del edificio de rectoría, sino de un plantón dentro de las instalaciones, como lo tenían previsto.

Reiteraron que ellos, incluidos los cinco expulsados, sólo luchan por la educación pública y gratuita. Y recordaron que los hechos violentos de febrero pasado se desataron a partir del ingreso de la policía estatal mexiquense al CCH Naucalpan, con lo que se violó la autonomía universitaria.

La Mina Peña Colorada Devasta Territorio Nahua



Esperanza Salazar Zenil, coordinadora de Bios Iguana, AC / Rema Colima.

Publicado: 20/04/2013 12:32

Aprovechando el conflicto territorial entre Colima y Jalisco, el Consorcio italo-argentino-indio Benito Juárez Peña Colorada, SA de CV, perteneciente a la empresa Ternium-ISPAT y Mittal Steel, opera desde hace 44 años en total impunidad, causando severos daños ambientales, violando los derechos humanos de las comunidades indígenas nahuas y despojándolas de sus territorios, para explotar entre 250 y 300 millones de toneladas de hierro presentes en las entrañas de la Sierra de Manantlán, incluida la Reserva de la Biósfera.

La comunidad nahua de esta región –con altos índices de pobreza y marginación asociados a la explotación minera- ha sufrido históricamente un despojo paulatino. A decir del Consejo de Mayores de Ayotitlán, fue en 1920 cuando comenzó su desgracia. Ese año miembros de la familia Arias, de la cabecera municipal de El Mamey (ahora Minatitlán), Colima, asesinaron brutalmente a siete indígenas de Telcruz y Ayotitlán, Jalisco, en el Rancho Timbillos, y despojaron a sus familias de su tierra.

Para enero de 1963 el gobierno de Jalisco concedió a la comunidad nahua 55 mil 332 hectáreas. Ese mismo año, se publicó una resolución presidencial que cambió el régimen comunal por ejidal, dotándoles sólo de 50 mil 332 hectáreas. Fue apenas en 1977 cuando se ejecutó la resolución y por triquiñuelas de las autoridades de Jalisco y Colima sólo les fueron entregadas 34 mil 700 hectáreas.

Sin el consentimiento de las comunidades indígenas, el consorcio Peña Colorada fue creado en diciembre de 1967 como una paraestatal y en el gobierno de Carlos Salinas se privatizó. Oficialmente se encuentra registrada en el municipio de Minatitlán, Colima; sin embargo, con casi cinco mil hectáreas que abarca el enorme complejo -según el título de concesión 211011 renovado ante la Secretaría de Economía en 2000, con vigencia hasta el 14 de marzo de 2050- se ubica en el municipio de Cuautitlán, Jalisco.

Peña Colorada es una mina de tajo a cielo abierto que extrae 16 mil toneladas diarias de hierro, destruyendo cerros y contaminando miles de metros cúbicos de agua que utiliza para la transportación del material, a lo largo de 46 kilómetros de tubería que lo lleva al puerto de Manzanillo. Evita así el transporte terrestre y baja los costos de producción. Sin embargo, los costos ambientales y a la salud, se facturan a nombre de la comunidad indígena.

La minera ha incumplido los acuerdos de pago por arrendamiento, corrompiendo y controlando a autoridades municipales, estatales y federales. Ha provocado accidentes para desplazar a comunidades y así apropiarse de las tierras. Los indígenas sostienen que hay un cerco policiaco en los poblados de Las Pesadas y El Platanar para impedir su libre tránsito. Asimismo han denunciado el abandono del gobierno de Jalisco para brindar los mínimos servicios públicos, y cuando la comunidad hace cualquier trabajo para mejorar los servicios, la policía de Colima llega a detenerlos e intimidarlos.

En octubre del año pasado, indígenas de Cuautitlán y la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) denunciaron que esta empresa provocó un desastre ambiental y social, al romperse las cortinas contenedoras de los lodos y residuos tóxicos de la mina, los cuales inundaron casas, parcelas de cultivo y corrales de animales de nueve comunidades de Cuautitlán y Cihuatlán, desembocando en el Río Marabasco y contaminando la cuenca entera.

Los afectados declararon que sufrieron daños algunas viviendas de las comunidades de Los Potros y El Puertecito de las Parotas, además de que alrededor de 450 familias de poblados como El Mameyito, San Antonio, Changavilán, Las Maderas, Rancho Quemado y La Piedra resultaron afectadas en la infraestructura de caminos o la pérdida de sus manantiales de agua potable. La denuncia, interpuesta ante autoridades ambientales, del agua, judiciales y de derechos humanos, no ha tenido respuesta.

Lakshmi Mittal, uno de los principales accionistas de Peña Colorada, figura en la lista de los hombres más ricos del mundo; la comunidad indígena de la Sierra de Manantlán aumenta su pobreza, así como la lista de asesinados, desaparecidos y amenazados por defender su territorio.

La lista de asesinados suma 35: Odilón de Jesús, Félix González, Juan Velázquez, Margarito Flores, Guadalupe Elías, Adán y Andrés Ciprián, Crescencio Chávez, Cirilo Villa, Abel y José Roblada, Rubén Fermín, Refugio, Melesio, Bartolo, Lucio y Ramiro Fermín, Felipe y Cleto Hermenegildo, Santos Prudencio Villa, Cleofas Aldama, Apolinar Flores, Espiridión y Gabino Jacobo, Francisco Quiñones, Nazario Aldama Villa, Concepción Gabiño Quiñones, Mancilla Roblada (hermano de Gaudencio), Avelino Monroy Sandoval, Alejandro Monroy de Níz, Raúl Delgado Benavides, Aristeo Flores Rolón, Miguel Delgado, Francisco Javier Nogales Núñez, Alberto Herrera Casillas, entre otros que seguramente no tuvieron la suerte de aparecer en algún medio.

Además hay tres desaparecidos: Agustín Mancilla Partida, Víctor Hugo Saldaña (visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos) y Celedonio Monroy Prudencio. Este último desde el 23 de octubre del año pasado fue secuestrado por encapuchados en su domicilio, en Loma Colorada, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Celedonio es un indígena nahua que representa a su comunidad ante el Consejo de Mayores en Ayotitlán. Se ha destacado por defender su territorio de empresas madereras y talamontes clandestinos que operan armados. Asimismo ha denunciado en medios nacionales desde hace años las violaciones de que ha sido víctima su comunidad por empresas mineras, principalmente Peña Colorada. Desde el día del secuestro su esposa, Blanca Esthela González Larios, teme por su vida, ya que recibe constantes amenazas de que correrá la misma suerte que Celedonio.

El 12 de septiembre de 2008 el Tribunal Latinoamericano del Agua, que se llevó a cabo en Guatemala, emitió una resolución contra las autoridades mexicanas por la degradación del medio ambiente en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán. El gobierno mexicano ha hecho caso omiso hasta ahora.

El matrimonio homosexual avanza en el mundo; ya es legal en 13 países



Alcanza recién aval en Uruguay y Nueva Zelanda. Francia lo aprobará el próximo martes, mismo día en que Colombia iniciará su discusión.

Itsel Olivares
Publicado: 20/04/2013 12:40

México, DF. El matrimonio entre personas del mismo sexo se abre paso en diferentes puntos del mundo. Nueva Zelanda se convirtió esta semana en el país número 13 en legalizarlo, después de que Uruguay hiciera lo propio la semana pasada. Se espera que Francia lo apruebe el próximo martes, mismo día en que el Senado colombiano iniciará su discusión.

Al acercarse la fecha para el voto solemne en Francia del matrimonio homosexual, la tensión ha escalado. El miércoles se registraron enfrentamientos entre partidarios y opositores al proyecto muy cerca de la Asamblea Nacional y una agresión a un bar gay.

Dos diputados socialistas denunciaron haber recibido amenazas de muerte y de secuestro. El presidente François Hollande pidió que las "manifestaciones se desarrollen pacíficamente" y que "no se impida a los parlamentarios hacer su trabajo".

Pese a la fuerte oposición, la aprobación definitiva de la ley por la Asamblea Nacional (Cámara baja) es segura. No obstante, los opositores disponen todavía de una arma: un recurso ante el Consejo Constitucional. Varios diputados ya se preparan para interponer uno.

El matrimonio igualitario enfrenta en Colombia un ambiente político y social aún más desfavorable que en Francia con la oposición de la Iglesia católica, de gran influencia en el país.

La iniciativa fue aprobada en diciembre pasado por 10 votos contra cinco en la comisión primera del Senado. Fue el primero de cuatro debates que debe sortear en el Congreso. Su próximo paso en el pleno senatorial está lejos de ser tan promisorio.

"Para que pase el proyecto se necesita 51 votos por el sí, pero creo que habrá ausentismo" para eludir el debate, considera el promotor de la iniciativa, el senador oficialista Armando Benedetti.

Varios senadores han expresado públicamente su rechazo y al presidente de la Cámara alta, Roy Barreras, se le acusa de poner obstáculos en los debates por sus vínculos con la Iglesia.

"Estoy analizando con mis asesores si vale la pena seguir discutiendo el proyecto de ley del matrimonio para parejas del mismo sexo o si es mejor retirarlo. Es que es claro que, con Roy Barreras a la cabeza del Congreso, ni el proyecto ni yo tenemos garantías para que se discuta", dice Benedetti.

No obstante, el proyecto que legaliza el matrimonio homosexual responde a una sentencia de la Corte Constitucional, que en 2011 dio plazo al Congreso hasta junio de 2013 para reglamentar ese tipo de uniones.

El entonces presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, dijo que si el Congreso no legisla en la materia, "las parejas homosexuales pueden ir ante un notario y con la misma solemnidad del matrimonio heterosexual establecer un vínculo, con consecuencias similares al de una pareja heterosexual".

Uruguay y Nueva Zelanda dicen "sí" a las bodas gay

El matrimonio homosexual corrió mejor suerte en Nueva Zelanda con una votación esta semana en el Parlamento de 77-44. Se espera que la ley entre en vigor en cuatro meses.

Nueva Zelanda autorizaba ya las uniones civiles desde 2005. La nueva ley fue aprobada un poco más de un cuarto de siglo después de la despenalización de la homosexualidad en 1986.

"La ley (anterior) consideraba a los neozelandeses homosexuales como seres inferiores a los demás ciudadanos. Este texto permite asegurarse de que el Estado no discrimine a ninguna categoría de la población", dijo Louisa Wall, diputada homosexual del Partido Laborista, promotora de la iniciativa.

Una semana antes, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el matrimonio igualitario con el apoyo de todos los partidos políticos, con lo que se convirtió en el segundo país de América Latina, después de Argentina (2010), en tener una ley de estas características.

Muchos homosexuales creen que solamente han conquistado el marco jurídico. "Hay que trabajar ahora por la inclusión y la aceptación social", asevera Rubén López, un profesional de 55 años que vive en la ciudad de Mercedes con su pareja Mario Bonilla, de 51 años.

Ambos tienen un hijo adoptivo de 16 años y fueron parte de las numerosas personas que aportaron sus testimonios de vida a los senadores y diputados uruguayos para que se convencieran de la necesidad de aprobar la ley de matrimonio igualitario.

Una vez aprobadas las bodas gay en Uruguay, el debate se extendió a su vecino Paraguay, que celebrará elecciones presidenciales este domingo. Los dos candidatos con más posibilidades se manifestaron en contra de las mismas.

El rechazo de Horacio Cartes, del conservador Partido Colorado, provocó el repudio de organizaciones de gays. Cartes manifestó en una entrevista de radio que se pegaría "un tiro en las bolas" si su hijo decidiera casarse con otro hombre.

Efraín Alegre, del Partido Liberal, fue ambiguo. Considera "absolutamente claro" que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero asevera que "finalmente es la sociedad la que debe resolver".

El caso México

La debate también se abrió en los estados de Coahuila y Guanajuato. En éste último, cientos de personas se manifestaron el jueves frente al Congreso local en contra de una iniciativa de ley de sociedades de convivencia.

La propuesta surgió del grupo parlamentario del PRI, pero es rechazada por el PRD, cuya coordinadora de bancada, Georgina Miranda, considera que el matrimonio entre personas del mismo sexo “no es una cosa normal”.

La ciudad de México fue la primera en Latinoamérica en permitir los matrimonios gay. En el primer año de la entrada en vigor de las reformas al Código Civil, celebró 700 bodas. Después Quintana Roo registró el matrimonio de dos parejas por no haber impedimento legal en los Códigos Civil y Penal.

Oaxaca hizo lo propio en marzo, luego que la Suprema Corte de Justicia concediera amparos a tres parejas del mismo sexo. Un mes antes, un municipio de Colima, Cuauhtémoc, autorizó un matrimonio entre dos hombres bajo el principio constitucional de “no discriminación”.

Coahuila podría convertirse en el tercer estado en darles luz verde. El Congreso local aprobó en 2007 un Pacto Civil de Solidaridad que otorga reconocimiento del Estado a las parejas del mismo sexo, pero que a decir del legislador Samuel Acevedo –promotor de la iniciativa–, no protege del todo a la pareja.

Más al norte, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos decidirá a más tardar en junio dos casos relacionados con el reconocimiento de los derechos de los homosexuales.

El primero sobre la legalidad de la Proposición 8 de California, que prohíbe casarse a las personas del mismo sexo, mientras otros nueve estados sí lo permiten. El fallo tendrá efecto en el resto del país.

El segundo involucra una ley federal que impide al gobierno reconocer las uniones entre personas del mismo sexo.

Persisten prejuicios

Aún existen muchos prejuicios y condenas sobre la homosexualidad en regiones como América Latina, pese a la aprobación de nuevas leyes. La semana pasada, un sacerdote de la provincia argentina de Córdoba que había apoyado la ley de matrimonio gay aprobada en 2010, fue expulsado de la Iglesia católica.

La ley de matrimonio gay argentina, la primera en América Latina, fue tenazmente rechazada por la Iglesia católica, mayoritaria en el país, en una ofensiva que lideró el ahora papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires.

En México, otro país de América Latina con prejuicios profundos hacia la homosexualidad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia resolvieron el mes pasado que las palabras como puñal o maricón, una forma denigrante de definir a un homosexual, son discriminatorias.

Si bien determinadas expresiones pueden considerarse como parte del lenguaje habitual de una sociedad, ello no significa que las mismas puedan ser protegidas constitucionalmente, refiere la sentencia.

Mientras muchos países en el mundo discuten formas de avanzar en los derechos de los homosexuales, otros como Rusia retroceden.

En enero, el parlamento ruso aprobó inicialmente un controvertido proyecto de ley para prohibir la promoción de lo que llama "propaganda homosexual". Es decir, quedan prohibidos los eventos que promueven los derechos de los homosexuales y sus organizadores son acreedores a multas.

La ley podría ser interpretada de forma muy amplia y podría usarse para restringir las actividades de quienes defienden los derechos de los homosexuales, advierten defensores de derechos humanos.