Impunidad al lavado de dinero sucio
Dinero ilícito en campañas políticas
Incapaces SIEDO, PGR y Hacienda
La Fuerza de Trabajo de las Acciones Financieras (FATF) se ha
convertido, según algunos analistas, en una nueva influencia
multilateral que viola los derechos humanos y que impone a la sociedad
civil regulaciones excesivas al amparo de los acuerdos para combatir el
lavado de dinero y los recursos que se dirigen al terrorismo.A
diferencia de otros países que sí pueden argumentar una excesiva
injerencia por parte del FATF, México no ha cumplido siquiera con las
medidas mínimas impuestas por la entidad. Los reportes conjuntos entre
el FATF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) siguen sin
actualizarse, a pesar de que México está a cargo de la presidencia del
organismo, mientras que la Ley contra el Lavado de Dinero no se aprueba y
el debate legislativo dejó a un lado la discusión para proveer de
recursos el combate contra el dinero sucio.
Hace unos días escuchamos a la candidata panista Josefina Vázquez
Mota referirse al tema del blanqueo de capitales y, en medio de su
intensa preparación sobre problemas nacionales que nunca habia
escuchado, dijo que incrementaría el lavado de dinero, cuando de lo que
se trata es de combatirlo, frenarlo, prevenirlo y procesar a los
responsables. El error de la panista le costó duras criticas en las
redes sociales, pero más allá de eso, se trata de uno de los problemas
centrales si en realidad se quiere combatir al crimen organizado, por lo
tanto alguien debería explicarle a todos los aspirantes presidenciales
la importancia se establecer una estrategia que corte el financiamiento a
la banda delincuenciales, sobre todo a aquellas realcionadas con el
narcotráfico.
En un reporte de las actividades realizadas en esta materia junto con
la SHCP, el FATF reportaba que en 2008 México enfrentaba ya una amenaza
sin precedentes a su seguridad y estabilidad nacional, debido
principalmente al tráfico de drogas y al crimen organizado. Los cárteles
poderosos del narcotráfico, que recurren a la violencia extrema,
extendieron sus actividades en diferentes partes del país, y esto
representa retos importantes para el próximo gobierno, sea del origen
que sea. Esta situación, aseguraba el informe del FATF, refleja la
magnitud de los recursos financieros y económicos y el poder que se
encuentra a disposición de los cárteles de las drogas y del crimen
organizado.
El poder económico de las organizaciones criminales les permite
seguir con el negocio y a pesar de las bajas o detenciones de sus
líderes, siempre habrá alguien dispuesto a continuar debido a las
cuantiosas utilidades que genera. Además, ese dinero sucio permite a los
delincuentes la compra de armamento a Estados Unidos, mejor que el
utilizado por las fuerzas armadas mexicanas. Otra parte de dichos
recursos ilícitos es utilizada para sobornar y corromper a policías,
militares, legisladores, políticos y servidores públicos, sin descontar
que el flujo de recursos alcanza para la siembra, procesamiento,
distribución, comercialización y protección.
La duda ahora es cuánto de ese dinero sucio del crimen organizado
entrará a las campañas políticas, y qué candidato o candidata será el
que utilice esos recursos malhabidos.
Ante ello, el gobierno mexicano ha instituido tardíamente medidas
para sustentar las actividades de la aplicación de la ley contra el
crimen organizado y el tráfico de drogas. Las autoridades mexicanas, se
congratulaba el FATF, aplicaron varias medidas para realizar un conteo
de los riesgos significativos del lavado de activos que se relacionan
con el tráfico de drogas, el crimen organizado y las actividades
relacionadas. Las autoridades, además, permanecen alertas en caso de que
se presente alguna indicación de terrorismo o del financiamiento del
terrorismo, se congratula el FATF.
En México, la SHCP, la Procuraduría General de la República y la
Secretaría de Gobernación perciben que la amenaza del financiamiento al
terrorismo surge principalmente de los métodos que tienen sustento en el
crimen organizado, y de la proximidad y de la relación cercana con
otros países que enfrenta serias amenazas de terrorismo, como es el caso
de Estados Unidos.
En general, dice el FATF, México presenta un progreso en el
desarrollo de su sistema para combatir el lavado de dinero; sin embargo,
se requiere más trabajo: primero, las leyes relacionadas con los
delitos son extensas y no cumplen por completo con los estándares
internacionales. En particular, las leyes y los procedimientos no
proporcionan de manera adecuada el congelamiento de bienes y recursos,
sin que se presenten retrasos en lo que se refiere a los fondos
terroristas o a otros activos de las personas designadas de acuerdo con
las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
Sin embargo, debido a la creciente actividad en el trafico de drogas y
otras actividades criminales, los delitos de lavado de activos no se
habían investigado de manera adecuada; las autoridades mexicanas sólo
habían logrado 25 condenas por blanqueo de capitales desde la
penalización del delito de lavado de activos en 1989.
Durante el período de 2004–2007, las partes del proceso lograron 149
acusaciones para el lavado de activos, pero solo dos se relacionaron con
los informes de inteligencia financiera desarrollados por la Unidad del
mismo nombre, que operaba en ese momento como parte de la SHCP.
Es decir, se deploraban ya los recursos insuficientes asignados a las
unidades de investigación de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), lo que impidió el
desarrollo eficaz de las investigaciones y de los procesamientos de los
delitos del lavado de activos en México.
La estructura y los procesos para el manejo de los casos por parte de
la SIEDO también tenían que mejorarse, las partes acusadoras y los
jueces podrían beneficiarse de la capacitación adicional en los temas
relacionados con delitos vinculados con el blanqueo de capitales.
En su momento, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó un
progreso en el desarrollo de su infraestructura y de su personal, y
mejoró notablemente su relación de trabajo con las autoridades penales
en la Procuraduría General de la República. Sin embargo, esto no se ha
traducido en un verdadero y real avance para frenar el dinero sucio que
fluye a todo el sistema económico y financiero del país.
Se advirtió, sin embargo, que el Servicio de Administración
Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera necesitaban trabajar
de manera conjunta para asegurar el acceso total, oportuno y seguro de
los centros de intercambio, de los servicios de activos y de otros
negocios. Pero la UIF no tenía acceso directo a los registros penales
debido a las limitaciones legales, excepto cuando los individuos reciben
información por parte de la misma dependencia y directamente para la
PGR.
La UIF, que depende de la SHCP, consideró algunas medidas con las
entidades que emiten reportes para reducir la elaboración excesiva de
los mismos, y adoptó un sistema automatizado “basado en los riesgos”,
para filtrar los casos que no ameritaban un análisis más profundo. Al
final, es la PGR la que se hace cargo de las operaciones de dicha
Unidad, sin que los resultados sean mejores mientras las entidades del
sector financiero tampoco avanzan.
Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
informó en marzo pasado que está por concluir el proceso de sanciones en
contra de cuatro intermediarios financieros, entre los que se incluyen
bancos, casas de bolsa y de cambio, por incumplir las disposiciones para
prevenir el lavado de dinero.
En noviembre pasado, la CNBV multó a la casa de bolsa Vanguardia con
10 millones 254 mil 518 pesos. La dependencia halló que el sistema
automatizado carecía de la funcionalidad para detectar y dar seguimiento
a las operaciones de sus clientes, incluso, a los que se clasificó como
de alto riesgo. Del mismo modo ocurrió con los cambios en su perfil
transaccional. Se observó también ausencia de procedimientos para el
análisis de posibles operaciones inusuales, y los reportes de
operaciones relevantes e inusuales que deben ser remitidos a la
autoridad no cumplían con las condiciones de calidad.
Aunque se trata de un reporte generado en 2008, el FATF – a pesar de
que opera todavía bajo la presidencia de México – no ha actualizado la
evaluación sobre los avances en materia de combate al lavado de dinero.
Hasta ahora no se ha aprobado la Ley contra el Lavado de Dinero, una
mala señal, sin duda, para el organismo multilateral.
En el Senado de la República se postergó el dictamen y hasta el
momento deberá resolverse el presupuesto que se destinará a esta
actividad, a la vigilancia de las entidades que pueden estar en riesgo
de ser utilizadas para lavar dinero.
El FATF considera que para México un reto clave es la falta de
capacidad de recursos y de personal del SAT para aplicar los
requerimientos de registro y para realizar la supervisión actual de las
acciones contra el lavado de activos.
Un obstáculo es el incremento del número de Sofomes no reguladas
(instituciones de préstamos / financieras multi propósito), producto de
desregulación de las entidades financieras de propósito limitado
(Sofoles) que participan en préstamos, arrendamientos, y
factorizaciones. Existe, en opinión del FATF, un vacío en el régimen
legal para combatir el lavado de dinero en el territorio mexicano.
De los avances más significativos, el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos destaca que ante la falta de legislaciones para combatir
el lavado de activos, en septiembre de 2010 el gobierno mexicano limitó
el monto de los depósitos y el cambio de dólares en bancos y otros
intermediarios financieros, en un intento por mitigar el riesgo del
lavado de dinero proveniente del crimen organizado.
Revela también que ha trabajado con el gobierno mexicano para
identificar los métodos que los cárteles de la droga están utilizando
para integrar sus recursos a los sistemas financieros legítimos. Fue, de
esta forma, que en marzo de 2011 el Fincen, organismo estadounidense
encargo del combate al lavado de dinero, envío al gobierno mexicano un
aviso en el que describe los posibles métodos para eludir las
restricciones de efectivo; además documentó cambios significativos en el
manejo de dinero en la frontera entre México y Estados Unidos.
Violencia en la ruta Acayucan-Houston
Tradicional ruta migratoria, en la ciudad de Acayucan, Veracruz, se
registra un creciente nivel de violencia como ejecuciones, secuestros y
extorsiones. En esa localidad se inicia una de las rutas más directas y
cortas para llegar a Houston, y es en ese punto en donde confluyen
migrantes que llegan de Centroamérica, pero también de mexicanos que
buscan llegar a Estados Unidos. Es una de las plazas que disputan
organizaciones criminales, de acuerdo con la prensa local.
Acayucan forma parte del corredor petrolero que comienza en
Coatzacoalcos, y su actividad es básicamente agrícola. En un estudio
presentado por el Departamento del Tesoro del gobierno estadounidense
sobre la nueva estrategia para la infraestructura de ese país que
encabeza Barack Obama, asegura que una de las rutas que deberían
desarrollarse con ciudades fronterizas vecinas es la de Acayucan. Más
caminos, dice el reporte, mejoraría no sólo las rutas de acceso para el
comercio, sino también la plusvalía de las viviendas y la posibilidad de
desarrollar más propietarios de bienes inmuebles.
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