viernes, 22 de febrero de 2013

Aplican gendarmes comunitarios su propia justicia; ayuntamientos no tienen recursos


JAIR GARCÍA

“Desde siempre” han existido las policías comunitarias en todas las congregaciones de los distintos municipios de la sierra de Zongolica, algunos incluso portando armas, mencionó el diputado local por ese distrito, Oswaldo Marrón Luquez, quien descartó la presencia del Ejército Popular Revolucionario en esa región.

La labor de estos policías comunitarios, dijo, es como un complemento a la labor de las policías municipales a cargo de los ayuntamientos, aunque precisó que son designados por usos y costumbres de los agentes municipales e incluso cuentan con sus propias cárceles y ellos imparten justicia en sus respectivos pueblos.

Señaló que los integrantes de las guardias comunitarias son honorarios, pues no cobran ningún sueldo oficial, pues los ayuntamientos no cuentan con recursos suficientes como para integrarlos a sus nóminas.

El legislador local dijo que la principal labor de estos policías comunitarios es limitarse a vigilar el orden en sus comunidades, controlar a los borrachos y convertirse en personal de seguridad cuando hay algún baile o se desarrollan las fiestas patronales.

Sin embargo, reconoció que es necesario darles capacitación a estas personas, pero precisó que corresponde a los alcaldes hacer las gestiones para ello, ante la Secretaría de Seguridad Pública.

“Esta gente que forma parte de las policías comunitarias, siempre han existido y las elige el agente municipal y hasta tienen sus cárceles, la mayoría no está armada, aunque no creo que sea conveniente darles armamento, cuando ni siquiera están capacitados”, añadió.

Oswaldo Marrón Luquez indicó que en la sierra de Zongolica no existen graves problemas de inseguridad, pero justificó la presencia de las policías comunitarias para que contribuyan a guardar el orden en cada una de las comunidades.

El diputado local indicó que cada ayuntamiento cuenta con su policía municipal, con elementos capacitados y armados, pero a la par se desarrollan las policías comunitarias en cada poblado, que resaltó, ejercen su propia justicia a través de sus usos y costumbres.

Pide Chucho el roto cobros justos y cese de funcionarios de la CFE


NORMA TRUJILLO BÁEZ
 
LA RESISTENCIA CIVIL INICIÓ SU PROTESTA EN LAS OFICINAS DE LA CFE Y LUEGO CAMINÓ HASTA LA PLAZA LERDO S FOTO PLATANEGRA.MX

Alrededor de tres mil integrantes de la Resistencia Civil “Leyenda Chucho el roto” se manifestaron en la entrada de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir la destitución de Rey David Jiménez Guzmán, gerente de división oriente de la paraestatal y de Alfredo Ruiz Manjarez, superintendente de la zona Veracruz; los acusaban de incumplimiento de funciones y represión contra quienes no pagan la energía eléctrica, por lo que 300 miembros tienen demandas penales, posteriormente se trasladaron a la Plaza Lerdo para pedir al gobierno su apoyo para que reclasifique las tarifas de luz.

Provenientes de 16 municipios que se encuentran a 60 kilómetros a la redonda de la nucleoeléctrica Laguna Verde, los quejosos pidieron la destitución de los ya mencionados funcionarios “porque es de todos sabido que cuando alguien no cumple en beneficio de una empresa o en este caso, de una institución, no debe seguir al frente, y no han cumplido, no ha habido acuerdos, hay represión y prepotencia“.

El coordinador general de esa organización, Oscar Mejía de la Rosa, recordó que el movimiento lleva cinco años en los que ha predominado la represión a la gente que se ha negado a pagar la luz, argumentando que los recibos les llegaban con costos elevados, “se ha analizado la situación y justamente Veracruz es uno de los principales productores de energía pero es uno de los estados con tarifas más caras”.

Quien encabezaba la manifestación en las oficinas de la CFE señaló que no están en contra de pagar, pero “los costos no son justos y solo se encuentra uno con el autoritarismo de los funcionarios”, quienes decidieron demandar a 300 miembros de la resistencia civil que no han pagado su recibo desde hace más de tres años, cuyo procedimiento de amparo aun sigue.

Recordó que hasta la fecha en el grupo inconforme se mantienen alrededor de 45 mil familias, quienes están dispuestas hasta que se dé la rezonificación de las tarifas eléctricas, “porque no se vale que siendo Veracruz uno de los principales productores de energía eléctrica, y esté aquí la planta de Laguna Verde, sea uno de los estados con tarifas más altas en el país”.

Después de paralizar el tráfico a las afueras de la paraestatal, el contingente marchó hacia la Plaza Lerdo, donde ya se encontraba Francisco Fernández Morales “El Potro”, quien dijo que se continuará con el no pago al servicio de la electricidad hasta que se respete que el cobro sería menor para los 16 municipios que se encuentran cercanos a la central.

A diferencia de otras manifestaciones que exigen la presencia del secretario de Gobierno, en esta ocasión Gerardo Buganza Salmerón bajó a atender a los quejosos y se comprometió a tener un acercamiento con la Comisión Federal de Electricidad para buscar una solución.

Revela SESP operación de grupos ciudadanos de autodefensa en la zona sur del estado


Por : José Carlos Avendaño
2013-02-22 04:00:00

La encargada del despacho del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), Irma Victoria Ramírez Solano dio a conocer que en la zona sur del estado de Tlaxcala, en los límites con Puebla, operan grupos ciudadanos de autodefensa, lo cual prende una alarma en materia de seguridad en esta entidad.

Entrevistada en el marco del Foro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que se celebró este jueves en la ciudad capital con la participación de representantes de agrupaciones de la sociedad civil y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ramírez Solano refirió que los grupos de autodefensa ciudadanos se han integrado en municipios colindantes con el estado de Puebla.

Es de apuntar que en municipios como Teolocholco, Zacatelco, Tenancingo, Xicohtzinco e Ixtacuixtla en algunos puntos se han colocado lonas en donde se advierte a los delincuentes que los ciudadanos están organizados para actuar en caso de que intenten cometer actos ilícitos.

La funcionaria dijo que la información precisa sobre estos grupos ciudadanos la tiene la Secretaría de Gobierno (Segob) de Tlaxcala y recalcó que sólo se tiene conocimiento de su existencia en la región sur del estado “No se ha determinado si los grupos de autodefensa incurren en actos ilícitos, porque sólo sabemos que se tratan de defender a su manera”, anotó.

Dio a conocer que este viernes se reunirán las autoridades de seguridad pública de la zona centro del país y ahí se abordará este tema para coordinar acciones entre las entidades que refuercen las acciones de vigilancia y con ello se inhiba la operación de esos grupos ciudadanos de autodefensa en Tlaxcala.

Por otra parte, la encargada del despacho del SESP mencionó que el gobierno del estado busca integrar a las organizaciones de la sociedad civil a las acciones de prevención del delito, además de que para fortalecer la seguridad pública se profesionaliza a los policías, se les da mejores oportunidades de desarrollo y se les realiza los exámenes de control de confianza.

Ramírez Solano citó que en el ámbito municipal se ha hecho énfasis para profesionalizar a sus cuerpos de seguridad. En cuanto a la depuración de los elementos policiacos en la entidad, dijo que a la fecha se tiene un avance de 90 por ciento, debido a que se ha rezagado este rubro en los municipios, pero en el gobierno estatal ya se alcanzó el 100 por ciento.

Por último, dijo que este vienes se reunirá en la ciudad de México con autoridades de seguridad de la región centro del país, con la finalidad de avanzar en la unificación de las políticas públicas encaminadas a la creación del mando único en el país.

En Olintla, maestros manipulan a niños para favorecer a Grupo México: afectados


Por : Martín Hernández Alcántara

Los maestros que apoyan al presidente municipal de Olintla, Héctor Arroyo Bonilla, en la imposición de una planta hidroeléctrica del Grupo México para la comunidad de Ignacio Zaragoza, han comenzado a utilizar a los niños bajo su tutela y a sus madres para generar conflictos en las familias de los campesinos que se oponen al proyecto, manipulándolos para que confronten a sus padres, según denunciaron representantes de los afectados.

Un grupo de campesinos e indígenas de Olintla viajaron a la capital poblana ayer para ofrecer una rueda de medios, la cual tuvo como principal propósito contestar a las descalificaciones que desde el gobierno del estado se han emitido contra quienes se resisten a la construcción de un embalse por parte del consorcio propiedad de Germán Larrea Mota Velasco.

Los olintlecas llegaron de las comunidades de Ignacio Zaragoza, Bibiano Hernández, Chipahualtlán y la cabecera de su localidad. Estuvieron acompañados por algunos integrantes del Consejo Tiyat Tlali y de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RDDH).

En ese marco, María Aurora González, de la cabecera municipal de Olintla, denunció en totonaco –su lengua materna– que los profesores están “volteando a las mujeres y los niños contra sus padres y esposos, porque les dicen que la hidroeléctrica va a llevar progreso al pueblo y los que la rechazan quieren que siga habiendo pobreza en el pueblo”. Las palabras de la mujer fueron traducidas al español por Miguel Vázquez, oriundo de Ignacio Zaragoza, quien expresó: “no podemos permitir que los maestros se estén poniendo contra los campesinos, ellos tienen su derecho a expresarse, pero no tienen derecho a ponerse contra los campesinos, porque saben más y además se aprovechan de que tienen a los niños y su confianza, porque también le llenan a las esposas la cabeza de mentiras, para que se peleen con sus esposos y se ponga la hidroeléctrica”.

–¿Estos maestros están afiliados a Antorcha Campesina? –se les preguntó a los declarantes.

“Nosotros no queremos ver con ningún grupo político, ni con religiones, menos ahora que está este problema de la hidroeléctrica”, contestó Vázquez.

Miguel Sánchez, otro labriego, pero nacido en la comunidad de Bibiano, completó: “el presidente municipal es del Partido Acción Nacional, no sabemos de que organización sean los maestros, pero ellos están haciendo eso, son como 50 o 60 personas las que están manipulando, 50 personas que están junto al edil y ellos son los que apoyan lo de la hidroeléctrica”.

Por su parte, Israel Sampedro, de la Red de Defensa de Derechos Humanos, dijo ignorar si los mentores estaban agremiados en la organización priista, pero advirtió que evidentemente la Secretaría de Educación Pública debe intervenir para sancionar a los profesores que están utilizando a los alumnos a su cargo para generar problemas familiares y hacer el trabajo sucio a Grupo México.

Antorcha Campesina

En el punto más grave de la crisis que padecieron 70 activistas del Consejo Tiyat Tlali y vecinos de Olintla entre el 26 y 27 de enero pasado, cuando una turba azuzada por el alcalde Héctor Arroyo Bonilla los retuvo por casi 24 horas, varios maestros lideraban a los agresores.

En esa ocasión el presidente del Frente Cívico a Favor de la Construcción de la Hidroeléctrica, Héctor Cristóbal Serrano Cholula, negó que el edil tuviera alguna injerencia en su movimiento y señaló que, en todo caso, las agresiones habían emergido del grupo opositor, pues ellos “trajeron gente de fuera que se aprovecha de la inocencia de nuestro pueblo” y además, durante una asamblea celebrada el 26 de enero en Ignacio Zaragoza, maltrataron al munícipe, obligándolo a firmar un documento en el que se comprometía a no seguir apoyando más la construcción de la presa. Acompañado por integrantes del Frente –entre quienes también había mujeres y niños–, Serrano Cholula expresó que la mayoría de los vecinos de Olintla estaban a favor de la hidroeléctrica y que en todo caso es obligación de las autoridades estatales y federales garantizar que no haya impactos negativos al medio ambiente ni afectaciones a la salud.

También manifestó, en aquella ocasión, que no se había impedido el libre tránsito de los integrantes del Consejo Tiyat Tlali: “simplemente les decimos que antes de irse firmen un documento comprometiéndose a que nunca deben volver a Olintla o en su defecto que lo hagan sus representantes”.

Cuando los enviados de La Jornada de Oriente arribaron, los miembros del Frente los retuvieron, pretextando que iban a llegar a Olintla “los del 132 (#YoSoy132) para hacer desmanes y llevarse a los fuereños”, por lo que necesitaban que este medio diera cuenta de dicho acto. Tras media hora de espera se permitió el tránsito de los reporteros a Ignacio Zaragoza, donde ya se preparaba la salida de los activistas.

En la edición del 1 de febrero siguiente, en su columna “A Debate”, la economista Susana Rappo planteó la posibilidad de que Antorcha Campesina estuviera involucrada en los ataques a los opositores al proyecto del Grupo México. “En este caso la figura del presidente municipal y el Frente Cívico a favor de la Construcción de la Hidroeléctrica son actores centrales de la agresión, y entonces es necesario preguntarse ¿dónde se ubica Antorcha Campesina? Indudablemente es un actor político central del municipio, que tiene más de 22 años en el mismo y que a lo largo de ese tiempo se ha visto involucrada en situaciones de violencia”, escribió la también subdirectora de este rotativo. Agregó que en un boletín de prensa de la organización antorchista, fechado el 21 de diciembre de 2012 y situado en Olintla, se rescatan los logros del pueblo olintleco, en el marco de la celebración del XXII aniversario del trabajo antorchista, donde Dánae Córdova Morán, dirigente del movimiento en la Sierra Nororiental, expresó que “no se luchó por defender un pedazo de tierra, sino porque sus condiciones de vida vayan mejorando”: sostiene que “los antorchistas se mantienen organizados y unidos, una muestra clara de que el antorchismo cuenta con personas firmes a los ideales de progreso y desarrollo”.

Contubernio

Ayer los representantes de afectados ante la imposición de la hidroeléctrica en Olintla expresaron, en un comunicado, que desde el 5 de diciembre, cuando en Ignacio Zaragoza detuvieron maquinaria pesada con la que se pretendía hacer exploraciones en la ribera del río Ajajalpan, “aumentó el hostigamiento y amenazas por los trabajadores de la empresa y personal de la presidencia municipal hacia nuestras mujeres, hijos y la comunidad en general, con el fin de obligarnos a aceptar la hidroeléctrica, llegando al extremo de los sucesos violentos del día 26 y 27, en el cual quedó demostrada la coordinación de funcionarios del gobierno estatal, municipal, Policía estatal y representantes de la empresa”.

Añadieron que “en estos hechos el gobierno municipal de Olintla, así como (los) delegados del gobierno estatal, Omar Camacho y David Díaz, en todo momento fueron manejados por representantes de la empresa”.

Detenidos por la autodefensa sí se dedican al narcotráfico: Salgado Gómez


SUSANA GARCÍA GUTIÉRREZ Y
 MARGENA DE LA O

El secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, informó que los presuntos delincuentes detenidos por el grupo de autodefensa de Ayutla, tras un enfrentamiento en el que hubo un muerto, sí se dedicaban al narcotráfico en ese poblado.

En conferencia de prensa, ofrecida por el gobernador Ángel Aguirre Rivero a quien se le preguntó de la situación de los presuntos delincuentes, prefirió que Salgado Gómez hablara del asunto, por lo que el secretario confirmó que a esos detenidos se les encontraron pruebas de dedicarse en actos delictivos.

“La Policía Comunitaria enfrentó a un grupo de delincuentes que, sin lugar a dudar, se dedicaban a una serie de actividades como el narcotráfico y a la siembra de enervantes en la comunidad”, afirmó.

Salgado Gómez detalló que los criminales fueron puestos a disposición del Ministerio Público desde ayer y “los tres delincuentes miembros de ese grupo que forman parte de la delincuencia organizada, serán sujetos al proceso correspondiente”.

Recordó que el problema surgió debido a la circunstancia en la que vivía esa comunidad y que era comprensible, pero, dijo, que no permitirán que hagan justicia por su propia mano aunque no definió si ese movimiento será procesado de manera legal por la captura que han estado haciendo de los presuntos delincuentes.

“El hecho de que hayan entregado a las personas que tenían retenidas y haberlas puesto a disposición del gobierno, se está atendiendo el deseo de que trabajemos unidos en apego a la ley; se entregaron a todos los que tenían retenidos”, justificó.

Asimismo, mencionó que pese al saqueo que sufrieron los familiares de esos retenidos, en sus casas, determinó que tendrán que sujetarse al procedimiento debido a que “las investigaciones apenas comienzan”, pero que sí se podrán cuantificar esos daños, porque está en sus derechos humanos. Añadió que la Policía Comunitaria tendrá que asumir su responsabilidad, en caso de que ellos tengan que ver algo con ese hecho.

Confirma la Upoeg la detención de tres en El Refugio

En Chilpancingo, el dirigente Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Bruno Plácido Valerio, informó que tres personas fueron detenidas ayer en la comunidad de El Refugio, en el contexto del crimen de un supuesto delincuente.

“Se fueron contra los policías (ciudadanos) y los policías (ciudadanos) respondieron. Hubo un muerto y hay tres detenidos, pero de la banda de los delincuentes, del movimiento no hay detenidos”, soltó Plácido Valerio al preguntarle qué pasó ayer en la comunidad de El Refugio.

Circuló una versión de que la persona que asesinaron los policías en El Refugio, estaba en su casa, y ahí lo atacaron. De eso se cuestionó a Plácido Valerio: “entendemos que se quieren justificar, pero el arma, la droga y el dinero no lo encontraron en su casa, (él) se cayó tirando con su arma. Llevaba un AR-15, con la que pudo matar a los policías, sin embargo no pasó a mayores”.

Surgen brigadas de autodefensa civil en Morelia


MÉXICO, D.F. (apro).- El brote de brigadas de autodefensa civil llegó a Morelia, la capital del estado de Michoacán, donde el robo a negocios y de vehículos registra un aumento de 80%; el asalto con violencia, 23.81% y el secuestro exprés, 60%.

En algunas colonias de Morelia lo mismo pueden verse barricadas de piedras que manta colgando con la siguiente leyenda: “Vecinos de Tinijaro organizados contra los rateros. No te arriesgues. Si la autoridad no puede, nosotros sí”.

Colonos de la Agustín Arriaga fueron más explícitos en sus mensajes: “No nos robes porque te partimos la madre”.

Y en la colonia Misión del Valle, los vecinos colocaron en sus fachadas un cartel con la siguiente inscripción: “Cuidado, porque mi vecino te vigila”.

De acuerdo con el encargado del orden en esa comunidad, Manuel García Lemus, la autodefensa vecinal en su colonia se instrumentó desde diciembre pasado, luego de que sujetos armados ingresaron en uno de los domicilios para asaltar a un vendedor de tacos, a quien le dieron dos balazos.

“La situación está complicada y los vecinos, ya desesperados, optaron por tomar algunas medidas preventivas y es como ha disminuido un poco (la delincuencia). Con lo que ha hecho la autoridad, no ha disminuido nada”, declaró García Lemus.

Además de las mantas, los vecinos utilizan silbatos para alertar a la población sobre cualquier situación de riesgo.

“Es una forma (de inhibir), pero creo que la más adecuada sería que nos permitieran armarnos, porque viene el ratero y tú con silbato, pues está canijo”, señaló García Lemus.

Bajo el argumento de que ellos, los delincuentes, “sí pueden llegar y darnos unos balazos y nadie decirles nada”, muchos de los colonos, añadió, han dicho que se van a armar.

Por separado, Wilfrido Lázaro Medina, alcalde de Morelia, reconoció la iniciativa que han asumido grupos de colonos para protegerse de la delincuencia.

Expuso que en algunos casos los vecinos han decidido levantar bardas para cerrar la vialidad en sus colonias, pero, agregó, “ha sido por muchos años, no es de ahora. Es un tema que ha surgido en Morelia y en otras partes durante muchos años”.

Lázaro Medina señaló que el cierre de calles o encarar a los delincuentes con amenazas escritas en mantas no es la estrategia más adecuada para resolver el problema.

“Lo que nosotros estamos convocando es que no hagan eso (de cerrar calles), porque evitan que lleguen los cuerpos de seguridad, los cuerpos de emergencia. Le cierran el paso a la seguridad y eso no debe de ser”, apuntó.

Pese a los argumentos del alcalde, los vecinos de Infonavit Carmelinas, abrumados por el crimen de Alan Milián, de 15 años de edad –campeón de la Olimpiada Nacional de Atletismo–, quien fue abatido a balazos al intentar defender a su madre de unos asaltantes, valoran seguir la estrategia de colocar mantas contra el hampa, como lo hicieron sus vecinos de las colonias Félix Ireta y Cosmos.

El Poder Judicial de Michoacán, en tanto, considera válido y legal el surgimiento de grupos de autodefensa, mientras no violen los derechos constitucionales.

Alejandro González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, destacó que la propia Constitución protege el derecho de las comunidades a organizarse.

“Las comunidades indígenas tienen pleno derecho para organizarse en base a sus usos y costumbres, y dentro de sus usos y costumbres algunas comunidades tienen estos procedimientos de vigilancia, que ahora se llaman de autovigilancia”, explicó.

Añadió:

“Si se desarrollan en el marco de lo que la propia Constitución establece, con pleno respeto a los derechos humanos de los integrantes de las comunidades, me parece que es completamente válido y legítimo”.

“La reforma”, artículo de Aristegui sobre telecomunicaciones


2 de febrero de 2013

Efervescencia y expectativa se registran hoy en día dentro de la clase política, empresas y concesionarios de nuestro país. Ante la inminencia de una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que se discute dentro de un círculo cerrado, es que las conjeturas sobre el contenido y alcance de lo que cocinan los que del cónclave participan están a la orden del día.

Legisladores y concesionarios afirman no saber de qué trata, porque el terreno de negociación y de definiciones ha quedado en el espacio de actuación del llamado Pacto por México: básicamente la Presidencia, los líderes del PAN y el PRD y un puñado de conocedores que redactan la ley en su parte final.

Versiones periodísticas señalan que faltan acuerdos sobre el llamado órgano regulador y de competencia. Hay quien espera definiciones sobre los llamados must offer y must carry.

Preguntas obligadas sobre qué traerá la reforma sobre el tránsito del apagón analógico a la era digital. El tema suena para iniciados, pero los demás mortales no podemos estar ajenos a lo que se decida. Una sociedad ausente, indiferente o distraída en nada ayudaría frente a lo que decidan en la cúpula y las élites políticas.

Los expertos, con vena didáctica cuando hablan de la digitalización, dicen que lo que hoy pasa por un conducto se puede multiplicar por cuatro, cinco o más veces según el grado de definición, precisamente, gracias a la digitalización. Es decir que por donde hoy pasa un canal, mañana pasarán cuatro, cinco o más. Imaginemos un tubo por el que hoy sólo pasa una cosa, con las nuevas tecnologías pasarán por ahí muchas cosas más. ¿Qué van a hacer los que ponen las reglas del juego? ¿Van a dejar que los que hoy dominan prácticamente todas las telecomunicaciones y la radiodifusión, con el brinco tecnológico digital, no sólo mantengan su dominio sino que lo vean agigantado? ¿La reforma que viene contempla dejarles sólo una, dos o todas las nuevas frecuencias digitales? En un solo canal digital cabrían los contenidos, por ejemplo, de los canales 2, 4, 5, 9 que hoy existen. ¿Es eso suficiente para Televisa?

¿Conviene a México dejarle una sola frecuencia digital a cada una de las grandes televisoras o será mejor dejarles dos?, o ¿quienes hacen la reforma serán capaces de dejarles todo?

Frank La Rue, relator para la libertad de expresión de la ONU, acaba de decir que de la digitalización no se habla en México, ni en América Latina, porque no se quiere que se hable de ello. Sometidos a las grandes presiones, los gobiernos y los Congresos de los países van resolviendo, a su manera, el tránsito inevitable hacia la digitalización y la multiplicación de señales. Los desafíos son enormes. O se condena a los países a la irremediable captura de sus Estados y autoridades o se logra dar un giro copernicano por la democratización.

Del mismo modo que sucedió con la negociación y la redacción del Pacto por México -prácticamente los mismos actores-, quienes impulsan la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión pretenden que aquellos que -entonces y ahora- se sintieron excluidos y dolidos por no haber sido partícipes en el origen, finalmente, se sumen y voten. A menos que prospere el intento descarrilador que, al parecer, pretende el senador Javier Lozano con una iniciativa de madruguete que presentó justo ayer, en la víspera de lo otro.

Si lo que se dice de la reforma empata con lo que pusieron en el texto del Pacto, sobre que el Estado debe “someter a los poderes fácticos”, no sería de extrañar la reticencia y reacción de los aludidos. El hermetismo que mantienen los negociadores y redactores sobre el contenido hace suponer que temen una filtración que desate una andanada para descarrilarla.

El cónclave no ha dejado pasar prácticamente a nadie. Baste ver el encontronazo que narra la prensa entre los panistas Madero, quien está en la mesa, y Cordero, el calderonista, que no fue de los convidados pero que tendrá -si no se enoja demasiado y no hace de comparsa a Lozano- su espacio en el Congreso.

Pue/Méx. Respuesta a declaraciones de funcionarios del gobierno del estado por imposición de Hidroeléctrica en Olintla


COMUNICADO DE PRENSA

Al pueblo de México
A los medios de comunicación

Ante las declaraciones de diferentes representantes del gobierno de Puebla que han afirmado que quienes han creado conflicto en el municipio de Olintla son fuereños o personas externas a la comunidad, manifestamos lo siguiente:

1. Los aquí presentes venimos como representantes de las comunidades de Ignacio Zaragoza, Bibiano Hernández, Chipahuatlán y la cabecera municipal de Olintla, fuimos designados por nuestros propios pueblos inconformes ante la pretendida imposición del proyecto hidroeléctrico que la empresa Grupo México quiere construir en el municipio.

2. La hidroeléctrica de Olintla no es un caso aislado, es uno de cinco proyectos hidroeléctricos que empresas privadas pretenden desarrollar en la sierra norte para generar electricidad que será vendida a la Comisión Federal de Electricidad para beneficio de sus negocios y que junto con concesiones mineras entregadas a grandes empresas nacionales y extranjeras son una grave amenaza a la vida de nuestros pueblos.

3. Desde mediados del 2012 las autoridades municipales nos han engañado recabando firmas, hablándonos de progreso y de que habrá trabajo y proyectos de turismo que nos sacarán de la pobreza y el atraso en que nos encontramos puras promesas. Sin embargo, lo que hemos visto es que están actuando de manera ilegal y sin respeto. Cuando les pedimos información del proyecto no han sabido responder. En reuniones con representantes de gobierno y la empresa han aceptado que todo proyecto produce daños sin saber explicar cuáles serán, cuántas hectáreas se van a inundar, qué terrenos ya no se podrán cultivar, dando diferentes informaciones sobre el número de empleos, la altura y lugar de la cortina de la presa. Han entrado a nuestros terrenos sin permiso dañando nuestros cultivos diciendo que no necesitan ninguna autorización.

4. El día 5 de diciembre sin consultarnos, la empresa llevó una máquina hasta la entrada de Ignacio Zaragoza, por lo cual nos organizamos para detenerla y evitar el atropello de nuestros derechos como comunidad. El día 11 de febrero la máquina fue retirada por la empresa llevándola a un terreno que se conoce es propiedad de la regidora de Educación Manuela Francisco Sotero donde parece que quisieran esconderla detrás de varios vehículos.

5. A partir del día que detuvimos la máquina, aumentó el hostigamiento y amenazas por los trabajadores de la empresa y personal de la presidencia municipal hacia nuestras mujeres, hijos y a la comunidad en general con el fin de obligarnos a aceptar la hidroeléctrica, llegando al extremo de los sucesos violentos del día 26 y 27 en el cual quedó demostrada la coordinación de funcionarios del gobierno estatal, municipal, policía estatal y representantes de la empresa. En esos hechos el gobierno municipal de Olintla, así como delegados de gobierno estatal Omar Camacho y David Díaz en todo momento fueron manejados por los representantes de la empresa.

6. Queremos dejar claro que no ha existido ningún acercamiento por parte del gobierno del Estado para dialogar con nosotros y que continúan los actos intimidatorios hacia nosotros como pobladores porque estamos trabajando para entregar al gobernador Rafael Moreno Valle de manera directa las firmas de los habitantes de las comunidades totonacas que nos oponemos a la imposición de la hidroeléctrica. La regidora de Educación del municipio nos mandó traer a la presidencia para decirnos que no se pueden recabar firmas de nada.

7. Agradecemos las muestras de solidaridad que a nivel estatal, nacional e internacional nos han hecho llegar y también queremos dejar claro que nuestra lucha no se enmarca en los tiempos o intereses de grupos de poder económico, político ni de ningún partido político electorero y mucho menos tenemos intermediarios por lo que solicitamos que toda muestra de apoyo y solidaridad sean de manera pública, democrática e independiente.

8. Hacemos responsables a la empresa Grupo México y sus representantes que han llegado a Olintla, a la presidencia municipal y al frente cívico olintleco de la integridad física, psicológica y moral de los aquí presentes y de los habitantes que exigimos nuestros derechos en toda la región totonaca. Llamamos al gobierno del Estado a una audiencia pública para que sea a través del diálogo político como se resuelvan estos conflictos sociales y que no sea pretexto de violaciones a derechos humanos y constitucionales.

9. Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad poblana y al pueblo de México, a su solidaridad para evitar un ecocidio y desplazamiento involuntario o forzado de comunidades de la sierra norte y a distender este clima de violencia y hostigamiento en contra de comunidades indígenas totonacas. Nos pronunciamos en contra de todos los proyectos hidroeléctricos, mineros, carreteros, termoeléctricos, gasoductos que se quieren imponer en el país a los pueblos.

Ciudad de Puebla, a 21 de febrero del 2013.

ATENTAMENTE,
REPRESENTANTES DE AFECTADOS ANTE LA IMPOSICIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA EN OLINTLA.
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Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

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Twitter: @Reddh_mex

Skype: reddh.mex

Pue/Méx. Agresiones cometidas en contra del Defensor de Derechos Humanos Lic. Ignacio Ochoa y Placido, Presidente del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Placido” A.C.

Expediente: 3/Misantla-Ver 

Puebla, México, a 21 de febrero de 2013

La Red de Defensa de los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO), el Comité Popular de Derechos Humanos de Michoacán, con domicilio para recibir información y notificación en Avenida Reforma 1516, despacho 4, Centro Histórico de Puebla, y correo electrónico: contacto@reddh.org, reddh.mex@gmail.com y números celular: 044 (45) 22 21 27 68 39, solicitan su intervención urgente ante las agresiones cometidas en contra del Defensor de Derechos Humanos Lic. Ignacio Ochoa y Placido, Presidente del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Placido” A.C.

HECHOS

El día 18 de Febrero del año en curso aproximadamente entre las 9:30 a 10 pm aproximadamente fui a en mi automóvil a la gasolinera terminado sobre el boulevard Ávila Camacho di vuelta en el retorno más próximo por lo que me orille cerca de la ganadera local por que vi que venia un auto a alta velocidad y decidí que pasara primero, en ese momento una persona me grito “Lic.” yo tenia bajada a la mitad el cristal del copiloto y me pregunto que mañana a que hora podría atenderlo para una asesoría y en cuestión de segundos se acerco una persona y que sacan un arma de fuego y me dijo apaga el carro o te carga tu madre en segundo quitaron el seguro del carro y se subieron y me dicen tienes que hacer lo que te digamos, me anduvieron trayendo dando vueltas en varios lugares de la orillas de Misantla y decidieron irse rumbo al Tecnológico y pasando el lugar me bajaron del carro y me dijeron “haber si ya te cayas porque no sabes ni lo que dicen que no entiendes ya te va a cargar” me golpearon hasta que se cansaron provocando bastante perdiera sangre de la nariz, queriendo asfixiar o ahorcar no pudieron manejar el carro se les apagaba y me volvieron a subir al carro en esas condiciones y me pidieron manejaran rumbo la Loma del Cojolite en el trayecto uno de ellos bajo del carro a orinar y uno se que do cuidando con la puerta abierta y pensé empujarlo y arrancar, trate de a serlo pero no me funciono, por lo que molestos nuevamente me bajaron y me empezaron a golpear y una persona se escucho cerca del lugar que grito “allí viene la poli” al momento estas personas partieron a correr porque no pudieron arrancar el carro llevándose las llaves, y al ver eso yo también corrí como pude rumbo a Misantla y ellos rumbo a la loma del Cojolite, como pude llegue a casa. Al día siguiente temprano junto con mi hermana, un amigo y otra persona mas fuimos al lugar donde habían dejado el carro y como yo tengo copias de las llaves llegamos al lugar y se encontraba el carro orillado y nos lo trajimos dejándolo en el taller. El día de ayer 19 de febrero me hospitalice y me trataron y me dieron de alta a las 00:30 horas del día de hoy 20 de febrero, es de mencionar que acudió personal actuante del Ministerio Público Investigador de esta ciudad para tomarme mi declaración pero debido a que no me encontraba bien ya que de los golpes me encontraba mareado decide reservar y declarar posteriormente.

ANTECEDENTES

Como organización de la sociedad civil el Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Placido” ha realizado actividades encaminadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en la región de Misantla, así como en diferentes puntos de nuestro estado; la organización a dado seguimiento a quejas y denuncias de probables violaciones a los derechos fundamentales, y el abuso de autoridad en el que se han señalado a servidores públicos y autoridades, como Policías Municipales, Ministeriales, del Estado, Ministerios públicos; Directores de Reclusorios entre otros; y por tal razón en el año 2009 y 2010 fueron objeto de amenazas para que dejara el trabajo o se atuvieran a las consecuencias ya que los tenían bien ubicados, y por tal razón interpusieron formal denuncia contra quien o quienes resulten responsables.

El día 12 de Agosto del 2011 el Lic. Ignacio Ochoa y Placido fue interceptado por dos personas armadas, lo bajaron de su automóvil y llevaron cerca de una comunidad que se llama la Loma del Cojolite, dichos individuos lo golpearon, despojándolo de todas sus pertenencias llevándose consigo documentos personales, llaves de casa, de oficina, así como credencial de la organización, por ello interpusó formal denuncia en la Agencia del Ministerio Público Investigador en Misantla el día 13 de Agosto de 2011 radicándose la Inv. Min. 580/11.

Como REDDH vemos con preocupación que persistan actos violentos en contra de defensores de derechos humanos. Los hechos referidos con anterioridad ponen en tela de juicio el trabajo de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia, del ejecutivo, así como también de la propia Comisión de Derechos Humanos de Veracruz para garantizar la integridad de los integrantes del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Placido” A.C.

Por lo expresado con anterioridad, la Red de Defensa de los Derechos Humanos solicita:

I. Garantizar la integridad física, psicológica y moral del Defensor de Derechos Humanos Lic. Ignacio Ochoa y Placido, así como de todo el equipo de trabajo del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Placido” A.C., y el de familiares, amistades y organizaciones solidarias que acompañan el trabajo del Centro.

II. Como mecanismo inmediato de protección llevar a cabo el proceso para dar medidas cautelares al Defensor de Derechos Humanos Lic. Ignacio Ochoa y Placido, así como de todo el equipo de trabajo del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Placido” A.C.

III. Sustentados en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial a efecto de que sean investigados, enjuiciados y sancionados los actores materiales e intelectuales de los hechos antes referidos.

Atentamente

Israel Sampedro Morales
Coordinador General de la Red de Defensa de los Derechos Humanos

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

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Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán,
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF,
Tel: +52 (55) 27891100 / Fax: +52 (55) 52772376
Twitter: @EPN

Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Colonia Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600,
Tel. y Fax: (55) 5093 34 00 Ext. 34200
Twitter: @osoriochong

Javier Duarte de Ochoa
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Palacio de Gobierno: Av. Enríquez s/n. Col. Centro, CP 91000, Xalapa, Ver. Tel. (228) 841-8800, ext. 3808, 3829, 01 800 343 334 35 sin costo
Correo: javierduarte@veracruz.gob.mx

Ing. Gerardo Buganza Salmerón
Secretario de Gobierno
Palacio de Gobierno S/N, Esquina Leandro Valle, Zona Centro.
228-8417555, Fax: 228-8417639, Etx. 3601 y 3514.
gerardobuganza@segobver.gob.mx

Arturo Bermúdez Zurita
Secretaría de Seguridad Pública
Torre Central. Leandro Valle esq. Zaragoza, Zona Centro. Xalapa, Ver.
Conmutador (228) 141-3800
@SP_Veracruz

Lic. Felipe Amadeo Flores Espinosa
Procurador General de Justicia
Circuito Rafael Guizar y Valencia No. 707 Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096
Xalapa, Veracruz.
Teléfono Conmutador (228)8-41-61-70
@GobiernoVer
Entrar al link, llenar formato pegando la información y enviar.
http://www.veracruz.gob.mx/justicia/2011/08/17/contacto-2/

Lic. Fernando Perera Escamilla
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Oficinas Centrales Xalapa
Carrillo Puerto No.21, Col. Centro C.P.91000
Tel. (228)8120589
secretariapresidencia@cedhveracruz.org.mx, comentarios@cedhveracruz.org.mx

Navanethem Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Palais des Nations,
8-14 avenue de la Paix, CH 1211 Ginebra 10, Suiza
Tel: +41 22 917 9000 InfoDesk@ohchr.org / civilsocietyunit@ohchr.org

Emilio Álvarez Icaza
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, N.W. Washington, D.C., 20006 U.S.A.
Tel: 202-458-6002 Fax: 202-458-3992
cidhoea@oas.org
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México: Base de datos de desapariciones - un paso positivo pero insuficiente.




Amnistía Internacional (AI) considera positivo las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) anunciando que se dará a conocer una base de datos completa de personas desaparecidas en México.

Al parecer, contiene ya más de 27,000 casos, un número escalofriante personas que han sido sustraídas de sus familias o cuyo paradero es desconocido. AI considera inaceptable que las autoridades no hayan tomado medidas eficaces para prevenir, esclarecer o sancionar estos crímenes. Además, es de recordar que hasta el momento no se ha indicado cuántos podrían ser casos de desaparición forzada, es decir, desapariciones cometidas con la participación directa o indirecta de funcionarios públicos.

Es un avance que las autoridades mexicanas finalmente estén recopilando y haciendo pública información que permita dimensionar la magnitud de este problema, el cual fue tolerado e ignorado por el gobierno federal y los gobiernos estatales durante la última administración.

Sin embargo, la organización exhorta a las autoridades a especificar las medidas que tomará para que la base de datos sea un mecanismo eficaz para investigar las circunstancias de las desapariciones, establecer el paradero de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia. Es fundamental que las investigaciones sean imparciales e exhaustivas y que permitan determinar en cuáles desapariciones participaron agentes de las fuerzas de armadas y policías.

Amnistía Internacional considera esencial que las autoridades aseguren la participación activa de las organizaciones de familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos en el diseño e implementación de las medidas preventivas y las investigaciones para así garantizar su eficacia. También debe garantizarse que estas organizaciones puedan participar en el proceso de identificación de cuerpos en fosas comunes y morgues.

“Durante los últimos seis años los familiares de las víctimas han sido ignorados y hasta criminalizados por sus esfuerzos para obtener la verdad y justicia. El gobierno ha dicho que va a actuar pero esto deberá traducirse en una transformación total en la atención del Estado hacia las víctimas y sus familiares”. Afirmó Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional.

“Recopilar y transparentar la información es un paso fundamental, pero valdrá de poco a las familias de las víctimas en tanto no se realicen investigaciones efectivas para revelar el paradero de las víctimas y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos” agregó Zapico.

Información adicional

La afirmación pública sobre una base de datos que documenta más de 27,000 casos de desapariciones, ocurrió en la víspera de la presentación del informe de Human Rigths Watch (HRW) “México: Crisis de desapariciones forzadas” mediante el puso en evidencia lo extendido de estos graves abusos y la amplia participación de agentes del Estado

Amnistía Internacional escribió a Enrique Peña Nieto al durante sus primeros días en la presidencia para resaltar las acciones urgentes que se requieren para atender la grave situación de derechos humanos, en especial los casos de desapariciones. Durante los últimos años, Amnistía Internacional ha continuado documentado esta alarmante situación y coincide con las conclusiones presentadas por HRW.

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