Elena, una niña de 10 años violada por un sacerdote en Nicaragua, sufrió presiones para que guardase silencio y no denunciase el abuso antes de que el violador fuese por fin procesado y condenado a 30 años de cárcel.
El cuerpo de María fue encontrado sin vida en México, después de que la policía se hubiera negado a atender un llamado de emergencia por considerarlo un asunto familiar.
Latifah, una niña Indonesia de 14 años, fue acusada de adulterio por la policía local cuando acudió a denunciar que había sido violada.
Los nombres de estas mujeres son ficticios, pero sus historias muestran las consecuencias de la arraigada discriminación que sufren millones de mujeres y niñas de todo el mundo, simplemente debido a su género.
Amnistía Internacional ha atestiguado, cuando las mujeres y las niñas carecen de servicios de salud efectivos y de información sobre ellos, las consecuencias son a menudo catastróficas. En muchos países, la falta de autonomía y capacidad a la que se enfrentan las mujeres y las niñas para tomar decisiones que afectan su vida constituye un impedimento crucial para acceder a sus derechos.
La ONU ha denunciado recientemente que cada día mueren en torno a 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, y que, por cada una de ellas, otras 20 soportan sufrimiento durante toda la vida como consecuencia de lesiones, infecciones, enfermedades o discapacidades derivadas del embarazo, el parto o abortos practicados en condiciones de riesgo.
En gran parte del mundo, la impunidad caracteriza la violencia contra las mujeres, escandalosos casos en India, México, Pakistán y Colombia han creado titulares y han arrojado luz sobre los preocupantes niveles de impunidad que facilitaron estas tragedias. En México, solo el 20% de las denuncias de violación terminan en sentencia y si se considera que el 80% de los casos no son denunciados, se puede deducir que se castiga en menos del 5% de las violaciones sexuales contra mujeres.
De Indonesia a México, de Sierra Leona a Estados Unidos, millones de mujeres y niñas pagan con su vida las políticas de salud fallidas, atención insuficiente, y las leyes discriminatorias. Muchas sufren discriminación y violencia en sus familias y comunidades, con poca o ninguna esperanza de obtener justicia o recibir apoyo de sus gobiernos, afirmó hoy Amnistía Internacional.
En 1994, en una conferencia pionera celebrada en El Cairo, dirigentes de 179 países reafirmaron los derechos humanos de las mujeres y las niñas a tomar sus propias decisiones sobre la sexualidad, el embarazo y la maternidad, y se comprometieron a convertir el empoderamiento de las mujeres en un elemento central de sus políticas sobre población y desarrollo.
Amnistía Internacional considera que en los años transcurridos desde la Conferencia de El Cairo se han tomado algunas medidas importantes para cumplir los compromisos adquiridos en ella. Pero estos progresos han tardado en llegar y, en algunas áreas como la salud sexual y reproductiva, han sido, como mucho, irregulares.
Representantes de los Estados miembros de la ONU se reunirán de nuevo en 2014 para revisar los avances logrados con el Programa de Acción aprobado 20 años antes en El Cairo. En concreto, examinarán las iniciativas de los gobiernos para cumplir sus compromisos.
Amnistía Internacional llama los Estados tomar seriamente esta oportunidad y que tomen compromisos para asegurar que toda persona pueda vivir sin violencia y tomar decisiones independientes e informadas sobre su salud, su cuerpo y su vida.
Así mismo, la organización recuerda a los gobiernos que no deben esperar esta conferencia para poner en marcha políticas efectivas que permitan a las mujeres y las niñas acceder a una vida sin violencia, sin discriminación y con un adecuado acceso a la salud.
