martes, 11 de agosto de 2009

Impedirán diputados del PT y Convergencia eventual recorte al gasto social: López Obrador



* No permitiremos los mexicanos que PRI y PAN apliquen Impuesto al Valor Agregado a medicinas y alimentos, advierte

* Ni con el pretexto de la crisis, legisladores de los partidos del Trabajo y Convergencia permitirán una disminución al presupuesto destinado a los pueblos indígenas, expresa

* No se frenará la migración con la construcción de muros ni con la militarización de las fronteras, subraya


La Cumbre de mandatarios de América del Norte sólo sirvió para que las autoridades de México, Estados Unidos y Canadá tomarán la decisión de resolver el problema migratorio a través de la construcción de muros y así negarle la entrada a miles de mexicanos que cada año intentan cruzar la frontera norte en busca de una mejor forma de vida, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

Ante los habitantes de la región mixteca, el presidente legítimo de México expuso que la migración tampoco se frenará con una militarización de las fronteras como pretenden hacerlo los tres países que integran el Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

Recomendó que en vez de cerrarle las puertas a los 600 mil mexicanos que emigran cada año hacia los países del norte, los gobiernos norteamericano y canadiense deberían proporcionar trabajo a nuestros connacionales para que no tengan la necesidad de abandonar el país.

Por ejemplo, continuó, se debería autorizar un presupuesto para pagar bien a los productores de café y a los tejedores de palma, que habitan en esta región, en vez de destinar los recursos a la compra de armamento, “que no resuelve el problema migratorio”.

En San Juan Bautista Coixtlahuaca, López Obrador indicó que Oaxaca, en 2010, servirá como muestra para escribir el prólogo de una obra sobre la transformación, que desde el 2006 comenzó a escribirse “cuando tomamos la decisión de encabezar una renovación de la vida pública”.

Desde la región mixteca, expresó que “la estrategia que estamos siguiendo en el movimiento por la renovación de la vida pública es orientar al pueblo, porque esa fue la lección que dejó la elección de 2006, porque no le podemos ganar a la mafia de la política sin estar organizados”.

Aunque—continuó— faltan 11 meses para que los oaxaqueños participen en los comicios, donde se elegirá al nuevo gobernador de Oaxaca, consideró esencial comenzar a pensar que es necesario un cambio en el estado.

Acompañado por los senadores Gabino Cué (Convergencia) y Salomón Jara (PRD), López Obrador confió en que los líderes del PRD, PT y Convergencia postularán por unanimidad a un candidato capaz de representar y beneficiar a los intereses del pueblo de Oaxaca.

Durante el inicio de la tercera semana de recorrido por los 418 municipios de usos y costumbres de Oaxaca, expresó que el Movimiento en Defensa de la Economía Popular y los diputados electos del PT y Convergencia evitarán que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, aplique un recorte presupuestal a los programas de apoyo a los pueblos indígenas o a la educación, con el pretexto de que hay crisis económica en el país.

Adelantó que los diputados electos del PAN y PRI pretenderán en la próxima Legislatura aprobar el Impuesto al Valor Agregado a medicamentos y alimentos, “sin embargo no lo vamos a permitir”, reafirmó.

En otro orden de ideas, indicó que debe de haber una renovación de la vida pública del país, porque México vive una oligarquía, porque desde hace 26 años las riquezas de México ha sido saqueado.

Por ejemplo, describió, los ex presidentes Carlos Salinas y Vicente Fox concesionaron 22 millones de hectáreas de las regiones mineras de oro y plata para entregárselas a empresas extranjeras para su explotación.

Al llegar al municipio de San Miguel Tequixtepec, el presidente legítimo de México visitó el Museo Comunitario “Jna Ningui” fundado en 1997, que guarda información y fotografías sobre la región chocholteca, donde sus habitantes por mucho tiempo se dedicaron al tejido de la palma.

Después de reunirse con habitantes de San Juan Bautista Coixtlahuac, López Obrador recorrió un ex convento construido en 1400 y que actualmente se encuentra en restauración dos de los retablos más importantes del templo religioso.

Para mañana, el presidente legítimo de los mexicanos visitará los municipios de Concepción Buenavista, Santiago Ihuitlán Plumas, Tlacotepec Plumas, San Mateo Tlaplitepec, SantiagoTepetlapa, y San Miguel Tulancingo.

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La nueva "cláusula de gobernabilidad"

John M. Ackerman en La Jornada.

Es falso que en la pasada elección la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) haya logrado los suficientes votos para alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. El PRI recibió únicamente 36.92 por ciento de la votación nacional, lo cual le da derecho a controlar hasta 44.92 por ciento de la Cámara, es decir 224 curules, de acuerdo con el tope de 8 por ciento de sobrerrepresentación. Por su parte, los 2.3 millones de votos que recibió el PVEM le permitirá recibir hasta 24 diputados federales. En total, la alianza PRI-PVEM alcanza un máximo de 248 legisladores, tres curules menos de lo que necesita para controlar la mayoría de la Cámara de Diputados.

¿Por qué, entonces, tanto triunfalismo de los priístas respecto de la próxima legislatura? Porque saben bien que cuentan con el apoyo de sus amigos consejeros electorales para cargar los dados en su favor a la hora de repartir las diputaciones plurinominales. A partir de una interpretación sesgada y parcial de la norma, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) preparan ya un jugoso regalo de 13 diputados adicionales a lo que legalmente corresponde al PRI.

En el pasado, el control unilateral del tricolor sobre el Congreso de la Unión se lograba de forma autoritaria mediante la "cláusula de gobernabilidad", que garantizaba que el partido que lograra la primera minoría automáticamente recibía suficientes curules adicionales para controlar la mayoría absoluta. Hoy ya no hacen falta este tipo de leyes tramposas, porque es suficiente contar con un grupo de consejeros leales para asegurar el predominio del viejo partido de Estado sobre la Cámara de Diputados.

El sistema electoral mexicano está diseñado para asegurar una amplia pluralidad en la representación política. La existencia de los 200 diputados plurinominales tiene el propósito precisamente de garantizar la representación de la diversidad de posiciones políticas que existen en la sociedad, así como de obligar al establecimiento de acuerdos entre las diversas fuerzas políticas. La representación proporcional no existe con el fin de asegurar la hegemonía de la primera minoría, sino todo lo contrario.

Reflexiones cerca del 2010…

VIVE MÉXICO… A PESAR DEL PRIAN

Desafortunadamente México padece un cáncer que cada día se agrava más y que se convirtió en un mal necesario.

Se trata de los medios de comunicación principalmente electrónicos como radio y t. v. pues bien, tanto radio como t. v. entre otros, han sido de los inventos más fabulosos que ha habido en la historia, pero desafortunadamente cayeron en manos de personas ambiciosas y sin escrúpulos que anteponen sus intereses a la labor social que debe ser su objetivo principal.

Lo anterior viene a colación debido a que tales medios son cómplices en las mentiras de los gobiernos, sin importar el partido del que provienen porque el detalle es que se confabulan en contra del pueblo y hacen que la memoria histórica de muchos sea muy frágil y hacen que se olviden de las afrentas sufridas en los 70 años del PRI y en los que van del PAN.

Para fines prácticos el resultado es el mismo: Con el PRI corrupción, represión, impunidad y violación de los derechos humanos entre otras cuestiones, en resumen el hundimiento del país y el empobrecimiento del pueblo y con el PAN es lo mismo pero peor.

Es posible que en sus inicios la dictadura del PRI haya tenido la idea de favorecer al pueblo creando instituciones que desgraciadamente con el tiempo fueron tomadas como botín del vencedor, porque en algún momento alguien torció el camino.

Este país es tan poderoso y tan rico que ha pesar de que ha sido saqueado desde la llegada de los españoles, a pesar de las calamidades humanas y naturales, a pesar del PRIAN… VIVE MÉXICO y está en pie de lucha.

¿Hillary golpista?

SATIRICOSAS- Manú Dornbierer- 8-8-09

Cuando Hillary Clinton trataba de combatir a Barack Obama y de ser ella candidata a la presidencia de USA, las feministas latinoamericanas estaban encantadas y la apoyaban: Ya es hora, decían, que una mujer ocupe el máximo poder del planeta. Sin embargo muchas gringas contuvieron esa actitud a veces ciegamente genérica. Recuerdo haber preguntado a amigas informadas su opinión y hubo muchas que estaban contra ella y su marido, Bill Clinton no obstante el buen estado en que dejó la economía. No se vota por feminismo o por machismo, decían. Se referían a la abogada Hillary Clinton en términos duros y preocupados. La conocemos, agregaban. Por mi parte, recordé que como senadora de NY le ofrendó a Bush su voto por la Guerra de Iraq.

Por eso no es de extrañarse que del Departamento de Estado que ella maneja ahora salgan chispas y centellas contra el “provocador” presidente de Honduras, Mel Zelaya, que osó cruzar la frontera y entrar en el país que lo eligió para gobernarlo hasta el mes de enero próximo. El presidente que esta semana visitó México y dejó huella, explicó que Honduras no depende de Caracas sino de Washington en un 70 % de su existencia y que si Estados Unidos quisiera, el golpe de estado no hubiera durado. ¿O quizás no se hubiera dado?

CORTES Y EJERCITOS DESPRESTIGIADOS.

No se rinde el presidente Zelaya, depuesto, sacado de su cama una madrugada, y expulsado de su país por los clásicos gorilas latinoamericanos al servicio de la oligarquía local y del Empire. Si eso no es un cínico y primitivo golpe de estado ¿entonces qué es? Y no es nada nuevo, aunque sí es un golpe más brutal y descarado que otros ya que se pitorrea de la OEA, apoyado por 10 familias enriquecidas por ( a veces contra) el pueblo hondureño, ese que sigue protestando en las calles, en las universidades cuya autonomía naturalmente viola el ejército. Ese pueblo al que Zelaya quería brindar simplemente la oportunidad de opinar siquiera - por lo visto no lo tiene permitido - sobre la cosa pública, a través de la encuesta que causó el inicial enojo oligárquico. Niega Zelaya haber buscado la reelección para él, pues su reforma sería vigente a partir del siguiente periodo presidencial.

Lo peor del golpe, lo que es una vergüenza y una confesión de la absoluta falta de vocación social es la participación del Ejército y de la Corte de Justicia en el complot, que lejos de haberle dado una apariencia de legalidad a Micheletti, sólo desprestigiaron mundialmente a esas instituciones. (La nuestra se acaba de salvar por un pelito).

Israel Salinas, presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), dijo “yo fui parte de la comisión que eligió a los candidatos a magistrados a esta Corte Suprema de Justicia y hoy en este momento le pido perdón a este pueblo porque yo, en ese momento, pensé que había jugado un gran papel en esa comisión; pero con esto que ha pasado, me he dado cuenta que no fue así; desgraciadamente esa fue una mala elección que hicimos, porque estos magistrados en su mayoría se han declarado al servicio de los grupos de poder y los malos políticos del país. Me siento defraudado por el abogado Jorge Rivera Avilés, Presidente de esta Corte, porque yo considero que el único delito que cometió Mel Zelaya fue haber ayudado a los pobres, a los trabajadores hondureños y ese delito es el que lo tiene fuera de su país; pero algún día este pueblo les pasará factura a los golpistas”. Pese a la represión, el pueblo sigue en acción contra la dictadura.

LO PEOR FUE SUBIR LOS SALARIOS.

Hizo algo mucho peor EL PRESIDENTE Zelaya. Intentó disminuir las posibilidades de enriquecimiento constante de los ricos repartiendo mejor el dinero, para frenar el empobrecimiento constante de los pobres. Y se enojaron los ricos hondureños a los que califica de “avaros”. ¡Qué raro! Ajustó los salarios sin regateos a los daños causados por la crisis neoliberal y los subió un 60%! Habría que conocer el porcentaje de las ganancias de la clase alta para juzgar si es mucho o poco. ¿Acaso quería Mel Zelaya que todo hondureño tuviera la oportunidad de dejar de esclavo? ¿Acaso cree realmente en la justicia y en la igualdad, en la posibilidad de un mundo nuevo en el Nuevo Mundo? Es inaceptable en muchos países del continente pensar así, México incluído. Los salarios de hambre son una “conquista inamovible” de la oligarquía y los gobiernos del signo que sea, del Río Bravo para abajo. Y eso precisamente es lo que tratan de revertir los presidentes progresistas de América del Sur y hoy hasta de Centro América. Ya hay dos aquí junto, Guatemala y El Salvador, sin olvidar a Nicaragua, y descendiendo hacia el sur en el mapa, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay Brasil y Chile que, esperemos, nunca olvide al también “depuesto” presidente Allende.

Por otra parte, Zelaya aceptó ¡qué locura! la ayuda petrolera de Hugo Chávez. ¿Y qué las compañías gringas que surten prácticamente toda la energía del pequeño país iban a tener que frenar esos precios con los que chantajean continuamente a los hondureños? Si exigieron la guerra de Iraq, no se iban a parar en pintas para exigir un buen golpe de Estado en tan pequeño estado latinoamericano que empieza a ver claro en compañía de sus vecinos que también levantan la cabeza. Seguro que se enojó Hillary. El neoliberalismo imperial no se rinde no obstante su incompetencia, descrédito, y estrepitoso fracaso que llevó al planeta a la ruina. Y en USA se puede presumir de demócrata derechista. El golpe huele desde luego también a Bush y Cheney, y ha toda suerte de halcones voraces y descarados, manejando a los gorilas, no sólo contra toda ley y contra el pueblo hondureño sino contra el hombre negro que le ganó la Casa Blanca a la idem Hillary. No olvidemos sus reacciones racistas en momentos de la contienda electoral.

ZELAYA EN MEXICO.

El presidente legítimo de Honduras, Mel Zelaya fue recibido por Calderón, por el Congreso y por Marcelo Ebrard, como tal, el jefe de Estado que es, así lo haya suplantado por la fuerza un mequetrefe irracional, flanqueado de un ejército y de una Corte de justicia de carcajada. Y es que aquí dijo Marcelo Ebrard
- refiriéndose al país aparte que es La Capital, que no está guanajuatizada y por ende no tiene la vergüenza yunquista de contar con 130 mujeres encarceladas por la inquisición hasta por 20 años por aborto legal - respetamos a los presidentes legítimos. ¡Y a tragar camote, y prenderse de la rabia los panistas que quieren inultilmente que se olvide el fraude de 2006!

Calderón no podía hacer otra cosa sino apoyar a ese presidente legítimo aunque persiga al de aquí. Tiene que pagar las facturas pendientes y una de ellas la tiene con la opinión pública mundial que con las comunicaciones actuales está perfectamente enterada de quien es quien en cualquier lugar del mundo. Ni modo que se pusiera del lado de los golpistas. Está viviendo en una jaula de vidrio cuya opacidad es cada día menos difícil de mantener, aún con el grandísimo apoyo del duopolio televisivo. Es algo que por cierto debería entender Jacqueline Pechard, Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, desde 2007. ¡Qué esfuerzos hace para sostenerla!

Zelaya fue estupendamente entrevistado por Carmen Aristegui, en MVS como en la merita CNN, en contacto directo con el público estadunidense y el americano - léase continental que ya es hora de que USA deje de usurpar el nombre de todo un continente, el de todos los países americanos a los que llega la cadena septentrional. “América es muy importante para Estados Unidos y para Europa” declaró el presidente hondureño, cuando le preguntaron porqué todos los países le daban su apoyo. El golpismo puede convertirse en contagioso y no le conviene apoyarlo a ningún presidente declarado, por derechista y espurio que sea y aunque tenga que enfrentarse a Doña Clinton y asesores, que hacen lo que quieren mientras el presidente Barack Obama - aún creo es sus buenos sentimientos - aprende a no seguir siendo bushista y a conocer de primera mano a América, la nuestra, sin apellidos patronímicos. La que empieza a ser libre y digna frente al imperio que siempre se ha sentido dueño de nuestras materias primas entre mucho más. La que nos pertenece exclusivamente a los que hemos nacido y vivido en estas tierras sea cual sea nuestro origen

EL BERRINCHE ´PANISTA

Y porque Calderón se portó decente con Zelaya, ya que no le quedaba de otra, se enojaron los enanos panistas que no entienden el lenguaje de las urnas - la mayor parte del voto fue contra ellos, no por el PRI -. Zelaya se portó como lo que es, un hombre congruente y valiente y dijo a la gente de izquierda en el homenaje que le hizo en el Teatro de la Ciudad "En estos países es mejor sentirse presidente que serlo. Y eso se lo digo a López Obrador, que está escuchando”. Así de simple, habló Zelaya, tras haber agradecido a Calderón su apoyo, provocando esta vez entre los izquierdistas un inmaduro y tonto abucheo contra una conducta plausible.

Los panistas hicieron la acostumbrada pataleta, incapaces como son de entender a un verdadero político y la democrática hombría de Zelaya.

“Comes y te vas” dijeron por Xew recordando esa vergüenza mundial d e México. Y otro: “Mordió la mano que le dio de comer”. Por eso estamos como estamos, por los minerales del PAN. Dan pena ajena.

ANIVERSARIO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, mañana. Se preguntan qué deben festejar.

Liberación de paramilitares arriesga la vida de sobrevivientes

Por Lourdes Godínez Leal México, 11 agosto 09 (CIMAC).-

La masacre de 19 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 14 niñas y cuatro niños y 8 varones, realizada por 40 paramilitares en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, no fue el resultado de conflictos intercomunitarios ni religiosos, sino de una estrategia de contrainsurgencia que continuará en caso de liberarse a quienes participaron en ella, advirtió hoy Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

En conferencia de prensa previa a la discusión que tendrá mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde definirá si se violó o no el debido proceso de los sentenciados, el Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas precisaron que la Corte sólo se pronunciará en la “forma pero no en el fondo” declarando y reconociendo la responsabilidad de quienes participaron en la masacre, con lo que nuevamente se abre el camino a la impunidad.

Para el director del Prodh, la masacre de 45 indígenas tzotziles debe ubicarse en un contexto socio-político trazado en la línea de la contrainsurgencia y de serios desplazamientos de las comunidades por la violencia y ello, dijo, no debe perderse de vista por la SCJN.

Señaló que la resolución de la Corte no ahondará en la inocencia o culpabilidad de los sentenciados, “de ahí la gravedad de su facultad” ya que por negligencias cometidas intencionalmente por agentes del Estado mexicano quedará en la impunidad el crimen de “lesa humanidad” perpetrado contra las 45 personas.

En tanto, para Diego Cárdenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, que ha dado acompañamiento legal a las víctimas y ha seguido de cerca el caso, dijo que la resolución que dé mañana la Corte “podría poner” en riesgo la vida de quienes denunciaron a los paramilitares, es decir, de las y los sobrevivientes de la masacre.

Y, en este sentido, dijo que los testimonios de las y los sobrevivientes son fehacientes ya que reconocieron claramente a sus agresores quienes previamente los habían estado acosando.

“Los que hoy utilizan esta liberación con estrategias mediáticas para desinformar a la sociedad lo hacen con la finalidad de seguir ocultando este crimen de lesa humanidad, con falsas especulaciones se convierten en cómplices de la impunidad en que se encuentra el caso de la Masacre de Acteal”, dijo.

RIESGO DE REACTIVACIÓN PARAMILITAR

El activista alertó también de la reactivación de grupos paramilitares en la zona de Los Altos de Chiapas y dijo que si quedaran en libertad los 40 paramilitares amparados en la SCJN, como ha circulado en la prensa nacional, se pondría en riesgo el tejido social y la integridad de las personas, principalmente en Polhó donde hay bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

También se perturbaría la paz en la región, dijo, ya que aún se encuentran ahí las armas con las que se cometió la masacre y recordó que en el año 2000 la Procuraduría General de la República (PGR), hizo un “intento” de operativo con un testigo protegido que les diría dónde estaban las armas, mismo que fue frustrado por grupos paramilitares.

Mariano Luna Ruiz, presidente de la organización civil “Las Abejas” y uno de los sobrevivientes de la masacre, recordó que en el contexto del levantamiento armado del EZLN en 1994, empezaron a surgir los grupos paramilitares en Chenalhó, que pedían a las comunidades indígenas ayudar a comprar armas para combatir al EZLN.

Como la comunidad se negó, dijo Luna Ruiz, sus habitantes fueron despojados de sus pertenencias, sus casas quemadas y obligados a desplazarse. Fue así como llegaron al campamento de Acteal donde serían masacrados.

El representante de “Las Abejas” dijo que actualmente en la comunidad hay temor por los rumores que han circulado en la prensa de que los paramilitares que participaron en la masacre podrían quedar en libertad.

Responsabilizó a la administración de Felipe Calderón, a la y el abogado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Ana Laura Magaloni y Alejandro Posadas de la violencia que pudiera generarse de nuevo en la comunidad si salen libres, por lo que hizo un llamado a las autoridades del país y a la SCJN para que reflexione en su fallo mañana.

Magaloni y Posadas asumieron la defensa legal de las 71 personas recluidas en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, en diciembre de 2006 (Cimacnoticias, 28 diciembre, 2006) y llevaron a la Corte los amparos de los 40 paramilitares.

09/LGL/PBC/GG

UNAM, IPN, UAM, deben salir a la calle para luchar por educación gratuita y pública

Pedro Echeverría V.

1. En la década de los setenta los profesores del Colegio de Ciencia y Humanidades de la UNAM luchábamos junto a miles de estudiantes “rechazados” para conseguir miles de “nuevos” ingresos a nuestros cinco planteles. Incluso en 1968, en medio de broncas y confrontaciones, se lograron abrir “Preparatorias populares” que se mantuvieron con “boteos” y mítines en las calles hechos por los mismos estudiantes y fueron importantes pilares del movimiento estudiantil de 1968. Así que la lucha de los “rechazados” tiene larga historia.

2. Hoy aquellas batallas tienen que ser más grandes: “Cada año -dice un comunicado de estudiantes rechazados del Instituto Politécnico Nacional (IPN)- miles de jóvenes son rechazados de las universidades públicas. Más aún, en el proceso de admisión de este año la demanda a las universidades públicas se incrementó debido a que miles de estudiantes riquillos que optaban por las universidades privadas, por causa de la crisis económica, concursaron en los exámenes de admisión de las distintas universidades públicas”.

3. Lo anterior ocasionó que las universidades públicas tuvieran una demanda histórica para este 2009. En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en los exámenes de febrero y junio, participaron 167 mil aspirantes para 14 mil lugares ofertados; en el IPN, en abril, las autoridades dieron a conocer que 110 mil demandantes participarían en el concurso de selección para 21 500 lugares ofrecidos. En la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) presentaron 70 mil aspirantes los exámenes de selección para 11 mil lugares existentes.

4. La realidad es que a pesar de las mil reformas derechistas que han sufrido la Constitución Política y su artículo Tercero, así como de todo tipo de violaciones y negativas interpretaciones de sus textos, se conservan sus principios básicos: la educación en México de ser pública, gratuita y laica, e impartida por el Estado. La educación privada sólo fue aceptada para cubrir lo que el Estado no pueda atender. Sin embargo en la medida en que el Estado ha estado retirando presupuesto y atención, la educación privada se ha convertido en enorme negocio.

El México increíble - punto de vista

Mexicanos Sin Fronteras en razones de ser.

pem

El nuevo escándalo de corrupción y saqueo, ahora a la llamada primera industria del país, Petróleos Mexicanos, PEMEX, salió a la luz pública el pasado jueves 30 de julio, días después del anterior, el de Procampo, el programa que se supone fue diseñado para sacar del ostracismo a los verdaderos hombres del campo y se desvió por obra y gracia de seres sin cara y sin nombre para beneficiar a funcionarios públicos, a sus familiares y amigos y hasta presuntos narcotraficantes.

Por qué decimos que por obra y gracia de seres sin nombre y sin rostro, porque en todos estos casos de saqueo, de pillaje, de corrupción como son ejemplo para vergüenza de autoridades e indignación del pueblo los casos últimos de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora que ya cobra 49 inocentes víctimas infantiles, el Procampo del que se han esfumado más de 171 mil millones de pesos y los campesinos continúan en su miseria ancestral y ahora PEMEX, la eternamente sangrada paraestatal, a la que se le deja morir a pausas como estrategia criminal para privatizarla.

En todos los casos ni un solo detenido, el paraíso de la impunidad, el México increíble.

La noticia atronó: en una acción conjunta de las Secretarías de la Función Pública y Seguridad Pública federal, la Procuraduría General de la República y la propia Dirección General de PEMEX tomaron las instalaciones de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la paraestatal a cargo del general, Miguel Estrada Martínez al “descubrirse”, lo que todo mundo sabía, la existencia de una red de servidores públicos coludidos con las mafias de la ordeña en los ductos de los combustibles que ha causado un daño patrimonial al país por 12 mil millones de pesos anuales.

Como en todos los anteriores casos ni un solo detenido, el paraíso de la impunidad, el México increíble.

Para tener una idea de lo monstruoso del pillaje de la ordeña, el analista del sector energético, George Burker, lo esquematiza de la siguiente manera en entrevista con el diario El Universal: El robo ha financiado a un PEMEX paralelo; encargada la paraestatal de asegurar la demanda de combustibles, por falta de capacidad de producción -en la misma línea de depauperarla-, acumula pérdidas en los últimos seis años por la importación de 219 mil millones de pesos, en ese mismo lapso la ordeña alcanzaría un costo de más de 100 mil millones, es decir la mitad de las pérdidas financieras.

Como en todos los anteriores casos ni un solo detenido, el paraíso de la impunidad, el México increíble.

La industria paralela, la de la ordeña, opera según información recabada desde hace una década y la misma se ha desarrollado y vigorizado hasta formar una docena de bandas, que ahora sustrae crudo que refina artesanalmente en sitios clandestinos e inclusive en Estados Unidos; además controla el mercado negro de los mismos.

Como en todos los anteriores casos ni un solo detenido, el paraíso de la impunidad, el México increíble.

Y lo último, el saqueo se eleva a 30 mil millones de pesos al año, monto superior al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, corrige en entrevista con el diario La Jornada, Armando Subirats Simón ex subgerente de Coordinación Estratégica de PEMEX, quien asegura que el enemigo no está fuera sino dentro, señaló que el mercado ilícito de combustibles se empezó a detectar desde 1998 y acusa que el robo a oleoductos se disparó brutalmente a partir del 2003, en el gobierno de Vicente Fox Quesada.

Y nada se ha hecho y ahora nos salen que no hay tal investigación conjunta, que sólo la lleva a cabo en forma administrativa la Secretaría de la Función Pública, como en todos los anteriores casos ni un solo detenido, el paraíso de la impunidad, el México increíble.

Audio: Carmen Aristegui 11 de Agosto de 2009

(Audio Completo sin comerciales)









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Audio Cortesia AMLOTV

AMLOTV
Soberania Popular

El Renacimiento de México



La seguridad y la paz son fruto de la justicia

Durante la segunda semana de recorrido del Presidente Legítimo de México, por los municipios de usos y costumbres de Oaxaca, en sus palabras dirigidas a las comunidades indígenas reiteró el llamado a buscar la unidad en la izquierda entre los partidos del FAP para postular un candidato único para contender en las elecciones a gobernador en ese Estado.

Asimismo, señaló que los simpatizantes del movimiento por la defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía, no deben ocuparse de los problemas internos que aquejan al PRD, sino que deben avocarse a la organización de la gente para que crezca el movimiento y se esté en condiciones de transformar la vida pública de México en el 2012.

Por otra parte, hizo énfasis en los altos sueldos y privilegios de que gozan los funcionarios públicos de alto nivel, como son los magistrados del tribunal federal electoral y los ministros de la suprema corte de justicia, que cobran 400 y 600 mil pesos mensuales respectivamente, además de que no cumplen con su trabajo, pues sólo sirven a los intereses de la oligarquía que los puso en el poder. Mientras que, por ejemplo, la mayoría de las comunidades indígenas de Oaxaca están comunicadas por caminos de terracería.

También acusó a los gobiernos priístas de Mario Marín (Puebla), Enrique Peña Nieto (Edo. De Méx.) y Ulises Ruiz (Oaxaca), de utilizar el dinero público para la compra de votos y así revivir al PRI, en detrimento de las necesidades del pueblo, por lo que hizo un llamado a los diputados electos del PRD, PT y Convergencia, para que cuando entren en funciones, estén a atentos a que no se destine mayor presupuesto para los Estados gobernados por el PRI, pues estos quieren reponerse financieramente, ya que han dejado en quiebra las Entidades gobernadas por ellos debido al desfalco que hicieron en la pasada jornada electoral.

Asimismo, solicitó a los legisladores del FAP que aprueben que el 10 por ciento del presupuesto federal se destine a las comunidades indígenas, ya que actualmente sólo se les destina el 1.6 por ciento.

En otro orden de ideas, López Obrador, se refirió a la declaración que hizo el Presidente de Honduras Manuel Zelaya, durante sus visita a nuestro país, quien refiriéndose directa y expresamente al Presidente Legítimo de México, declaró que: “es mejor sentirse Presidente que serlo” a lo cual el gobierno usurpador de Calderón contestó que había sido imprudente tal declaración, por lo que Andrés Manuel López Obrador señaló que esto es muestra de la intolerancia de la derecha mexicana, que no desea se mencione a nuestro movimiento.

Finalmente, el Presidente Legítimo envió una nota a los mandatarios de EE.UU. y Canadá, con motivo de su visita a nuestro país, en la cual les manifiesta que es necesario revisar el TLCAN, ya que a 15 años de su firma, su aplicación en nuestro país ha sido muy dañina pues se han perdido empleos en el sector manufacturero y se ha abandonado el campo.

Asimismo, manifestó su rechazo al ASPAN y que con tal motivo se pretenda dar una solución militar a la migración de mexicanos a EE.UU. y Canadá, así como al problema de la seguridad de América del Norte, llamase terrorismo o narcotráfico, enfatizando que la seguridad y la paz son fruto de la justicia.



Oficio de Papel

Columna semanal de Miguel Badillo

• Promete Calderón operación limpieza en Pemex
• Disputa por Pemex destapa corrupción y saqueo
• El dinero del narcotráfico manda en el gobierno

Tiene razón Felipe Calderón cuando asegura que el crimen organizado ha penetrado la estructura de Petróleos Mexicanos, igual como lo ha hecho en otras áreas de gobierno. El mandatario panista sabe que bandas del narcotráfico, coludidas con funcionarios de primer nivel de su gabinete, se han dedicado a saquear la principal empresa del Estado, por eso ha pedido al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) una investigación paralela que sólo a él le reporte.

Pero Calderón alude sólo al delito de robo de combustibles, y aunque por supuesto merma las finanzas de la paraestatal, está muy lejos de ser el principal problema. Si realmente le preocupara Pemex como asegura, Calderón empezaría por combatir la corrupción y frenar a esa delincuencia organizada de cuello blanco que es la más rapaz para las finanzas públicas.

Durante la inauguración de unas plantas petroleras en Reynosa, Tamaulipas, el mandatario dijo el jueves pasado que “no podíamos evitar un tema del cual todos sabíamos, pero era una piedra a la que todo el mundo le daba la vuelta”. Su discurso lo dio frente al líder sindical Eduardo Romero Deschamps, el mismo que participó junto con el exdirector Rogelio Montemayor en aquel desvío de recursos de Pemex para financiar la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa.

Sin embargo a Calderón sólo le interesa investigar el robo de combustibles: “ha llegado la hora de dejar de ordeñar”. Y qué pasa entonces con las otras áreas petroleras que están podridas por la corrupción y que permiten a empresarios y funcionarios corruptos enriquecerse sin límite. Al interior de Pemex todos conocen las irregulares que se cometen en la empresa mediante la asignación de contratos, en la compra de bienes y servicios, en la importación y exportación de productos, en los seguros, en las áreas médicas, en la relación con el sindicato, en la administración y hasta en las empresas creadas en paraísos fiscales. Pero como se trata de funcionarios panistas de primer nivel todos hacen caso omiso a las denuncias y quejas presentadas ante la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública.

Esos delincuentes de cuello blanco son más peligrosos que el mismo crimen organizado que dice Calderón perseguir, porque aquellos se han enriquecido brutalmente con multimillonarios contratos petroleros y, sobre todo, porque nadie los persigue.

Pero Calderón dice que los recursos petroleros son de los mexicanos y que “no tenemos por qué quedarnos cruzados de brazos o desviar la mirada”. También prometió realizar a fondo un proceso de depuración y de limpieza que lleve, verdaderamente, a tocar el corazón y la médula espinal de la estructura que roba los combustibles en Pemex. ¿Por qué esta supuesta operación limpieza no se hace en todas las entidades del gobierno federal?

Sin limite de fondos contra el narco

El próximo año los recursos serán limitados y el gobierno federal tendrá que establecer prioridades. Sin embargo, bajo las actuales circunstancias, es claro que las partidas asignadas al sistema de seguridad pública no sólo no se reducirán, sino que se incrementarán, aunque hasta ahora hayan servido para muy poco.

El riesgo, no obstante, está en el ambiente y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y las diferentes organizaciones que representan los intereses de los tres niveles de gobierno ya discuten el tema en un momento en el que se desplomaron los ingresos de los fondos participables y se agotaron los recursos que dejó la bonanza petrolera.

Cantarell está a punto de agotarse y la recaudación en un año de crisis no podrá remontarse. De hecho, se descarta que una reforma hacendaria pueda salvar los escenarios. Rumbo al 2012, los enfrentamientos y competencia de los partidos políticos hacen prácticamente imposible acuerdos que fortalezcan la institucionalidad y la estabilidad en el país.

Por eso, al interior de la Conago se busca ligar la discusión en torno a las fórmulas para definir las transferencias participables a las necesidades de recursos para combatir el crimen organizado. No obstante, existe el riesgo de que el Poder Ejecutivo envíe a través de la Secretaría de Hacienda una propuesta de Presupuesto de Egresos para 2010 que incremente sustancialmente las partidas para el Ejército. Una pésima señal. Por ello, el tema de los recursos para el 2010 resulta tan relevante.

En este entorno, el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad podría complicarse. Para empezar, los puntos 33 y 34 de dicho documento difícilmente podrían cumplirse: “El Poder Ejecutivo se comprometerá a velar a fin de que las prioridades presupuestarias fortalezcan los programas y acciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Otorgar mayores recursos a estados y municipios en materia de seguridad”.

Con municipios prácticamente en estado de quiebra, difícilmente se cumplirán los compromisos que impulsó el gobierno de Felipe Calderón y que pedían asignar recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos, ejercicio que estaría acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes.

De la rendición de cuentas, con o sin crisis, la queja es ya conocida: no se cuenta con los mecanismos para exigir una adecuada transparencia y bajo las actuales circunstancias de astringencia y reducción de flujos, también correría el riesgo de convertirse en un tema secundario. No debería porque sólo de esa forma sería posible ubicar si el dinero del narcotráfico está también presente en las cuentas de estados y municipios. Auditorías eficaces podrían cruzar esa valiosa información.

Los gobiernos federal, estatal y municipal se enfrentan, por lo tanto, a un momento definitivo porque el dinero del crimen organizado podría tentar a muchos funcionarios. De no tomar cartas en el asunto, el gobierno de Calderón estaría incumpliendo, además, varios de los mandatos de la Constitución que ordenan al Estado proteger a sus ciudadanos, a sus funcionarios, en el cumplimiento de su deber frente a los gobernados.

Aún más, también se incumplirían decenas de leyes que norman la actuación de las fuerzas policiales responsables de la seguridad pública que deberían recibir ingresos que compensen el nivel de riesgo al que se encuentran sometidos y ese riesgo en un país que se está convirtiendo en un verdadero polvorín se encuentra en ascenso.

De hecho, analistas en el tema calculan que el costo de mantener a un grupo de la sociedad dedicado por completo y a salvo en la lucha contre el narcotráfico podría rebasar el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, un porcentaje que no se encuentra muy alejado de otra estimación: a la economía mexicana la violencia, el crimen y la lenta aplicación de la justicia le cuesta más del 15 por ciento de su generación de riqueza.

Pero más allá de los cálculos económicos, es un hecho que la crisis agudizará los escenarios de riesgo. El mayor de ellos, sin duda, es el camino y peligro inminente hacia un narcoestado, cuando todas las instituciones de gobierno se encuentran infiltradas por el crimen organizado. Igual que sucedió en Colombia, legisladores comenzaron a presentar iniciativas que modificaron el orden en cárceles e instituciones en donde se ejerce el poder público, a favor de narcotraficantes. El peor de los escenarios.

Por ello, el envío de más de 40 mil soldados a las zonas de conflicto es un mensaje directo: Felipe Calderón no confía en las policías federales, estatales y municipales, y por ello es necesaria su refundación. En medio de todo eso, sin embargo, se encuentra la población civil que padece los actos de los narcotraficantes que se revelan contra la guerra que les declaró el gobierno calderonista.

La población también padecen al Ejército que simplemente no se preparó para cuidar a niños o mujeres en medio del terreno de guerra. Se incumple, bajo esta circunstancia, el principal punto del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la legalidad: la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. La razón es muy sencilla: la desconfianza es la reina de este peligroso juego que mantiene atrapada a la ciudadanía.

De esta forma, con más de 250 leyes que norman el ejercicio del poder público contra el crimen, se calcula que se necesitarán al menos 40 nuevas leyes para poner en blanco y negro los límites y responsabilidades de cada autoridad, incluso para decidir cómo y cuándo participan las fuerzas castrenses o cómo se sancionan sus excesos más allá de los secretos e inescrutables tribunales militares. Michoacán ha sido un claro ejemplo de las discrecionalidades que han violentado los niveles de gobierno.

Paradójicamente, en ese universo de legislaciones, no hay claridad respecto a las normas con las que se combate el crimen organizado, por lo que algunos expertos sugieren la necesidad de refundar también los marcos normativos para actuar de manera contundente y con total claridad. En este punto, el lavado de dinero tendría que ocupar un lugar predominante, porque son los circuitos financieros los puntos más vulnerables de ingreso para garantizar un narcoestado.

Así de grave es este asunto. Sin embargo, en materia de blanqueo de capitales, sucede lo mismo que con las policías, el Estado – y ha sido un reclamo hacia México por parte de los organismos multilaterales que se ocupan del tema – tampoco está garantizando la seguridad de los funcionarios que siguen las investigaciones y que se enfrentan a poderosos intereses. Tan sólo un punto: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que debe conocer al detalle todos los reportes sobre operaciones sospechosas y relevantes, no tiene potestad para interponer denuncias relacionadas con delitos financieros o lavado de capitales.

La CNBV tampoco puede solicitar información de manera directa, lo que bloquea la posibilidad de armar casos que no puedan impugnarse. Pero de acuerdo con el artículo 400-bis del Código Penal Federal, cita una investigación de José de Jesús González Rodríguez del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, la Secretaría de Hacienda es la única entidad facultada para iniciar una querella contra delincuentes de cuello blanco, lo que crea cuellos de botella en el combate al lavado de dinero.

Es obvio, por lo tanto, que el compromiso de Felipe Calderón de impulsar un sistema de interconexión denominado Plataforma México, que enlazaría a las dependencias responsables de la seguridad y la procuración de justicia, tampoco se ha cumplido. No existe, en conclusión, estrategia de inteligencia alguna contra el narcotráfico y el crimen organizado y el dinero es el que manda.

oficiodepapel@contralinea.com.mx

Pronunciamiento respecto al Proyecto de Nueva Refinería


Fuente: Boletín mensual del CNEE zona metropolitana

E n relación con el proyecto para construir una nueva refinería, a la luz de nuestra experiencia en la industria petrolera, expresamos algunas consideraciones para contribuir a que esta obra brinde mayores oportunidades y ventajas para los mexicanos.

Sin duda es positivo para nuestro país que se construya una refinería capaz de procesar 300,000 barriles de crudo pesado por día, la cual con una ingeniería adecuada y una estrategia de operación eficiente podría rendir 150,000 barriles de gasolinas por día, (bgpd) volumen que dejaría de importarse. Sin embargo, de acuerdo con el dictamen de la propia Secretaría de Energía, el déficit de gasolinas para el presente año será de 359,000 bgpd; por lo cual, aún con la producción esperada de 75,000 en el tren de la refinería de Minatitlán para el año de 2010, subsistirá un déficit de 400,000 barriles por día para el año de 2017.

Si PEMEX y el Gobierno Federal, verdaderamente quieren atender la demanda nacional de petrolíferos, será necesario que el Sistema Nacional de Refinación opere al 100% con lo que se obtendrán 150,000 bgpd, deben construirse otras dos refinerías de 300,000 barriles de petróleo por día, las que podrían aportar hasta 300,000 bgpd. Debe emprenderse el proyecto y la construcción de tres refinerías, una cada año, iniciando en 2010 y terminando en 2017. Con esa capacidad de producción se podrá satisfacer la demanda nacional. De otra forma, las acciones de PEMEX SEGUIRÁN EN EL SENTIDO DE HACER COMO QUE SE QUIERE CUMPLIR, PERO NO CUMPLIR EN LA PRÁCTICA.

La localización debe ser una decisión de PEMEX y la SENER, apoyada en estudios de carácter técnico y económico, como se ha hecho en los casos de las seis refinerías que integran el sistema nacional. En el caso de las tres últimas, proyectadas y construidas por PEMEX en Cadereyta, NL., Tula Hgo. y Salina Cruz, Oax., primero se hicieron los estudios técnico económicos, después, las acciones de ingeniería, posteriormente se evaluaron diferentes opciones de localización, se decidió la adquisición de los terrenos y finalmente se anunció la construcción de cada una de ellas.

De manera inédita, PEMEX abre una consulta para que los Gobiernos de los estados le digan donde ubicar la nueva refinería; DELEGANDO ASÍ SU RESPONSABILIDAD EN OTRAS INSTANCIAS Y COMPLICANDO EL PROYECTO. Desde nuestro punto de vista LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y PEMEX DEBIERON ADQUIRIR EL TERRENO.

El proyecto de la nueva refinería, es vital para reactivar la economía de nuestro país, debe darse la participación de las empresas mexicanas de bienes de capital para el suministro de insumos de equipos, materiales e instrumentos para la construcción de las insta- laciones industriales; así como de las firmas de ingeniería y las compañías de construcción nacionales, que deberán abrir oportunidades de trabajo a miles de profesionales y técnicos mexicanos.

Sin embargo, no se han dado a la luz pública los convenios que deberían establecerse con la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, o con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, tampoco se sabe si el Instituto Mexicano del Petróleo, reconocido como el brazo tecnológico de PEMEX, con amplia experiencia y capacidad para el desarrollo de este tipo de proyectos, tiene definidos los términos de su participación en la ingeniería de esta refinería. Independientemente de lo previsto por la ley para concursos de obra, consideramos que PEMEX debe publicar de inmediato una invitación a las firmas de ingeniería, fabricantes y constructoras para participar. Tampoco PEMEX ha anunciado la recontratación del personal capaz y experimentado que despidió, esto no se puede reactivar de la noche a la mañana; si no lo hace, ESTARÁ CERRANDO LOS CANALES DE PARTICIPACIÓN NACIONAL EN LUGAR DE ABRIRLOS.

Asimismo, PEMEX debe designar ya al director del proyecto y éste conjuntar su equipo de trabajo con ingenieros que hayan diseñado y construido refinerías; una improvisación puede llevar a un rotundo fracaso y resultar en altos costos para el país; recuerden los casos recientes de Cadereyta y Minatitlán. PEMEX DA LA IMPRESIÓN DE ACTUAR CON LENTITUD.

Tampoco ha definido el tipo de contrato; los peores resultados se han obtenido con los contratos “LLAVE EN MANO”. La ley actual permite solo tres tipos de contrato que son: a precios unitarios; llave en mano; o Mixto que sería una combinación entre los dos (precios unitarios- llave en mano). PEMEX debe seleccionar aquel que permita mayor control del proyecto y el mayor contenido Nacional. El Gobierno debe ser transparente y congruente con sus políticas de aumentar el empleo y reactivar la economía Nacional. Recomendamos también que PEMEX se apoye para la dirección del proyecto, con el personal experimentado que despidió o jubiló y que tiene los conocimientos probados y necesarios para llevar a buen fin el proyecto y evitar fracasos tan grandes como los de Cadereyta y Minatitlán.

Con estas demoras, indefiniciones y delegación inapropiada de responsabilidades, se transmite a la población la impresión de que el Gobierno Federal, la SENER y PEMEX no tienen la verdadera intención de construir la refinería. De ser así, habría un enorme daño para México. Desde hace 70 años PEMEX ha sido el motor fundamental de nuestra economía; la nueva refinería es de urgente necesidad y constituye un proyecto estratégico, debe prevalecer el interés nacional y la defensa de la soberanía energética, bajo el marco de nuestras leyes y el cumplimiento estricto de la Constitución de la República.

Ing. Marcos Valdez G. integrante del CNEE y del G-17.
Fuente: PEMEX Refinación. Indicadores operat

Preparan nuevo golpe privatizador al Servicio Público de Electricidad


Fuente: Boletín mensual del CNEE zona metropolitana

C onductores y “especialistas del sector energético” envían señales ominosas en medios de comunicación. Aseguran que las tarifas y servicios de electricidad no son competitivas; que un factor de atraso e ineficiencia es “el control monopólico estatal de la industria; que la competencia permitiría contratar con quien ofrezca mejor calidad y el más bajo precio; y que así se le quitaría al Estado la carga de tener que invertir en obras de potencia, de generación y de ampliación de las redes del sistema.

Afirman que se evitaría una mano de obra cara, contratos colectivos onerosos, jubilaciones muy pesadas para el Estado, y lo que es “mejor todavía”, se podría eliminar un sindicato muy “conflictivo” como el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Todas estas “ventajas” difunden los voceros de la nueva intentona de privatización y se preparan para cabildearlas con la LXI Legislatura, en la cual predominará la mayoría priista, panista, elbista y verde; derivado de la debilidad, desprestigio y fractura de las fuerzas de la izquierda electoral mexicana.

Su argumentación es una gran mentira: en ningún lugar del mundo donde existe la privatización del servicio público de energía eléctrica se ha desarrollado el mercado eléctrico que ellos prometen. Los grandes apagones en Europa y en EEUU han ocurrido donde hay empresas privadas y se derivan de la escasa inversión en mantenimiento, en transmisión y en otras fases de la industria. Al contrario, se ha dado un proceso de remonopolización como en Chile, Argentina, España.

Por si fuera poco, en México la concentración de la generación privada de energía eléctrica se está dando en unas cuantas firmas en especial españolas (Iberdrola, Unión Fenosa, Repsol), mismas que controlan las regasificadoras para abastecer a sus plantas; así como los proyectos eolo eléctricos. El impacto sobre las tarifas eléctricas, debido a la condición impuesta por ellos, de generar con gas natural, representa una irracionalidad de nuestro sistema y un atentado contra un derecho básico para vivir: el derecho a la energía.

Argumentar a estas alturas, que la privatización en México impactaría en una disminución de tarifas es una burla; un hecho desmentido por la realidad lacerante de miles de deudores que observan cómo se les aumenta la tarifa sin poder hacer nada, ya que el 60 al 70% del componente de la tarifa es el precio del combustible utilizado: gas natural escaso, importado y crecientemente privatizado.

Atentar contra las conquistas de los trabajadores con este pretexto, es todavía más pueril, cuando México es uno de los países con peor distribución del ingreso. Ciertamente los trabajadores de la energía constituyen uno de los sectores que ha logrado defender un poco más sus logros laborales y sociales, mientras el resto de la clase obrera ha sido despojada de sus contratos y conquistas a cambio de fabricar un país de un puñado de millonarios y de grandes masas empobrecidas.Este argumento es insostenible e inaceptable.

El CNEE aportará al movimiento social y de los trabajadores cuanto le sea posible para defender al sector de los embates privatizadores y revertir estas tendencias; para mantener las conquistas de los electricistas, petroleros y nucleares; y para lograr tarifas accesibles a la población, preámbulo del ejercicio efectivo del acceso a la energía como un derecho social.

Audio: Carmen Aristegui Mesa de discusión del 11 de Agosto de 2009

(Audio sin comerciales)








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Audio Cortesia AMLOTV, más tarde el audio completo del programa.

AMLOTV
Soberania Popular

Libertad a detenidos en Campeche por protestar contra las Altas Tarifas Eléctricas

Criminalización de la protesta y contención del despertar social

Fuente: Boletín mensual del CNEE zona metropolitana


E l jueves 16 de julio de 2009, en Campeche, se dictó auto de formal prisión en contra de Sara López, Joaquín Aguilar, Guadalupe Borja, Guadalupe Liscano y Elmer Castellanos en respuesta a la denuncia interpuesta por la Comisión Federal de Electricidad.

El “delito” de los ahora presos en el CERESO de San Francisco Kobén, es representar la lucha por la reducción de las tarifas de la electricidad en Campeche, y forma parte de la movilización que se da en muchas partes del país por igual causa.

El 24 de diciembre de 1999, al final del gobierno de Zedillo, se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo según el cual las tarifas de consumo de energía eléctrica se incrementarían cada mes, particularmente para las tarifas de servicio doméstico, de riego agrícola, bombeo de aguas negras y potables y alumbrado público.

Al comenzar el gobierno de Fox, para el servicio doméstico de bajo consumo se pagaban 58 centavos por Kilowatt-hora (Kw-h).

Para el 2006 ya costaba 1.03 pesos por Kw-h. Para este año, las compañías generadoras privadas se han apoderado de más del 30% del mercado eléctrico con el respaldo del gobierno y la mayoría priísta y panista de la Cámara de Diputados.

El costo de la electricidad se disparó desde el 2002. En bajo consumo (entre 400 y 500 Kw-h) tuvieron un incremento hasta de 85%. En promedio, de 2000 a 2007 el incremento ha sido 78%. Esas son las consecuencias de la privatización eléctrica, siendo algunas de las zonas más afectadas en Chiapas y Campeche. Paradójicamente, en la primera se produce la mitad de la energía hidroeléctrica del país y en la segunda se produce la mayor cantidad de petróleo y gas natural asociado. Los beneficios, no son para los habitantes, sino para las compañías privadas, sus personeros y prestanombres y los funcionarios-contratistas.

En Chiapas, el precio de un consumo básico familiar por una instalación de cinco lámparas incandescentes de 60 watts, una plancha y una radiograbadora, pasó de 30 pesos bimestrales en promedio, a 300, 750 y hasta 1500 pesos.

No es de extrañar el crecimiento del movimiento de resistencia contra las altas tarifas, que si bien surgió en Tabasco hace 15 años como resistencia civil contra un fraude electoral, ahora se extiende en el país con protestas contra la CFE por las altas tarifas, el servicio deficiente, el despojo de tierras por la construcción de represas e instalaciones eoloeléctricas y eventos como la Jornada Nacional de Movilización contra la CFE, realizada el pasado 19 de abril, con la creación de organizaciones y movilizaciones en Coatzacoalcos, Minatitlán, la Montaña de Guerrero, Acapulco, Salina Cruz, Tehuantepec, Matías Romero, Ixtepec, Estación Sarabia, Juchitán, Amatenango del Valle, San Cristóbal Las Casas, Tonalá y Pijijiapan, entre otras.

En mayo 100 representantes de 20 organizaciones sociales de 7 estados (Campeche, Chihuahua, Chiapas, D. F.. Guerrero, Oaxaca y Veracruz) se reunieron en San Cristóbal las Casas y conformaron la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, cuyos objetivos son: Fortalecer la resistencia contra las altas tarifas, luchar contra la privatización de la energía eléctrica y por el respeto y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

Hoy la tarea es liberar a nuestros compañeros de lucha y reforzar la lucha contra las altas tarifas y la privatización del sector.

Colaboración de la Maestra Catalina García integrante del CNEE

EN TRIBUNA

Fuente: El Periódico

El desmantelamiento

Laura Itzel Castillo

Lunes 3 de agosto de 2009

Nuestro país vive un proceso acelerado de urbanización. Este hecho genera problemas de diversa índole, pero lo más grave es que se nos han conculcado los derechos reconocidos por la Constitución en la materia, a partir de lineamientos dictados por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En 1900, el 80% de la población mexicana vivía en el medio rural. Un siglo después, de los más de 100 millones de habitantes, 61% de la población habita en ciudades, mientras que el 39 % se ubica en zonas rurales. Al ser la vivienda el principal detonador de los procesos de urbanización, es determinante en la definición de los patrones y tendencias del crecimiento de las ciudades, pues al menos el 60% de la superficie urbana del país se destina a esos usos.
Se puede decir que el antecedente de la política en materia de vivienda donde el Estado asume la responsabilidad de promoverla y financiarla para sectores de menores recursos, se ubica realmente en la década de los años 40. Se decreta entonces el congelamiento de las rentas como medida emergente para atenuar los efectos económicos derivados de la Segunda Guerra Mundial y tratar de frenar la especulación inmobiliaria.

Es en la década de los 90 cuando el Estado cambia su papel de promotor a facilitador. Así, el desempeño del sector vivienda obedece fundamentalmente a las fuerzas del mercado, que se rigen mediante la ley de la oferta y la demanda, en lugar de destinar los recursos públicos para atender el déficit habitacional, que se calcula actualmente en 12 millones de viviendas.
México ha suscrito acuerdos internacionales con la finalidad de mejorar y ampliar la cobertura de atención a la población que más lo necesita. Destaca el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales donde se compromete a “incrementar el monto de los recursos federales destinados al apoyo de la adquisición y mejoramiento de la vivienda, ampliando su cobertura social” e “impulsar que los subsidios sean homogéneos, diseñados en función de las características socioeconómicas del beneficiario y se vinculen a programas de ahorro”. En la actualidad estos subsidios van directo a manos de las empresas y sólo sirven de “enganche”, en la mayoría de las veces, para un crédito impagable.


*Diputada federal electa

Por ser herramientas de despojo, indígenas rechazarán los programas gubernamentales

Concluyó el Congreso Nacional Indígena, realizado en Ostula

Fuente: La Jornada de Jalisco


RAÚL TORRES

Luego de dos días de trabajo los asistentes a la asamblea extraordinaria del Congreso Nacional Indígena que se realizó el fin de semana pasado en el poblado de Xayakalan, en la comunidad nahua de Ostula, en Michoacán, acordaron fortalecer los esfuerzos de autonomía y autodefensa de los pueblos y rechazar todos los programas gubernamentales por considerarlos herramientas de despojo.

“Nuestra autodefensa no está sujeta a ningún tipo de negociación inter o para gubernamental, es un recurso de vida para lograr un buen vivir en equilibrio en nuestras comunidades ante el resquebrajamiento y corrupción del entorno y de las instancias irresponsables de la seguridad estatal, nacional e internacional. Nuestra autodefensa es un buen gobierno por nosotros mismos nombrado, reconocido y respetado en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación como pueblos que somos”, señala la declaración de Xayakalan, documento firmado por 250 delegados de 13 pueblos diferentes.

En ese contexto se decidió apoyar el proceso de autonomía como municipio indígena que ya construyen Ostula, El Coire y Pómaro y que está próximo a consolidarse a través de un pronunciamiento conjunto de estas tres comunidades nahuas de la costa michoacana.

“Exigimos a los gobiernos estatal de Michoacán y federal el respeto y las garantías necesarias para el funcionamiento de la policía comunitaria tradicional del pueblo indígena nahua de la Costa de Michoacán y su guardia comunal que resguarda el territorio y las vidas de las comunidades de dicho pueblo. Los participantes en esta asamblea nos pronunciamos en contra de cualquier operativo e incursión policiaca, militar o paramilitar en el territorio y comunidades del pueblos de la costa sierra nahua de Michoacán”, establece la declaración de Xayakalan.

La discusión sobre la autonomía y autodefensa de los pueblos indígenas se basa en el artículo 6 del Plan de Ayala, que establece que “los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados, por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencionada posesión”.

Por lo anterior, los pueblos asistentes a esta asamblea extraordinaria hicieron un llamado a los integrantes de la Otra Campaña Nacional e Internacional y a la sociedad civil en general a estar atentos de los procesos y luchas contra el neoliberalismo que están encabezando los pueblos indígenas en todo el país.

Concretamente se pronunciaron en contra de del proyecto carretero Coahuayana-Lázaro Cárdenas y del Plan Regional de Desarrollo Turístico Integral para la costa de Michoacán, impulsado por empresas trasnacionales y los gobiernos federal y estatal.

Descubren narcofosas

La comisión por la defensa de los bienes comunales de Santa María Ostula informó que el 8 de agosto pasado su policía comunitaria descubrió en el paraje conocido como Las Peñas, dentro de los predios que recientemente recuperó, cuatro aparentes fosas que por su forma y características podrían contener restos humanos.

La comisión señaló que en la zona existe presencia de grupos vinculados al crimen organizado y a que en ocasiones anteriores se han localizado fosas similares, en las se localizaron cadáveres de personas ejecutadas.

“A través de este conducto, hacemos la denuncia y el deslinde de responsabilidades correspondiente, ratificando que la lucha de nuestra comunidad es por el rescate de sus tierras y el reconocimiento de sus derechos fundamentales”, señala el comunicado con el que la comunidad de Ostula manifestó su posición al respecto.

Manifestantes buscaron infructuosamente en Guadalajara al presidente del empleo

Campesinos a los que les pagan a un peso el kilo de frijol exigen una solución

Fuente: La Jornada de Jalisco


“Venimos a decirle al gobierno que no estamos jugando, que esto es serio”, expresaron

MAURICIO FERRER

Salieron a las calles de Guadalajara a buscar al presidente del empleo: es que “ya somos más de 800 mil los que lo buscamos”, decían ellos dos, un par de desempleados jóvenes que aún no lo hallan.

Pagaron por un anuncio de 14 palabras: “se busca presidente del empleo ya somos más de 800 mil los que lo buscamos”. Catorce palabras; 75 caracteres que no fueron plasmados en el “aviso de ocasión” de un diario o difundidas en las ondas hertzianas de una estación radiofónica de música de banda. Menos salió en un cuarto de plana de alguna revista. Tampoco viajó a través de la Internet o se leyó en redes sociales como Facebook. Ni en los pasquines de ofertas mal impresos que se entregan en las esquinas se pudo leer el anuncio de la búsqueda del gobernante de la chamba: simplemente se plasmó en una lona de no más de 2 por 2 metros con la que desfiló ese par desde la avenida Vallarta en su cruce con Chapultepec hasta el centro por más de 2 horas.

Y eso que iban acompañados por otros 800 más –aproximadamente–, que caminaron el mismo trayecto en una marcha bautizada como “Otro mundo mejor es posible”.

Pero a ese “mundo mejor”, el que les había prometido un trabajo no estaba. Ése, se vería horas más tarde con los responsables de generar empleos en Estados Unidos y Canadá, los presidentes de los mencionados países, Barack Obama y Stephen Harper. Se reuniría con ellos en la tal Cumbre de Líderes de América del Norte. Para tratar asuntos de migración, salud, visas… “asuntos diplomáticos” pues.

Al “presidente del empleo” no lo hallaron los campesinos a quienes les aseguró que habría apoyos a través de Procampo –el programa del gobierno federal para los productores agrícolas.

“A ver, nos pagan a un peso lo que cosechamos. A ti te venden el frijol a 15, 20 pesos… ¿quién te lo vende, dime? Pues Aurrerá, Wal Mart… ¡puras empresas extranjeras! ¿Y a nosotros los productores? ¡Nos compran a peso lo que cosechamos! ¿Y el diesel? ¿Y el fertilizante? ¡Los tractores ya cuestan hasta medio millón de pesos!”, era la síntesis de un problema agrario que explicaba Bibiano Hernández, un productor de maíz.

La vida de Bibiano es ésa: la de un agricultor al que le compran por debajo del precio lo que cosecha. “¿Y Procampo?”, preguntó. “¡Ja! En Procampo te dan mil pesos por hectárea, pero la mayor parte de los apoyos se los dan a quienes tienen más de mil hectáreas… nosotros somos productores de no más de 10 hectáreas”, dice mientras señala a… los que vienen detrás de él: unos 50 campesinos de diferentes estados del país –Jalisco, Zacatecas, Durango, Puebla, por enumerar un puñado–, todos ellos, dedicados al cultivo del frijol y del maíz.

“¡Zapata vive, la lucha sigue!”, es la música de fondo que acompaña a las palabras de Ramón, un hombre moreno, moreno, moreno, de Unión de Tula, en Jalisco, donde posee 6 hectáreas para sembrar maíz.

“Maseca, Minsa, Monsanto, Bachoco, Cargill, Bimbo, Archer Daniels Midland”, se lee en el cartel que lleva a la altura de su pecho. El listado, corresponde a las empresas que especulan sobre el maíz, dice.

Para obtener una tonelada de maíz, Ramón invierte 30 mil pesos. Y a 2 pesos con 77 centavos vende el kilo de maíz a los compradores. Por diferentes factores –incluida la sequía de este año, comenta–, su pueblo, ha perdido cerca del 30 por ciento de la siembra del alimento. Muchos de sus amigos se han ido “para el otro lado”. “¿Y por qué no te vas?e_SDRq, le pregunto. “¡Nooo! Se puso bien duro la pasada”, es su respuesta.

Frente a él, marcha un hombre, blanco, blanco, blanco. Él es comercializador de maíz. Pertenece a la Cooperativa El Grullo, ubicada en el municipio del mismo nombre, en Jalisco. Alejandro Gallego culpa al secretario de Agricultura, el panista Alberto Cárdenas Jiménez, de “no hacer nada” para el campo mexicano. Hoy, por ejemplo, la cooperativa tiene guardadas 100 mil toneladas de maíz que esperan sacarlas a más tardar en diciembre. El problema, dice, es la especulación.

“Por eso venimos hoy aquí, a decirle al gobierno que no estamos jugando, que esto es serio”, dice. De fondo, decenas de voces corean: “¡chinga de noche, chinga de día! ¡Ay cómo chinga la burguesía!”.

Y “chinga” la autoridad, como dice Luis Pérez Jiménez, del Equipo de Apoyo a Migrantes Indígenas. Son 70 mil indígenas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), según datos del INEGI, cita él. A los otomíes no les queda de otra que vender papas en la ciudad; a los niños purépechas se les ve trabajando en las esquinas; a los mixtecos y huicholes, los policías de Guadalajara los usan comopunching bags, describe Luis, quien lleva 10 años en la organización.

“No hay oportunidades para ellos, no hay trabajo”, dice el joven, también moreno, moreno, moreno.

Tampoco los ex braceros pueden acceder a un empleo. Ya están viejos. Además les deben dinero. De cuando trabajaron en los campos estadunidenses hace más de medio siglo: “¡No pedimos limosna, sino lo que se les debe! ¡Si tienen recursos para pagar la deuda externa y el Fobaproa, que paguen esta deuda!”, gritó a través del altavoz Gilberto Parra, líder del movimiento de ex braceros.

Como Parra, como los campesinos, como el chavo que trabaja con indígenas, los cientos de manifestantes: punks, ambientalistas, integrantes del movimiento del 68 en Tlatelolco, que caminaron ayer, desde el cruce de las avenidas Vallarta y Chapultepec, pidieron lo mismo, “un mundo mejor”. ¿Cómo? Dicen todos ellos que Estados Unidos, México y Canadá deben comprometerse a poner un alto al muro fronterizo, sacando a las tropas estadunidenses de Irak, levantando el bloqueo económico a Cuba, cerrando Guantánamo, a través de un rechazo al golpe de Estado en Honduras, renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, reduciendo los gases que provocan el cambio climático, entre otras cosas.

“Un mundo mejor con paz y bienestar social es posible”, leyó uno de los manifestantes alrededor del mediodía de ayer, en el kiosco de la Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno. Y recordó las tres décadas de políticas neoliberales que han provocado “pobreza y enfermedades”.

¿Y el presidente del empleo? Nadie lo halló. La lona en la que el par de jóvenes buscaban al personaje, se fue con ellos, y con “los más de 800 mil que lo buscamos”.

El próximo jueves se concretaría la movilización por Las Pesadas

En Ayotitlán más de 600 ejidatarios intentarán hacer cumplir directriz judicial

Fuente: La Jornada de Jalisco


El gobernador de Colima advirtió que recurrirá de nuevo a la fuerza pública como respuesta

JUAN CARLOS G. PARTIDA (Enviado)

Las Pesadas, límites entre Colima y Jalisco, 9 de agosto.- En asamblea extraordinaria realizada este domingo en Ayotitlán, Jalisco, al menos 350 ejidatarios nahuas reiteraron el acuerdo de realizar una amplia movilización de indígenas para reforzar el plantón que desde el lunes 27 de julio instalaron a la entrada de esta comunidad, centro del corazón de la disputa de límites entre Jalisco y Colima, y que se encuentra sitiada por policías colimenses.

Pese a la advertencia del gobernador colimense Silverio Cavazos de que cualquier nuevo intento de “invasión” de parte de los nahuas en Las Pesadas motivaría el envío otra vez de la fuerza pública necesaria para impedirlo, en la asamblea de Ayotitlán se decidió que la movilización indígena que podría superar los 600 ejidatarios se dará cualquier día a partir del jueves entrante.

El objetivo de la llegada masiva de nahuas para los próximos días a Las Pesadas es lograr la ejecución del Amparo Directo 151/97 concedido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 3er. Circuito, con sede en Guadalajara, que reconoce 40 hectáreas como propiedad del Ejido de Ayotitlán y no de un particular de Minatitlán, Colima, como señalan las autoridades de esta entidad.

La movilización sería la segunda en menos de un mes, luego que el 27 de julio unos 120 nahuas se presentaron en la comunidad, donde al menos 200 policías colimenses enviados en un rápido despliegue les impidieron el paso y permitieron solamente la instalación de unplantón permanente que se renueva cada 24 horas con 20 ó 30 personas.

“En la asamblea extraordinaria de hoy (ayer) en Ayotitlán se refrendó el acuerdo de asamblea anterior de remarcar las mojoneras en Las Pesadas, no es posesionarse de un predio porque legalmente ya lo tienen. Pero también se concluyó que realizar la movilización en estos días en que la atención de las autoridades de Jalisco está puesta en la Cumbre de Líderes de América del Norte, solamente desgastaría la causa y expondría a los ejidatarios. Pero la movilización se hará, sólo falta definir cuándo”, dijo Jaime Hernández, abogado de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara y asesor que lleva la causa agraria del Ejido Ayotitlán.

Hernández, quien estuvo presente en la reunión de Ayotitlán, dijo que a pesar de algunas voces que se mostraron en desacuerdo con la asesoría jurídica que ha otorgado a los nahuas la UACI, se sometió a votación de los ejidatarios dicha asesoría y se refrendó al abogado y a la dependencia universitaria como encargados de llevar la causa legal que busca hacer valer los límites del ejido de acuerdo a un decreto presidencial emitido hace 46 años.

“Ahorita cualquier movimiento desgastaría, el secretario general de Gobierno de Jalisco (Fernando Guzmán Pérez Peláez) ni siquiera nos ha tomado una llamada y por ello no tenemos apoyo del gobierno estatal. Por eso se acordó aguantar varios días, no hay quien nos apoye en estos momentos, incluso la UdeG está cerrada por vacaciones”, agregó Hernández.

En la asamblea, Vicente Hermenegildo, ex comisariado de Ayotitlán, pidió que en estos momentos se pugne mejor por instalar una mesa de diálogo con las autoridades de Colima y se busque lograr el apoyo de la Procuraduría Agraria para ejercer, sin violencia, el amparo obtenido que les restituye el predio en Las Pesadas. Incluso un visitador de esta Procuraduría estuvo presente en la reunión indígena, lo que hace estimar que se contará también con un funcionario de la dependencia para ejercer el mandamiento judicial.

La versión de Hernández coincide con la del presidente del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco A.C., Jesús Hermengildo, quien informó que el acuerdo tomado en Ayotitlán es que por el momento la movilización queda en fecha por definir, aunque se reiteró que el plantón será reforzado con guardias más numerosas.

Derechos humanos

En Guadalajara, Óscar González Gari, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos y abogado del municipio de Cuautitlán, Jalisco, para llevar el asunto de límites territoriales con Minatitlán, Colima, informó que sábado, domingo y lunes próximos su organismo encabezará una gira por toda la zona en conflicto tanto en la sierra como en la costa, en la que estarán acompañados por Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y otras ONG dedicadas a la defensa de las garantías individuales.

“Vienen a observar la situación de derechos humanos. El 15 de agosto salen a Cuzalapa para entrevista con 28 ejidos por el secuestro de la sierra de Manantlán, específicamente el predio de La Joya; ese mismo día en la noche estaremos con el Cabildo de Cuautitlán. El domingo suben a la zona de conflicto en Las Pesadas y Plan de Méndez, pueblo que también está sitiado. Y el lunes se recorre El Rebalse y el río Marabasco, ya en la zona costera”, refirió González Gari.

Se trata de la gira número 12 que desde 1992 realizan ONG y organismos de derechos humanos por la zona, una de las cuales en 1995 derivó en la recomendación 182/95 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en la que se pedía la resolución de un problema ancestral que además de violaciones sistemáticas a la vida libre de quienes habitan la región ha causado decenas de muertes, sobre todo de indígenas o autoridades jaliscienses, la más reciente en el 2006 del alcalde de Cuautitlán, Raúl Delgado Benavidez (2004-2006).

Alfonso García Castillo, director jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quien también estará en la gira por la zona en conflicto, es quien impulsa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la solicitud de medidas cautelares para prevenir una posible tragedia tras el plantón en Las Pesadas y el reforzamiento policial. La gira buscará que la CNDH se involucre de nuevo en el tema y ofrezca solución a otra queja, la 731/2006, presentada por la Red Jalisciense luego que aumentó la tensión y los atentados mortales contra los pobladores y líderes ejidales.

La movilización de ONG coincidirá con la solicitud que, de acuerdo al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Colima, Enrique García González, emitirá el organismo que encabeza en conjunto con su similar de Jalisco, para pedir a través de la Federación de Ombudsman y de la CNDH que el Senado de la República ofrezca una solución al conflicto territorial, luego que los legisladores tienen años sin aprobar una ley reglamentaria que permita a los senadores intervenir en los litigios de límites entre entidades federativas.

“El miércoles (12 de agosto) vamos a hacer una atenta invitación al maestro José Luis Soberanes (presidente de la CNDH) para que nos auxilie, para que unamos esfuerzos para que este asunto limítrofe ya se resuelva. Este miércoles le vamos a pedir a la Federación de Ombudsman a través de su presidente Carlos García Carranza para que se sumen a nuestro esfuerzo. Yo lo voy a pedir –y se va a sumar Felipe (Alvarez Cibrián)– al Senado de la República, porque es una situación muy difícil y más vale prevenir que lamentar”, dijo García González.

García González reconoció que el 27 de julio, cuando inició el plantón en Las Pesadas, recibieron una llamada telefónica desde esa comunidad para pedir su intervención, pero de acuerdo a la visitadora Rosa María Guadalupe Badillo Yáñez no se acudió a la comunidad debido a que “como estamos en periodo de vacaciones no podíamos trasladarnos ante la falta de personal”.

De parte de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco la presencia también ha sido exigua, aunque sí han acudido visitadores de la sede regional en Autlán. Fue justamente la CEDHJ la que pidió a la CNDH su intervención tras el plantón en Las Pesadas, pero hasta ahora el organismo nacional no ha dado respuesta formal a la petición.

En la capital de Colima incluso, el pasado jueves estuvo el secretario técnico del Consejo Consultivo de la CNDH, Luis García López-Guerrero, a quien se cuestionó sobre la solicitud de intervención de su organismo. El joven funcionario dijo no estar enterado del tema.

APPG, normalistas e indígenas marchan contra la militarización y represión social

Encabezan un festejo alterno al organizado por el gobierno

Fuente: La Jornada de Guerrero


MARGENA DE LA O

Tixtla, 9 de agosto. Como parte del acto alterno en conmemoración del natalicio de Vicente Guerrero, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), las cuatro etnias del estado y los estudiantes normalistas de Ayotzinapa marcharon por esta ciudad en demanda de la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los desaparecidos de conciencia y el repudio a la militarización del estado.

Después del mediodía, partió la marcha de las instalaciones de la normal rural de Ayotzinapa rumbo al monumento a Vicente Guerrero, donde llevaron a cabo un mitin y depositaron ofrendas florales. Participaron unas 500 personas.

La marcha se distinguió por las protestas contra el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, sobre todo por su indiferencia a los problemas sociales, como las desapariciones de conciencia.

Por momentos la protesta se convirtió en una caravana, pues los acompañaban algunas danzas representativas de la región, ya que la intención era conmemorar el natalicio del consumador de la Independencia de cerca a la gente de Tixtla, a diferencia del acto que encabezó Torreblanca.

En el mitin que realizaron en el zócalo de la ciudad, el investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) e integrante de la APPG, Arturo Miranda Ramírez, calificó el acto oficial, encabezado por el subsecretario de la Defensa Nacional, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, y por el gobernador Zeferino Torreblanca como “una farsa… ellos son los que están entregando la soberanía nacional al extranjero; esos son los herederos de (Francisco) Picaluga, el mismo que traicionó a Vicente Guerrero y son los mismos que hoy traicionan a la patria”.

Al igual que sus compañeros en el recorrido, demandó la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los desaparecidos de conciencia y la no militarización del estado, entre otras demandas. Asimismo, la logia de masones de Guerrero colocó una ofrenda floral en el monumento de Vicente Guerrero, donde también protestaron por la excesiva presencia militar.

Rodolfo Sámano García aseguró que los masones tenían un convenio con el alcalde de Tixtla, José Luis Campos Espíritu, para “hacer un evento digno a nuestro héroe, y por eso nos manifestamos contra este abuso de las autoridades, a la entrada colocaron un retén militar que no deja pasar a la gente; eso evidencia que es un gobierno alejado de los intereses del pueblo”, reprochó.

Da largas PGJ al Congreso sobre caso de indígena asesinado por militares

Hace un mes se pidió información sobre la muerte de Bonfilio Rubio Villegas

Fuente: La Jornada de Guerrero


Planteará Wences Real a Ramírez Ramos los atropellos del Ejército a pueblos étnicos

JESUS RODRIGUEZ MONTES (corresponsal)

Tlapa, 9 de agosto. A unos cuantos días de la muerte del nahua Bonfilio Rubio Villegas, ocurrida el 20 de junio cuando militares de un retén dispararon contra el autobús de pasajeros en el que viajaba, la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) un informe detellado del desarrollo de las investigaciones, pero a la fecha, a más de un mes, el fiscal Eduardo Murueta Urrutia no ha enviado un solo documento a los diputados.

El diputado Victoriano Wences Real, del Partido del Trabajo (PT), reveló que desde un principio los integrantes de la comisión, la cual preside, acordaron pedir a la PGJE toda la información relacionada con el homicidio del indígena, del que son responsables militares aún anónimos que dispararon contra el camión de pasajeros en el que viajaba Rubio, en un retén cerca de Huamuxtitlán.

“Yo hablé personalmente con el procurador. Me comentó que ya se estaban haciendo las investigaciones, pero a más de un mes no hemos visto nada claro. En cuanto ocurrió ese asunto nos dijo que lo estaba viendo el Ministerio Público de Huamuxtitlán, le pedí una copia del expediente, pero me dijo que era muy rápido para dar la información, que esperáramos y es el momento en que todavía estamos en espera”, comentó Wences.

Dijo que en esta semana se reunirá con el secretario general de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, en la cual, a nombre de la comisión, planteará el caso de Bonfilio Rubio y de las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados en comunidades indígenas y en pueblos de la sierra.

Entre los casos, destacó las denuncias contra el Ejército de los vecinos de Guadalupe Mano de León, municipio de Tlacoachistlahuaca. “Ya hemos hecho con anterioridad un exhorto para que se dejen de violentar los derechos humanos de los ciudadanos”, señaló.

También indicó que expondrá un problema que recién surgió entre los vecinos de San Cristobal, municipio de Tlacoachistlahuaca, donde se han dividido en dos bandos por la elección del comisario. Un grupo acusa al presidente municipal, Osvaldo Sócrates Salmerón Guerrero, del PRI, de imponer en el cargo a un comisario afín a él, manipulando con dinero y obras a los vecinos.