martes, 5 de abril de 2011

Comunicado: Contra una reforma laboral, una iniciativa progresista - Diputados del Movimiento de Regeneración Nacional

CONTRA UNA REFORMA LABORAL ANTIPOPULAR, UNA INICIATIVA PROGRESISTA

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA)


Al pueblo de México:

La reforma laboral concertada por el PRI y el PAN, avalada por los grupos empresariales, da cuenta de las coincidencias de ambos partidos en temas fundamentales que han afectado la vida de millones de mexicanos.

A pesar de su aparente confrontación en el discurso, en los hechos el PRI y PAN comparten el mismo proyecto antipopular, que en el pasado los ha unido para convalidar fraudes electorales, destruir la producción campesina y la soberanía alimentaria, subir impuestos como el IVA al 16 por ciento, aprobar el fraude FOBAPROA-IPAB, avalar la reforma a la Ley del ISSSTE, despojar a los trabajadores de sus ahorros, desmantelar el patrimonio nacional, castigar el derecho de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo y permitir que prevalezca la inequidad de salarios entre hombres y mujeres.

El albazo

El oscuro proceso para aprobar la reforma laboral ha violentado todas las formas legislativas. A cambio del apoyo de las cúpulas empresariales de cara a las elecciones de 2012, priístas y panistas se han rehusado al debate a fin de cumplir con las fechas que han impuesto los dueños del capital, quienes ven en la reforma un traje a la medida de sus necesidades. Con ello, unos y otros revelan su temor a un proyecto alternativo de Nación.

Ante esta situación, los legisladores progresistas han impedido el intento de albazo legislativo en la Comisión de Trabajo y en el Pleno de la Cámara de Diputados, además de llamar a una gran movilización social. Sin embargo, los dirigentes priístas se han obstinado en sacar adelante esta reforma laboral hacia la segunda quincena de abril, como lo ha determinado el propio Javier Lozano, representante de los intereses de los grandes capitales.

Los grandes temas, olvidados

La iniciativa no promueve el sindicalismo democrático, por el contrario, favorece los sindicatos blancos y los contratos de protección. No hay mayores prestaciones para los trabajadores, no hay un equilibrio entre empleados y empleadores ni en bilateralidad, inspección o candados para que otras formas de contratación sean excepcionales y con plenos derechos. Mucho menos hay medidas que favorezcan al trabajo de cuidado o al trabajo remunerado de la mujer. La flexibilización del trabajo es entendida como el otorgamiento de ventajas al empresario en perjuicio de los trabajadores, obligados por necesidad a aceptar condiciones precarias de empleo.

11 agravios a los trabajadores

La reforma del PRIAN es complaciente con aspiraciones históricas de los grandes empresarios y al mismo tiempo preserva el autoritarismo y la corrupción de las autoridades laborales. Los aspectos más dañinos de la propuesta son los siguientes:

1. La legalización de las prácticas comunes de subcontratación, también conocida como outsourcing, que atentaría contra la estabilidad en el empleo, las prestaciones sociales y los salarios dignos y bien remunerados. De esta forma, se promueven menores responsabilidades para el patrón sobre el salario y las prestaciones de sus trabajadores, coludiéndose con otras empresas o creando nuevas.

2. El establecimiento de la polivalencia en el trabajo, es decir, el desarrollo de distintas tareas por parte del trabajador sólo se verá reflejada en una compensación salarial, pero no como un incremento al salario.

3. La propuesta de incluir periodos a prueba (hasta 90 días) y de capacitación inicial (hasta 6 meses) permitirían que el patrón pudiera dar por terminada la relación con el pretexto de que el trabajador no acreditó competencia, sin que la parte patronal incurriera en responsabilidad alguna ni tuviera que pagar la liquidación correspondiente.

4. Se vulnera la figura de los sindicatos gremiales al plantear la existencia de un contrato colectivo de trabajo único, donde la titularidad corresponderá al sindicato que aglutine la mayor cantidad de trabajadores. Con ello desaparecerían sindicatos como los aeronáuticos o universitarios y se beneficiarían los contratos de protección.

5. Se permite la contratación para labores discontinuas, no sólo de temporada, sino para empleos que no requieran de la fuerza de trabajo toda la semana, mes o año. Así, es cuestión de ajustar un horario o calendario irregular para tener todas las facilidades para despedir al trabajador sin ninguna consecuencia.

6. Para fijar los salarios, el patrón podrá considerar la productividad, a pesar de que ésta se determina por factores no sólo laborales, sino financieros, materiales, tecnológicos y gerenciales. Asimismo podrá certificar las competencias de los trabajadores y definir bonos, incentivos y comisiones de manera unilateral.

7. Al permitir que el patrón envíe el aviso de rescisión de un contrato al trabajador por correo o a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, se podrá hacer una notificación engañosa o nula, y colocará en desventaja al trabajador. En el caso de los trabajadores domésticos, el aviso ni siquiera será obligatorio.

8. En caso de litigio laboral, se establecen dos apartados de una audiencia en fechas distintas. Asimismo, se fija el límite de hasta un año para el pago de salarios caídos, sin importar la duración del proceso. Es decir, se cumplirá el viejo sueño patronal: juicios laborales interminables y despidos baratos.

9. Al instituir la renuncia voluntaria, se cancela el requisito de consentimiento mutuo para terminar una relación de trabajo, con lo que convierte en ley la práctica perniciosa de firmar la renuncia en blanco o de forzar el despido como si fuera renuncia voluntaria.

10. En el procedimiento sobre la legalidad de una huelga, se excluye a trabajadores no sindicalizados de un posible recuento mientras que no se establecen controles para considerar la manipulación patronal del recuento como una injerencia indebida. Se propone que en el escrito dirigido al patrón en caso de huelga, se precisen las violaciones al contrato colectivo de trabajo o en su caso, al contrato Ley, lo que puede hacer nulo el estallamiento de huelga.

11. Se suprimen de la Ley Federal del Trabajo las tablas de enfermedades de trabajo y de incapacidades permanentes, para ser definidas por la Secretaría del Trabajo con la opinión de una Comisión Consultiva. Esto generaría que los trabajadores no puedan exigir el derecho a ser pensionados por incapacidad laboral y concentraría en la burocracia de la Secretaría del Trabajo la decisión de emitir los Acuerdos respectivos.


Propuesta alternativa

En un país de grandes desigualdades, donde la mayoría de los trabajadores no cuenta con prestaciones ni tiene posibilidad de mantener un empleo digno, resulta inconcebible imputar mayor sacrificio a los trabajadores mientras que disminuyen las responsabilidades de los empleadores sobre el bienestar y la estabilidad.

México requiere avanzar en lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido como trabajo decente, es decir, “aquel que apunta al crecimiento, la sustentabilidad y el bienestar en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad”. Contra la explotación laboral y el corporativismo, un proyecto alternativo de Nación debe ampliar y hacer efectivos los derechos laborales de los trabajadores en una reforma laboral integral que atienda los siguientes aspectos:

• Transparencia y democracia sindicales, para aumentar la representatividad de las organizaciones, su independencia con respecto a los empresarios y al gobierno. Suprimir la toma de nota, que es el medio de control del gobierno sobre los sindicatos. Crear un registro nacional autónomo de sindicatos y contratos colectivos.

• Crear un sistema de justicia laboral independiente e imparcial. Fortalecer la inspección laboral para que se cumplan efectivamente los derechos y aumentar las sanciones contra el abuso patronal y la injerencia indebida de empresarios, autoridades o agentes externos. Reconocer el carácter de derechos humanos de los derechos laborales y facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para conocer sobre violaciones a éstos.

• Expandir las prestaciones, fomentar la estabilidad en el empleo, mejorar el régimen de vacaciones, la jornada máxima y otras condiciones de trabajo. Asimismo, favorecer instrumentos para la equidad de género, la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y el reconocimiento del trabajo no remunerado.

• Fortalecer a los sindicatos y a los mecanismos para una mayor negociación colectiva que mejore las condiciones de vida, la productividad y que aminore los riesgos resultantes de una política económica estancada. Impulsar la creación de sindicatos de trabajadores de confianza. Procurar que en las acciones potencialmente perjudiciales para el trabajador, siempre impere el principio de la bilateralidad.

• Aumento sostenido de los salarios para fortalecer el mercado interno, fomentar el crecimiento con equidad, disminuir el subempleo y superar las condiciones marginales que caracterizan a la economía informal. Desaparición de la Comisión de Salarios Mínimos y fijación de éstos por parte del Poder Legislativo.

Toma de conciencia, resistencia y debate

Por las anteriores razones y ante la inminencia de una aprobación legislativa al vapor, los diputados que formamos parte del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, promoveremos la siguiente agenda de acciones:

a) Realizaremos un debate plural en torno a la reforma laboral con la participación de agrupaciones sindicales, empresarios, especialistas en derecho del trabajo y seguridad social, y organizaciones civiles, que iniciará a mediados de abril en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con las líneas temáticas que a continuación se enuncian:

• Libertad y autonomía sindicales
• Rendición de cuentas y sindicatos gremiales
• Contratación colectiva y contratos ley
• Derecho de huelga y salarios caídos
• Justicia del Trabajo
• Salarios mínimos
• Salarios, precios y utilidades
• Productividad y remuneración al trabajo
• Estabilidad laboral
• Terciarización
• Capacitación, periodos de prueba, nuevas tecnologías y procesos de trabajo
• Prestaciones y seguridad social
• Derecho a la vivienda (INFONAVIT)
• Seguridad y salud en el mundo del trabajo
• Políticas de empleo, instituciones públicas del trabajo y democracia

b) Exigiremos que en el proyecto de reforma laboral se eliminen los 11 agravios que amenazan con afectar aún más a la clase trabajadora. Participaremos ampliamente en los debates en la Comisión del Trabajo y en la Cámara de Diputados, a fin de explicar y manifestar las razones de nuestro rechazo a estas iniciativas.

c) Convocamos a los trabajadores del país a manifestarse en contra de esta reforma regresiva, a través de grandes movilizaciones y expresiones que evidencien su rechazo.

d) Impulsaremos una gran campaña de difusión en espacios públicos, redes y medios de comunicación para dar a conocer a la sociedad los 11 agravios de la reforma laboral y debatir las reformas que verdaderamente necesita nuestro país.

Impediremos por todos los medios posibles que se consume esta nueva imposición de los poderes fácticos en el Legislativo. Censuramos la urgencia de la derecha para favorecer los negocios de la oligarquía a costa del empobrecimiento de la gente.


Diputadas y diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)

Estado de México, una elección de Estado


RAÚL MORÓN OROZCO

Lo ocurrido en días pasados en el estado de México respecto a la designación de candidatos al gobierno estatal, no ha sido una coincidencia, sino el acomodo de las cartas de la baraja política que realizan los partidos y los políticos con miras al año 2012.

Primero habría que señalar que la designación del candidato del PRI, a quien se ha insistido en señalar que es el candidato de la “unidad”, no representa realmente la unidad, sino la carta garantía para que Enrique Peña Nieto pueda seguir perfilándose como el virtual candidato de ese partido rumbo a la Presidencia de la República en el 2012.

En primer lugar porque Eruviel Ávila no era el candidato predilecto de Peña Nieto, ni del grupo al que representa, el famoso grupo Atlacomulco, quien desde sus inicios hizo todo lo posible por tratar de imponer a Alfredo del Mazo Tercero, hijo del ex gobernador del estado de México Alfredo del Mazo, uno de los parientes y principales protectores, promotores e impulsores de “peñanietismo” y del “priísmo” mexiquense.

Haber impuesto a Alfredo del Mazo hijo, como candidato del priísmo mexiquense, hubiera implicado para Peña Nieto el riesgo de la división interna del partido y una muy probable escisión de los seguidores de Eruviel Ávila, que era, según las encuestas, el mejor posicionado rumbo a la gubernatura, a pesar de no pertenecer al grupo Atlacomulco. Dicho de mejor manera, la separación de Ávila del priísmo en el estado de México lo hubiera convertido en una atractiva oferta para otros partidos políticos que pudieran eventualmente ofrecerle la candidatura al gobierno del estado por un partido de oposición, inclusive, por qué no decirlo, de la alianza PAN-PRD, como anteriormente ha ocurrido en los casos de Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Guerrero, recientemente.

Bajo esa posibilidad al contender Eruviel Ávila por otro instituto político distinto al priísmo hubiera comprometido seriamente el resultado de la elección en el estado de México y con ello la propia candidatura de Enrique Peña Nieto dentro del PRI a la Presidencia de la República, lo que evidentemente lo obligó a retroceder en sus intenciones, inclinando la línea y la balanza de la sucesión hacia Eruviel y no hacia Alfredo, recurriendo a las viejas y conocidas prácticas priístas de decidir desde el gobierno lo que no es capaz de discutirse en el partido, en aras de conservar su interés presidencial; lo que nos deja ver desde ahora con toda claridad que la elección en el estado de México, será contra Peña Nieto, y no contra Eruviel, ni contra el PRI, es decir se prepara una elección de Estado.

Frente a este resultado, las reacciones del PAN no se hicieron esperar, la misma estrategia de Peña Nieto la realizó Felipe Calderón Hinojosa desde Los Pinos, imponiendo a quien se aspira a convertir en el candidato de la alianza PAN-PRD: Luis Felipe Bravo Mena, su secretario particular.

Para Felipe Calderón haber manipulado la designación de Luis Felipe Bravo Mena como candidato de “unidad” del panismo le asegura también tener la posibilidad de desplazar al PRI del estado de México y gobernar la entidad con el mayor número de electores del país, como una estrategia de Estado para asegurar la continuidad del PAN en el gobierno federal.

Un ejemplo de ello fue la operación política realizada desde Los Pinos para obtener en la consulta ciudadana respecto a la alianza PAN-PRD cerca de 200 mil votos en favor de esa propuesta, que no queda duda, fueron votos del panismo y no del perredismo, justamente con miras a la imposición de un candidato del PAN, que abandere dicha alianza, como la propia Secretaría General de ese partido lo confirmó ante los medios de comunicación nacionales.

No queda duda entonces que el resultado de los 200 mil votos de la consulta con la intervención directa de Los Pinos bajo la mano y dirección de Felipe Calderón, tenderá a multiplicarse, convirtiendo la elección del estado de México en una elección de Estado, en una elección del gobierno federal contra el gobierno de Peña Nieto, en donde el triunfador será quien logre desviar un mayor número de recursos y apoyos de programas públicos con fines electorales, y quien logre movilizar la mayor estructura burocrática de ambos gobiernos, con fines de operación política.

Por su parte, en el PRD la votación se partirá entre algunos seguidores de Nueva Izquierda y Jesús Zambrano y la gran cantidad de seguidores de Andrés Manuel López Obrador, firme promotor de la candidatura de Alejandro Encinas, quien eventualmente, ante la cerrazón de algunos dirigentes del partido, pudiera convertirse en el candidato de la Alianza PT-Convergencia, que sin duda contará con el apoyo mayoritario de la auténtica base perredista y militantes de la izquierda mexiquense.

Bajo este acomodo de piezas políticas, la elección del Estado de México no será entre Eruviel Ávila, Luis Felipe Bravo y Alejandro Encinas, sino entre Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador, pues lo que se encuentra en juego, es nada más y nada menos que la propia Presidencia de la República en el 2012, para la que resultará fundamental el voto emitido en esa entidad federativa.

Ojalá que en esta elección de Estado se imponga la razón y el análisis crítico de los electores por encima del autoritarismo despótico, pragmático, centralista y controlador del poder político representado por el gobierno federal y el gobierno mexiquense, resaltando que la verdadera alternativa de cambio ciudadano se encuentra en la izquierda, rumbo a la construcción de un gobierno diferente, de un gobierno donde sea la gente quien decida el destino de las políticas públicas y las acciones de la administración estatal, sin la manipulación de gobernantes enfermos de poder, que lo único que buscan es: unos, recuperar el poder perdido después de 71 años y otros, conservarlo para seguir dirigiendo el país a la ruina bajo una visión de derecha, como lo han hecho en los últimos 10 años.

Fuente: La Jornada de Michocán

Oficio de Papel



• Disputa por órgano de inteligencia fiscal
• Nueva unidad contra el lavado de dinero
• La inseguridad en la aviación comercial

La Cámara de Senadores, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se disputan el control de los órganos de combate a los delitos llamados de “cuello blanco”. Principalmente los relacionados con el blanqueo de capitales, producto del rentable negocio de las drogas, en donde bandas criminales reciben ganancias por miles de millones de dólares –según cifras de Estados Unidos en México se “lavan” 35 mil millones de dólares anuales– y parte de ese dinero sirve para corromper funcionarios y policías, financiar campañas políticas, comprar jueces y magistrados e influir en el mismo Congreso.

La prensa dio cuenta la semana pasada de cómo nuevamente en el Senado de la República se tiene listo el proyecto de reforma contra el lavado de dinero, mismo que fue modificado de su iniciativa original enviada por el presidente Felipe Calderón y que traslada de la SHCP a la PGR la investigación y persecución de este delito.

El acuerdo entre las diferentes fracciones del Senado es para que una nueva Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada sea la responsable de combatir este delito. Dicho órgano de investigación estaría adscrito a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR y pretende sustituir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de Hacienda.

La titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, podría convertirse en los próximos días en la nueva procuradora general de la República (tal y como aquí lo escribimos hace ya varias semanas), en sustitución del defenestrado Arturo Chávez Chávez, a quien Calderón le exigió su renuncia por inútil, negligente e incapaz en la lucha contra la delincuencia organizada, pues en poco más de un año al frente de la PGR, Chávez Chávez omitió abrir averiguaciones previas por cada homicidio vinculado al narcotráfico, cuando esa era su principal responsabilidad como Ministerio Público Federal.

Ahora está en manos del Senado de la República la ratificación de Marisela Morales como nueva procuradora, y es precisamente el Senado el responsable de modificar la legislación para combatir el lavado de dinero, delito que según los especialistas es el punto más vulnerable del crimen organizado, por lo que el gobierno federal debería combatirlo antes que recurrir al enfrentamiento armado.

La UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera es el órgano encargado de investigar las fortunas de funcionarios y políticos corruptos. En sus archivos reúne miles de expedientes de servidores públicos, legisladores, políticos, militantes partidistas y empresarios que se han enriquecido con dinero del erario federal y con negocios que realizan con el crimen organizado y cárteles de la droga.

Dicha Unidad fue creada como un órgano de seguridad nacional responsable de combatir el financiamiento al terrorismo, al crimen organizado y narcotráfico, lavado de dinero, fraudes empresariales y, en los últimos años, prevenir el ingreso de dinero sucio a campañas políticas y procesos electorales.

En el portal de la Secretaría de Hacienda explica que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004, el gobierno mexicano constituyó la UIF en la Secretaría de Hacienda “como una instancia central nacional para la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones y otra información financiera que puede ser útil para detectar operaciones posiblemente relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo (LD/FT)”.

Las principales tareas de la UIF consisten en instrumentar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código, referentes a LD/FT.

El objetivo de estas tareas es evitar que el sistema financiero mexicano sea utilizado en la realización de actos u operaciones vinculados con dichos delitos, con lo que se procura preservar su integridad y, por ende, la de la economía nacional. En esa Unidad se reúnen expertos en la lucha contra el lavado de dinero y especialistas en seguir las huellas del dinero sucio.

El GAFI

Según el acuerdo inicial adoptado en el Senado de la República, ya no será la Secretaría de Hacienda la que investigue estos delitos financieros, pero los acuerdos internacionales suscritos por México y su incorporación a organismos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), obligan al gobierno a que sean las autoridades financieras las responsables de prevenir e investigar cualquier delito relacionado con el lavado de dinero.

Es decir, si México quiere seguir perteneciendo al GAFI, uno de los requisitos principales es que las autoridades hacendarias, por conducto de la UIF, sean las responsables del intercambio de información con sus similares de otros países, pues es claro que el lavado de dinero cruza muchas fronteras y la comunicación y entrega de información con otras naciones es fundamental para avanzar en combatir este delito.

Por eso más allá de los acuerdos alcanzados en el Senado de la República, la UIF simplemente no va a desaparecer de la Secretaría de Hacienda y será esta Unidad la que mantenga la comunicación con otros países para el intercambio de información sobre el delito de blanqueo de capitales producto del narcotráfico y terrorismo.

La Secretaría de Hacienda sostiene que la Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada, que dependerá de la SIEDO en la PGR, será la Unidad encargada de recibir los expedientes que integre la UIF, pero definitivamente esta seguirá con su trabajo de inteligencia financiera en contra de los delitos de cuello blanco.

Por tal motivo, todos los especialistas y técnicos que durante varios años han trabajado en la UIF y han reunido miles de expedientes en contra de presuntos responsables de lavar dinero, pueden estar tranquilos porque mantendrán su trabajo y tampoco pasarán a las filas de la PGR, pues sin ser policías son expertos contadores, abogados, fiscalistas, administradores y analistas que investigan con inteligencia los llamados delitos de cuello blanco.

El GAFI fue creado en la cumbre que el grupo de los siete países más desarrollados celebró en París en julio de 1989, para luchar en contra del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el terrorismo. Está integrado por 33 países u organizaciones regionales: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Comisión Europea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, Hong Kong, China, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Federación Rusa, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido.

La seguridad en la aviación comercial

Fue a principios de año cuando la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó las restricciones a la aviación comercial que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas en ese mercado, lo que ponía en entredicho la soberanía del país en muchos sentidos. Depender de aerolíneas extranjeras que cubran rutas estratégicas para la economía era un costo alto que se tendría que haberse pagado de no corregir el rumbo.

El accidente aéreo en el que perdió la vida Juan Camilo Mouriño fue lo que encendió las señales de alerta de que algo muy grave estaba sucediendo en la aviación mexicana. Pilotos que no estaban capacitados para operar cierto tipo de aviones, falta de equipo para capacitación y una escasa vigilancia de las autoridades ante la falta de personal, fue lo que en términos generales llevó a la FAA a degradar en su territorio a la aviación comercial mexicana. Las autoridades de la SCT aseguran, sin embargo, que fue la decisión de suspender, por razones de seguridad, a la aerolínea Aviacsa la que alertó a la FAA. Un argumento poco creíble.

Para empezar, los estadounidenses confirmaron que en México las autoridades que vigilan el sector, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), sólo contaban con 8 pilotos para inspeccionar los tipos de naves que se operaban en la industria. Ahora, después de que en diciembre se recuperó la autorización de la FAA, se cuenta con 45 pilotos capacitados en cada tipo de avión comercial que opera en los cielos mexicanos y del extranjero.

Pero también se descubrió que en México no se tenía un proceso para convalidar simuladores de vuelo. Ahora, la DGAC asegura que ya se convalidaron 60 simuladores. Entre las pocas aerolíneas que necesitan cumplir este requisito se encuentra Volaris, que encabeza Carlos Mendoza, y que tendrá que cubrir a la brevedad la condición de contar con su propio simulador de vuelo o, en su defecto, compartirlo con otra aerolínea.

Después del accidente donde falleció Mouriño y de la suspensión de Aviacsa, en la DGAC también se dedicaron a organizar expedientes del personal de aerolíneas comerciales y privadas que comandaban aviones, para determinar quienes seguían en activo y si contaban con las licencias vigentes.

Se encontraron muchas sorpresas, porque desde el 2002 la Organización de Aviación Internacional (OASIS) determinó que las aerolíneas debían obtener un certificado que las acreditara como operadores aéreos. El problema fue que algunas aerolíneas, para demostrar que tenían la capacidad necesaria, utilizaron pilotos que no estaban certificados en los aviones adecuados. Por ello, la DGAC, cuyo presupuesto pasó de 350 a 500 millones de pesos, dirigió un proceso para lograr más de 400 horas de demostración de capacidades de vuelo y certificaciones. Así fue como México recuperó su grado de seguridad ante la FAA.

Aunque se trata de una situación muy delicada, la DGAC decidió intervenir e involucrar la seguridad en los aviones que operan en la administración pública. La preocupación no era gratuita. Después de todo, con el accidente de Juan Camilo Mouriño había comenzado gran parte de la preocupación de la FAA.

En una investigación publicada por Contralínea, la Auditoría Superior de la Federación advirtió, por ejemplo, que la mitad de las aeronaves que la Procuraduría General de la República utilizaba en tareas de combate contra la delincuencia organizada y el narcotráfico no está inventariada y sobrevuela con matrículas estadunidenses, lo que contraviene la ley.

La investigación de la reportera Ana Lilia Pérez destaca que el personal de servicios aéreos no cumple con los controles de confianza y decenas de pilotos de esa dependencia perdieron sus licencias por irregularidades. Así, la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la PGR, según la ASF, opera con graves deficiencias administrativas.

Por ello, la DGAC no quiso correr riesgos. Héctor González Weeks, su titular, resolvió sustituir por personal capacitado de la DGAC a los 24 inspectores “honorarios” nombrados por la PGR y que no pertenecían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que encabeza Dionisio Pérez -Jácome.

El reporte de la ASF correspondiente a la cuenta pública 2009 ya no incluyó esta información que se dio desde hace varios meses para evitar riesgos innecesarios, después de que la aviación civil mexicana logró recuperar la categoría 1 en materia de seguridad por parte de la FAA.

Pero el problema no termina allí. La mitad de las aeronaves que la PGR utiliza en tareas de combate contra la delincuencia organizada y el narcotráfico no está inventariada y sobrevuela con matrículas estadunidenses, lo que contraviene la ley. El personal de servicios aéreos no cumple con los controles de confianza y decenas de pilotos de esa dependencia perdieron sus licencias por irregularidades. Así que el trabajo de la DGAC apenas comienza.

Fuente: Contralínea

Petistas y Fernández Noroña demandan ayuda a Aguirre en la huelga de Capama


Vuelven a marchar militantes del PT de la paramunicipal al zócalo por los trabajadores despedidos

FRANCISCA MEZA CARRANZA

Militantes petistas marcharon ayer por la avenida Cuauhtémoc en apoyo a los trabajadores despedidos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) que se mantienen en huelga de hambre; el diputado federal Gerardo Fernández Noroña pidió al gobernador Ángel Águirre Rivero que retome el caso, pues fue debido a que apoyaron su campaña que los corrieron.

Más tarde, en Puerto Marqués, en lo que es su primera gira de trabajo, el gobernador le respondió que no rehuía el tema, pero es un asunto de carácter municipal. “Es de carácter municipal y lo hago en un marco de respeto, pero si en algo puedo coadyuvar con el presidente, puedo ayudarles”, dijo.

Como a las 10:30 de la mañana unos 300 militantes del Partido del Trabajo se reunieron en las instalaciones del ayuntamiento para salir en marcha hacia el zócalo de Acapulco. Llevaban banderas rojas y pancartas y con un megáfono gritaban consignas contra el director de la paramunicipal, Rigoberto Félix Díaz.

“STOOAEG aguanta, el pueblo se levanta” y “Rigoberto culero, ya vete de Guerrero”, fueron los gritos en la marcha.

De igual manera, los manifestantes, quienes abarcaron todo el carril de la avenida Cuauhtémoc, incluyeron el rechazo a la privatización de los servicios públicos de Guerrero y la cancelación de las deudas que existen por el sumnistro de agua potable.

A la altura del Sanborns zócalo se unió el legislador petista quien encabezó un mitin. Posteriormente acudió junto con el regidor Genaro Vázquez Flores a la construcción que albergará las nuevas oficinas del gobierno estatal a buscar al gobernador, quien daría un recorrido.

Ahí Fernández Noroña abordó al secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, a quien le expuso los motivos de la huelga de hambre que empezaron 10 trabajadores desde hace casi 15 días y que requieren la intervención de Aguirre Rivero.

“Queremos pedir la intervención del gobernador porque ellos se duelen de que lo despidieron porque apoyaron en la campaña a Ángel Aguirre. Queremos plantearle el tema para ver si los puede recibir, no ahorita, sino adelante”, explicó. Salgado Gómez sólo le pidió que le marcara al celular más tarde para hablar y darles atención.

Posteriormente se retiró ante el aviso de la cancelación del recorrido. A los pocos segundos arribaron al lugar poco más de 30 personas a bordo de un camión con banderas rojas del PT, pero al saber de la ausencia se retiraron.

En entrevista, Fernández dijo que no perseguirían a Aguirre Rivero y que acudieron porque coincidió con su visita al puerto. “Me pidieron intervenir para pedir una audiencia al gobernador, le comentamos al secretario de Gobierno, pero se fueron como si hubieran visto al diablo, no sé qué están pensando pero se supone que iba a hacer la visita, no tenemos ningún interés de entorpecer la agenda del gobernador Aguirre, sólo plantearle el tema, pedirle fecha para que reciba a los compañeros y un mecanismo, no hay mayor litigio”, dijo.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Estado de México


FERNANDO K. ARECHEDERRA MUSTRE - LUNES, ABRIL 04, 2011

De cara a las elecciones presidenciales en 2012 hay un largo trecho que recorrer que pasa necesariamente por el de México y su contienda electoral que se define a principios de julio de este año.

Esto sin duda alguna se debe a que el gobernador actual es una de las figuras principales que disputará la presidencia y en el que se disputará la elección gubernamental representa, de acuerdo con el Instituto Federal Electoral, 14 por ciento de la lista nominal a nivel nacional, es decir, en el de México hay más de 10.5 millones de ciudadanos que solicitaron su inscripción al padrón electoral y cuentan ya con su credencial para votar con fotografía vigente.

Poniéndolo en perspectiva, la lista nominal en el Distrito Federal representa 13 por ciento a nivel nacional y en Veracruz ocho por ciento.

De lo anterior podría desprenderse de manera muy natural, que la importancia del de México en este contexto político radica en el número de votantes potenciales con los que cuenta.

Sin embargo, si bien esta percepción es cierta, debe considerarse que en una democracia se gana por mayorías y éstas por lo regular no son absolutas: en la elección para gobernador del estado de México en el 2005, votó 43 por ciento de la lista nominal (3.8 millones de mexiquenses) y el ganador Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió el voto de 1.8 millones de personas, lo cual, si bien representó 20 por ciento de su lista nominal y significó el doble de los votos recibidos por los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, al compararlo a nivel nacional este número tan importante de votos para el PRI en el estado de México, sólo representa 2.4 por ciento a nivel nacional (tampoco es insignificante, pero no es definitorio).

Por tanto, sin duda hay otra razón fundamental para que el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, asegure que es tal la importancia de la elección mexiquense, que si la gana el PRI podría llevarlos a recuperar la presidencia en 2012.

Para tratar de acercarnos a una posible causa, regresémonos un poco en el tiempo y recordemos que en el 2008 entró en vigor la Reforma Hacendaria en Materia de Federalismo Fiscal, que modificó el mecanismo a través del cual se distribuyen las participaciones en ingresos federales que reciben las entidades federativas.

Este cambio considera que la variable principal en función de la cual se distribuyen dichos ingresos federales es la población residente en la entidad federativa, siendo la fuente la última información oficial la que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ya sea en sus estimaciones trimestrales a partir de una encuesta de ocupación (que a su vez se basan en las estimaciones del Consejo Nacional de Población) o por los conteos y censos.

Así, las nuevas fórmulas de distribución, aun cuando consideran algunas variables para “incentivar” la actividad económica y la recaudación, este objetivo no se cumple ya que dichas variables se comportan del mismo modo que el factor poblacional, es decir, la variable que determina la distribución de los recursos es la población.

Ahora bien, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población del estado de México respecto a la nacional ha crecido de trimestre a trimestre de forma constante durante al menos los últimos cuatro años, lo que le ha permitido absorber casi una tercera parte de la ganancia total de aquellos estados que resultaron favorecidos con las nuevas fórmulas.

De esta manera, si consideramos únicamente los conceptos principales de participaciones, el estado de México fue una de las entidades federativas con mayor crecimiento en 2008 (sólo por debajo de Puebla, Guerrero y Guanajuato).

Adicionalmente, con la nueva mecánica de distribución, el estado de México es el que mayores recursos recibió por los Fondos de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) y para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en 2008, en comparación con las fórmulas de distribución vigentes hasta el 31 de diciembre de 2007.

Para completar el cuadro, hablemos también de otro Fondo que se creó a partir de la Reforma Hacendaria de 2008, llamado de Compensación, el cual es resultado de una parte (2/11) de la recaudación de la cuota a la venta final de gasolinas y diesel.

Éste se distribuye entre 10 entidades federativas, seleccionadas entre las que tengan los menores niveles de producto interno bruto (PIB) per cápita no minero y no petrolero de acuerdo con el Inegi, el cual hasta el mes de julio del 2009, se distribuía entre Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Michoacán, Nayarit y Veracruz

De cualquier modo, en el mes de julio del 2009, el Inegi dio a conocer el PIB estatal 2003-2007 con la nueva base 2003 y con esta información los de Tabasco e Hidalgo dejaron de percibir ingresos por el Fondo de Compensación, mientras que los estados de México y Puebla empezaron a recibir estos recursos.

Lo anterior significa que el de México ha recibido por dicho fondo 486 millones de pesos más de agosto del 2009 a enero del 2011.

Con todo, no debe soslayarse el esfuerzo que seguramente ha llevado a cabo el equipo de trabajo de la administración pública de esta entidad federativa para fortalecer su estructura presupuestal, pero si consideramos que dicha estructura está conformada en aproximadamente 80 por ciento por los ingresos federales que percibe y que éstos irán creciendo gracias a la nueva mecánica de distribución, es altamente probable que hayamos encontrado la otra razón fundamental por la que puede afirmarse que ganar la elección mexiquense es estar muy cerca de la presidencia en 2012.

Fuente: La Jornada de Veracruz

Presa El Zapotillo: razones y diálogo auténtico


ALEIDA HERNÁNDEZ CERVANTES

El conflicto que se ha generado en torno a la construcción de la Presa El Zapotillo en Jalisco, da muestra del doble discurso que manejan los funcionarios públicos frente a los movimientos sociales. Por una parte, aquéllos exigen que las demandas sean llevadas por los cauces jurídicos correspondientes, que diriman los conflictos en las instancias judiciales, que justifiquen y demuestren sus razones por las vías institucionales y jurídicas establecidas por el Estado; mientras que, por otro lado, cuando ese movimiento social logra demostrar por todas las vías institucionales que la razón jurídica y ética está de su lado, esos mismos funcionarios públicos y las instituciones, son los primeros en incumplir con lo que decidieron las instancias judiciales. No conformes con no cumplir con la ley, condenan sin sustento alguno a quienes, con todo el derecho que les asiste, quieren hacer prevalecer lo ordenado por los jueces.

Los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, afectados por la construcción de la presa El Zapotillo tienen la razón jurídica porque así lo han resuelto varias instancias, entre ellas: la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del estado de Jalisco, la cual el 15 de diciembre de 2009 (expediente 319/2009) concedió la suspensión provisional de las obras relativas al Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Temacapulín; la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, que emitió una recomendación el 21 de diciembre de 2009, en la que asegura que se han violado garantías constitucionales (el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad y a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio histórico y cultural propiedad de la nación, así como al desarrollo y a la salud) y solicita al gobierno de Jalisco, en consecuencia, que suspenda la obra y que se hagan los estudios alternativos a la construcción de la presa en cuestión; el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, de acuerdo al juicio V-319/009, que solicitó a la Procuraduría de Justicia de Jalisco el procedimiento por desacato contra la Secretaría de Desarrollo Urbano, la CEA y el ayuntamiento de Cañadas de Obregón por violar la suspensión que impide edificar el nuevo centro de población; el Juzgado Primero de Distrito Auxiliar, el que el 31 de enero de este año ordenó a la Conagua el cese inmediato de la construcción de la presa. A pesar de la fuerza jurídica que deberían tener estas resoluciones de instancias jurídicas legitimadas por el estado, no les ha importado a ninguna institución demandada e involucrada en el conflicto, ni a la Conagua, ni al gobierno de Jalisco, ni al ayuntamiento de Cañadas de Obregón. Cuando el derecho no le da la razón al gobierno, busca sus propios medios para hacerse imponer: la represión, por ejemplo.

Por lo menos después de esta primera muestra de intolerancia gubernamental ante el movimiento que decidió parar las obras de la Presa El Zapotillo por no cumplir con su derecho, ya se logró un acuerdo entre autoridades federales y pobladores, el de instalar mesas de diálogo. Ahora de lo que se trata es que ese diálogo sea auténtico. Para ello, será necesario mostrar voluntad de parte de las autoridades gubernamentales, en primera instancia, tomando en cuenta los lineamientos que estableció la Comisión Mundial de Represas (WCD, por sus siglas en inglés) en su Informe Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones.

En ese prestigiado informe, después de realizarse exhaustivos estudios de represas en todo el mundo (125 represas grandes en 56 países, entre algunos de esos estudios) se recomienda lo siguiente: 1) Ninguna represa debe construirse sin la aceptación demostrada de las personas afectadas, y sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y tribales afectados; 2) Deben desarrollarse diagnósticos completos y participativos de las necesidades hídricas y energéticas de las personas, así como de diferentes opciones para satisfacer dichas necesidades, antes de proceder con cualquier proyecto; 3) Deben priorizarse los esfuerzos para maximizar la eficiencia de los sistemas hídricos y energéticos existentes antes de construir proyectos nuevos; 4) Deben realizarse revisiones participativas periódicas de los embalses existentes para evaluar elementos como su seguridad, y la posibilidad de retirarlos de funcionamiento y regresar, en lo posible, a la situación vigente antes de su construcción; 5) Deben desarrollarse mecanismos para indemnizar, o compensar retroactivamente, a quienes hayan sido perjudicados por las represas existentes, y para restaurar los ecosistemas dañados.

Algo está claro a estas alturas del conflicto y después de conocer las recomendaciones de este importante informe: ninguna de ellas se consideró por las instancias gubernamentales al pretender construir la presa El Zapotillo, si no, nada de esto estuviera ocurriendo. En el diálogo que comienza, estas razones –junto con las jurídicas– deben prevalecer.

aleycristal@hotmail.com

Fuente: La Jornada de Jalisco

Sindicalizados electricistas enseñan a indígenas a detectar cobros altos de luz


CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 3 de abril. El Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) llevó a cabo una jornada de asesoramiento a los representantes de la Unión de los Pueblos Indígenas y Organizaciones Sociales sobre la toma de lectura de los medidores de luz así como detectar las fallas en las instalaciones de los mismos.

En apoyo a los indígenas por los altos cobros de energía eléctrica que les está haciendo la CFE, unos seis integrantes del sindicato desde el pasado viernes están asesorando a los indígenas para que puedan identificar cuando les están cobrando de más y poder defenderse o ampararse para no pagar dichos recibos de luz.

Al respecto, el representante sindical Rodrigo Almazán López comentó que se les está enseñando a hacer las tomas de lectura de sus medidores, “porque sabemos que en muchos lugares sobre todo en las regiones más apartadas, los trabajadores no acuden hasta el lugar, sino que solamente hacen estimaciones de las lecturas, no son lecturas reales, y por eso mismo les llegan sus recibos con costos muy elevados”.

Sin embargo, dijo, no sólo les están enseñando a tomar la lectura, sino también a detectar fallas en los medidores, por ejemplo cuando éste gira sin carga, “hay medidores que no están consumiendo en ocasiones energía eléctrica pero como el medidor ya está descompuesto marca kilowatts que no se han consumido y por eso les llega alterado, porque ese medidor les está cobrando de más”.

De igual forma se les asesora en cómo hacer el desglose de la facturación porque, dijo, tienen conocimiento de que ahí mismo personal de la CFE les informa a los habitantes que les va a llegar el recibo de hasta 5 o 10 mil pesos, pero les piden 3 mil pesos para que ya no le llegue tan caro.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Gobierno del Estado mantiene presos a ejidatarios de San Sebastián Bachajón comomedida de presión para el control territorial de la zona

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Retoma grupo de la ONU propuesta para crear bancos de ADN de desaparecidos


CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 3 de abril. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU retomó la propuesta del Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados y del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) de crear una base de datos con el ADN de los familiares de las víctimas de desaparición forzada para cotejarlo con las personas o restos encontrados.

Tras la visita que hicieron a las ciudades de Atoyac de Álvarez, Chilpancingo y Acapulco, los representantes de la ONU escucharon las vivencias de los familiares de las personas desaparecidas desde hace varios años, así como a las organizaciones que los representan.

El Grupo de Trabajo observó que no existe una política pública integral que se ocupe de la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas; de hecho, comentaron que “pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales, así como tampoco entre las autoridades del mismo nivel del gobierno”.

Por ello, recomendaron al Estado mexicano que reconozca la dimensión del problema; además se haga una base de datos estadísticos de todas las desapariciones forzadas la cual deberá estar segregada por sexo, edad, lugar donde ocurrió la desaparición forzada y autoridades involucradas. También se debería incluir información, en caso de estar disponible, sobre la fecha y lugar de la exhumación y la información sobre los miembros de la familia.

También se retomó una de las propuestas que planteó el Tadeco al Grupo de Trabajo y que fue la de crear un banco de ADN de los familiares de las personas desaparecidas para que es más fácil el reconocimiento de los restos mortales. Aclaró que el Estado deberá proteger la información personal en todo momento.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Expondrá AI ante enviados de la ONU abusos a migrantes

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 3 de abril. La organización Amnistía Internacional (AI) expondrá ante miembros de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) los diversos casos de abusos contra migrantes que van hacia Estados Unidos. Se espera que una comisión de representantes de las Naciones Unidas esté en México para documentar dichos casos. De acuerdo con información de AI, este lunes y martes habrá una reunión con miembros de la ONU encargados de la Protección de los Trabajadores Migrantes. En la reunión, la organización proporcionará información y estudios de casos para ilustrar los abusos que sufren cada año miles de migrantes centroamericanos en México. AI detalló que cada año miles de migrantes, principalmente de América Central, son secuestrados, las mujeres violadas y, a veces, las y los migrantes, asesinados en México por bandas criminales que actúan a menudo en coalición con funcionarios públicos. Lamentablemente, dijo el investigador de Amnistía Internacional México, Rupert Knox, “muy pocos de los responsables rinden cuentas ante la justicia, dejando a los migrantes vulnerables a nuevos ataques”. Agregó que la información contribuirá a las consideraciones realizadas por el Comité sobre el cumplimiento de la Convención de la Naciones Unidas sobre Trabajadores Migrantes por el gobierno mexicano.

Fuente: La Jornada de Guerrero

REPUDIO A LA SEXTA VISITA DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ A MÉXICO


El próximo 6 de Abril el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez visitará nuestro país por sexta ocasión posterior a la masacre de Sucumbíos del 1° de marzo de 2008 en donde fueron asesinados cuatro estudiantes mexicanos, nuestros hijos, Verónica Velázquez, Soren Avilés, Juan González y Fernando Franco. Uribe Vélez es el autor intelectual confeso del asesinato de nuestros hijos y de la tortura y vejaciones cometidas contra Lucía Morett, a la par de desencadenar una férrea persecución política contra ella al saber que es testigo de crímenes de lesa humanidad y de los cuales el expresidente colombiano es responsable.

Repudiamos la invitación realizada por el secretario de Educación Pública Alonso Lujambío a tan siniestro personaje para participar en el Encuentro "Educación y valores para la convivencia en el siglo XXI" en el marco de los 90 años de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cómo es posible que el asesino confeso de 4 mexicanos y de cometer diversos delitos contra Lucía Morett visite nuestro país con total impunidad?

¿Cómo es posible que la SEP considere como ponente magistral a Uribe Vélez para hablar sobre valores, cuando es el responsable de miles de asesinatos, desapariciones e innumerables delitos cometidos contra el pueblo colombiano?

Llamámos a todas las organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, de Derechos Humanos y al pueblo solidario a que repudiemos la visita de Álvaro Uribe Vélez y para recordarle que desde el 2008 el pueblo de México lo considera una persona non grata. Súmate a las siguientes actividades:

LUNES 4 DE ABRIL A LAS 11:30 AM

CONFERENCIA DE PRENSA EN EL CENTRO DE COMUNICACIÓN SOCIAL (CENCOS) UBICADO EN LA CALLE DE MEDELLÍN No. 33 COL. ROMA

MARTES 5 DE ABRIL A LA 1:OO PM

PROTESTA MENSUAL "CADA UNO POR LA JUSTICIA" FRENTE A LA EMBAJADA DE COLOMBIA EN MÉXICO (PASEO DE LA REFORMA #379, CERCA DEL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA)

MIÉRCOLES 6 DE ABRIL A LAS 8:00 AM

CONCENTRACIÓN DE REPUDIO A ÁLVARO URIBE VÉLEZ, LA CITA ES EN EL TLALOC DEL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA PARA PARTIR DE AHI A LA SEDE DEL ENCUENTRO QUE ES EN EL AUDITORIO NACIONAL

¡JUSTICIA PARA NUESTROS HIJOS ASESINADOS POR ÓRDENES DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ!

¡BASTA DE PERSECUCIÓN CONTRA LUCÍA MORETT!

En un refugio guardado en su corazón
Llevan la bandera de Bolívar.
Su rostro la transmite en la sonrisa
Que dejaron en las imágenes del recuerdo.

Hoy desde lo alto suenan las campanas
Ustedes las tocan para mostrarnos el camino.

Juan, Verónica, Soren, Fernando desde lo alto nos miran
Y nos recuerdan que para ser grandes
Hay que saber soñar.


ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE SUCUMBIOS ECUADOR

Boletín de Democracy Now! en Español

4/4/2011

Los Titulares de Hoy

http://www.democracynow.org/images/nav/icon_audio.pngbaje el audio (disponible alrededor de las 17:00 ET)

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