miércoles, 10 de julio de 2013

Sufren amenazas periodistas del diario Presencia, en Veracruz


NOÉ ZAVALETA

XALAPA, Ver., (proceso.com.mx).- El periódico “Presencia”, con circulación en el sur de Veracruz, exigió al gobierno de Javier Duarte seguridad para su personal y sus instalaciones, luego de sufrir “amenazas” y varios “avisos” intimidatorios por la línea editorial que manejó duran te el proceso electoral.

Roberto Morales Ayala, director de dicho rotativo, aseguró que hay un peligroso clima de hostilidad postelectoral y que repercute contra los periodistas e instalaciones de este periódico, el de mayor circulación en el municipio de Las Choapas.

“Presencia” emitió la noche del martes un comunicado en el que pide a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) que intervenga ante el gobierno de Veracruz y la Secretaria de Seguridad Pública para que se otorguen las garantías de seguridad para el ejercicio del trabajo periodístico.

“Hemos tenido avisos y amenazas de un atentado contra el personal del periódico y sus instalaciones derivado del clima de hostilidad que por el resultado de las elecciones impera en el municipio, somos parte del objetivo de grupos identificados con el exalcalde Renato Tronco Gómez –hoy convertido en diputado local electo del PRI- para golpear a su personal y destruir el equipo de oficina y taller”, expone el comunicado.

El diario “Presencia” ya se había quejado en días pasados que la circulación total de dicho periódico había sido arrebatada a voceadores en este municipio gobernado por el PRI.

La razón, expuso el rotativo en días anteriores, es la molestia del dos veces alcalde y exdiputado local Renato Tronco porque el diario exhibió los tráficos de influencia y nepotismo en el ayuntamiento de Las Choapas para entregar contratos de obra pública a su hermano, Miguel Tronco Gómez, hoy candidato a alcalde y quien junto con el panista Marco Estrada Montiel reclaman el triunfo en dicho municipio.

Un día después de las elecciones, “Presencia” público fotografías de cómo las patrullas de la Policía Municipal eran utilizadas para “acarrear” a grupos de choque para tomar las instalaciones del Consejo Municipal del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) y dispersar a manifestantes del PRD y del PAN.

También ahondó sobre cómo empleados de la dirección de Obras Públicas dejaron abandonas las obras los días lunes y martes para volcarse a las oficinas del IEV para alegar el triunfo en la elección municipal del candidato a alcalde, Miguel Ángel Tronco.

“El día de hoy (martes), a través de nuestro portal de noticias, se ha dado cuenta de la manera en cómo se han utilizado a trabajadores de la obra pública municipal para enviarlos a las instalaciones del Instituto Electoral Veracruzano con el objetivo de utilizar a estas personas para reprimir a manifestantes (del PRD y PAN). Estamos conscientes de que ejercer nuestro trabajo periodístico implica riesgos, pero también que tenemos derechos y que la obligación del estado es el de salvaguardar la integridad de la sociedad en general, desgraciadamente la sociedad choapense desde hace varios años es rehén de los caprichos y abusos de poder del cacicazgo de una persona ignorante (en alusión a Renato Tronco)”, cita el diario.

Renato Tronco Gómez es un político polémico y extravagante, ha militado en el PAN y en el PRI, líder de la Unión Ejidal 25 de Abril, afecto a los caballos de carrera ¼ de milla, suele presumir a su equino preferido, “El Payaso”, cuyo valor se tasa en dos millones de pesos.

Tronco fue bautizado por el exgobernador Fidel Herrera como “el mejor guerrero” –como quedó asentado en unos audios filtrados a la prensa nacional-. Cuando Renato Tronco renunció al PAN para adherirse al PRI, ofreció una rueda de prensa en su domicilio, donde exhibió la fotografía del entonces presidente de la República, Felipe Calderón, puesta de cabeza.

“Presencia” es de los pocos periódicos del sur de la entidad que da puntual seguimientos a los actos del crimen organizado, violencia e inseguridad en los municipios de Coatzacoalcos, Agua Dulce, Minatitlán y Las Choapas.

“Por lo anterior, exigimos al gobierno del estado, que encabeza Javier Duarte de Ochoa, las condiciones necesarias para el libre ejercicio de nuestro labor, sin la sombra del temor de ser objeto de un atentado que lastime nuestro patrimonio y nuestras vidas”.

En respuesta a la petición del periódico sureño, el gobierno de Duarte a través de su director de información, Miguel Valera, se ofreció “las medidas cautelares” para evitar cualquier tipo de agresión, así como el apoyo de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP).

México sigue sin cumplir más de 80 recomendaciones del Comité de DH de la ONU: grupos sociedad civil


Representantes de más de 30 colectivos llamaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a que retome y cumpla todas las observaciones de 2009 y ponga especial atención en temas como fortalecer las investigaciones para acabar con la impunidad.

Fernando Camacho Servín Publicado: 10/07/2013 13:59

México, DF. A unos cuantos días de que presente su informe ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), el Estado mexicano sigue sin cumplir a cabalidad las más de 80 recomendaciones que se le formularon en la anterior edición de dicho mecanismo, realizada en 2009, señalaron diversas organizaciones de la sociedad civil.

En conferencia de prensa, representantes de más de 30 colectivos recordaron que en el EPU de hace cuatro años el gobierno de México se negó a admitir ocho de las 91 recomendaciones que otros Estados le hicieron llegar --relacionadas con la limitación del fuero de justicia militar, la eliminación del arraigo y la no impunidad de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en décadas anteriores--, alegando que esos puntos ya estaban siendo atendidos.

Por ello, las organizaciones llamaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a que retome y cumpla todas las observaciones de 2009 y ponga especial atención en temas como fortalecer las investigaciones para acabar con la impunidad, armonizar las legislaciones nacionales con los convenios internacionales firmados por el país, tipificar adecuadamente el delito de desaparición forzada y erradicar la violencia contra mujeres, niños, indígenas y jóvenes, entre otros puntos.

Para la actual administración, subrayaron, esta es una buena oportunidad para demostrar su voluntad política en materia de derechos humanos, en vez de argumentar que las violaciones en en este sentido fueron cometidas por el gobierno federal anterior.

El Estado mexicano tiene como límite el 22 de julio para presentar su informe ante le Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para después recibir observaciones de otros países miembros del organismo internacional.

Aplaza Corte debate sobre presa “El Zapotillo”; ministro Franco retiró dictamen


Sin ofrecer mayores explicaciones, el ministro instructor Fernando Franco le notificó a sus compañeros de la segunda sala, en la sesión privada, que retiraba su dictamen para mejor ocasión.

Jesús Aranda Publicado: 10/07/2013 16:36

México, DF. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión de la controversia constitucional presentada por el congreso de Jalisco con la que pretende anular “cualquier acto de autoridad que afecte a los ciudadanos de esa entidad” ante la intención del gobierno federal y de los ejecutivos de Jalisco y Guanajuato, de construir la presa “El Zapotillo”.

Sin ofrecer mayores explicaciones, el ministro instructor Fernando Franco le notificó a sus compañeros, en la sesión privada, que retiraba su dictamen para mejor ocasión.

Después de que la segunda sala desechara sin discusión hace unos meses, la controversia constitucional presentada por el municipio de Cañadas de Obregón, que pretendía evitar la autorización para construir la presa “El Zapotillo”, cuya cortina tendrá 105 metros de altura e inundará los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo de Jalisco.

El congreso local presentó su demanda en contra del convenio firmado el 16 de octubre de 2007 entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los entonces gobernadores de Jalisco, Emilio González Márquez y Juan Manuel Oliva, de Guanajuato por la construcción de la obra en los linderos de Los Altos de Jalisco y León, Guanajuato.

Los legisladores impugnaron ante el máximo tribunal, cualquier acto de autoridad que afecte los derechos de los jaliscienses en sus derechos adquiridos por la Declaratoria de Reserva de Aguas Nacionales Superficiales del Río Verde, respecto de los volúmenes de agua otorgados a Jalisco para uso “doméstico” y “público”, 372 millones 139 mil metros cúbicos y 372 millones 39 mil metros cúbicos anuales, respectivamente.

También reivindican el derecho a la dotación de 12 millones 600 mil metros cúbicos del líquido para actividades “pecuarias”. Dotaciones que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2007.

Los legisladores argumentan el Convenio para construir El Zapotillo sobre el cual “no se ha tienen conocimiento de su existencia, ni redacción”, además de que demandan la invalidez de la petición que hizo en su momento el entonces gobernador González Márquez, el cual solicitó que la cortina de la presa se ampliara de los 80 metros originales a 105 metros, diferencia que provocaría la inundación de las poblaciones referidas.


Se espera que los ministros de la sala revisen la controversia cuando regresen de su período vacacional que empieza este viernes 11 de julio y que terminará el próximo primero de julio, aunque la segunda sala sesionará hasta el siete de agosto próximo.

Protestas se recrudecerán si el Senado ratifica reforma educativa, dice CNTE


ROXANA AGUIRRE

Veracruz, Ver.- Las manifestaciones en contra de la reforma educativa podrían recrudecerse en caso de que el Senado la ratifique, aseguró el integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Veracruz, Víctor Moreno Bolaños. “En todo el estado nos estamos movilizando y lo seguiremos haciendo porque en el segundo periodo de sesiones viene la reforma a las leyes secundarias y buscamos que el gobierno haga caso a los resolutivos de estos foros”, dijo.

El integrante de la CNTE consideró que la reforma educativa tiene que responder a la diversidad del país, para avanzar de forma democrática y sistemática, pues no se toma en cuenta por ejemplo a las zonas indígenas. “Exigimos que paren el proceso de aprobación y que se hagan diálogos en todo el país, el gobierno tiene un problema, no oye más que con presión social (...) el gobierno tiene el poder y quiere sorprender”, comentó.

Para Moreno Bolaños, los compañeros de Michoacán no hubieran muerto si el Estado los hubiera tomado en cuenta, por lo que su fallecimiento es culpa del Estado. “El gobierno quiso dar madruguete, en 11 días aprobó la reforma en la Cámara y en 18 días en los estados, pero sin consultar a nadie, sólo al Presidente de la República y a los coordinadores del Pacto por México, no le preguntaron a los maestros qué pensamos”; comentó.

Señaló que su lucha es para que la gente se entere qué está haciendo el gobierno pues su decisión mostró el totalitarismo. “Tenemos el problema que el gobierno no oye y la única forma que hace caso es con presión social, nosotros quedamos muy sentidos y lamentamos la muerte de compañeros en Michoacán porque de no haber hecho el gobierno esas reformas tan agresivas, tiene el poder y quiere sorprender, no tendríamos ninguna necesidad de estarnos defendiendo, la violencia la genera el Estado”, aseveró.

Moreno Bolaños consideró que en el país se debe de seguir el ejemplo del estado de Oaxaca, donde primero se democratizó el sindicato y después se dieron a la tarea que los puestos altos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fueron ocupados por puros maestros con experiencia en educación generando una estrategia que a largo plazo ha funcionado.

Investigan a 20 policías un año después por el desalojo de #YoSoy132


Javier Puga Martínez

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla (SSPTM) informó que se inició una investigación por parte de la Contraloría del ayuntamiento en contra de 20 policías que participaron en el desalojo violento de un grupo de activistas de la organización #YoSoy132 en septiembre del año pasado.

Fueron 63 jóvenes de ese movimiento quienes instalaron un campamento en el zócalo de la ciudad de Puebla, posterior a las elecciones federales del año, para protestar en contra del triunfo del priista Enrique Peña Nieto.

El ayuntamiento capitalino realizó una operación para retirarlos y, meses después, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla encontró elementos para considerar que se procedió con violencia en contra de los jóvenes y que los agentes actuaron más allá de sus atribuciones, por lo que emitió una recomendación en contra del gobierno municipal para que se investigaran los hechos, misma que comenzó a aplicarse casi un año después por la Contraloría municipal.

El director de la Policía Municipal, Gilberto Loya Chávez, afirmó que este inicio de la investigación permitirá deslindar responsabilidades, pues los integrantes de ese movimiento presentaron cuatro denuncias y una queja ante Derechos Humanos, a las cuales se les tiene que dar el trámite legal que requieren.

Indicó que fue la Contraloría la que inició con el llamado a 20 agentes involucrados a presentarse ante esa instancia, quienes constaran una serie de cuestionamientos a fin de determinar qué fue lo que ocurrió con exactitud.

El propio Gilberto Loya Chávez subrayó que él mismo ya compareció y desahogó todas las pruebas a su alcance, rechazando que se haya aplicado algún tipo de violencia o excesos en las funciones policiales.

Destacó que no sólo es su dicho, sino que existen pruebas documentales como las videograbaciones de seguridad de las cámaras instaladas en el ayuntamiento y el zócalo capitalino, así como fotografías, que muestran que no se violentó a los manifestantes físicamente y en sus derechos.

Recordó que existe un protocolo de seguridad para este tipo de casos, e incluso los agentes no fueron armados ese día, además de que los propios integrantes de #YoSoy132 aceptaron retirarse, con excepción de uno de ellos quien fue la misma persona que se quejó de abuso policial ante Derechos Humanos.

Los integrantes de este movimiento estudiantil instalaron un campamento en el zócalo de la ciudad protestando la elección de Peña Nieto como presidente de México; el 15 de septiembre del año pasado, unas horas antes de que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, diera el Grito de Independencia en el balcón del Palacio Municipal, el grupo fue desalojado mediante una operación policial.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación al ayuntamiento de Puebla para que se investigara este hecho a partir de que encontró elementos para determinar que hubo exceso de fuerza en la intervención de la Policía; se retuvo a los jóvenes en los juzgados calificadores más tiempo del establecido, además de que su presentación ante esos jueces fue negligente, por lo que consideró que la Policía Municipal actuó violando derechos humanos, jurídicos y el trato digno de los manifestantes.

Deja actividad minera en Ahuazotepec y Zacatlán polución y deforestación


Javier Puga Martínez

La actividad extractiva de feldespatos en los municipios de Ahuazotepec y Zacatlán está causando problemas de contaminación de mantos acuíferos y la deforestación de más de 800 hectáreas de bosque en los últimos 10 años, denunciaron integrantes de organizaciones civiles de estos lugares, como el Comité de Protección Patrimonial y Preservación Ambiental.

Las empresas señaladas como responsables de esta actividad son Feldmex, de capital italiano, así como la filial del Grupo Monterrey, Materiales y Materias Primas de Ahuazotepec, que carecen de permisos de operación municipales, pero cuentan con un Manifiesto de Impacto Ambiental otorgado hace un año por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), indicó Daniel Cuevas, uno de los integrantes de este comité.

A un año de que la Semarnat autorizó este manifiesto a Felmex con el número 21PU2011FD009, para la extracción de feldespato durante los próximos 15 años en un predio de 5 hectáreas del rancho Velázquez, en Zacatlán, la empresa ya dejó un hoyo de casi 2 kilómetros de largo y unos 50 metros de profundidad.

Esta mina a cielo abierto está a un costado de la laguna de Atexca, así como de la carretera Tlaxco–Tejocotal, y de acuerdo con las quejas que han expresado varios pobladores de comunidades como La Estación, existe contaminación de suelos, campos agrícolas y manantiales con los desechos de feldespato y sílice.

En el caso de los manantiales que surten los ríos subterráneos Tenejac y Chula Vista, éstos ya están tapados por arena. De acuerdo con el documento “Panorama Minero en Puebla”, elaborado en 2010, en Puebla se producen anualmente unas 371 mil toneladas de feldespatos, con un valor en el mercado superior a los 194 millones de pesos, y tan sólo 25 por ciento de esa producción fue procesado por Materiales y Materias Primas de Ahuazotepec.

El feldespato, tanto potásico como sódico, se compone de minerales comúnmente usados en la industria para la producción de vidrio y cerámica, y los principales productores del mundo son Italia, EU, Turquía y Tailandia. En España y Perú han surgido movimientos sociales de rechazo a esta industria extractiva, debido a los daños que ocasiona a los ecosistemas y a la agricultura, principalmente por el manejo de desechos.

En esta mina a cielo abierto de Zacatlán, según las estimaciones del comité ambientalista de este municipio, se estarían produciendo unas 5 mil toneladas de feldespato al mes; el trabajo de esta mina es de 24 horas al día. Una tonelada de feldespato se extrae a partir de dos toneladas de rocas, por lo que el resto es desechado en los predios cercanos, lo mismo que los materiales químicos para la pulverizar y lavar la roca de donde se obtiene el producto.

El Manifiesto de Impacto Ambiental prevé que la empresa aplique un plan de reforestación en la zona, que durará cinco años a partir de que culmine el periodo de extracción, pero los pobladores se preguntan dónde podrán ser plantados los árboles si la mina está dejando estos enormes cráteres.

De acuerdo con los datos periodísticos del portal Radio Expresión, de Huauchinango, el ayuntamiento de Zacatlán ignora que estas empresas tengan permisos de funcionamiento y cambio de uso de suelo para la extracción del material.

El ayuntamiento de este lugar reconoce que donde se realiza el lavado del feldespato están ubicados los manantiales que abastecen a las comunidades de Nanacamilpa, Metepec y Las Lajas, así como a la propia ciudad de Zacatlán, que han visto reducida la cantidad de agua que las abastece.

La laguna de Atexca ahora luce de color café y gris por la presencia de la arcilla de desecho de la mina, mientras que en esas comunidades los pobladores han comenzado a presentar problemas respiratorios que antes no tenían, culpando a la actividad minera de esta situación.

Mineros de Taxco, cerca de los 6 años de huelga


RAYMUNDO RUIZ AVILÉS ( Corresponsal)

Taxco, 9 de julio. El líder de la sección 17 de mineros de Taxco, Roberto Hernández Mojica, reclamó que a dos días de conmemorar el Día del Minero los gobiernos no hayan tenido acercamiento para destrabar el conflicto que está a punto de cumplir seis años de huelga el 30 de julio; “hemos sido olvidados”, consideró.

Aseguró que, aunque “no hay nada que festejar”, el día no se dejará pasar desapercibido por lo que adelantó que tendrán una misa de acción de gracias, una ofrenda floral y un acto en su sindicato.

“Queremos estar con nuestra familias ese día, porque son ellas las que nos han mantenido vivos y con fuerza, para llegar a este Día del Minero”, adujo.

Hernández Mojica recordó que hace años el Día del Minero “fue toda una fiesta en Taxco”; sin embargo, con la huelga desde hace seis años “nada es igual y no hay nada que celebrar, sólo recordar lo que ha sucedido”.

Dijo que tendrán el apoyo de líderes del comité nacional, quienes darán a conocer las acciones a tomar y los alcances logrados con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El líder minero lamentó que no se cuente con las condiciones económicas para la realización de una celebración como “lo hicimos cuando trabajábamos”.

“Desgraciadamente los mineros hemos sido olvidados de parte de las autoridades para este día, que para Taxco es importante por ser un pueblo minero y nadie se ha acercado para brindarnos apoyo”, reclamó.

-¿Hay condiciones de seguridad para la conmemoración?

-Me imagino que sí, porque nosotros los mineros no nos metemos en otras cosas y lo que haremos es para no dejar pasar desapercibido algo que es importante para nosotros.

En cuanto a la huelga, aseguró que hay desesperación; están conscientes de lo que ha sucedido.

Celebró que los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal (STyPS), se hayan pronunciado por el arreglo de las huelgas de Taxco y Zacatecas.

Sobre la actuación del gobernador, expresó que siguen en espera de una reunión con él vía la APPG para entablar diálogo.

Seguirá acéfalo el Morena en Acapulco, prevé César Núñez


El Movimiento carece de dirigencia municipal desde hace un mes, cuando fue disuelta por la estatal

Confirma que Andrés Manuel López Obrador visitará 9 municipios del estado del 11 al 14 de julio

HÉCTOR BRISEÑO ( )

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), César Núñez Ramos, dijo que la dirigencia municipal de esa organización en Acapulco está acéfala, mientras la Comisión de Honestidad y Justicia del Movimiento determina el cauce que da a la impugnación de selección de mesa directiva en el puerto.

Un grupo contrario a la elección de Marcial Rodríguez Saldaña como titular del comité municipal de Morena, encabezado por uno de los candidatos a ocupar la secretaría general, Carmelo Loeza Hernández, denunció ante la Comisión de Honestidad y Justicia del Morena irregularidades en el proceso interno de selección en el puerto, efectuado en el parque Papagayo el 19 de mayo.

El argumento de los inconformes es el incremento de delegados participantes en esa asamblea municipal, en la que también fue elegida como secretaria general del Morena en Acapulco Rosalinda Gutiérrez Terrones, quien se impuso por 256 votos contra 197 a Loeza Hernández, Julio Marcos Matías con 16 y Ramiro Morales con 54.

Núñez Ramos subrayó que el asunto “se está ventilando en organismos internos del Morena”.

Subrayó que “toda la militancia nos apegaremos a lo que emita la Comisión de Honestidad y Justicia, respetando lo que digan los estatutos”, y puntualizó que no hay fecha determinada para la resolución.

Recalcó que, hasta entonces, el comité directivo municipal de Morena no tendrá un representante.

En otro tema, el dirigente estatal del Morena confirmó la gira del líder nacional del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, quien a partir del próximo jueves estará cuatro días en Guerrero.

Explicó que López Obrador tomará protesta a los comités municipales elegidos en asambleas municipales.

Precisó que “llegará a Guerrero el jueves, estará cuatro días y participará en nueve eventos públicos, que serán asambleas de carácter informativo y popular, donde se tomará protesta a 66 comités ejecutivos municipales”.

Especificó que López Obrador estará en Guerrero entre el 11 y el 14 de julio en el salón Melo, de Tlapa, posteriormente se trasladará a Chilapa, donde estará en la cancha de usos múltiples de La Villa, el jueves.

El viernes estará a las 10 horas en el salón Diamante de Chilpancingo, y a las 16 horas, en Iguala, en la plaza de las Tres Garantías.

El sábado a las 10 horas la concentración será en el Club Rotario en Ciudad Altamirano; a las 16 horas se trasladará a Zihuatanejo, donde estará en el salón Milenio.

El domingo, López Obrador estará a las 10 horas en el zócalo de Tecpan; a las 13 horas, en el Club de Leones de Atoyac, y finalmente, a las 16 horas, en la plaza cívica Diego Álvarez de Coyuca de Benítez.

La lucha del SME

En concreto
Laura Itzel Castillo

El pasado viernes 5 de julio, después de permanecer durante 39 días frente a la Secretaría de Gobernación, se levantó el plantón que mantenía el combativo Sindicato Mexicano de Electricistas, en las calles de Bucareli.

Llegaron a un acuerdo que contempla un plan de jubilaciones para ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que tengan 23 años de antigüedad —de los 16 mil sindicalizados— y que han permanecido en resistencia a partir del cierre del organismo público, en octubre de 2009. Esto significa que los trabajadores recibirán de manera retroactiva lo correspondiente a su pensión.

Entre las demandas de los electricistas está la creación de una empresa que atienda la zona centro del país. Recordemos que desde la pasada legislatura se quedó congelada una iniciativa que iba en ese sentido, pero que finalmente no fue atendida.

En nuestro país el proceso de privatización en materia eléctrica ha venido avanzando desde hace décadas. En el año 2000 los productores independientes de energía generaban ya 500 megawatts, violando la Constitución. En la actualidad ha crecido a más de 11 mil 500 MW.

Sin embargo, de toda la generación en el país hay un gran sobrante, ya que según la Sener existe un margen de reserva de más de 40% y los contratos entre CFE y los privados establecen que a pesar de no consumir, se les debe pagar.

Algo lamentable es que los gobiernos neoliberales han comprado energía innecesaria, a grandes costos, a las empresas privadas, a la vez que nunca permitieron a Luz y Fuerza instalar plantas para generar electricidad.

Además en el 2007 la empresa Unión Fenosa le vendía a la CFE a 57 centavos el kilowatt hora, mientras que la CFE se lo vendía a Luz y Fuerza en un peso. Sin embargo Luz y Fuerza lo debía vender a los industriales a 95 centavos. Así diseñaron las políticas gubernamentales.

Todos estos elementos son los que ocasionan, entre otras cosas, las altas tarifas eléctricas que pagamos los mexicanos y son parte de las denuncias que han venido impulsando desde hace muchos años los sindicalistas del SME.

Más de 20... - Columna semanal de Sergio Aguayo



La violencia afectó a una quinta parte de las secciones electorales. ¿Qué hicieron o qué dejaron de hacer el gobierno, los partidos y las autoridades electorales?

Nuestras elecciones son tridimensionales. Una parte es pulcra y presumible. En la segunda están los tianguis de la democracia pirata, donde los pobres mercadean su voto. En la tercera los capos deciden por quién se vota. Un estudio serio e impactante, hecho por el Instituto Federal Electoral (IFE) en 2012 (citado al calce) lo determinó así. Si en 2009 hubo 1,609 secciones electorales "con problemáticas de alta inseguridad"; en 2012 aumentó a 4,528 secciones o un 20% del total. Sostengo, como hipótesis, que en 2013 se superó esa cifra, porque hay consenso entre observadores, que fueron las elecciones más afectadas por la violencia.

Nos movemos con estimaciones porque ninguna autoridad está midiendo lo que pasa. Los comentarios de las últimas semanas se basan en conteos hechos por periodistas que toman como fuente las notas de medios locales. Hasta ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue sin corregir el hábito calderonista de ignorar la información sobre las consecuencias nocivas de la violencia.

Los partidos tampoco se preocuparon por aclarar lo que pasaba. En el Pacto por México dejaron fuera al binomio violencia y elecciones y en la irrelevante Adenda meten el asunto en las llamadas Comisiones plurales. Al final del ciclo electoral se bifurcó el discurso de las cúpulas: el tricolor propalaba un panorama idílico, las dirigencias del PAN y el PRD deambulaban como plañideras ("está de la chingada" soltó un descompuesto Gustavo Madero) y hasta pidieron la intervención del Ejército.

Quienes se llevan los laureles de la irresponsabilidad son los institutos electorales de los estados. En las 14 páginas de estas dependencias (dejé fuera Sonora) no aparece información o protocolos sobre la violencia que minimizaron en sus declaraciones a los medios. También en eso Tamaulipas es un caso extremo. Gustavo Castillo y Martín Sánchez de La Jornada le preguntaron al presidente del instituto local, José Luis Navarro Cantú, si no le preocupaba que le hubieran renunciado 500 funcionarios de casilla por presuntas amenazas. Respondió con un frívolo "si los 21 mil 500 [funcionarios] deciden no participar, no pasa nada, simplemente se sustituyen". No sorprende entonces que, según Parametría, entre 2007 y 2013 aumentara en seis puntos la desconfianza hacia los institutos locales.

Otros indicadores confirman que los institutos se desentendieron del problema. En 12 de las 14 entidades que tuvieron elecciones, el IFE identificó secciones con problemáticas de inseguridad. El impulsor del estudio aquí citado, el consejero del IFE Alfredo Figueroa, me comentó que ninguno de los 14 institutos pidió el estudio de 800 páginas repletas de información. De haberlo hecho hubieran identificado las secciones afectadas. ¿Cuántas muertes o amenazas hubieran podido evitarse o reducirse si los institutos locales se hubieran tomado en serio la violencia?

Las amenazas sobre las elecciones ya no pueden seguir ignorándose. Hay dos tareas para el futuro inmediato. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que ahora preside Alfredo Orellana, tendría que tomar el estudio del IFE como punto de partida para una investigación mayor sobre la violencia y las elecciones que sea la base para un programa de prevención centrado en los municipios (son el bocado más apetitoso para el crimen organizado). La segunda tarea es estructural. Los organismos públicos dedicados a salvaguardar derechos no están funcionando como debieran, en buena medida porque están secuestrados. Cuando el PRI era todopoderoso, la autoridad electoral rendía pleitesía al señor Presidente y quienes luchábamos por la democracia ingenuamente creíamos en la ciudadanización del árbitro electoral.

Terminó el presidencialismo exacerbado pero buena parte de los "ciudadanos" convertidos en árbitros de las elecciones fueron sometidos a la voluntad de tribus partidistas o de gobernadores-virreyes. Se olvidaron de que su misión era proteger los derechos ciudadanos. Si en verdad quieren frenar y revertir la creciente influencia del crimen organizado en los comicios, tiene que ciudadanizarse en serio estos órganos. Si de acuerdo al IFE entre 2009 y 2012 se duplicaron las secciones de riesgo, a ese paso llegaremos a 30% en 2015. La indiferencia es suicida.

El documento citado es Informe Final sobre las actividades realizadas por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012 (octubre de 2011-septiembre de 2012), México, IFE, 2012. En la problemática 14 aparecen las secciones afectadas por estar en zonas de alta inseguridad pública por pandillerismo, vandalismo, comisión de diversos delitos, presuntas actividades ilícitas, presencia de personas armadas, etcétera.

Colaboraron Rodrigo Peña González y Paulina Arriaga Carrasco.

México: Educación mediática y mediatizada

José Luis Avendaño C.

ALAI AMLATINA, 09/07/2013.- En los últimos 60 años, nuestra educación ha estado moldeada por la televisión. No únicamente la educación sentimental. Suele afirmarse, cual sentencia, que lo que la escuela construye por la mañana, la televisión lo destruye por la tarde y la noche. Dos cosas incontrovertibles: el niño y joven mexicano pasa más horas frente a la pantalla de televisión que en las aulas. Una persona dice que se informa, viendo la televisión que leyendo el periódico.

La televisión mexicana nació unida al poder político. Recuérdese que la primera transmisión fue la de un Informe Presidencial de Miguel Alemán, más que cachorro de la Revolución, fue epítome de político empresario, cuyo hijo, antes que gobernador de Veracruz, como su padre, fue alto directivo de Telesistema Mexicano, el antecedente de Televisa, constituido, como la Iglesia católica –la iglesia electrónica—, en un poder fáctico.

Su poder deriva de la imagen, seductora por naturaleza. De ahí que los políticos de hoy se preocupen más por su apariencia, por lo que proyectan, que por lo que dicen o su discurso, y la necesidad de salir en la tele. Candidatos y funcionarios que se promueven y venden, como si fueran un producto o una mercancía más; candidatos bonitos, casi metrosexuales.

Junto con TV Azteca, Televisa constituye el duopolio televisivo, y que concentra un triple poder: el poder económico, el poder político y el poder ideológico; un poder paralelo o fáctico, que le disputa espacios y territorios al Estado, empezando por moldear costumbres y conciencias, o mentes y corazones (minds and hearts), como en la tradición estadunidense.

¿Qué estrategia y política se ha instrumentado para hacerle frente? Nada menos que la reforma educativa (RE), que fue la primera de los pendientes que dejó la docena panista debido a la falta de oficio político. De allí que la nueva administración priista –el de la restauración— haya llenado ese vacío, como primer acto de gobierno,con el Pacto por México, suscrito por las cúpulas de los tres principales partidos políticos: PRI, PAN y PRD.

Una RE que, desde antes, fue cuestionada, no únicamente por sus fines y medios, sino por su lenguaje, netamente sacado del mundo gerencial, a través de los conceptos de calidad, evaluación, eficiencia, productividad, competitividad y competencias, que se abstrae o ignora la desigualdad social que caracteriza a la realidad mexicana. Véase el libro: No habrá recreo, de Luis Hernández Navarro (Fundación Rosa Luxemburgo / Para Leer en Libertad AC. México. 2013).

La reforma pasó de noche, en lo oscurito, es decir, sin discusión alguna. Por eso, el debate en torno a la RE, como dice Manuel Pérez Rocha, tiene que tener como premisa “que contemple no solamente a la escuela, sino a la educación en su conjunto, particularmente la que proviene de la radio, la televisión y otros medios, y ante todo que, entendiendo a la educación como desarrollo cultural, contribuya a superar la visión economicista que es producto de las políticas gubernamentales”.

El 26 de junio, la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal (GDF) da a conocer el programa piloto SaludArte, en cien de las cuatro mil escuelas primarias públicas que hay en la ciudad de México, en el próximo ciclo escolar 2013-2014. Se pretende extender el horario escolar de seis a ocho horas, a fin de que los alumnos tengan actividades de tipo artístico (baile, canto y teatro) y cultural en general. Incluye la transmisión de valores y ética, y una nutrición saludable, para combatir los elevados índices de sobrepeso y obesidad que se observan en los niños y jóvenes mexicanos.

Al respecto, Tatiana Coll, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), equipara evaluación con desnutrición y cita a un investigador del Instituto Nacional de Nutrición, quien dice que, después de 20 años de investigación, ya era posible saber “los diferentes efectos que producía la desnutrición sobre cada una de las células del cuerpo”; sin embargo, “lo único que no logramos en tantos años es disminuir efectivamente la desnutrición en el país, una enfermedad cuya cura, ya se sabe, es muy sencilla: comer”.

Lo anterior va de acuerdo con los lineamientos de la reforma educativa y de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha tomado a la educación como caballo de Troya.

Empero, como dice una maestra, citada por Hernández Navarro: “se cosifica la profesión docente, al tener un fin utilitarista, gerencial, reduciendo el papel del maestro a simple operario de las políticas educativas neocoloniales”.

En política educativa, vamos de Guatemala a guatepior.

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