jueves, 31 de marzo de 2011

AMLO Delegacion Arcos Ecatepec Estado de Mexico 30 marzo 2011







Cobertura AMLOTV

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Imágenes de la asamblea informativa de AMLO en la Delegación Los Arcos, Ecatepec





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Defender los principios y no aceptar manipulaciones

FERNANDO ACOSTA RIVEROS

La fortaleza de un partido político y de un movimiento social se construye con la congruencia que tienen sus dirigentes, militantes y simpatizantes. Ser fiel a los principios, no aceptar ni apoyar manipulaciones, es indispensable en estos tiempos políticos cuando en México es necesario y urgente un cambio en todas las estructuras de gobierno. El pasado domingo 27 de marzo se realizó una consulta en el Estado de México para avalar una alianza electoral entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Tres perredistas distinguidos se opusieron a dicha alianza: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas Rodríguez.

Cuauhtémoc Cárdenas comentó que una alianza entre el PAN y el PRD es “un proyecto improcedente, contraviene estatutos y principios del PRD, además de debilitar al partido”. El también ex candidato presidencial, quien ganó las elecciones en 1988, con el apoyo de las organizaciones de izquierda, integradas en el Frente Democrático Nacional (FDN) llamó a dirigentes y militantes de izquierda a unirse para superar democráticamente a los responsables del desastre nacional. Por principios los perredistas deberían enfrentar a las cúpulas priístas y panistas que han llevado a México por un desbarrancadero.

Andrés Manuel López Obrador, quien dirigió al PRD entre 1996 y 1999 ha explicado públicamente porque se opone a las alianzas entre el PRD y el PAN. La verdadera alianza que existe en los años recientes está formada por los dirigentes priístas y panistas. Es el PRIAN donde se junta la mafia política que ejecutó el fraude en 2006. El PRIAN trabaja para mantener vigente el actual régimen de opresión, corrupción y privilegios. Congruente con sus ideas, Andrés Manuel asegura que la única alternativa para un cambio en México, “es la organización del pueblo”.

Alejandro Encinas, fundador y militante distinguido del PRD, con una amplia trayectoria de compromiso en organizaciones de izquierda, rechazó ser candidato a gobernador por el Estado de México en una alianza entre su colectivida política y Acción Nacional. Durante sus recorridos por los diferentes municipios mexiquenses, Alejandro ha defendido los principios de la izquierda y ha llamado a los ciudadanos y particularmente a quienes militan o simpatizan en y con el PRD a rechazar manipulaciones.

“Lo que sucede es que los dirigentes del PAN y PRD no quieren reconocer que sus manipulaciones resultan cada vez más difíciles de creer por el electorado, debido a la misma incongruencia de su propuesta de aliarse derechas e izquierdas”, escribió Amador Ahumada Garrido en carta publicada en la sección El Correo Ilustrado, página cuatro de La Jornada, domingo 27 de marzo de 2011, edición número 9562. Esta voz ciudadana también cuestionó el proyecto de alianza electoral entre PRD y PAN en los estados de México, Nayarit y en cualquier escenario regional y nacional.

José Agustín Ortiz Pinchetti en su columna El Despertar, publicada el 27 de marzo, abordó el tema de los principios y citó: “Quien traiciona los principios en aras de los intereses, termina por perder los principios y los intereses”. Una vez más, José Agustín explica a sus lectores que existen politiqueros en todos los partidos, incluido el PRD, en este año 2011 que traicionan los principios por triunfar a corto plazo, pero pierden el destino y el prestigio. El interés individual por obtener puestos, convierte a esos politiqueros en mercenarios.

Promover la democratización, defender el voto, liberar a los sindicatos, terminar con el partido de Estado e imponer la justicia social, son algunos de los principios en que se sustentó el PRD desde 1989. Durante los gobiernos priístas de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) y en los regímenes panistas de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y en los más de cuatro años del usurpador Felipe Calderón Hinojosa (diciembre de 2006 a marzo de 2011), se han manipulado procesos electorales, se preparó y consumó el fraude de 2006; se ha perseguido a dirigentes sindicales independientes como a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entre 1990 y 1998; más recientemente a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por mencionar sólo dos ejemplos.

Los partidos tradicionales PRI y PAN han defendido la política neoliberal que llaman modernizadora y de globalización, que en la práctica es una política de saqueo de los recursos y de empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos. En el año 2000 tras la jornada electoral que dio el triunfo al PAN, los ganadores prometieron iniciar un cambio en la forma de gobernar la nación. El régimen de Vicente Fox Quesada incurrió en corrupción, nepotismo, manipulación y engaño. Copió los vicios del priísmo y borró algunas de sus virtudes, como el manejo de una política exterior soberana y promotora de la paz mundial.

La justicia social todavía es un sueño. En medio de la guerra o combate al narcotráfico, las principales víctimas son los pobres. Crece el desempleo, se cierran cupos en las universidades públicas, mientras se pagan anuncios costosos en las televisoras y radiodifusoras donde se habla de “vivir mejor”. Acabar con los empleos, cancelar o disminuir los derechos de los trabajadores, es promover el crimen y la violencia. Los principales responsables de la actual tragedia nacional pertenecen a las cúpulas del PRI y del PAN. Por principios éticos y por lógica, los perredistas auténticos como Cuauhtémoc, Andrés Manuel y Alejandro Encinas, no pueden aceptar alianzas con el PAN ni con el PRI.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Incongruencia política


ANTONIO SOTO SÁNCHEZ

A una semana de haber protestado como nueva secretaria general del CEN del PRD, la señora Dolores Padierna visitó el estado de Michoacán para respaldar las aspiraciones políticas de uno de los varios aspirantes a la gubernatura de la entidad; tal apoyo no debiera ser motivo de crítica de nadie si no fuera porque ella ostenta el segundo cargo más importante de este partido en el ámbito nacional, situación que la obliga a actuar bajo los principios de respeto, imparcialidad e institucionalidad, evitando en todo momento influir a favor de alguien desde la posición partidista que ocupa.

Llama mucho la atención que la señora Padierna, por un lado, rechace de manera vehemente las alianzas electorales de su partido con el PAN, argumentando principios ideológicos y estricto cumplimiento de la línea política aprobada por el Congreso Nacional del PRD, pero por otro lado, no guarda ninguna forma de respeto a los estatutos, ya que de manera pública pretende influir, aunque dudo que lo logre, en los perredistas michoacanos para apoyar las aspiraciones de alguien en lo particular. Todos los actos y acciones que cualquier político realice deben estar apegados a los principios ideológicos que dicen poseer; no hacerlo de esta manera, sólo refleja en estos individuos una total falta de congruencia; mientras que piden aplicación de la norma en lo que conviene a sus intereses, desconocen o simulan desconocer lo que la misma ley les impone.

La actitud que la dirigente nacional ha asumido, por lo menos en Michoacán, habla de un total desprecio por las leyes, en este caso por las reglas internas de su partido. ¿Cómo la señora Padierna puede reclamar y recriminar al grupo mayoritario del PRD cumplimiento de una línea política en materia de alianzas, si ella misma actúa fuera de toda legalidad?; ¿qué autoridad moral tiene quien desprecia y pisotea la norma estatutaria, cuando exige lo que no es capaz de dar? De continuar con este tipo de actitudes, lo único que se provocará es la polarización y la inminente fractura de la principal fuerza política de la izquierda mexicana.

Particularmente, tengo una gran desconfianza por todo aquel político que se autodenomina como puro e inmaculado, que se dice poseedor de principios ideológicos extraordinarios y que pretende hacer creer a todo mundo que se conduce bajo el imperio de la ley, pero que cuando se tienen intereses personales o grupales asumen actitudes pragmáticas y convenencieras, muy alejadas de toda legalidad y congruencia, que los pone al descubierto tal y como en realidad son; este tipo de individuos no contribuyen al fortalecimiento de un partido político, no abonan a la buena imagen de la política, sino que terminan deteriorando y desprestigiando a la organización a la que pertenecen.

Es lamentable que irresponsablemente se atente contra la unidad y cohesión que el PRD ha logrado en Michoacán, es inaceptable y altamente reprochable que quienes deban ser los principales garantes de la imparcialidad, la equidad, la institucionalidad y la legalidad, sean los primeros en vulnerar y atentar flagrantemente contra tales principios. Qué lástima que algunos dirigentes actúen sin ninguna ética y sin ninguna congruencia política; claro está que por eso los ciudadanos en México se han ido poco a poco alejando de todos los partidos políticos.

enlacesosa@yahoo.com.mx

Fuente: La Jornada de Michoacán

Reforma laboral... villanía del PRI y el PAN


VIRGINIA GONZÁLEZ MELGAREJO

Cuando vemos enfrentados al PRI y al PAN como enemigos acérrimos, luchando denodadamente por el control de de los gobiernos estatales o municipales, tenemos que admitir que eso es sólo una gran simulación, porque en el fondo son lo mismo, y ahí donde se gesta el verdadero destino del país, en el Congreso de la Unión, han caminado y siguen caminando juntos cuales melosos noviecillos, amorosos y muy de la manita.

La iniciativa de Reforma Laboral presentada por el PRI, y avalada por el PAN, que se halla en discusión en la Cámara de Diputados, no es más que otra villanía contra la clase trabajadora del país. En efecto, la iniciativa propone acabar, de una vez por todas, con los derechos laborales conquistados por la clase trabajadora como los contratos colectivos; ahora se pretende eliminar la figura de “despido injustificado” y se reafirma la contratación por horas, se avalan los contratos a prueba, entre otras linduras así como la legalización de lo que hoy es práctica común de muchas empresas y del propio gobierno: la contratación por terceros, es decir, lo que se conoce como outsourcing. Y para muestra un botón.

La semana pasada en la Cámara de Diputados se llevó a cabo una singular protesta: trabajadores de limpieza del propio recinto legislativo se paseaban por los pasillos levantando pancartas exigiendo salarios justos y prestaciones, coreando: “que la Cámara nos absorba”. Y es que los aproximadamente 480 trabajadores encargados de la limpieza de San Lázaro, algunos con una antigüedad superior a 15 años, están subcontratados por una tercera empresa, es decir, la Cámara paga a una empresa por los servicios de limpieza, y ésta a su vez paga a los trabajadores. Por esa protesta, nos enteramos que los empleados de la Cámara carecen de prestaciones sociales como vacaciones, Infonavit, seguridad social, Afore y si faltan por enfermedad les descuentan el día, además no hacen antigüedad pues cada tres años cambia la razón social de la empresa, y la nueva compañía no les reconoce los años laborados. Por supuesto, estos trabajadores con un ínfimo salario de mil 200 pesos quincenales, al termino de su vida laboral productiva se ven sin prácticamente nada, por eso demandaban algo elemental y justo: formar parte de la plantilla laboral de la Cámara de Diputados y que ésta sea la que les pague directamente su salario, un salarios dignos y se les otorgue las prestaciones a que tienen derecho (hasta ahora) conforme a la ley.

Sería por supuesto interesante saber ¿quién o quiénes son los dueños de esas empresas de limpieza?, o saber ¿a cuántas dependencias dan el servicio y a cuanto hacienden sus ganancias por “regentear” a esos trabajadores? Además, tratándose del lugar de donde emanan las leyes es una verdadera burla, y una infamia, que se consientan esas prácticas laborales cuando están (todavía) fuera de la ley.

Como ve usted, el PAN propone al PRD una alianza electoral en el Estado de México, mientras que en el Legislativo se alía con el PRI en contra de los trabajadores del país. Aún más, el PAN ha dicho que la reforma deberá estar aprobarse antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones (el próximo 30 de Abril), sin embargo esta propuesta enfrenta la vigorosa oposición de los diputados afines al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes han dicho que la reforma no pasará. Al mismo tiempo, diversos sindicatos del país han llamado a la movilización de sus agremiados para defender sus derechos, asunto al que todos deberíamos estar muy atentos.

Consulte la página www.regeneracion.mx

Fuente: La Jornada de Oriente

Quieren desaparecer el Fonhapo


Laura Itzel Castillo

La iniciativa de Ley sobre Banca Nacional de Desarrollo, que el PRI y el PAN pretenden aprobar, asume que el mercado está por encima del Estado y reproduce la errónea estrategia que en Estados Unidos produjo la reciente crisis financiera mundial, más fuerte y más compleja, incluso, que la de la Gran Depresión de 1929.

Por tal motivo, como legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), presenté ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados varias reservas con modificación a dicha iniciativa de ley, las cuales significan un replanteamiento de fondo, especialmente en el área de vivienda.

En la iniciativa del PRIAN se desaparece de un plumazo la función del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo). Ésta se transfiere a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que en los hechos ha sido, desde que inició la actual administración panista, la columna vertebral de la política habitacional en México.

Eso es inadmisible. Como también lo es la bursatilización propuesta por la citada iniciativa, pues con ello se profundiza el modelo que ya fracasó en Estados Unidos y que provocó la reciente crisis mundial, consistente en que el elemento rector del desarrollo es la iniciativa privada a través del mercado hipotecario. El papel del gobierno es el de un simple “gestor” o “facilitador” de los negocios inmobiliarios, alentando y legalizando las políticas especulativas en materia de vivienda.

En EU, cuando estalló la crisis, la idea de que el mercado es garante del desarrollo económico y social y que, además, propicia el equilibrio institucional, fue desechada de manera tajante. Así, en el país capitalista por excelencia, el Estado tuvo que rescatar al mercado, al punto de estatizar la deuda. Lo grave de este planteamiento es que en el vecino país existe un Estado fuerte, mientras que aquí estamos muy cerca del Estado fallido.

Mi propuesta evita la desaparición del Fonhapo, la bursatilización y el endeudamiento interno y externo sin aprobación del Congreso. De ser incluidas en el dictamen las diversas reservas con modificación, este organismo conservaría su naturaleza social, su autonomía y su normatividad, por lo que participaría en el Consejo Consultivo como un solo ente. Además, priorizaría el otorgamiento de créditos como banca de primer piso, así como los créditos bajo el esquema de producción social del hábitat y de la vivienda. De igual forma, incluiría programas como vivienda en conjunto y vivienda progresiva.

De pasillo. Se dice que la iniciativa de Banca de Desarrollo fue elaborada por el diputado David Penchyna en acuerdo con la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Ernesto Cordero, ya que se busca que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, organismo desconcentrado de Hacienda, ejerza funciones que corresponden a las contralorías, dependientes de la Secretaría de la Función Pública. ¿Será que el PRI le opera a Cordero, de la misma manera que los sindicatos priístas hacen lo propio con el Secretario de Trabajo, Lozano, en la reforma laboral? Se dice que los beneficiarios y también promotores de esta ley son Francisco Suárez Dávila y Enrique Vilatela. ¿Será?

Fuente: El Gráfico

Pedro Miguel en el Círculo de Estudios Central, este jueves 31 de marzo, 19 hrs. Club de Periodistas



Estimad@s amig@s:

El Círculo de Estudios Central

L@s invita y espera este

Jueves 31 de marzo
a las 19 hrs.

En el Museo del Club de Periodistas de México
Filomeno Mata 8, Centro Histórico

A la charla
"¿Somos un país soberano?,
casos Wikileaks, rápido y furioso, entre otros
http://wikileaks.jornada.com.mx

con
Pedro Miguel
Periodista, colaborador de La Jornada, etc.

_______________________________________________
¡Gracias a l@s directiv@s del Club de Periodistas de México A.C. por todo su apoyo y solidaridad !

Un abrazo especial y solidario a Celeste Saenz, quien ha sido parte fundamental para la realización ininterrumpida, por varios años, de las sesiones de los Círculos de Estudio, por el sensible fallecimiento de su Sra. madre, doña Gloria Aguiar.

Atte.
Redes Universitarias y Círculos de Estudio (Brigada 21)
y la Casa del Movimiento Cuauhtémoc.

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Presentan al grupo de trabajo de Naciones Unidas 30 casos de desaparecidos en Atoyac

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Atoyac, 29 de marzo. Unos 30 casos de detenidos y/o desaparecidos en este municipio, fueron dados a conocer por los familiares de los mismos a los miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “y en los próximos días les enviaremos otros mas” dijo la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez.

La activista, explicó que durante la visita que hicieron los integrantes de Naciones Unidas el pasado domingo a esta ciudad, “la cual fue pactada con anterioridad”, los propios familiares de los desaparecidos expusieron verbalmente a detalle cada uno de sus casos, “y la forma en que las victimas fueron detenidas por los miembros del Ejercito Mexicano y llevadas a los cuarteles militares donde jamás se supo algo de ellos”.

Asimismo, “pudieron informarles, de viva voz, que no hay avances en las investigaciones de los demás casos y la preocupación que tienen por la falta de resultados, y criticaron el incumplimiento del Estado Mexicano a la sentencia impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso Rosendo Radilla”.

En entrevista, Radilla Martínez abundó que los testimonios de los parientes de los detenidos desaparecidos fueron retomados por los integrantes de Naciones Unidas “quienes elaboraran un informe para presentarlo y dentro de la comunicación que tienen con los estados preguntarles las razones por las cuales no se ha cumplido con las cosas que han solicitado los familiares, en este caso de Afadem”.

La luchadora social, añadió que una vez finalizada la visita delos miembros de la ONU, los integrantes de la organización que representa se avocaran a documentar las fichas de queja del resto de los casos que existen en Afadem para enviarlos a las oficinas de los enviados por el organismo internacional a México, con el propósito de que tengan conocimiento de los mismos.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Propone el Tadeco a la ONU crear banco de datos con el ADN de familiares de víctimas


CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 29 de marzo. Integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) propusieron al Grupo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU la creación de un banco de ADN de los familiares de las víctimas desaparecidas para estudios científicos de personas localizadas restos humanos.

La reunión que sostuvieron el pasado domingo en Acapulco integrantes del Comité de familiares y amigos de desaparecidos, secuestrados y asesinados y el Tadeco con el grupo de Desaparición Forzada o Involuntaria de la ONU fue de gran avance, pues aunque el grupo de trabajo sólo fue con el fin de escuchar y documentar casos de desapariciones forzadas, “lo más importante que vemos en todo esto es que escucharon de propia voz de los familiares de los desaparecidos cada uno de los casos”,destacó Javier Monroy, coordinador del Tadeco.

Agregó que en la reunión con los expertos el Comité hizo varias propuestas, mismas que ya habían planteado al Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, entre ellas el que se cree una instancia especializada con capacidad técnica, operativa y probada probidad para instrumentar un Plan de Búsqueda concertado con los familiares, a fin de reabrir los expedientes y se realicen verdaderas investigaciones.

También propusieron que se establezca un banco de ADN de los familiares de las víctimas y se realicen estudios científicos de las personas localizadas o en su caso de los restos humanos encontrados para cotejarlos de manera responsable cuando sea necesario; y que se dé atención jurídica, económica, sicológica así como se atienda la salud de los familiares directos de las víctimas.

Además pidieron al grupo de trabajo de la ONU que intervenga ante el gobierno de Guerrero y de México para que redesistan de todas las ordenes de aprehensión contra defensores de derechos humanos, dirigentes y promotores sociales, que en ocasiones es la antesala de una desaparición forzada o involuntaria; parar la criminalización de la lucha social y garantizar el respeto al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos así como de los periodistas así como la presentación con vida de los desaparecidos y castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la época de la guerra sucia.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Impunidad, la constante en agresiones contra defensores, denuncian ante la UE


Guerrero, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca, estados donde son más vulnerables: Tlachinollan

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 29 de marzo. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron ante la Unión Europea (UE) que en la mayoría de las violaciones a defensores de derechos humanos la impunidad ha sido una constante.

Este martes se llevó a cabo en el parlamento europeo la conferencia Derechos Humanos en México: Defensoras y defensores demandan protección y derechos, en la que participó el director del centro de derechos humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, entre otros activistas.

En la conferencia se abordaron temas como los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en México así como el reforzamiento de la seguridad para que los activistas puedan realizar su trabajo.

En una de las mesas se expuso el contexto en el que trabajan las y los defensores de derechos humanos y los periodistas en México, las medidas de protección que requieren y los obstáculos que enfrentan cuando el Estado es el responsable de implementar sus medidas de seguridad.

De acuerdo con información difundida por Tlachinollan, destacaron que las y los defensores mexicanos hicieron hincapié en que en los últimos años el Estado Mexicano ha acumulado diversas recomendaciones emitidas por organismos internacionales destinadas a implementar medidas efectivas para garantizar la integridad de las y los defensores de derechos humanos.

Sin embargo lamentaron que a pesar de las recomendaciones, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró entre 2006 y octubre del 2010, 165 casos de ataques y presuntos actos de agresión contra defensoras y defensores mexicanos, entre ellos, 10 homicidios y en la mayoría de los casos, permaneció la impunidad.

“La impunidad rige en 98 por ciento de los casos (…) siendo los estados de Chihuahua, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los activistas presentan el mayor número de ataques y amenazas”, destaca Tlachinollan.

Fuente: La Jornada de Guerrero

La Conagua interpondrá denuncias penales contra quienes tomaron la presa El Zapotillo


Tenemos que ver todo el universo, el beneficio será para la mayoría, asegura el director del OCLSP

GEORGINA GARCÍA SOLÍS

Con videos y fotografías están identificados los opositores de la presa El Zapotillo que tomaron esta obra y con base en estas pruebas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) interpondrá denuncias penales en su contra por invadir terrenos propiedad de la nación, informó Raúl Antonio Iglesias Benítez, director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP).

El funcionario federal también advirtió que ya se prepara el decreto de expropiación de las viviendas de Temacapulín, Palmarejo y Acasico que emitirá el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y que “al salir de la presidencia de la república se ejecuta de inmediato”.

“Se toma –ahora sí– la propiedad física que tiene cada uno (de los quejosos) y se les empieza hacer el pago correspondiente de acuerdo a los avalúos que hace el Instituto de Evaluación y Vivienda para poder pagarles a los valores que tengan reconocidos”, remarcó.

Iglesias Benítez aseguró que las personas que se plantaron en El Zapotillo en su mayoría no son habitantes de los poblados que desaparecerían por esta obra, sin embargo, por primera vez aceptó que los propietarios de las fincas que serían inundadas luchan por permanecer en sus lugares de origen.

El director de OCLSP no negó la validez de la consulta ciudadana que arrojó, que el 99.2 por ciento de lugareños están en contra del proyecto. y de la que dio fe el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aunque consideró que no se debe imponer la decisión de 400 personas sobre el bien común.

“Están hablando entre 300 y 400 gentes (sic) de la población de Temacapulín, y de los alrededores. Yo quisiera que hicieran una encuesta en todas las colonias periféricas de los 14 municipios de Los Altos, en la propia ciudad de Guadalajara que no tienen agua, que estamos hablando de dos millones 400 habitantes, y que les pregunten ¿quieren recibir agua o no quieren recibir agua? ¿Quieres una obra para que te traigan el agua o no quieres el agua? No podemos ver un solo punto, tenemos que ver todo el universo y si vamos hacer una encuesta la tenemos que hacer general, incluyendo a los que van a ser beneficiados por esta misma obra”, argumentó.

Para contrarrestar la última medida emprendida por los opositores a la presa, dijo, no se va a “violentar”.

“Simple y sencillamente se va a hacer el levantamiento correspondiente de hechos para hacer las denuncias penales correspondientes y que se consigne a la gente que se tenga que consignar.

“Se puede acelerar el proceso como tal, sí se puede acelerar el proceso, vamos a ver los resultados del levantado de las denuncias, los procedimientos correspondientes y vamos a iniciar en este caso los procedimientos de expropiación que sean necesarios”, detalló.

La Conagua, aseveró, ha respetado todos los ordenamientos legales, inclusive la orden de suspensión de obra que emitió la juez primero auxiliar del estado de Jalisco, Martha Leticia Muro Arellano, y “simplemente estamos cumpliendo los tiempos que nos ha dado la autoridad correspondiente”.

“Los amparos los hemos cumplido, de hecho está un recurso de revisión ahí para los amparos correspondientes y estamos simple y sencillamente esperando los tiempos que nos marca la ley, porque si hubiéramos caído en la ilegalidad y pasado por encima del amparo ya estuviéramos en otro lado, no estuviéramos trabajando como hemos estado trabajando”, justificó.

Fuente: La Jornada de Jalisco

La ilegalidad de la presa El Zapotillo


NAHÍ COPITZY GÓMEZ FUENTES Y GUADALUPE ESPINOZA SAUCEDA

La presa El Zapotillo, a pesar de que política y mediáticamente se le da el nombre de “proyecto”, está siendo construida en total ilegalidad. El pasado lunes pobladores de Temacapulín, cansados de la situación de injusticia en la que viven desde hace cinco años, decidieron parar la obra de construcción de la presa. La gente de Temacapulín ha decidido tomar en sus manos la suspensión judicial después de que ninguna autoridad ha hecho caso a las distintas resoluciones que han emitido varios tribunales para detener la construcción y de los exhortos que ha realizado el Congreso local y federal para la suspensión definitiva de la obra. A la impunidad que se vive podemos añadirle la ilegalidad con la que fue construido el nuevo centro de población de Temacapulín en Talicoyunque.

Desde la vía legal se ha desarrollado una batalla muy importante que ha dado varios frutos, los cuales, sin embargo, parecen nulos ante tanta corrupción y desacatos en los que han incurrido los diferentes niveles de gobierno en el caso Temaca. Desde las instancias legales son varias las razones por las cuales no se debe construir la presa El Zapotillo.

1) En el 2006 el proyecto de presa de El Zapotillo obtuvo la autorización en materia de impacto ambiental (131/06) para la construcción de una cortina de 80 metros. Posteriormente, el proyecto fue modificado a una altura de 105 metros. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el aumento en la altura de la cortina no modificaba los impactos ambientales en flora y fauna. Sin embargo, socialmente el impacto sería diferente, con una altura en la cortina de 80 metros, inundarían los pueblos de Acasico y Palmarejo y con una cortina de 105 metros quedaría también bajo las aguas Temacapulín. Parece ser que al gobierno estatal y federal a través de sus instituciones les da lo mismo inundar dos o tres pueblos. A esta situación se tiene que agregar el hecho de que para la construcción de la cortina a 105 metros no existe cambio de permiso de uso de suelo por parte del municipio de Cañadas de Obregón.

2) Desde el 2009 existe una sentencia de amparo (2245/2008) que cubre y protege a los habitantes de Temacapulín y Acasico, en donde se ordena a la Semarnat, a la Conagua y a la Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA), la suspensión de la obra y se les concede la razón a la gente de Temacapulín.

3) La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), el 21 de diciembre de 2009, emitió una recomendación en donde argumenta claramente que se han violado garantías constitucionales, tales como el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; a la propiedad y a la vivienda; a la conservación del medio ambiente; al patrimonio histórico y cultural propiedad de la nación; así como al desarrollo y a la salud. En esta recomendación la CEDHJ solicita al gobierno de Jalisco que se suspenda la obra y que se hagan los estudios alternativos a la construcción.

4) La Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del estado de Jalisco, el 15 de diciembre de 2009 (expediente 319/2009), concedió la suspensión provisional de las obras relativas al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Temacapulín. Las autoridades demandadas eran la CEA, la Secretaría de Desarrollo Urbano de Jalisco y el ayuntamiento de Cañadas de Obregón, quienes a pesar de la suspensión decretada, permitieron la construcción del centro de población en Talicoyunque. Ante esta situación de desacato el lunes 8 de noviembre de 2010, los habitantes de Temacapulín clausuraron simbólicamente el “nuevo Temacapulín”.

5) En relación a este mismo desacato, el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco de acuerdo al juicio V-319/009, solicitó a la PGJ de Jalisco el procedimiento contra el desacato contra la Secretaría de Desarrollo Urbano, la CEA y el ayuntamiento de Cañadas de Obregón por violar la suspensión que impide edificar el nuevo centro de población.

6) El 31 de enero de este año el Juzgado Primero de Distrito Auxiliar, bajo una sentencia a favor de los habitantes de Temacapulín, ordenó a la Conagua el cese inmediato de la construcción de la presa. Actualmente, bajo esta resolución, la Conagua opera en total desacato y dentro de la ilegalidad. La construcción de El Zapotillo, de acuerdo a esta sentencia viola garantías de legalidad, medio ambiente sano, seguridad jurídica, audiencia, propiedad privada y a recibir información completa y oportuna.

7) El pasado 7 y 8 de enero de 2011, los habitantes de Temacapulín, en un ejercicio de democracia, llevaron a cabo la Consulta comunitaria y de buena fe, en donde se hicieron cuatro preguntas: ¿Estás de acuerdo con la construcción de la presa El Zapotillo? ¿Estás dispuesto a ser desplazado de tu hogar en Temacapulín para ser reubicado en un lugar diferente? ¿Fuiste consultado y tomado en cuenta antes de que iniciara la presa El Zapotillo? ¿Estás dispuesto a seguir luchando por Temacapulín y su desarrollo? Entre originarios, avecindados y dependientes votaron un total de 649 personas. El 98 por ciento dijo “no a la presa” y que no querían ser desplazados. Los resultados de la consulta reflejaron que la gente está dispuesta a seguir luchando por su pueblo. Con este ejercicio democrático quedó de manifiesto la necesidad que tienen los habitantes de Temacapulín de ser consultados, cosa que desde ninguna instancia oficialmente se ha realizado. Con lo cual se está violando el derecho a ser consultados y tomados en cuenta como ciudadanos.

Paradójicamente, a razón de la toma de la presa por habitantes de Temacapulín, la Conagua a través del comunicado de prensa 087-11, del día 29 de marzo, está amenazando con impulsar acciones legales en contra de quienes resulten responsables por la invasión a terrenos federales, pues se violenta el Estado de derecho de lo que según ellos es uno de los proyectos más importantes de abastecimiento de agua potable. Ante esta situación la pregunta más apremiante es: ¿quién está violando el Estado de derecho, los opositores o la Comisión Nacional del Agua?

Fuente: La Jornada de Jalisco

Principio de justo proceso / III y última


Carlos Meza Viveros

La fracción VI, por su parte, reconoce el derecho de todo acusado a ser informado de los hechos que se le imputan, tanto desde el momento de su detención, como ante el juez de la causa. Este derecho no sólo reviste importancia para la preparación de su defensa, sino que constituye una exigencia mínima de respeto a quien ha sido privado de la libertad.

Esta reforma, vino a confirmar una tendencia garantista de la interpretación constitucional desarrollada por el Poder Judicial de la Federación en diversas tesis, en las que se establecieron algunos aspectos del contenido esencial del derecho a la defensa adecuada.

En efecto, el derecho a la defensa adecuada, constituye un elemento esencial del de acceso a la impartición de justicia en sentido amplio, en tanto la intervención activa de un defensor técnico posibilita que todos los derechos y garantías reconocidos a favor de todos los sujetos previstos en los diversos apartados del artículo 20 sean, no sólo resguardados, sino efectivamente ejercitados. De nuevo se cita la exposición de motivos de la reforma antes aludida:

La fracción IV de este inciso reconoce el derecho del imputado a una defensa técnica, desde el momento de la detención. Se elimina el sucedáneo de la intervención de una persona de confianza del imputado, puesto que sólo con una defensa profesional es posible garantizar el debido proceso penal. Esta exigencia ha sido reconocida por el Código Federal de Procedimientos Penales y por los ordenamientos seminales de Chihuahua, Oaxaca y otras entidades.

La redacción propuesta en esta fracción abre la posibilidad para que este servicio sea proporcionado directamente por el Estado, como ocurre actualmente, o mediante otras modalidades, como podría ser mediante formas pro bono, o por medio de la contratación de abogados privados.

Con todo, la característica más novedosa de la nueva redacción es que inserta el derecho a elegir libremente un defensor, con la consecuente obligación para el Estado de entregar oportunamente al imputado información y elementos que permitan que pueda efectivamente elegir un abogado que le convenza, sobre la base de datos objetivos acerca del desempeño previo, sea que se trate de defensores públicos o privados.

El derecho del acusado a contar con una defensa adecuada, tanto en la fase de detención como en la del juicio penal, es un derecho instrumental, dirigido a garantizar que la sanción más severa que puede imponer el Estado (la pérdida de la libertad personal), sea a través de un debido proceso, en los términos que el mismo artículo 20 constitucional apunta. El derecho a contar con un abogado en la fase de detención es un mecanismo para garantizar al detenido el ejercicio de sus demás derechos constitucionales: el derecho a guardar silencio, el derecho a no ser incomunicado ni torturado, el derecho a no ser sometido a una detención arbitraria, el derecho a ser informado de las razones de la detención, entre otros que con precisión se encuentran establecidos en el texto del citado artículo, como desarrollo del principio acusatorio que se establece desde el inicio del mismo artículo. Es la intervención del abogado defensor la que, en último término, puede impedir, a través del ejercicio de los recursos legales conducentes, que estos derechos constitucionales del detenido se violen por las autoridades, o bien, que sus violaciones tengan consecuencias jurídicas en el proceso.

Derecho a la administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, como vertiente del debido proceso y del de tutela jurisdiccional. Plazo razonable.

A partir de los anteriores argumentos, es dable concluir que la Constitución establece el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, un derecho a que los tribunales resuelvan los juicios que se les planteen dentro de los plazos que establezca la ley y a que el imputado goce de un derecho constitucional subjetivo según el cual su proceso debe finalizar definitivamente dentro de un plazo que asegure un enjuiciamiento expedito.

En materia penal, la Constitución decidió, respecto de este derecho, no dejar al legislador la potestad de establecer los plazos para la culminación del proceso correspondiente; sino que directamente los fijó. Así fue establecido en el antiguo texto de la fracción VIII, del apartado A, del artículo 20 constitucional, que disponía:

“Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado:.. VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;...”.

De la misma manera, fue recogido en el texto vigente de la fracción VII, apartado B del mismo artículo, en el que se señala:

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

Quinta Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: CXXI
Página: 290

“Procesos, término para concluirlos. Resulta infundado el concepto de violación relativo a que cometida la infracción del artículo 20, fracción VIII, constitucional, debió absolverse el reo, pues la violación de que se trata de ningún modo tiene ese efecto, el cual no está previsto por la ley ni puede desprenderse de la misma, ya que el único efecto es que la autoridad que comete la infracción puede ser obligada, al declarar la Justicia Federal que se cometió, a que se dicte la sentencia que corresponda. El mencionado precepto consigna una obligación de carácter positivo para la autoridad que conocer de un proceso penal, consistente en juzgar al reo dentro de cierto término. Y se comete la violación de esa garantía individual si la autoridad no cumple con esa obligación de hacer y entonces el acto tiene carácter negativo. La reparación derivada del amparo será obligar a la autoridad a que cumpla con la obligación que le impone el precepto de la Justicia Federal, y no a tener por extinguida la acción penal, pues este efecto no está previsto por el repetido artículo 20, fracción VIII, de la Constitución”.

Resulta entonces indiscutible que para aquellos que conocieron de la controvertida película Presunto Culpable, el caso ahí desvelado palidece ante la valiente resolución pronunciada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, votada por unanimidad por sus integrantes.

Fuente: La Jornada de Oriente

Incongruencia de la Iniciativa México 2011


PABLO ALARCÓN-CHÁIRES

El pasado 24 de marzo, dentro del marco de la Iniciativa México 2011, directivos de prensa de casi 50 medios nacionales se dieron cita para firmar el Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Este pretende regular la información relacionada con el crimen organizado. Según ellos, esto les evitará ser sus voceros o que presuntos criminales se conviertan en víctimas o héroes, además de limitar imágenes y mensajes de corte violento. También se hizo el anuncio del apoyo a más proyectos sociales.

Varias incongruencias saltan a la vista. En primera instancia, el inicio de este proyecto utilizó como mejores argumentos aquellos que quiere combatir. El despliegue audiovisual y panorámico de armas, sangre, militares, luchas callejeras, policías, fallecidos y secuestrados fueron transmitidos en cadena nacional sin el menor reparo por el teleauditorio ni de las víctimas de la violencia que pretenden combatir. Ese temor que supuestamente quiere evitar Iniciativa México 2011 promulgado en voz de Héctor Aguilar Camín, fue invocado con videos de las infamias y de la degradación humana a las que se enfrentan las víctimas y sus familiares.

Tal pareciera que la violencia que quieren evitar mostrarnos, pero que conocemos mejor que ellos porque nos acompaña diariamente en nuestra condición de ciudadanos comunes, se resume a la lucha interna del crimen organizado y con las instituciones policiales y militares. Pero se olvidan de otras formas de violencia a veces veladas y la mayoría de los casos nada sutiles que perfilan la actual crisis que sufre la sociedad mexicana y que ellos mismos aprovechan para su beneficio económico. Me refiero a esa violencia que empresas como Televisa y Tv Azteca fomentan a través de programas netamente ofensivos y degradantes. Ahí están programas como Laura de México y el frustrado Ella es Niurka, talk shows de corte amarillista que explotan lo peor de la condición humana y el morbo televisivo medido en rating.

Ellos mismos quieren que nos olvidemos de la violencia mientras realizan un combate frontal y visceral por todos los medios que tienen a su alcance contra Carlos Slim, una batalla que muestra la perversidad y egoísmo corporativo de ambos bandos.

Quizá han olvidado el encono y satanización que infunden en la ciudadanía durante los tiempos electorales, particularmente contra los candidatos prontamente investidos como peligros para México que no satisfacen sus intereses mercantiles.

Quieren que aplaudamos una iniciativa que tiene como representante a Javier Aguirre, el mismo que nos conminaba a “enterrar al México de los complejos” (sic), pero que semanas después declaraba nula la posibilidad de que la Selección Mexicana de futbol llegara a disputar la Copa Mundial, antes de que fuera eliminada.

El evento de Iniciativa México 2011, con su carácter centralista, fue una pasarela de notables que conjuntó a la sociedad victoriana del siglo XXI de México. Intelectuales, empresarios, artistas y agrupaciones sociales de “gente bien” fueron actores y testigos honorarios de un acuerdo que pareciera pretender mostrar una imagen de México alejada de la realidad y, por tanto, condescendiente con la actual administración federal.

¿Dónde quedaron las iniciativas en México de ciudadanos que justamente pretenden erradicar la violencia en su máxima expresión, fomentada por las hegemonías económicas y monopolios que han abierto la brecha social entre los mexicanos?

Quizá la intención no escrita de Iniciativa México sea justamente una medida profiláctica contra todos aquellos movimientos de organizaciones sociales que luchan contra la desbocada minería, los transgénicos y las presas o que se pronuncian a favor del respeto a los derechos humanos, el maíz criollo, los mercados alternativos, las nuevas formas de relación con la naturaleza o las reivindicaciones territoriales y culturales de los pueblos indios.

Todo esto sugiere que existen dos percepciones de México: aquella de la minoría conformada por gente bien y bonita que enarbola la bandera de la paz, pero que no quiere salir de su zona de confort ni comprometer sus privilegios a favor de México, y por otro lado, la de la mayoría de mexicanos que sobrevive milagrosamente y que estarían dispuestos a todo por sacar adelante a México ante el hartazgo de un sistema clasista e injusto cuyas alternativas cada vez son menos.

palarcon@oikos.unam.mx

Fuente: La Jornada de Michoacán

Radiación en aguas cercanas a planta nuclear japonesa supera tres mil veces el límite legal


La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón informó este miércoles que el nivel de yodo radiactivo en las aguas del mar cercano a la central nuclear de Fukushima, en el noreste del país, supera en tres mil 335 veces el limite de seguridad legal.

La cifra supone la concentración más alta hasta al momento a causa del accidente nuclear en la planta, cuyos reactores resultaron afectados por el sismo de magnitud 9,0 en la escala de Richter y posterior tsunami que el pasado 11 de marzo devastaron el noreste de Japón.

Muestras tomadas el pasado martes a unos 330 metros al sur de una salida de agua próxima a los reactores 1 a 4 de la central nuclear de Fukushima revelaron un fuerte incremento del isótopo 131 del yodo respecto al fin de semana, cuando llegaron a ser mil 850 veces superiores a lo normal.

Entretanto, a unos 50 metros al norte de la central, cerca de los reactores 5 y 6, el nivel de yodo radiactivo detectado el pasado martes era mil 262 veces superior los estándares legales, con lo cual también se registraron los niveles más altos hasta ese momento.

El secretario jefe del gabinete japonés, Yukio Edano, dijo a la prensa que el gobierno estudia aplicar nuevas medidas para evitar una mayor propagación de material radiactivo.

Añadió que las autoridades del país y expertos analizan "todas las posibilidades" para controlar la crisis en la planta.

Edano precisó que entre las opciones figuran medidas divulgadas por medios de prensa.

Pese a los alarmantes niveles de radiactividad, la Agencia japonesa desestimó que la situación represente peligro para la vida marina en la zona, bajo el argumento de que el isótopo 131 del yodo se degrada a la mitad en ocho días.

El organismo, sin embargo, recordó además que no está permitido pescar en las aguas cercanas a la central de Fukushima.

El sismo y posterior tsunami del pasado 11 de marzo causaron enormes daños a la central nuclear, principalmente en sus sistemas eléctrico y de enfriamiento, situación agravada por las fugas de material radiactivo.

Desde entonces se trabaja en tratar de controlar el sobrecalentamiento de los reactores con vista a evitar una tragedia mayor.

Los mencionados escapes obligaron a evacuar a los residentes en un radio de 20 kilómetros, mientras varios países y regiones suspendieron las importaciones de alimentos al temer que estén contaminados como extensión de la peor crisis nuclear en la historia de Japón.

Mientras, la cifra de muertes a consecuencia del potente sismo y el devastador tsunami continúan aumentando, al situarse en 11 mil 232 el número de víctimas mortales y en 16 mil 361 los desaparecidos en el más reciente balance ofrecido por la Policía nipona, publicado este miércoles.

Fuente: TeleSur

Israel amenaza con dar "pasos unilaterales" si la ONU reconoce al Estado palestino


El Gobierno de Israel amenazó este miércoles con dar “pasos unilaterales” en caso de que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconozca al Estado palestino y, como muestra de ello, realizó un nuevo ataque contra la franja de Gaza y dejó sin vida a una persona.

De acuerdo con el diario israelí Haaretz, el Gobierno de Tel Aviv informó a los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a países europeos que no aceptará el reconocimiento de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como Estado soberano.

El rotativo refirió que el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, envió una carta a 30 embajadas israelíes en la que advirtió que “si la ANP persiste en sus esfuerzos por ganar el reconocimiento en (el período ordinario de sesiones de) septiembre como un Estado dentro de las fronteras de 1967, Israel respondería con una serie de pasos unilaterales”.

La publicación añadió que el director general del Ministerio israelí de Relaciones Exteriores, Rafael Barak, envió las misivas clasificadas la semana pasada con la indicación de “presentar una protesta diplomática al más alto nivel posible” para contrarrestar esa eventualidad.

Aunque el Gobierno de Israel evitaron dar detalles de esa acción diplomática, autoridades de la ANP han acusado a es país de practicar "intimidación política" contra la ONU, y buscar anexarse grandes bloques de asentamientos considerados ilegales por la comunidad internacional.

El mando militar israelí y fuentes de la resistencia palestina en la franja costera confirmaron, por separado, una serie de bombardeos de la aviación a primeras horas de este miércoles contra túneles y otros objetivos en aquel territorio.

Según Tel Aviv, durante la agresión fue destruido un túnel en la frontera sur de Gaza con Egipto, usado habitualmente por los habitantes del enclave para entrar alimentos y otros bienes deficitarios a causa del bloqueo terrestre y naval de casi cuatro años impuesto por Israel.

Las autoridades israelíes, sin embargo, aseguran que esos corredores subterráneos sirven a las milicias islamistas asentadas allí para entrar armas y municiones de contrabando, y justificaron los ataques como una respuesta al lanzamiento de cohetes desde la franja.

El pasado martes en la noche, una milicia palestina disparó un misil de fabricación artesanal contra el sur de Israel en respuesta a los ataques aéreos y terrestres que en las últimas dos semanas han causado una docena de muertos y al menos 20 heridos.

Fuente: TeleSur

Boletín de Democracy Now! en Español

30/3/2011

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