Comuneros indígenas de Colima inician resistencia contra la mina

Desde este miércoles comuneros indígenas de Zacualpan, Colima, se encuentran en plantón permanente afuera de palacio de Gobierno de Colima para exigirle al gobernador Mario Anguiano Moreno que frene cualquier intento de establecer una mina en esa zona.

Además advirtieron que no permitirán que el gobierno del estado lastime nuevamente a niños, mujeres y ancianos que la semana pasada bloquearon las bombas de agua del principal manantial en Colima y el gobierno para liberarlas envío alrededor de 150 policías y una tanqueta.

Este jueves después de recibir una serie de críticas a través de las redes sociales el gobernador Mario Anguiano Moreno negó que en la comunidad indígena se haya presentado un exceso de la fuerza pública y sostuvo que era necesario el envío de 150 policías.

El gobernador Mario Anguiano dijo que no se permitirá la instalación de la mina si los comuneros no están de acuerdo, pero precisamente los comuneros han denunciado que públicamente el gobierno emite un discurso pero en privado lo cambia por completo.

El martes un grupo de indígenas e integrantes de la organización ambientalista Bios Iguana acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a interponer una queja por amenazas por parte de las autoridades en contra de los opositores a la mina.

En noviembre del años pasado se informó que un empresario minero de nombre Rigoberto Verduzco contaba con la concesión los permisos para instalar una mina de oro y plata en la comunidad indígena de Colima.

Con información de la corresponsal de Noticias MVS, Heidi de León Gutiérrez

El informante y el activista son los enemigos

JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F. (apro).- No hay buenas noticias en el ámbito de la salud del derecho a la información y la libertad de prensa en México.

Dos agresiones recientes se orientaron no hacia periodistas de medios privados sino contra colegas encargados de hacer un balance y reportes sobre las agresiones: primero, Balbina Flores, una metódica y muy seria corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, dio a conocer que recibió una amenaza telefónica provenientemente, al parecer, provenientes de Michoacán; y Darío Ramírez, quien dirige el capítulo de Artículo 19 en nuestro país, denunció allanamiento a su domicilio particular, en circunstancias muy sospechas.

En ambos casos se trataron de agresiones a dos activistas en vísperas de los informes anuales respectivos de las organizaciones que representan.

Reporteros sin Fronteras emitió un duro balance sobre México en el 2013. Lo mantuvo en la penúltima categoría de 5 sobre “delicada situación” para la libertad de expresión. Sentenció que seguimos con “un terrible balance” de 88 periodistas y 18 desaparecidos entre 2000 y 2013. Ninguno de los casos se ha resuelto de manera satisfactoria, advierte la organización con sede en Londres.

Por su parte, Artículo 19 dio a conocer el informe “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta en México”. Según este recuento, el año de 2013 fue el de mayor violencia contra periodistas desde 2007. Clasificó 330 agresiones, de las cuales, 60% proviene de autoridades y de éstas, 70% responden al ámbito municipal.

El mayor número de agresiones ocurrieron en el Distrito Federal en el contexto de un clima de intensas protestas sociales desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 2 de octubre de 2013. Artículo 19 subraya que han incrementado los ataques a sitios web, marcando una clara tendencia a la intimidación y la amenaza anónima en el mundo digital.

Las fuerzas o personajes interesados en intimidar a periodistas, activistas y medios críticos coinciden en una tendencia irrefrenable en nuestra cultura política: el enemigo es el informante, no los hechos de inseguridad, corrupción y violencia que se reportan.

En este contexto, la presunta confiscación y compra masiva de ejemplares de la revista Proceso en establecimientos del Distrito Federal y del Estado de México indican que la incomodidad no es por el clima de violencia que se ha incrementado en los municipios mexiquenses, sino por la osadía de personalizar en el gobernador Eruviel Ávila el desastre en materia de inseguridad pública en la entidad más poblada del país.

En otras palabras, el enemigo no es la inseguridad pública sino el medio que informa sobre estos hechos. La amenaza radica en no sumarse al coro propagandista que domina en medios masivos comprados, rentados o subrogados por el presupuesto mexiquense para maquillar la situación en el Estado de México y lanzarle loas acríticas a su gobernador.

El enemigo es el reportero en Veracruz. La entidad con mayor número de crímenes a periodistas al hilo –la mayoría ocurridos durante la administración de Javier Duarte– repuntó en este año con el caso de Gregorio Jiménez.

El problema es que a la agresión contra el periodista de Coatzacoalcos se sumaron las amenazas veladas o explícitas contra los reporteros y activistas movilizados en Veracruz y en otras entidades para protestar contra este crimen.

La organización Periodistas de a Pie, dirigida por la colega Marcela Turatti, ha sido una de las varias agrupaciones acosadas con estrategias para generar miedo a quienes protesten.

El enemigo no son los criminales que andan matando impunemente a informadores en los municipios de Veracruz, sino los integrantes del gremio periodístico y de la sociedad civil que denuncian estos hechos y no acatan los poco creíbles dictámenes y “carpetazos” de la autoridad ministerial.

El informante y el activista son los enemigos. Es la peligrosa tendencia creciente en todo el país.

Twitter: @JenaroVillamil

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Rechaza México ante la ONU abrogar figura del arraigo

Por Afp

Ginebra. México rechazó abrogar la polémica legislación sobre el arraigo durante la búsqueda de pruebas de un delito, indica un documento presentado hoy jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

“El Estado mexicano ha tomado nota de las observaciones relacionadas con el uso del arraigo”, afirma el documento, con una fórmula que en la jerga diplomática señala el rechazo de una solicitud.

México cerraba así la puerta a recomendaciones de Alemania, Austria y Belgica de abolir una práctica criticada por los organismos de defensa de derechos humanos.

Las recomendaciones se formularon el año pasado, durante el Examen Periódico Universal sobre derechos humanos, al que todos los Estados miembros de la ONU están obligados a someterse cada cuatro años.

La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Lía Limón García, afirmó que las medidas de arraigo en 2013 se redujeron en un 50 por ciento respecto a años anteriores. El plazo máximo de privación de la libertad durante la búsqueda de pruebas es de 80 días, pero hay proyectos legislativos avanzados para reducirlo a 35.

En la ONU, México aceptó 166 recomendaciones, de un total de 176.

Entre ellas hay iniciativas a favor de los “que sufren algún tipo de discriminación por su condición de género, raza, religión o preferencia sexual” y “las relativas a educación, derechos sexuales y reproductivos, erradicación de la pobreza, seguridad pública, inclusión social, disminución de las desigualdades, combate a la impunidad y a los estereotipos de género”, precisó García.

Afirmó en cambio que el país latinoamericano no estaba “en posibilidad de implementar” la recomendación que le hiciera la Santa Sede, de “preservar y proteger la institución natural de la familia y el matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una mujer fundada en el libre consentimiento”, entre otras cosas porque “no existe una norma internacional que defina las caracteristicas que deba ostentar la familia”.

Se enfrentan manifestantes y policías capitalinos en inmediaciones del Zócalo

México, DF. Integrantes del Frente Popular Francisco Villa se enfrentaron con policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en las inmediaciones del Zócalo.

El choque ocurrió entre las calles 20 de noviembre e Izazaga cuando el contingente intentaba ingresar a la Plaza de la Constitución para manifestarse.

Hasta el momento no hay reporte de detenidos o lesionados.

Desabasto de medicinas para niños con cáncer en Coatza, alerta ONG a CNDH

Coatzacoalcos, Ver.- La presidenta del grupo Apóyalos a tener una Esperanza de Vida, Gloria Santos Navarro, pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que persiste el desabasto de medicamentos para niños con cáncer en el sur de Veracruz.

Reveló que en los hospitales de la zona, como el de Coatzacoalcos, no funcionan los aparatos que dan servicio a los pequeños y dijo que tampoco hay recursos para traslados o análisis que ellos requieren.

En entrevista, la activista que apoya a los menores que padecen cáncer en esta región denunció que desde que inició el año los infantes no han recibido en tiempo y forma sus tratamientos, pues la Secretaría de Salud (SS) de Veracruz únicamente les surte el 50 por ciento de éstas y no descartó que la situación se replique en el resto de la entidad.

Santos Navarro recordó que el desabasto de medicinas inició en julio del año pasado y se ha recrudecido. En ese contexto, advirtió que si los niños con cáncer no reciben su tratamiento en forma completa corren el riesgo de recaer y, en la mayoría de los casos, los pequeños no superan dichas recaídas.

A consecuencia de lo anterior, informó que se integrará una queja ante organismos como la CNDH y la CIDH, pues recalcó que los fármacos son adquiridos con recursos federales y pese a ello las autoridades del Sector Salud en Veracruz se escudan en “problemas de las mezclas” o en que las medicinas llegan a destiempo.

La presidenta de la fundación Apóyalos a tener una Esperanza de Vida criticó la falta de responsabilidad de las autoridades, pues algunos medicamentos pueden ser adquiridos en las farmacias de Coatzacoalcos, otras ciudades e incluso países.

“Es una tristeza porque el dinero viene de origen federal y si tenemos el dinero, con dinero se manda a buscar a donde sea, aquí, en China, en Estados Unidos, en Costa Rica”, expresó.

En el sur de Veracruz han sido detectados ocho nuevos casos de cáncer infantil en lo que va del año. Actualmente, en el hospital regional Valentín Gómez Farías reciben atención 38 niños con este padecimiento y otros más que llegan procedentes de otros municipios de la región que se encuentran en vigilancia. Todos ellos sufren el desabasto de medicinas desde el año pasado.

Policías municipales de Tixtla detienen y golpean al hijo de un comunitario

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 18 de marzo. “¡A ver si así le paran!”, fue la advertencia que los policías municipales de Tixtla le hicieron al menor Agustín al detenerlo la tarde de ayer, porque su padre es miembro de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac).

Agustín estuvo esta tarde en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), acompañado de sus familiares, su madre, Cristina Salmerón Almazán, presentaron una queja por la detención, acompañada de una golpiza.

Eran las 18 horas; Agustín iba en una camioneta blanca, junto a su cuñado, de 15 años, hacia la comunidad de Ojitos de Agua; llevaban un servicio de agua potable de entrega por pipas.

A la salida de la cabecera municipal, cerca del internado, cuatro patrullas de policías los alcanzaron, los cercaron y los forzaron a que se detuvieran. Los policías les dijeron que se bajaran, y hurgaron en la camioneta; tres de ellos golpearon a ambos jóvenes.

En la mano derecha y en la zona del peroné, Agustín tiene moretones. Fueron unos culatazos que les dieron los policías, relató el joven.

Entre la revisión y los golpes, los policías comentaron que eso les pasaba porque “iban bien locos”, y alguien les dijo que iban a chocar con un carro blanco. Él único carro blanco que vio Agustín fueron unos kilómetros atrás, y le rebasó.

Comunicado de prensa - Preocupa a RNDDHM agresiones contra defensoras integrantes del Comité Cerezo

 

19 de marzo de 2014. 

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) manifiesta su preocupación por la integridad física y psicológica de las defensoras Armida Banegas, María Vargas, Areli Vidal, Mariela Bárcenas, Fernanda Poblete, Nayeli Valencia, Wendy Bernal, Yeraldín Orta, Emiliana Cerezo, Melanie Salgado, Duhyadi Oliva, Margarita Acevedo, María Elena Paredes y Elga Aguilar, todas ellas integrantes y colaboradoras de la organización Comité Cerezo México y quienes recientemente han enfrentando una campaña de difamación, calumnia y hostigamiento.

A partir de ese entonces las defensoras y su organización han sido víctimas de una campaña de difamación y desprestigio que se ha agudizado y que pone en entredicho su labor como defensoras y defensores de derechos humanos.

La RDNDDHM ha constatado el trabajo que el Comité Cerezo México realiza en defensa y promoción de los derechos humanos y somos partícipes del reconocimiento nacional e internacional hacia dicha organización, por lo que para nosotras son de suma preocupación las amenazas, agresiones, acusaciones y estigmatización contra las defensoras y su organización.

Pedimos a las autoridades correspondientes investiguen los hechos a fin de garantizar que las defensoras continúen realizando su labor en condiciones de seguridad y garanticen su integridad física y psicológica.

Como RNDDHM reiteramos que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” y que “los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales (…)” como lo establece la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos.

En este sentido, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 135 defensoras de derechos humanos de 86 diversas organizaciones, pertenecientes a 20 diferentes estados de la República se mantendrá atenta, a fin de que la labor de las defensoras integrantes del Comité Cerezo México sea garantizada en condiciones de libertad y seguridad.

ATENTAMENTE,

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, integrada por 135 defensoras de derechos humanos de 20 estados de la República.- Agnieszka Raczynska, (Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”), Aidé García (Católicas por el Derecho a Decidir, México D.F.), Alejandra Vela Garza (Alternativas Pacíficas, Monterrey), Alicia Leal Puerta (Alternativas Pacíficas, DF), Aline Castellanos (Oaxaca), Ana Karen López Quintana (Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, Tamaulipas), Ana María Hernández (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Andrea Acevedo García (Mariposas Tlahuicas AC, Morelos), Andrea Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, Guerrero), Analia Penchaszadeh, Alejandra Ancheita (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (PRODESC) México D.F.), Alba Cruz (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca), América del Valle Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-FPDT Atenco), Ángeles López (Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Guanajuato), Angélica Araceli Reveles (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México), Aurora Montaño (México), Axela Romero Cárdenas (Líder Estrategia Feminismos y otros movimientos sociales y Salud Integral para las Mujeres, A.C.), Atziri Ávila (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Beatriz Hernández Bautista (Circulo Profesional para la Formación con Equidad de Género !Nduva Ndandi!, Oaxaca), Bettina Cruz Velázquez (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca), Blanca Martínez (Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Coahuila), Blanca Mesina (Baja California Norte), Blanca Velázquez (Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), Puebla), Carolina Cantú (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero), Cecilia Espinosa Martínez (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua), Cecilia Oyorzabal Gómez (Timomatchtikan, Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres, Casa de la Mujer Indígena, Red Nacional de Asesoras y Promotoras Rurales, Puebla), Concepción Felix Corral (Sí Hay Mujeres en Durango AC, Durango), Clara G. Meyra Segura (Centro de Derechos Humanos "Fr. Francisco de Vitoria O.P." A.C., México D.F.), Claudia Ángel (Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C.), Clemencia Correa (Proyecto de Acompañamiento Psicosocial ALUNA, México, DF), Cirenia Celestino Ortega (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Nuevo León), Cristina Auerbach (Familia Pasta de Conchos), Cristina Cruz López (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCA-DH), Oaxaca), Cristina Hardaga Fernández (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.), Daptnhe Cuevas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, México D.F.), Diana Damián Palencia Formación y Capacitación AC (FOCA), Chiapas), Dolores González (Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ),México D.F.), Dora Ávila (Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin), Elena Tapia Vásquez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca), Elga Aguilar (Comité Cerezo México, México D.F.), Elizabeth Ferreras (Defensa Jurídica y Educación para Mujeres S.C. Vereda Themis, México D.F.), Elizabeth Robles (Servicio Desarrollo y Paz, A.C., Coahuila) Emelia Ortiz (Campaña Si no están ellas no estamos todas, Oaxaca), Emilia González (Comisión de Solidaridad y Defensa DDHH), Fabiola González Barrera (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Felicitas Martínez Solano (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Guerrero), Gabriela Aguilar Martín (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México), Georgina Vargas Vera (Guanajuato), Guadalupe García Álvarez (Mujeres Luchas y Derechos para todos, Estado de México), Guadalupe López (Lesbianas en Patlatonalli, Jalisco), Hermelinda Tiburcio (Kinal Antzetik, Guerrero), Icela Jaimes (Colectivo Raíz, Aguascalientes), Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua),Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua), Indira de Jesús Luis Aquino (Refugio Regional para Mujeres Indígenas del Istmo, Oaxaca), Irma Estrada Martínez (Tribunal Internacional de Conciencia, México D.F.), Ixchel Carrasco Arias (Enlace, Comunicación y Capacitación, Guerrero), Janette Corzo (APRENDAMOS), Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, México D.F.), Julieta Hernández Camargo (Si hay Mujeres en Durango, Durango) Laura Carlsen (Programa de las Américas, México D.F.), Laura García (Semillas, México D.F.), Laura Gutiérrez (Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, Baja California), Laura Velázquez (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.), Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora), Lidia Alpizar (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID)), Lorena Fuentes (Semillas, México D.F.), Lorena Maribel Peralta Rojas (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”), Lorena Wolffer (México), Lucia Lagunés Huerta (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Lupita García Álvarez (Estado de México), Lupita Ramos Ponce Reveles (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México), Luz Estela Castro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua), Malú García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Chihuahua), Margarita Avalos (Colectivo Ollin Calli, Baja California) Margarita Guadalupe Martínez (Chiapas), Ma. Hilda de la Vega (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua), María Luisa Aguilar Rodríguez (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero), María Rosa Guzmán Valdez (Red de Promotoras de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el Estado Jalisco, Jalisco), María Trinidad Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Martha Figueroa (COLEM Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas), Martha Graciela Ramos (Mujeres por México en Chihuahua, Chihuahua), Martha Pérez Pineda (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Martha Sánchez Soler ( Movimiento Migrante Mesoameriano), Martha Sánchez Nestor (Red de Mujeres Guerrerenses, Guerrero), Marusia López (Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS-Mesoamérica), Minerva Nora Martínez (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCA-DH), Oaxaca), Miriam González Sánchez (Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), México D.F.), Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa, Veracruz), Nadia Maciel (Guerrero), Nadin Reyes (Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, México D.F.), Nallely Tello (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Nerida Gaspar Castillo (Colectivo Ollin Calli), Nora Bucio (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), Morelos), Nora Vargas (Equipo Mujeres en Acción Solidaria (EMAS), Michoacán), Obtilia Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, Guerrero), Ofelia Cesáreo Sánchez (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero), Olga Reyes (México), Patricia Yllescas (México), Reyna Ramírez Sánchez (Colectivo de Obreras Insumisas To Tlaktole Calaki Mo Yolo, AC.), Rosa María Laguna Gómez (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México), Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán), Sara Méndez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca), Sara Montes Ramírez (Colectivo Raíz de Aguascalientes, AC.), Sandra Torres Pastrana (Oaxaca), Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Guerrero), Silvia Alejandra Holguin Cinco (Centro de Derechos Humanos de la Mujeres de Chihuahua, Chihuahua), Silvia Núñez Esquer (Sonora), Silvia Pérez Yescas (Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C.), Siria Solís Solís (El Barzón, Chihuahua), Susana Mejía (Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres A.C. (CADEM), Puebla) Tania Ramírez (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. México), Teresa Emeterio Martínez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca), Oaxaca), Teresa Zúñiga (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitarios (IMDEC), Jalisco), Theres Hoechli (Oaxaca), Valeria Escorza (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (PRODESC), México D.F.), Ruth Fierro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua),Verónica Corchado (Colectiva: Arte, Comunidad y Equidad, Grupo Articulación Justicia en Juárez, Cd. Juárez), Verónica Cruz (Las Libres, Guanajuato), Ximena Andión (EQUIS: Justicia para las Mujeres, México D.F), Ximena Cortez (Rosas Chillante, México D.F.), Xóchitl Ramírez (Yotlakat Non Siwatl, Atzin Desarrollo Comunitario, Guerrero), Yanimiriam Valdez Baca (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua), Yanina Flores (Semillas, México D.F.) Yesica Sánchez Maya (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca), Yunuhen Rangel Medina (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Zulma Méndez (Pacto por la Cultura y Red Mesa de Mujeres, Ciudad Juárez, Chihuahua).

— Atziri Ávila

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México debe abordar la grave situación de los derechos humanos con acciones y no con retórica

México debe traducir en acciones las promesas que hará mañana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU si quiere abordar la grave situación de los derechos humanos en el país, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

“Deben adoptarse medidas eficaces y duraderas para abordar las constantes vigentes de desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y ataques habituales contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, mujeres y personas migrantes. México no debe volver a incumplir sus promesas a la comunidad internacional”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

México anunciará mañana a los miembros del Consejo de Derechos Humanos cuáles de sus 176 recomendaciones, formuladas en el pasado Examen Periódico Universal (EPU) adoptará. En 2009, en su última comparecencia ante este órgano de derechos humanos, México dijo que implementaría la mayoría de las recomendaciones. Sin embargo, posteriormente no tomó medidas en muchas áreas para prevenir la crisis de derechos humanos, que continúa hasta la fecha.

Aunque es positivo que el gobierno mexicano haya anunciado que aceptará la mayoría de las recomendaciones, hay indicios preocupantes de que esto sólo represente que todo sigue igual y su cumplimiento sea sólo retórico.

No se han aceptado las recomendaciones para abolir la práctica del arraigo (detención preventiva sin cargos), una importante cuestión de derechos humanos. Con arreglo a esta extendida modalidad de detención preventiva, se puede mantener detenida a una persona un máximo de 80 días sin que comparezca ante un juez.

“Las órdenes de arraigo abren la puerta a múltiples violaciones de derechos humanos, como la tortura y las confesiones forzadas, que dan pie a juicios injustos. La negativa a abolir esta práctica es una señal muy negativa del compromiso real del gobierno de defender los derechos humanos de todas las personas”, dijo Salil Shetty.

Otra cuestión importante es la reforma del Código de Justicia Militar. México ha aceptado las recomendaciones encaminadas a garantizar que se investigan, persiguen y juzgan en el sistema de justicia civil todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.

Precisamente esta semana, el Senado está debatiendo una reforma que potencialmente excluiría de la justicia militar las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles. Sin embargo, dicha medida no se aplicaría a las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra otro personal militar. Aunque la propuesta va en la dirección correcta, sigue sin cumplir totalmente las normas internacionales de derechos humanos, pese a las afirmaciones del gobierno en sentido contrario.

“Detectamos una preocupante autocomplacencia en la actitud de México ante el Consejo. Afirma que las medidas legislativas y administrativas en curso equivalen al cumplimiento de muchas de las recomendaciones de la ONU, pero no son suficientes para solucionar los críticos problemas que tiene el país en el campo de los derechos humanos”, prosiguió Salil Shetty.

“Esta actitud hace caso omiso del drama de quienes sufren las consecuencias de las violaciones de derechos humanos. La experiencia cotidiana de las familias de los desaparecidos y de las víctimas de la tortura, los homicidios y la violencia no ha cambiado. Para ellas las promesas del gobierno parecen vacías e ineficaces; la impunidad impera.”

Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones al gobierno mexicano que implemente con carácter urgente las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos para abordar las violaciones de derechos humanos y la impunidad generalizadas. Esto incluye:

Garantizar la protección de las normas internacionales de derechos humanos en todas las operaciones policiales y de seguridad, lo que incluye una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de todas las violaciones de estos derechos;

Adoptar medidas concretas y eficaces para prevenir y castigar la tortura y los malos tratos;

Reforzar las medidas para investigar los secuestros y las desapariciones forzadas, lo que incluye procedimientos para localizar a las víctimas y hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos;

Reforzar los mecanismos de protección integral para los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas a fin de detener los ataques contra ellos y garantizar que los responsables de estos ataques comparecen ante la justicia;

Implementar medidas eficaces para prevenir y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres;

Reforzar las medidas para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres poniendo fin a la penalización del aborto y garantizando que las mujeres y niñas tienen acceso a un aborto sin riesgos en casos de violación, incesto y cuando corra peligro la salud de la mujer o la niña;

Garantizar que los proyectos de extracción de recursos y desarrollo económico que afectan a los pueblos indígenas se llevan a cabo únicamente tras obtener su consentimiento libre, previo e informado;

Prevenir y castigar los abusos contra las personas migrantes en tránsito, sean cometidos por bandas delictivas o por funcionarios públicos.

“Es vital que el gobierno trabaje con la sociedad civil para implementar unas medidas concretas y eficaces para abordar la crítica situación de los derechos humanos en México. El gobierno debe aportar recursos económicos y el apoyo político de las altas esferas en todos los niveles del Estado federal”, concluyó Salil Shetty.

Información complementaria

El secretario general de Amnistía Internacional se ha reunido recientemente con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y con otras altas autoridades del país, incluidos ministros, representantes del poder judicial y el poder legislativo durante una visita de alto nivel a México, realizada del 15 al 19 de febrero.

Salil Shetty entregó al presidente un memorándum que contiene una lista de medidas urgentes para combatir la arraigada impunidad y las violaciones graves de derechos humanos.

Amnistía Internacional hizo hoy entrega a la Presidencia de la República de más de 9,500 firmas recogidas por activistas de la organización en los dos últimos meses, exigiendo que México acepte totalmente todas aquellas recomendaciones realizadas en el EPU que resultan compatibles con el marco internacional de derechos humanos.

A cuatro años del asesinato de dos estudiantes, la impunidad prevalece

Hoy 19 de marzo se cumplen 4 años de los asesinatos de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ambos estudiantes perdieron la vida después de que integrantes del ejército abrieran fuego contra unos supuestos miembros de un grupo criminal.

“Es escandaloso que a cuatro años de estos asesinatos, y pese a la presión de las familias, de la sociedad civil y de integrantes de la comunidad académica las autoridades continúan fallando en su obligación de hacer rendir cuentas a los responsables y de llevar la verdad a las familias de las víctimas.” Afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

Las conclusiones de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso revelaron que los militares habían colocado armas a los estudiantes para inculparlos y habían destruido pruebas del lugar del crimen para acusar falsamente a las víctimas de pertenecer a una banda de delincuentes.

Así mismo, la CNDH documentó que las municiones que se utilizaron para cometer estos asesinatos son de uso exclusivo del ejército.

Hasta el momento las familias de las víctimas no han sido informadas sobre avances sustantivos en la investigación y ninguna persona ha sido sentenciada por estos crímenes.

“Este caso es paradigmático de las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas. Las familias exigen verdad y justicia y lo que obtienen de las autoridades es silencio e impunidad.” Agregó Quiroz.

Amnistía Internacional hace un enérgico llamado a la Procuraduría General de la República para que se investiguen de forma pronta e imparcial los asesinatos de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, que se hagan públicos los resultados de esta investigación y que los responsables de estos asesinatos rindan cuentas ante la justicia.