martes, 18 de diciembre de 2007

BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE EL CASO ARTURO DUQUE ALVARADO

México D.F., a 18 de diciembre de 2007.

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C. y la Defensoría Popular "Ricardo Flores Magon" informan que el día de hoy fue puesto en libertad, mediante el pago de una sanción económica, Arturo Duque Alvarado quien fue injusta e ilegalmente detenido, torturado y acusado de cargos de terrorismo y acopio de armas el día 25 de agosto de 2007 en la población de Chamacua de Michelena, Municipio de Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero. Para más tarde ser trasladado a una casa de arraigo de la SIEDO de la PGR en el D.F. y de allí al penal de máxima seguridad del Altiplano (La Palma).

En el momento de su detención Arturo se encontraba en la casa de su cuñado en la celebración de una boda, la casa fue allanada.

El director de la PIM, Erirt Montúfar Mendoza confirmó la detención de Duque Alvarado el 27 de agosto declarando que en la casa cateada se aseguraron 13 armas largas, tres mochilas que contenían uniformes militares con las siglas del ERPI, lo cual es totalmente falso, de acuerdo a los testimonios de los dueños de la casa y de los asistentes a la boda que fueron testigos del allanamiento sin orden judicial.

Durante toda la noche del día de su detención (25 de agosto) Duque Alvarado fue torturado en las instalaciones de la Policía Judicial del Estado de Guerrero situación que cesó en el momento de su traslado a la ciudad de México para ser arraigado.

Hasta después de más de 15 días de su detención la SIEDO de la Procuraduría General de la República dio a conocer que Arturo Duque estaba siendo investigado como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y portación y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Durante los primeros días de su arraigo en las instalaciones de la SIEDO Arturo permaneció en calidad de incomunicado, durante ese tiempo fueron objeto de hostigamiento sus posibles testigos y familiares.

En un comunicado dado a conocer en Guerrero el día 10 de Septiembre el ERPI manifestó: "negamos rotundamente que Arturo Duque Alvarado milite o participe en cualquiera de las formas de organización de nuestro grupo, y que tan peligroso arsenal decomisado sea de nuestra propiedad"

Con fecha del 31 de Octubre del presente año se interpuso un amparo indirecto a favor de Arturo Duque Alvarado contra el traslado a un penal federal. El amparo se sobreseyó, porque la SIEDO de la PGR negó que tuviera la intención de trasladarlo a un penal federal, en una maniobra para que sí sucediera, notificándose esto el día 26 de noviembre.

En la madrugada del día 27 Arturo Duque fue trasladado sin que se le notificara ni a él, ni a sus familiares, ni a su abogado.

Mas tarde su abogado fue informado de que el traslado se realizó al penal federal de máxima seguridad El Altiplano y el proceso del caso se radicó en la ciudad de Iguala Guerrero.

Ratificamos lo entonces dicho con respecto a estas medidas: complicaron no sólo la posibilidad de darle seguimiento al proceso jurídico, sino también que sus familiares (radicados en Michoacán y Guerrero) pudieran acceder a visitas.

El día 3 de diciembre la defensa solicitó que se le fijará una sanción pecuniaria para enfrentar el proceso en libertad. El día 4 de diciembre el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, retiro los cargos por delincuencia organizada con fines de terrorismo y acopio de armas, quedando solamente el delito menor de potación de arma.

Mediante el pago de dicha sanción económica Arturo Duque Alvarado fue puesto en libertad para seguir enfrentado su proceso penal.

Ante esto refrendamos lo que siempre hemos mantenido con respecto a este caso ¡Arturo Duque Alvarado es Inocente!

Exigimos:

- Se garanticen las condiciones para que se cumpla con justicia su derecho al debido proceso.

- Que se castigue a los responsables que torturaron a Arturo Duque Alvarado, allanaron el domicilio del Comisario de Chamacua de Michelena y que sembraron las armas y los uniformes con insignias del ERPI, por los delitos que resultan de esas conductas.

- Que cese la criminalización contra el pueblo y el movimiento social organizado en todo el país y en particular en el estado de Guerrero.

Agradecemos a todas las personas que han estado atentas a la situación, así como a todas las organizaciones de derechos humanos y del movimiento social que colaboraron con su gran apoyo a la difusión del caso y su solidaridad con Arturo Duque Alvarado y su familia.

ATENTAMENTE

JAVIER ENRIQUEZ SAM

COORDINADOR GENERAL

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Pitágoras 1210–16, Col. Del Valle

México DF, C.P. 03100

Tel./Fax: 0052-55-5604 5642

colectivo@contralatortura.org www.contralatortura.org

Comunicado de los Presos Políticos de la Región de Loxicha

Penitenciaría Central del estado de Oaxaca, Oax; 15 de diciembre del 2007.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN

AL PUEBLO DE OAXACA, DE MÈXICO Y DEL MUNDO

P R E S E N T E:

"LA JUSTICIA EN MÈXICO NO ES IMPARCIAL, ES SELECTIVA"

Lo que los presos políticos y de conciencia de la región loxicha, desde esta trinchera, que las autoridades estatales y federales nos tienen privados de nuestra libertad, a más de once años injustamente por delitos no cometidos; en primer lugar nos solidarizamos con la Periodista Lidia Cacho, por la injusta Resolución de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es posible que en pleno siglo XXI, se siguen cometiendo injusticias, en contra de los y las periodistas que se atreven de decir la verdad. En segundo lugar repudiamos categóricamente la Resolución de la Corte, porque no es posible que la justicia favorece a los pederastas y a los hombres del poder. Desde nuestro punto de vista en México la Justicia es Selectiva, mientras millones de mexicanos están propensas de sufrir cualquier tipo de injusticia y otros ya lo estamos padeciendo, sin embargo los Gobiernos Estatal y Federal, en sus discursos dicen que en Oaxaca y en México no pasa nada.

No es posible que se sigue cometiendo violaciones en contra de las y los comunicadores y en contra del pueblo mexicano !Ya Basta!.

Respetuosamente

Presos Políticos y de Conciencia

de la Región Loxicha

C. MARIO AMBROSIO MARTÌNEZ

C. HABRAHAN GARCÌA RAMÌREZ

C. JUSTINO HERNÀNDEZ JOSÈ

C. AGUSTÌN LUNA VALENCIA

C. FORTINO ENRIQUEZ HERNÀNDEZ

C. ÀLVARO SEBASTIÀN RAMÌREZ

C. CIRILO AMBROSIO ANTONIO

C. ESTANISLAO MARÌNEZ SANTIAGO

C. RICARDO MARTÌEZ ENRIQUEZ

C. ELEUTERIO HERNÀNDEZ GARCÌA

C. URBANO RUÌZ CRUZ

C. ZACARÌAS P. GARCÌA LÒPEZ

MEXICO: Militares y violencia feminicida. (Fuente: Cimac).

Por una supuesta lucha contra el narcotráfico, este año varias entidades del país se convirtieron en “cuarteles del Ejército”, donde las mujeres han sido víctimas de la violencia feminicida ejercida por militares. Este tipo de violencia, explica Marcela Lagarde, es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado”. Está “conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”, agrega la feminista. Esta violencia prevaleció durante 2006 y 2007 en Coahuila, Veracruz y Michoacán.

Para Lagarde, el caso más emblemático de violencia feminicida, reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue el de Ernestina Ascensión Rosario, en Veracruz, presuntamente violada y asesinada por militares en febrero de este año.

“Ernestina era mujer, indígena y mayor, fue abusada, se le lastimó y maltrató, fue violada a grado tal que al segundo día después de la agresión murió a consecuencia no de una gastritis, sino del maltrato brutal del cual fue objeto por parte de militares”, señala. Para Lagarde, “el abuso de poderes por parte de funcionarios del Estado y del propio Felipe Calderón, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que se convirtió en Ministerio Público”, le dieron a este caso múltiples formas de violencia. No ha sido el único, se sumó a la larga lista de mujeres violadas en México por militares, denunciados desde la década de los 90. En julio de 2006, 14 mujeres fueron violadas por 13 soldados en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, de los cuales, al año siguiente, sólo tres fueron sentenciados por un juez civil. En mayo de 2007, 4 menores de edad fueron violadas en los municipios de Nocupétaro y Carácuaro, Michoacán. “Todas ellas son sobrevivientes de violencia feminicida porque quedaron en riesgo de perder la vida, hubo un poder total sobre ellas y se ejerció violencia directa en su contra”, sostiene Lagarde.

Vía errada de justicia

Este año, el interés de los medios de comunicación se centró en la lucha contra el narcotráfico, las elecciones en 14 estados de la República y la reforma electoral, por lo cual la visita de Amnistía Internacional (AI) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dos de los organismos defensores de los derechos humanos más importantes en el ámbito internacional, pasaron inadvertidas, al parecer, para Calderón, al manifestar su preocupación por la militarización en el país y la violación a los derechos humanos, condenaron la violación sexual contra mujeres ejercida por soldados y que los casos fueran “investigados” por el fuero militar, no civil, porque ello garantizaba la impunidad.

Opinión contraria a la expresada por la CNDH en sus recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en septiembre pasado por los casos de Michoacán, Castaños y Zongolica, ésta última emitida siete meses después de los hechos y seis después de que Calderón decretó la muerte por “gastritis” de la señora Ascensión. Las “recomendaciones” de la CNDH a la Sedena fueron calificadas de “una cortina de humo” y recomendaciones light para legitimar la existencia de la Comisión, por el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, preso en 1993 por denunciar violación de derechos humanos en el Ejército. “A Calderón no le conviene que haya señalamientos directos sobre el Ejército porque deslegitima su actuación en la lucha contra el narcotráfico”, sostuvo el militar a Cimacnoticias.

Gallardo es pesimista sobre las recomendaciones, pues recuerda que aún en los casos “más oscuros” en los que el Ejército ha estado implicado, como la ejecución de siete judiciales en 1991 o la guerra sucia, cuyos personajes han sido identificado con nombre, apellidos y cargos, “hubo recomendaciones de la CNDH y no pasó nada”.

Con información de AIPIN