Por una supuesta lucha contra el narcotráfico, este año varias entidades del país se convirtieron en “cuarteles del Ejército”, donde las mujeres han sido víctimas de la violencia feminicida ejercida por militares. Este tipo de violencia, explica Marcela Lagarde, es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado”. Está “conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”, agrega la feminista. Esta violencia prevaleció durante 2006 y 2007 en Coahuila, Veracruz y Michoacán.
Para Lagarde, el caso más emblemático de violencia feminicida, reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue el de Ernestina Ascensión Rosario, en Veracruz, presuntamente violada y asesinada por militares en febrero de este año.
“Ernestina era mujer, indígena y mayor, fue abusada, se le lastimó y maltrató, fue violada a grado tal que al segundo día después de la agresión murió a consecuencia no de una gastritis, sino del maltrato brutal del cual fue objeto por parte de militares”, señala. Para Lagarde, “el abuso de poderes por parte de funcionarios del Estado y del propio Felipe Calderón, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que se convirtió en Ministerio Público”, le dieron a este caso múltiples formas de violencia. No ha sido el único, se sumó a la larga lista de mujeres violadas en México por militares, denunciados desde la década de los 90. En julio de 2006, 14 mujeres fueron violadas por 13 soldados en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, de los cuales, al año siguiente, sólo tres fueron sentenciados por un juez civil. En mayo de 2007, 4 menores de edad fueron violadas en los municipios de Nocupétaro y Carácuaro, Michoacán. “Todas ellas son sobrevivientes de violencia feminicida porque quedaron en riesgo de perder la vida, hubo un poder total sobre ellas y se ejerció violencia directa en su contra”, sostiene Lagarde.
Vía errada de justicia
Este año, el interés de los medios de comunicación se centró en la lucha contra el narcotráfico, las elecciones en 14 estados de la República y la reforma electoral, por lo cual la visita de Amnistía Internacional (AI) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dos de los organismos defensores de los derechos humanos más importantes en el ámbito internacional, pasaron inadvertidas, al parecer, para Calderón, al manifestar su preocupación por la militarización en el país y la violación a los derechos humanos, condenaron la violación sexual contra mujeres ejercida por soldados y que los casos fueran “investigados” por el fuero militar, no civil, porque ello garantizaba la impunidad.
Opinión contraria a la expresada por la CNDH en sus recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en septiembre pasado por los casos de Michoacán, Castaños y Zongolica, ésta última emitida siete meses después de los hechos y seis después de que Calderón decretó la muerte por “gastritis” de la señora Ascensión. Las “recomendaciones” de la CNDH a la Sedena fueron calificadas de “una cortina de humo” y recomendaciones light para legitimar la existencia de la Comisión, por el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, preso en 1993 por denunciar violación de derechos humanos en el Ejército. “A Calderón no le conviene que haya señalamientos directos sobre el Ejército porque deslegitima su actuación en la lucha contra el narcotráfico”, sostuvo el militar a Cimacnoticias.
Gallardo es pesimista sobre las recomendaciones, pues recuerda que aún en los casos “más oscuros” en los que el Ejército ha estado implicado, como la ejecución de siete judiciales en 1991 o la guerra sucia, cuyos personajes han sido identificado con nombre, apellidos y cargos, “hubo recomendaciones de la CNDH y no pasó nada”.
Con información de AIPIN
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