lunes, 7 de abril de 2014

La libertad de Ilia Adad Infante Trejo debe ser el primer paso para la libertad de todos los detenidos arbitrariamente en el Reclusorio Norte desde el 2 de octubre del 2013


El sábado 5 de abril, en las primeras horas de la madrugada, gracias a una sólida defensa jurídica, a la lucha de sus familiares, amigos, personas solidarias, al acompañamiento de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México y la solidaridad del Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, así como de organizaciones sociales y estudiantiles, concluyeron los 6 meses de injusto e ilegal encarcelamiento de Ilia Adad Infante Trejo, detenido arbitrariamente el 2 de octubre del 2013.

Sin embargo, la historia de injusticia y criminalización no termina con la liberación de Ilia Adad, 7 personas más se encuentran presos en el Reclusorio Norte a raíz de las detenciones arbitrarias durante la marcha del 2 de octubre del 2013. Entre ellas se encuentra José Alejandro Bautista Peña, de 42 años de edad, quien es promotor cultural, miembro de la Asociación Civil Xicalote y activista de los pueblos del Sur de la Ciudad de México y Daniel Palacios Cruz, músico de las Bandas de Rock The Cavernarios y Telekrimen.

Alejandro Bautista (causa penal: 236/ 2013) a diferencia de los demás injustamente presos, tuvo un juicio sumario. La decisión fue tomada al confiar en que las autoridades, al conocer los elementos de prueba que evidenciaban su inocencia, lo dejarían en libertad. Hecho que no sucedió y como resultado del cúmulo de arbitrariedades, contradicciones y omisiones por parte del Juez Cuadragésimo Penal en el Distrito Federal., Alejandro Bautista fue sentenciado el 6 de diciembre del 2013 a 5 años 9 meses de prisión por los delitos de: ataques a la paz pública en pandilla y ultrajes a la autoridad.

El 5 de febrero del 2014, la defensa jurídica de Alejandro Bautista, interpuso el recurso de Apelación a la sentencia, el cual está en estudio y conforme a los elementos vertidos por la defensa que demuestran la inocencia de Alejandro, así como su ilegal y arbitraria detención debería decretarse también, al igual que Ilia Adad Infante, su completa e incondicional libertad.

Así mismo, Iribar Ibinarriaga Ramírez, Adrián Gutiérrez Miguel, Víctor Efrén Espinoza Calixto y Salvador Reyes Martínez, 4 de los detenidos el 2 de octubre del 2013, están a la espera de que el Amparo ganado para efectos el día 20 de marzo en contra del auto de formal prisión se traduzca, al igual que en el caso de Ilia Adad Infante Trejo, en un auto de libertad.

Con la libertad de Ilia Adad Infante Trejo se confirma lo que las organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales hemos documentado y denunciado con mucha preocupación: la existencia de una política gubernamental que viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas que ejercen sus derechos humanos; a la protesta, a la manifestación y a la libertad de expresión en la Ciudad de México.

En las manos de GDF está la posibilidad de cambiar el rumbo de esta política que criminaliza y coarta los derechos humanos de los capitalinos y una muestra clara, en este sentido, de que existe voluntad política, es el desistimiento de la acción penal en contra de los detenidos arbitrariamente durante la marcha del 2 de octubre del 2013.

Comité Cerezo México

La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México exhorta a las Cámaras a trabajar conjuntamente en una Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas


Ciudad de México a 4 de Abril 2014
Boletín de Prensa
Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada

El pasado 11 de febrero del 2014 la Senadora del PRD Angélica de la Peña propuso una iniciativa de Ley Federal para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada, días después, el 18 de febrero, la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo y el diputado José Alfredo Botello Montes, del PAN, también presentaron una iniciativa de Ley, pero no Federal, sino General para prevenir, investigar, sancionar y reparar la Desaparición de Personas.

Es importante mencionar que la exigencia de familiares para legislar una ley sobre desaparición forzada lleva más de 15 años sin ser escuchada. Diversos gobiernos han pasado y lamentablemente la desaparición forzada de personas ha sido un tema de menor importancia para los legisladores de ambas cámaras, Desinterés a pesar de que México ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 9 de abril de 2002 y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas el 18 de marzo del 2008.

Cabe mencionar que, desde 1999, se han presentado al menos 7 iniciativas de Ley en ambas cámaras, las cuales no han pasado, ni siquiera, de las comisiones en donde fueron propuestas.

Ante esto, los integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada de Personas saludamos la decisión de ambas cámaras de impulsar la legislación de una ley sobre desaparición forzada, sobre todo, considerando que el estado Mexicano tiene en su haber diversas recomendaciones y sentencias de Instancias Internacionales por cumplir, así como la obligación de legislar sobre los temas que son más apremiantes del país, como lo son las desapariciones forzadas. La sentencia del caso de Rosendo Radilla es muy clara en este sentido y el Estado tiene que cumplirla.

Por ello, después de un análisis comparativo de ambas iniciativas de ley presentadas, los integrantes de la coordinación de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, queremos compartir de manera pública nuestras observaciones a dichas Iniciativas, ya que consideramos sumamente importante que estas propuestas incluyan el sentir y el conocimiento de las organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas de desaparición forzada que durante años han venido exigiendo esta demanda.

Por ello enunciamos a continuación nuestras observaciones:

1. ¿Por qué una ley General y no una federal?

Antes que nada reiteramos que saludamos ambas iniciativas propuestas por las cámaras, las cuales contienen elementos importantes que deben ser retomados, sin embargo, dadas las circunstancias y la gravedad del problema de las desapariciones forzadas en el país, consideramos que lo más conveniente es legislar una Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual a diferencia de una ley federal, implicaría la armonización tanto a nivel local como federal de este delito, es decir, que habría un tipo penal unificado de desaparición forzada previsto en una sola Ley General, de observancia obligatoria para el fuero federal, estatal o municipal; lo cual daría seguridad y certeza a la población y, en concreto, a las víctimas de desaparición forzada ya que establecería obligaciones y atribuciones concurrentes para las autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir, sancionar, investigar, perseguir, procesar y erradicar los delitos de desaparición forzada de personas dado que los hechos de esta naturaleza serán delictivos en cualquier parte de la república.

Sabemos y entendemos que para legislar una Ley General se requiere de una serie de modificaciones a la constitución por lo que es necesario que los legisladores realicen las modificaciones pertinentes al artículo 73 párrafo XXI inciso a), que permiten la legislación de leyes generales, para agregar el delito de desaparición forzada, lo cual requiere de mayor trabajo y voluntad política. Por lo que exhortamos a los legisladores a seguir trabajando por una ley General para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas.

2. De la Tipificación del delito

La iniciativa de ley General (que proponemos) debe contar con una adecuada tipificación del delito de Desaparición forzada de personas como lo establecen los tratados internacionales, por lo que consideramos que la definición más acorde es la establecida en la Convención Internacional para la Protección de Todas la Personas contra las Desapariciones Forzadas en su artículo 2o. De esta manera, coincidimos de manera general con la definición establecida en la Ley Federal propuesta por la Senadora Angélica de la Peña la cual es más amplia y contiene los elementos de la Convención Internacional. Así mismo, creemos importante la aportación de la Ley General propuesta por los diputados del PAN de incluir la desaparición forzada de personas y desaparición de personas claramente conceptualizados, con lo cual se protege a los familiares en ambos casos, sin eximir al estado de su responsabilidad de investigar, perseguir, y sancionar estos delitos.

3. Búsqueda eficaz e Inmediata de Personas Desaparecidas

Como punto esencial, una ley general debe contar con un protocolo de búsqueda eficaz e inmediato de las víctimas de desaparición forzada, es decir protocolos de actuación que se activen de manera inmediata para la búsqueda y hallazgo de los desaparecidos en cuanto se tenga noticia de que sucedió el hecho. Así mismo, la ley tendría que establecer las obligaciones de las autoridades federales y de los estados para implementar este mecanismo de búsqueda eficiente e inmediata en toda la República. Se deberá establecer pautas para la cooperación internacional en la búsqueda y localización de personas desaparecidas con los países fronterizos del Norte y Sur del país, e incluso con los otros países Centroamericanos por medio de un convenio de cooperación. Este mecanismo de búsqueda, no se contempla en ninguna de las dos Iniciativas, y es importante la localización de los desaparecidos con vida, para lo cual se requieren medidas inmediatas. Así mismo, es importante mencionar que la Ley en la Ley General de Victimas se habla de un mecanismo de búsqueda, contenido en el artículo 21, por lo que se tendrá que coordinar y establecer los criterios sobre cómo implementarlos y colaborar con la ley de desaparición forzada a fin de no duplicar esfuerzos.

4. Registro Nacional de personas víctimas de desaparición forzada y banco de datos de información genética (Banco de ADN)

La ley general debe contemplar la creación de un registro público nacional de personas víctimas de desaparición forzada – cuyo diseño, implementación y seguimiento cuente con la participación de las organizaciones –, a fin de que se cuente con un control estadístico y transparente, además de la implementación de una instancia especializada, independiente e imparcial que se encargue de resguardar los datos de ADN de los restos localizados, así como también de proteger las muestras de ADN de aquellos familiares que otorguen su consentimiento para dar sus muestras genéticas, a fin de que puedan acceder a este procedimiento de identificación con plena confianza.

Además, consideramos importante también retomar en una Ley General la propuesta de la Senadora Angélica de la Peña, de contar con un registro nacional de datos de personas detenidas a fin de poder saber sobre las personas que se encuentren privadas de su libertad en cualquier modalidad de resguardo, detención o arresto, así como del lugar en que se encuentren materialmente, ya que con esto se podría prever la no presentación de las personas ante las instancias correspondientes y evitar con ello que estas puedan ser desaparecidas.

5 De la investigación y derecho de la coadyuvancia de las víctimas

Consideramos importante que una Ley General debe contemplar de manera clara la figura de la coadyuvancia de los familiares o representantes en las investigaciones, ya sea individual (directa por los familiares de la víctima) o colectiva (ya sea por familiares y defensores de derechos humanos reconocidos por éstos). Para que estos puedan acceder sin problema a las investigaciones. Así como la integración de un fondo de apoyo a la coadyuvancia, que permita a los familiares y a sus organizaciones intervenir de manera adecuada sin afectar su patrimonio y sin que esto sea una limitante a favor de la impunidad.

6 De la sanción a los autores materiales e intelectuales del Delito de Desaparición Forzada

Esta ley debe contener un capítulo especial que especifique que, bajo ninguna circunstancia, los responsables de cometer el delito de desaparición forzada de personas podrán protegerse bajo la jurisdicción militar cuando se vean involucrados en este delito elementos de las fuerzas castrenses. Para esto, es necesario hacer hincapié en la eliminación el fuero militar para los casos de desapariciones forzadas. Así como hacer hincapié en que este delito es de naturaleza continua e imprescriptible. Lo cual sí queda expresado en la iniciativa propuesta por la Senadora de la Peña. Además se tendrá que reconocer la responsabilidad de los superiores como una forma de responsabilidad penal.

7 Declaración de ausencia

La ley General debe contar de manera clara y sencilla con un apartado especial sobre la declaración de ausencia por desaparición forzada, el cual ya ha sido retomado en la reciente Iniciativa de Ley General lo cual permitirá que se garantice el derecho de los familiares a acceder a los recursos o bienes de la persona desaparecida y que los dependientes económicos no queden en el desamparo.

8 De la Reparación Integral del Daño

La ley general debe considerar la reparación integral del daño entendiendo esta es términos integrales, no sólo la indemnización económica. La Reparación implica adoptar medidas concretas y eficaces de protección, el derecho a la verdad y la justicia para los familiares, así como también, la obligación del Estado a cambiar las estructuras que permitieron la comisión y consecución de este crimen. Existe un apartado específico al respecto en la ley general de víctimas, el cual tendrá que ser tomado en cuenta al momento de desarrollar esta Ley General.

Por último, queremos destacar que ante la situación alarmante que estamos viviendo en el país y dadas las recomendaciones realizadas en el reciente Examen periódico Universal (EPU), el Estado Mexicano debe dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas en materia de desaparición forzada, entre ellas el reconocer a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, contemplado en el artículo 26 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada de la ONU, a fin de reforzar el entramado de protección internacional de los derechos humanos de toda persona en caso de desaparición forzada.

Nos parece una incongruencia que el Estado Mexicano haya sido uno de los países impulsores de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada y que, en estos momentos, no quiera reconocer la competencia de este Comité, por lo que consideramos que en este momento el Estado tiene la oportunidad de demostrar en los hechos su voluntad política y cumplir de manera puntual, integral y sin demora todos y cada uno de los puntos resolutivos de las sentencias internacionales en que se condena a México por violaciones probadas de los derechos humanos y sobre todo en materia de desaparición forzada.

Una muestra de voluntad política que estamos viendo por parte de ambas Cámaras es la presentación de las iniciativas de ley en esta materia, sin embargo, creemos que es necesario seguir redoblando esfuerzos para lograr que en nuestro país se apruebe una Ley General que prevenga, sancione y erradique la Desaparición Forzada de Personas.

Ante esto solicitamos públicamente a las Cámaras de Senadores y Diputados tener una reunión de análisis y reflexión sobre estas iniciativas de ley, así como foros especiales con la participación de organizaciones y familiares en los que se discuta la elaboración de una iniciativa general sobre desaparición forzada de personas.


La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México exhorta a las Cámaras a trabajar conjuntamente en una Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas.

Atentamente

Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Comité Cerezo México, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Monseñor Romero, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C.

Contacto: desaparecidos.presentacion@gmail.com

jueves, 3 de abril de 2014

Fuerzas públicas del estado de Chiapas, agreden a integrantes de la ONPP



San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

03 de abril de 2014

Boletín No. 11

Fuerzas públicas del estado de Chiapas, agreden a integrantes de la ONPP
El gobierno de Chiapas criminaliza a integrantes de la ONPP

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha documentado la situación de violaciones a los derechos humanos, en contra de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), perpetrados por operadores del gobierno del estado de Chiapas. El último hecho, en orden de tiempo, es el ocurrido el día 18 de marzo de 2014, en el municipio de Teopisca, cuando fuerzas publicas del estado de Chiapas, agredieron a integrantes de la organización, mediante una acción desproporcionada e indebida, que dio como consecuencia siete personas heridas y la detención de una camioneta marca Chevrolet y un mototaxi.

Según testimonios refieren que el martes 18 de marzo, aproximadamente a las 06:30 hrs., a la altura de la gasolinera, ubicada en la salida de Teopisca hacia Comitán de Domínguez, se dio un operativo con elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal en donde detuvieron el mototaxi de la Sra. María de Lourdes Ramírez López, sin presentar ninguna orden para su retención.

Integrantes de la ONPP, manifiestan que posterior a la detención del mototaxi, se organizaron para exigir su devolución, siendo que a la altura del Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel No. 24, al pretender recuperar su unidad fueron recibidos por elementos de la fuerza pública del estado, quienes golpearon a siete personas de las cuales resultaron heridas: una, por un disparo con gas lacrimógeno al lado derecho de la costilla; otra, golpeada con tolete y disparo con gas lacrimógeno; otra más, disparada con gas lacrimógeno en la ceja del ojo izquierdo, por lo que fue operada de urgencia al hospital de Tuxtla Gutiérrez por un posible desprendimiento de la retina y dada de alta el jueves 20 de marzo. Las demás personas fueron golpeadas con tolete: en la rodilla, entre las piernas; en la columna; en la costilla; en los pies y manos. Así también en este hecho fue retenida una camioneta marca Chevrolet de un integrante de la ONPP.

Por los hechos mencionados, este Centro de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la acción reiterada de criminalización en contra de la ONPP, ya que en el transcurso de este sexenio se han realizados: privaciones arbitrarias a la libertad a algunos de sus líderes; muerte sospechosa a otro líder que trabajaba en Teopisca, en este caso los operadores de justicia, violentaron de manera negligente el derecho a las garantías judiciales;[1] y actualmente las agresiones descritas en párrafos anteriores.

Cabe señalar que la ONPP ha manifestado su apertura al diálogo, ya que nos mencionan que a principios de marzo, integrantes de la organización tuvieron reunión en el palacio de gobierno de Tuxtla Gutiérrez con Mariano Rosales Zuarth, Secretario de Transporte sobre el tema concesiones y, el 14 de marzo, con Julio Cesar Gómez, coordinador de asesores de Eduardo Ramírez Aguilar, sobre el comienzo de un dialogo y respeto mutuo.

Ante la agresión ocurrida, el Frayba registró violaciones a los derechos humanos derivado del abuso de poder y el uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública en contra de los integrantes de la ONPP, vulnerándose el derecho a la integridad personal y derecho a la propiedad contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás Tratados Internacionales e instrumentos jurídicos que son de observancia y aplicación obligatoria por el Estado mexicano.

Antecedentes:

Detención arbitraria de Adela y Noé[2]

El día 15 de agosto de 2013, Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero, fueron detenidos arbitrariamente (la primera 64 días y el segundo 127 días) y con uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, por elementos de la policía ministerial en ejecución de una orden de búsqueda y aprehensión, girada en su contra, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, con la acusación de los delitos de extorsión y motín supuestamente cometidos durante una manifestación de protesta.[3] Actualmente en libertad.

Muerte sospechosa

El sábado 15 de febrero de 2014, a las 20:30 hrs. en el municipio de Teopisca, el Sr. Manuel de Jesús Vázquez Hernández de la ONPP salió de su domicilio para ir a la casa de su padre. Hasta el 18 de febrero, aproximadamente a las 15:00 hrs. en la zona bienes comunales de Teopisca, encontraron el cuerpo, en el basurero, tirado boca abajo, sin el brazo izquierdo, con una quemadura en la parte izquierda, el cráneo fracturado y en evidente estado de descomposición. Posterior al hallazgo se vulneraron las garantías judiciales en las primeras diligencias judiciales de investigación criminal.

[1] Frayba. Procuraduría de Justicia viola derecho a las garantías judiciales en el caso de la muerte sospechosa de líder de la ONPP, Boletín No. 03, 2014, disponible en:

[2] Frayba. Criminalización de la protesta social práctica recurrente en Chiapas, Boletín No. 28, 2013. (fecha de acceso 3 de abril de 2014) URL disponible en:

[3] Frayba. Policías estatales privan arbitrariamente de la libertad a integrantes de la ONPP y a sus familiares. Boletín No. 25, 2013. (fecha de acceso 3 de abril de 2014) URL Disponible en:

Frayba. Criminalización de la protesta social practica recurrente en Chiapas. Boletín No. 28, 2013. (fecha de acceso 3 de abril de 2014) URL Disponible en: http://frayba.org.mx/archivo/boletines/130926_boletin_28_cps_adela_noe.pdf

La justicia no llega; Ilia Adad Infante Trejo a 6 meses de su injusto e ilegal encarcelamiento


México, DF a 3 de abril del 2014

Ilia Adad Infante Trejo, quién cumplió ya seis meses de injusta e ilegal reclusión. Fue encapsulado y detenido arbitrariamente el 2 de octubre del 2013 mientras se manifestaba de manera pacífica y acusado de delitos que no cometió como lo ha documentado ampliamente la organización de derechos humanos Comité Cerezo México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC.

Por su parte, el Juzgado Octavo de Amparo en Materia Penal, en su resolución del 7 de marzo concedió un amparo a favor de Ilia Adad en el cual revierte el auto de formal prisión que lo mantiene en reclusión y obliga al Juzgado Cuadragésimo Penal en el Distrito Federal a la reposición del proceso debido a las múltiples violaciones a los derechos constitucionales del acusado. Resolución que confirma de manera fehaciente que el proceso jurídico al que se enfrenta el joven universitario está lleno, desde su inicio, de graves irregularidades, contradicciones y omisiones como es el hecho de que el Juez no tomó en cuenta los videos donde, de manera irrefutable, se demuestra que Ilia es inocente de todo delito que se le acusa, tal y como se ha venido denunciando de manera reiterada por diversos actores sociales.

El caso de Ilia Adad Infante Trejo es uno de los más claros ejemplos de violación a los derechos humanos de las personas que ejercen su derecho a la protesta, a la manifestación y a la libertad de expresión en la Ciudad de México. Hasta la fecha 89 organizaciones sociales y de derechos humanos, así como 591 personas se han pronunciado por la libertad incondicional e inmediata de Ilia, el cual se encuentra actualmente preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El Gobierno del Distrito Federal tiene la disyuntiva de comenzar a ratificar, vía de los hechos, su compromiso con los derechos humanos de los capitalinos al liberar a Ilia Adad Infante Trejo y a todos los injustamente presos por motivos políticos recluidos en las diversas cárceles de la Capital o continuar con la regresión en materia de derechos humanos que en los últimos años han padecido los ciudadanos del DF.

Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa pero enérgica al Juez Lic. Jorge Martínez Arreguín, que, conforme a derecho y siguiendo el espíritu del Amparo ganado para efectos, termine con la grave violación a los derechos humanos cometida en contra de Ilia Adad Infante Trejo y declare su absoluta e incondicional libertad.

A su vez, solicitamos al Jefe de Gobierno del Distrito Federal el desestimiento de la acción penal en contra de Ilia Adad Infante Trejo, ya que está ampliamente documentado que su detención fue ilegal y arbitraria y que el proceso penal que enfrenta en prisión desde el 2 de octubre del 2013 está lleno de irregularidades, contradicciones y omisiones. Desistirse de la acción penal podría ser una señal de que existe voluntad política para frenar las políticas de seguridad pública que, lejos de garantizar la protección de los derechos humanos de los capitalinos, los vulnera. “Que la solidaridad sea la mano que arranque a Ilia de la injusta prisión”.

ATENTAMENTE

Comité Cerezo México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, familiares y amigos de Ilia Adad Infante Trejo y la Lic. Guadalupe Campos, encargada de la defensa jurídica

miércoles, 2 de abril de 2014

Opera #RedDeProstitución en PRI-DF (investigación MVS)

Preocupa a AI la seguridad de activista de derechos humanos tras denunciar abusos policiales



Amnistía Internacional (AI) se encuentra profundamente preocupada por la seguridad de Martha Solórzano Martínez, una activista de San Luis Río Colorado, Sonora, después de que fuera objeto de repetidas amenazas por parte de agentes de la policía municipal a causa de las denuncias que presentó contra la policía por abuso de poder, corrupción y malos tratos.Amnistía Internacional (AI) se encuentra profundamente preocupada por la seguridad de Martha Solórzano Martínez, una activista de San Luis Río Colorado, Sonora, después de que fuera objeto de repetidas amenazas por parte de agentes de la policía municipal a causa de las denuncias que presentó contra la policía por abuso de poder, corrupción y malos tratos.

El 25 de febrero, Martha organizó una protesta pacífica frente a la jefatura de policía de San Luis Río Colorado, después de que la policía municipal detuviera a un joven el día anterior y le propinara una paliza tan brutal que tuvo que ser hospitalizado. Un agente implicado advirtió a Martha Solórzano Martínez que guardara silencio y no presentara una denuncia, a lo que este agente le respondió: "Pinche vieja [...] te voy a echar a los policías y a los militares".

El 9 de marzo de 2012, el hijo de Martha Solórzano Martínez, Jorge Luis Zavala, fue detenido por la policía municipal por su presunta participación en un incidente violento y declarado culpable. Sin embargo, tanto Jorge Luis como su familia afirman que la acusación es falsa y creen que se presentó como represalia por el activismo de Martha. Jorge Luis Zavala asegura que la policía le dijo al detenerlo: "Ya te conocemos, eres el hijo de la vieja grillera, ahora sí nos la vamos a chingar".

El 1 de marzo de 2014 Jorge fue trasladado, sin explicación, a 600 km de la capital del estado. Él y su madre han sido informados por terceros que su vida corre peligro en prisión a causa del activismo de su madre en favor de los derechos humanos.

La organización llama a las autoridades a que tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Martha Solórzano Martínez, Jorge Luis Zavala y otros miembros de su familia; así como llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y actos de intimidación contra ella y su familia.

Finalmente, la organización recordó a las autoridades su obligación de investigar todas las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de la policía municipal de San Luis Río Colorado, que los agentes sometidos a investigación sean suspendidos de sus funciones y que los resultados de la investigación se hagan públicos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En noviembre de 2013, el mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas ordenó que se asignara protección policial a Martha Solórzano Martínez, a quien se le asignaron dos agentes de la policía estatal de Sonora. Sin embargo, esta protección no abarca los viajes que Martha realice para visitar a su hijo en prisión.

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el establecimiento, en 2012, del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, muchas de las más de un centenar de personas en situación de riesgo que han solicitado protección no han recibido hasta la fecha una respuesta oportuna o eficaz, generando frustración, inseguridad y desilusión. Aunque el gobierno afirma que está funcionando eficazmente, el mecanismo dista de estar plenamente operativo al carecer de personal formado, recursos y el apoyo político de alto nivel necesario para garantizar que las autoridades apliquen sus medidas de protección en todos los niveles. La impunidad de la que disfrutan las personas responsables de los ataques –debido a la falta de eficacia en las investigaciones, a menudo realizadas por autoridades estatales sospechosas de participar en las amenazas– sigue favoreciendo que se toleren los ataques. El mecanismo debe ser só lo una parte de una estrategia global para abordar la violencia contra periodistas y contra quienes defienden los derechos humanos. El gobierno federal no ha dado hasta la fecha una respuesta convincente ante el clima imperante de hostilidad hacia periodistas y defensores de los derechos humanos en varios estados.

El 25 de febrero, Martha organizó una protesta pacífica frente a la jefatura de policía de San Luis Río Colorado, después de que la policía municipal detuviera a un joven el día anterior y le propinara una paliza tan brutal que tuvo que ser hospitalizado. Un agente implicado advirtió a Martha Solórzano Martínez que guardara silencio y no presentara una denuncia, a lo que este agente le respondió: "Pinche vieja [...] te voy a echar a los policías y a los militares".

El 9 de marzo de 2012, el hijo de Martha Solórzano Martínez, Jorge Luis Zavala, fue detenido por la policía municipal por su presunta participación en un incidente violento y declarado culpable. Sin embargo, tanto Jorge Luis como su familia afirman que la acusación es falsa y creen que se presentó como represalia por el activismo de Martha. Jorge Luis Zavala asegura que la policía le dijo al detenerlo: "Ya te conocemos, eres el hijo de la vieja grillera, ahora sí nos la vamos a chingar".

El 1 de marzo de 2014 Jorge fue trasladado, sin explicación, a 600 km de la capital del estado. Él y su madre han sido informados por terceros que su vida corre peligro en prisión a causa del activismo de su madre en favor de los derechos humanos.

La organización llama a las autoridades a que tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Martha Solórzano Martínez, Jorge Luis Zavala y otros miembros de su familia; así como llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y actos de intimidación contra ella y su familia.

Finalmente, la organización recordó a las autoridades su obligación de investigar todas las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de la policía municipal de San Luis Río Colorado, que los agentes sometidos a investigación sean suspendidos de sus funciones y que los resultados de la investigación se hagan públicos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En noviembre de 2013, el mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas ordenó que se asignara protección policial a Martha Solórzano Martínez, a quien se le asignaron dos agentes de la policía estatal de Sonora. Sin embargo, esta protección no abarca los viajes que Martha realice para visitar a su hijo en prisión.

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el establecimiento, en 2012, del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, muchas de las más de un centenar de personas en situación de riesgo que han solicitado protección no han recibido hasta la fecha una respuesta oportuna o eficaz, generando frustración, inseguridad y desilusión. Aunque el gobierno afirma que está funcionando eficazmente, el mecanismo dista de estar plenamente operativo al carecer de personal formado, recursos y el apoyo político de alto nivel necesario para garantizar que las autoridades apliquen sus medidas de protección en todos los niveles. La impunidad de la que disfrutan las personas responsables de los ataques –debido a la falta de eficacia en las investigaciones, a menudo realizadas por autoridades estatales sospechosas de participar en las amenazas– sigue favoreciendo que se toleren los ataques. El mecanismo debe ser só lo una parte de una estrategia global para abordar la violencia contra periodistas y contra quienes defienden los derechos humanos. El gobierno federal no ha dado hasta la fecha una respuesta convincente ante el clima imperante de hostilidad hacia periodistas y defensores de los derechos humanos en varios estados.

Exclusión de Aspirantes a la BUAP e Invitación a Campaña en Defensa de la Educación Pública


A los medios masivos de comunicación
A los medios alternativos de comunicación
A los organismos defensores de derechos humanos
A las organizaciones populares y democráticas
A la comunidad universitaria
Al pueblo en general.

El día de ayer 31 de marzo se inició el segundo paso a seguir en el proceso de admisión 2014 a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que consiste en la entrega de documentos como parte de los requisitos a cubrir para presentar los ahora dos exámenes de admisión por la nueva modalidad.

Anualmente el número de jóvenes excluidos del derecho a la educación por parte de las universidades públicas de nuestro país es alarmante, estamos hablando de que más de medio millón de jóvenes quedan sin la posibilidad de ingresar a una institución pública de educación superior y que por lo tanto esta inmensa masa de jóvenes queda básicamente sin ninguna alternativa a seguir.

Tan sólo en nuestro estado, de los más de 50 mil aspirantes que presentarán examen de admisión en este año, menos de 22 mil serán aceptados, es decir existirán más de 28 mil estudiantes que solo tendrán la posibilidad de elegir entre el integrarse a una de muchas escuelas incorporadas que bajo el discurso de garantizar el derecho a la educación superior con “cómodas mensualidades”, han surgido como negocio de funcionarios y ex funcionarios universitarios, o engordar el ejército de reserva en donde no existe más beneficio que el de la explotación laboral y denigración de la condición humana.

En este año la modalidad para ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se ha modificado de manera que tanto a la Administración Central encabezada por el Rector José Alfonso Esparza Ortiz, como al gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, les implique el menor costo político ante el incremento de las manifestaciones de jóvenes que año con año les es negado su derecho a la educación universitaria.

Sin duda, ésta táctica de prevención de protestas de aspirantes a nivel Medio Superior y Superior tuvo el aval del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su reciente visita a la BUAP; visita que tuvo por objetivo el que dicho organismo se cerciorara de que las políticas neoliberales dictadas desde los organismos financieros internacionales estuvieran rindiendo efecto en nuestra universidad.

El discurso manejado por las autoridades universitarias es que a mayor número de posibilidades, mayores oportunidades para el ingreso, sin embargo la verdadera motivación de esta nueva modalidad es la cínica evidencia de las contradicciones en su actuar, al emitir una convocatoria que estipulaba la aprobación del examen con 550 puntos pero que en los hechos esto no era suficiente para ingresar a la universidad por la creciente demanda, dejando fuera a miles de estudiantes a pesar de haber cumplido con el requisito, generando descontento ante esta medida arbitraria y excluyente.

En este mes de abril, se llevará a cabo el primer filtro condicionante para la admisión a la BUAP: la PAA, examen de habilidad verbal y matemática, elaborado por el College Board, empresa norteamericana con sede en Puerto Rico encargada de medir el “nivel educativo” de los estudiantes mexicanos. Con este primer filtro, lo que las autoridades universitarias intentan garantizar en alianza con Rafael Moreno Valle es que quienes queden excluidos en esta primera etapa, NO SE ORGANICEN para exigir su derecho a la educación, generando la malograda idea en la cabeza de todo estudiante excluido que desde el principio no tuvo las herramientas para lograr un buen resultado y que merecen no tener un lugar en la universidad; por otro lado, esta nueva modalidad garantiza a las escuelas privadas un gran número de clientes directos para el próximo ciclo escolar. Aunado a esto, este doble filtro implican mayores gastos para las familias y los jóvenes aspirantes de otros estados del país, principalmente de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Estado de México ya que tendrán que viajar por lo menos en 4 ocasiones a la capital poblana sin la garantía del ingreso, por lo que muchos de ellos ya no tendrán la posibilidad de presentar la segunda vuelta por su situación económica.

Aun cuando la BUAP recibió para este año más de 5 140 millones de pesos como presupuesto general, cantidad mucho mayor a la percibida por el municipio de Puebla que es de 3 789 millones de pesos, la reducción de la matrícula en comparación con la demanda sigue siendo de dimensiones escandalosas, es por eso que como Unión Por la Organización Estudiantil integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, denunciamos y condenamos el proceder de la actual administración de la BUAP.

La educación en nuestro país se ha convertido en una mercancía de vastas ganancias para aquellos a los que impulsan, promueven y consienten el proyecto privatizador de la universidades públicas, desde los organismos financieros internacionales quienes emiten las “recomendaciones” hacia los países dependientes, aparentemente en materia de educación pero que de fondo tienen planteamientos meramente empresariales, obteniendo beneficios económicos a costa de las masas de los trabajadores y del futuro de millones de estudiantes. Lejos de ser la educación un derecho humano, se ha convertido en un privilegio de clase; en algo de difícil y en algunos casos imposible acceso.

Como parte de la problemática denunciamos la violación a los acuerdos tomados con la universidad el 14 de agosto de 2013 fecha en la que levantamos el plantón que habíamos montado en días anteriores frente a la DAE con la exigencia del derecho a la educación para más de 20 compañeros que ahí se encontraban manifestándose y en donde sufrimos actos intimidatorios y hostigamiento por parte del personal de DASU que portaron armas de fuego durante la noche, ya que la indicación que les dieron era que nosotros nos encontrábamos armados; información otorgada tiempo después por los propios veladores del área centro, Asimismo recurrieron a prácticas como el corte de luz, la toma de fotografías, la negación del acceso a compañeros monitores de derechos humanos, el cierre de los sanitarios y la persecución de nuestros compañeros manifestantes cuando se desplazaban a buscar algún sanitario o a ver a los compañeros que se encontraban afuera de ciudad universitaria.

Con quienes sostuvimos el diálogo y tomamos los acuerdos fue con el Mtro. Julio Galindo Quiñones, titular de la Dirección de Desarrollo en Integración Estudiantil, el Lic. José Manuel Alonso Orozco, viejo Agüerista y actual director de regionalización, y el Dr. Gabriel Pérez Galmiche director de la renovada DAGU ahora llamada Dirección de Enlace y Gobernanza. Los mencionados a nombre del rector pactaron que a nuestros compañeros se les otorgaría una beca del 100 por ciento durante un año y medio en escuelas incorporadas, y que al cabo de este tiempo se les respetaría el pase automático a la universidad en el periodo de revalidación de 2014. Sin embargo desde el mes de diciembre del año pasado la institución dejo de pagar las colegiaturas de nuestros compañeros, situación que ha provocado intimidación por parte de los directivos de las escuelas incorporadas, presionando a nuestros compañeros para que efectúen los pagos y negándoles el acceso a las aulas, generado la deserción de estos pues se torna imposible el poder absorber los costos. Extra a esto la documentación oficial de nuestros compañeros se encuentra retenida por la DAE a través de las escuelas incorporadas quienes solicitan el cubrimiento del adeudo más una cuota de 1500 aproximadamente por la devolución de los mismos lo que representa una limitación fundamental para que ellos puedan buscar otras opciones o intenten participar en este proceso de admisión 2014.

En reuniones sostenidas entre nuestra organización y la universidad, Gabriel Pérez Galmiche intentó en repetidas ocasiones condicionar el cumplimiento de los acuerdos a cambio de que nosotros dejáramos de prestar solidaridad a un grupo de trabajadores que al interior de la universidad se vienen organizando en contra de los abusos laborales de los que están siendo víctimas, puesto que según comentarios del propio Galmiche, estos “actuaban en contra de los intereses del rector”, a lo que siempre nuestra respuesta fue la de rechazar dicha condicionante, ya que consideramos que la lucha no se limita únicamente al ámbito estudiantil y que de aceptar esa condición se vulnerarían los principios y la independencia que como organización nos rigen.

Posteriormente el 4 de marzo de este año, nuevamente una comisión de nuestra organización se reunió con este funcionario, puesto que durante la madrugada del mismo habían sido detenidos 8 de nuestros compañeros, dos de ellos, Juana Marcelino de Rita y Daniel García Tolentino cerca de la Facultad de Medicina, lugar en que nuestros compañeros pintaron una consigna política en una pared de dicha facultad “alto a la represión” por los hechos ocurridos en el auditorio Che Guevara, el cerco informativo y la campaña de linchamiento en contra de nuestra organización, del colectivo Brigada Estudiantil Multidisciplinaria, del organismo de derechos humanos independiente Comité Cerezo México y organizaciones populares como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y que ante el conocimiento de nuestra organización y nuestro proyecto por parte de la autoridades universitarias considerábamos que no interpondrían la denuncia sin antes dialogar, sin embargo la denuncia fue hecha ante la Agencia del Ministerio Público no. 5, lo que provocó que nuestros compañeros fueran consignados al penal de San Miguel, tan es así que continúan en libertad su proceso penal.

En dicha reunión, nos reunimos con el Dr. Gabriel Pérez Galmiche para garantizar que la universidad no denunciara a nuestros compañeros, y el tema de los compañeros de las escuelas incorporadas salió a la conversación; en ese momento no se resolvió nada respecto a eso, ya que nuestra prioridad era la libertad inmediata de nuestros compañeros, se acordó en reunirnos posteriormente para discutir ese punto, sin embargo ya no volvieron a atender el teléfono así que dimos por entendido que existe nula voluntad para resolverlo.

Ante este panorama como organización informamos que damos inicio a una campaña masiva de denuncia que consistirá en la pega de carteles, volantes y saloneos al interior de la universidad para informar sobre el juego perverso llamado “Admisión 2014” impulsado por la rectoría y sus operadores y como parte de las actividades de esta jornada de lucha realizaremos el Foro en defensa de la educación pública y gratuita y en contra del proyecto privatizador de las Universidades Públicas el día 8 de abril del presente en la facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Por ello, la necesidad de que como jóvenes aspirantes a la educación media superior y superior nos organicemos en coordinación con padres de familia, obreros, campesinos, indígenas, como pueblo trabajador en su conjunto, para exigir la cancelación de la modalidad que pretende imponer la BUAP a jóvenes aspirantes a la Universidad.

Llamamos a todas y todos los abogados comprometidos con las demandas y la lucha legitima de nuestro pueblo para tener condiciones de vida digna a generar las alterativas jurídico-políticas ante esta imposición.

A las organizaciones del movimiento popular y de derechos humanos les hacemos un llamado fraterno y solidario para que se pronuncien a favor de que se cancelen estos filtros discriminatorios de ingreso a la BUAP.

A los catedráticos e intelectuales democráticos y progresistas los exhortamos a exigir a la BUAP que constituya un Comité de connotados académicos a efecto de que sean ellos los que generen un examen de admisión de acuerdo a las condiciones educativas de Puebla y México; para con esto romper la dependencia con la empresa College Board para los exámenes de admisión de la BUAP.

Al pueblo de México le hacemos un llamado a luchar en todos los estados del País por ampliación de la matrícula y por una educación basada en la esencia de los principios del Artículo 3ro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: Democrática, científica, popular e internacionalista.

¡Alto a la Privatización de la BUAP!
¡Alto a la nueva modalidad de admisión a la BUAP!
¡Por una educación laica, gratuita, científica y popular!
¡Por la Unidad Obrero Campesino Indígena y Popular!

Unión Por la Organización Estudiantil

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

UPOE-FNLS

martes, 1 de abril de 2014

Da @gracoramirez puestazo a su amigo Javier Sicilia en la Universidad: ganará 60 mil pesos al mes


Cobrará como secretario de Extensión cerca de 60 mil pesos mensuales

El activista social, escritor y poeta, Javier Sicilia Zardaín, fue nombrado secretario de Extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en sustitución de Lorena Noyola Piña. De acuerdo al tabulador salarial de la institución, el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cobrará un salario de alrededor de 60 mil pesos mensuales.

Fue en la sesión del Consejo Universitario de ayer donde su nombramiento fue aprobado y para ello, este máximo órgano de gobierno dio luz verde a una reestructuración organizativa de la Secretaría de Extensión. Tras la aprobación de su nombramiento, el rector de la UAEM, Alejandro Vera, informó que Lorena Noyola Piña, deja de ser la titular y a partir del próximo lunes asumirá esta responsabilidad Javier Sicilia Zardaín.

“Quiero pedir que desde el Consejo Universitario le hagamos un reconocimiento a la doctora Lorena Noyola por el trabajo desempeñado al frente de la Secretaría y por su labor”, explicó el rector, quien destacó que el nuevo enfoque de trabajo en dicha área es el de coadyuvar con el desarrollo de proyectos en la atención de la emergencia por la inseguridad, desde el marco de responsabilidad de la UAEM.

El nombramiento de Javier Sicilia como funcionario de la UAEM se da este día, el cual coincide con la conmemoración del tercer año del homicidio de seis víctimas de la violencia e inseguridad en el estado, entre los que se encontraba su hijo Juan Pablo.

A raíz de ese hecho registrado en el municipio de Temixco, el escritor y también periodista, inició su Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que incluso lo llevó a realizar una caravana nacional e internacional, acción que hasta la fecha no ha abandonado.

En otro orden de ideas, cabe destacar que el Consejo Universitario, también aprobó en su sesión de ayer otorgar el Doctorado Honoris Causa pos mortem al abogado Carlos Celis Salazar, ex rector de la UAEM, por sus aportaciones a la institución en los ámbitos académico y administrativo.

Lea el texto completo en: http://anonpublico.blogspot.com/2014/03/da-gracoramirez-puestazo-su-amigo.html#ixzz2xgRTUACo MUY IMPORTANTE: Si usted planea utilizar esta información en otro lugar, debe citarnos tanto a nosotros como a la fuente original, si existe y colocar un enlace claramente visible.

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lunes, 31 de marzo de 2014

Comunicado de la Mesa de Coordinación por la Defensa de los Derechos Humanos


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;

A 31 de marzo de 2014.

A los medios de comunicación, nacional e internacional
A los defensores de los derechos humanos nacional e internacional
Al gobierno, federal, estatal y municipal

Nos pronunciamos como mesa de coordinación por la defensa de los derechos humanos, por los desplazados de Banavil, hacemos el llamado al pueblo en general que nosotros como Mesa de Coordinación Damos a conocer que el próximo 04 de abril de 2014, como mesa de coordinación saldremos a marchar en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, exigiendo los derechos violados, han pasado los años y el gobierno no tiene repuesta para atender la situación de los desplazados, por eso hoy juntos exigimos la responsabilidad de los tres niveles gobierno.

Los simpatizantes del EZLN, paraje de Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas, fueron agredidos con armas de fuego por los priistas de ese lugar el pasado 4 de diciembre de 2011, hasta la fecha siguen buscando justicia, a casi un mes de que Alonso Guzmán López de que esta en la cárcel los priistas están amenazando a familiares de los desplazados al grado inventar delitos para devolverlos en la cárcel porque según ellos tienen contacto con gente del gobierno que se venden con dinero para encarcelar a inocentes. Mientras tanto falta por ejecutarse diez ordenes de aprehensión por ejecutarse en contra de los agresores del 04 de diciembre.

También exigimos que se esclarezca los hechos del pasado 16 de junio de 2010, donde fueron desplazados 75 personas de Aurora Ermita, municipio de Pueblo Nuevo, después del asesinato de Alfonso López Montejo, las familias ya no quisieron regresar a su comunidad, hubo rumores de que un grupo de personas están esperando en el camino para matarlos a todos, se ha denunciado ante la Procuraduría de Pichucalco, por eso hay nueve ordenes de aprensión contra los agresores dos de ellos están en la cárcel y faltan siete para encarcelarlos, tres de ellos trabajan para el presidente municipal de Pueblo Nuevo Enoc Díaz Hernández del Partido Revolución Democrática (PRD) contratados como sus pistoleros Juan Montejo Hernández, Marcelo Montejo Hernández y Fernando Montejo Hernández.

Como mesa de coordinación se instalara en los próximos días mesa informativa en San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez por la defensa de los derechos humanos exigimos al gobierno que atienda los siguientes puntos:

1.- El pronto retorno de los desplazados de los simpatizantes de Banavil y de Aurora Ermita.

2.- Que se aplique la justicia en contra de las personas que tienen orden de aprensión.

3.- Que el día de su retorno y posterior a eso, se garantice su seguridad para que no se repita estos hechos.

4.- Esclarecimiento de la desaparición Alonso López Luna simpatizante del EZLN de Banavil.

5.- Reparación integral de daños a los dos grupos de desplazados, en base a los que marca los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de Las Naciones Unidas.

Mesa de Coordinación por la Defensa de los Derechos Humanos conformado por las siguientes organizaciones:

Movimiento del Bosque por la Defensa del Pueblo

Desplazados de Banavil, simpatizantes del EZLN

Desplazados de Aurora Ermita, Pueblo Nuevo Solistahuacan

Comité Particular Ejecutivo Agrario de Chiapas, poblado nueve de abril, Venustiano Carranza

Ex presos de la Voz del Amate
Ex presos de la Voz de los Llanos

Frente Popular Ricardo Flores Magón

Movimiento Indígena en Resistencia

Resistencia Civil Luz y Fuerza del Pueblo, Adherentes a la Sexta

Resistencia Civil de Santo Tomas, municipio de Oxchuc.

La RENDDH condena las ejecuciones de Basilio Guzmán Sánchez y de Martín Sánchez Pérez integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT)


A los medios de comunicación nacional e internacional
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones democráticas, populares e independientes
Al pueblo de México

La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH) condena de manera enérgica las ejecuciones de Basilio Guzmán Sánchez y de Martín Sánchez Pérez integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui MULT la madrugada del pasado viernes 28 de marzo del presente año en el paraje Loma Cacique, ubicado entre las comunidades Llano Nopal y Santa Cruz Río Venado. Estos hechos se unen a una larga lista de ejecuciones perpretadas con características similares, marcadas por el mismo modus operandi de los grupos paramilitares.

Es importante destacar que desde el 2004, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) tiene una lista indignante de militantes, autoridades comunitarias y dirigentes históricos asesinados, como es el caso de Heriberto Pazos ejecutado en octubre de 2010, dos meses después es asesinado Julián Martínez Ramírez; posteriormente en el 2011 es asesinado Ignacio Matínez Ramírez, y en 2013 Antonio Victoriano Raymundo Flores es asesinado en una emboscada.

A esto se suma la detención-desaparición de las hermanas Daniela y Virginia Ortíz Ramírez el 5 de julio de 2007; seis años después, en noviembre de 2013, su hermana Belem Ortíz también es detenida-desaparecida.

Para la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH) estos hechos demuestran un clima de violencia sistemático, ya sea por comisión, omisión o aquiescencia del Estado mexicano, hacia movimientos indígenas, campesinos, populares y de derechos humanos que se organizan para hacer exijibles y justiciables sus derechos humanos y constitucionales.

Por lo anteiormente expuesto, exigimos al gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Gabino Cué Monteagudo, al Secretario General de Gobierno Alfonso Gómez Sandoval Hernández y a su Procurador General de Justicia, Mtro. Héctor Joaquín Carrillo Ruiz a que:

I. Enjuicie y castigue a los actores materiales e intelectuales de las emboscadas y ejecuciones de Basilio Guzmán Sánchez y de Martín Sánchez Pérez, así como de todos los asesinatos cometidos en contra de integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

II. Presenten con vida a Daniela, Virginia y Belem Ortíz Ramírez, militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

III. Garantice la integridad física y psicológica de todos los dirigentes y militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). IV. Cese del hostigamiento, intimidación o cualquier otro acto que menoscabe la dignidad humana en contra de todos los dirigentes y militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

Atentamente

¡Unidos por la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales!
¡Presentación con Vida de Todos los Detenidos-Desaparecidos por Motivos Políticos y Sociales!
¡No a la Criminalización de la Pobreza, Protesta y Lucha Popular!

Unidos y Organizados a Ejercer y Defender los Derechos Humanos
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos
RENDDH

____________________
Pedro Flores Hernández
Presidente de la RENDDH

jueves, 27 de marzo de 2014

Periodismo bajo asedio


JESÚS CANTÚ

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Mientras el gobierno federal se esmera en construir la percepción de que la inseguridad y la violencia disminuyen, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación crecen; 2013 ha sido el peor año para el ejercicio de dicha profesión desde 2007, periodo en que la organización de la sociedad civil Artículo 19 empezó a llevar la cuenta de los atentados en contra de la libertad de expresión.

Además de que en 2013 las agresiones crecieron 60% respecto del año anterior, lo más significativo es que 60% de los ataques los cometen funcionarios públicos, es decir, son las autoridades los principales enemigos de los medios de comunicación. De acuerdo con el documento de Artículo 19, en 2013 se perpetraron 330 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. De los 274 casos en que fue posible identificar a los agresores, 146 recayeron en funcionarios públicos, 49 en organizaciones sociales, 39 en el crimen organizado, 30 en particulares, y 10 en partidos políticos.

Así sentencia el documento: “Las autoridades agreden de un lado, el crimen organizado asesina del otro”, aparte de que fracasan las acciones que las autoridades instrumentan para proteger a los periodistas y medios de comunicación.

Aunque es innegable que hay entidades en las que se exacerba la violencia en contra de los comunicadores (Veracruz, Coahuila y Distrito Federal), otro de los cambios más significativos es que en 2007 las agresiones se concentraban en 15 entidades, es decir, 17 (53%) no registraban ningún ataque de este tipo; mientras que en 2013 los únicos estados que no reportan ningún atentado son Tabasco, Hidalgo y Nayarit, caracterizados no por la vigencia del estado de derecho o el respeto a la libertad de expresión, sino por su pobre periodismo.

Y para reforzar los hallazgos del documento, la semana pasada los gobiernos de dos entidades (Estado de México y Jalisco) evidenciaron su vocación silenciadora. El domingo 16 de marzo, las autoridades del Estado de México realizaron un operativo para comprar masivamente los ejemplares de Proceso 1950 que se encontraban en circulación (difícilmente podría atribuirse al crimen organizado tratar de impedir que se conociera la incapacidad del gobierno mexiquense para detener la guerra de las narcobandas, hecho que desenmascaraba dicha edición de este semanario). Lo mismo sucedió en Jalisco, por el reportaje que la revista divulgaba en su suplemento Proceso Jalisco respecto a la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Lamentablemente la práctica parece extenderse rápidamente, pues se ha repetido en Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, entre otras entidades. Tal acción no llega a contabilizarse dentro de las agresiones contra los periodistas, y no los pretende silenciar, pero el objetivo final es el mismo: que la ciudadanía no se entere de lo que acontece en su estado, ni de la deficiente, irregular, arbitraria y/o autoritaria actuación de sus autoridades. Aun cuando puede argumentarse que tales operativos no atentan contra el periodismo, sí atentan contra el estado de derecho (al desviar recursos del erario para violentar una garantía constitucional) y el derecho a la información (al impedir a la ciudadanía acceder a fuentes alternativas de información), dimensiones indispensables de cualquier democracia.

Por otra parte, el lunes 17, la organización que elaboró el revelador e inquietante reporte denunció que habían allanado el domicilio de su director, Darío Ramírez. Precisó que habían extraído computadoras, documentos de trabajo y objetos de valor, y aunque no se podía afirmar que los mismos estuviesen vinculados con su “ejercicio de defensa de la libertad de expresión”, el hecho de que sea la quinta agresión en contra de su personal, y el de que ninguno de estos incidentes haya “sido investigado para dar con el paradero de los responsables”, parecen corroborar las intenciones de los allanadores y la ine­ficacia o complicidad de las autoridades. Apenas en abril del año pasado Ramírez y otros colaboradores habían recibido amenazas de muerte.

Artículo 19 documenta detalladamente algunas de las agresiones e incluso el asesinato de un periodista, y transparenta la intención de los atacantes (habría que añadir: y de las autoridades al no detenerlos): cancelar la libertad de expresión y delinquir libremente en la secrecía.

El informe recoge declaraciones muy reveladoras de algunos de los periodistas agredidos. Gil Cruz, director de un periódico de Veracruz, reconoce: “No podemos escribir libremente la información, aun cuando sabemos que se trata de un dato verdadero”. Y Roberto Hernández, de un periódico editado en Oaxaca pero distribuido también en Veracruz, denuncia: “En Veracruz nos la sentenciaron. No podíamos entrar a vender el periódico. Encontramos la manera de regresar cuando dejamos de hablar del gobernador. En Oaxaca, en cambio, el actual gobierno es más tolerante. Aun con los defectos que pueda tener el gobernador, respeta la libertad de expresión. Sabemos que en Oaxaca hay mandos policiacos que tienen ganas de rompernos la madre, pero la línea del gobernador es no tocar a los medios. Eso nos ha ayudado a sobrevivir y a no sufrir atentados de una mayor magnitud por parte de las estructuras del poder en el estado”.

Lo anterior evidencia tres hechos incontrovertibles: uno, la afectación del trabajo periodístico; dos, la responsabilidad directa en las amenazas del gobernador veracruzano, Javier Duarte, ya que al ignorarlo en el periódico les permitió circular; y, tres, lo determinante que es la decisión de los titulares del Ejecutivo en los ataques a los periodistas y medios de comunicación o en el respeto a los mismos.

En cualquier caso, la conclusión del informe es una realidad: “En ninguno de los casos documentados por Artículo 19 los comunicadores pudieron retomar su actividad periodística al ciento por ciento. El miedo a sufrir nuevas agresiones sin protección del Estado los llevó a modificar su actividad profesional. En ocasiones dejan de cubrir sucesos policiacos, se autocensuran o directamente cierran los medios”.

Finalmente, sin importar la identidad del perpetrador de las agresiones, es un hecho que se vulneran los derechos de la ciudadanía, de los periodistas y de los medios de comunicación, y que el principal responsable de ello son las autoridades por su incapacidad o complicidad o porque se benefician de los obstáculos para el libre ejercicio periodístico, pues –al menos– dificultan que se informe sobre sus irregularidades, delitos o ineficiencia.

Persiste en el país el “infierno de la violencia”: Javier Sicilia


JOSÉ GIL OLMOS

MÉXICO, DF, 27 de marzo (apro).- A tres años del surgimiento del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia sostuvo que continúa “el infierno de la violencia”, pero también una ciudadanía que lo tolera.

También advirtió que la situación en todo el país se ha agravado, y ejemplo de ello son los asesinatos y desapariciones de reporteros, la criminalización de autodefensas y policías comunitarias, el engaño a las víctimas que exigen reparación de daños, así como el incremento de secuestros, homicidios y desapariciones.

En la plaza de la Estela de Luz, que las víctimas de la violencia han tomado como el memorial de la paz, se reunieron varias decenas de familiares de muertos y desaparecidos, cuyos casos siguen pendientes de resolver.

En el piso de la plaza los familiares dejaron placas con los nombres de sus seres queridos que narran en primera persona las historias de desaparición o muerte.

“José Antonio Robledo Fernández. Me secuestraron y desaparecieron el 25 de enero de 2009 en Monclova, Coahuila. Tenía 32 años, laboraba como ingeniero civil en ICA Fluor, Proyecto El Fénix para Altos Hornos de México…”, se destaca para enseguida resaltar lo que le gustaba, lo que soñaba, lo que deseaba en el futuro.

Al final del evento cada una de los familiares gritó el nombre de sus esposos, hijos, hermanos, primos, sobrinos, etcétera, al pie de la placa metálica, en medio de lágrimas, sollozos y voces de justicia.

Muchos portaban fotos y flores de sus familiares, las mismas que llevaron en sus recorridos de miles de kilómetros en las caravanas que realizaron en el sur y norte del país, así como en Estados Unidos.

Antes de iniciar el acto de memoria, Sicilia dijo que es necesario que se reactiven las movilizaciones de la sociedad, ya que la situación se ha agravado y el número de víctimas de la violencia crece ante la indolencia del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Incluso sostuvo que la actitud del gobierno de Peña ha sido muy tibia ante el incremento de las víctimas y sólo ha manejado un discurso de maquillaje.

“Cuando van a voltear a ver al pueblo. El número de muertos y víctimas sigue creciendo. Ya no sabemos dónde empieza el crimen y dónde el Estado”, cuestionó el poeta.

En el evento reapareció el activista chihuahuense Julián Le Barón, quien pidió la unidad de las víctimas y que se empiece a reconocer que “vivimos una dictadura manejada por el crimen y la política”.

Acusan ante la CIDH obstáculos en la investigación sobre "guerra sucia"


Por Blanche Petrich

La investigadora de la Comisión de la Verdad de Guerrero, Pilar Noriega García, denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que las autoridades federales y estatales han obstaculizado las averiguaciones que ComVerdad realiza desde hace ya dos años para esclarecer cientos de crímenes humanitarios durante la guerra contrainsurgente (1969-1979) en esa entidad.

Entre las dificultades que han tenido que enfrentar la comisión, citó la falta de acceso a documentos de la época bajo resguardo en el Archivo General de la Nación.

En la audiencia pública que solicitó la ComVerdad a la CIDH, en Washington, la criminalista Noriega apuntó como un probable intento de impedir los avances de sus investigaciones un atentado –al que llamó “incidente de seguridad”—sufrido por ella y otro comisionado, Nicomedes Fuentes García, el 28 de enero de este año en el tramo carretero entre Mezcala y Chilpancingo.

Ese día, un vehículo no identificado con cuatro hombres a bordo embistió el vehículo oficial de la Comisión. Los atacantes dispararon, aparentemente al aire, después de amagar a Pilar Noriega y a Nicomedes Fuentes, quien conducía la camioneta, que luce un logotipo de la institución. Los dos defensores de derechos humanos salieron ilesos, pero tuvieron que pasar la noche en el monte hasta que lograron llegar en transporte público a la capital guerrerense. Está abierta, pero sin avances, una Averiguación Previa sobre estos hechos ante un ministerio público local.

Hay antecedentes de ataques contra la comisión guerrerense que preside Enrique González Ruiz y en la que laboran, además de los cinco comisionados, 15 investigadores más. En julio de 2012 fue allanada, por desconocidos, la oficina de la ComVerdad en el puerto de Acapulco. Dos días después fue vandalizada su sede en Chilpancingo.

Esta probable agresión ocurrió poco después de que la Comisión anunciara que realizará una nueva operación de exhumaciones, en sitios especificados por familiares de desaparecidos y sobrevivientes de intentos de desaparición forzada, en busca de fosas clandestinas donde, presumiblemente, elementos del ejército mexicano y de las distintas policías enterraron a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tanto a combatientes de las organizaciones rebeldes como a opositores civiles.

En el tercer avance de la ComVerdad, publicado en octubre del año pasado, se da cuenta de 57 casos de desaparición forzada documentados, entre ellos siete mujeres, una menor de edad y 16 varones menores de edad. Entre estos se suman 20 estudiantes, 13 de ellos preparatorianos.

En la audiencia ante la CIDH, a la que acudieron en representación del Estado mexicano las subsecretarias de Gobernación Lía Limón y de la PGR Mariana Benítez, Pilar Noriega subrayó la necesidad de que las disposiciones que tomen las autoridades correspondientes para asegurar el acceso pleno de los investigadores a los archivos restringidos del AGN sean “efectivas y rápidas”. Recordó asimismo que en investigaciones anteriores, como las realizadas por la Fiscalía Especial para la investigación de crímenes del pasado (FEMPOSPP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con frecuencia los expedientes entregados estaban incompletos, o habían sido mutilados y alterados.

Sobre la urgencia de allanar los obstáculos para que la Comisión de Guerrero emita su informe final en el plazo previsto, que expira en octubre –ya le fue concedida una única ampliación del plazo, de seis meses—Pilar Noriega subrayó que “el Estado mexicano tiene los elementos suficientes para dar a conocer el destino de las personas desaparecidas, y tiene la obligación de informar a sus familiares y a los sobrevivientes si éstas fueron tiradas al mar o fueron enterradas”.

En respuesta, la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio informó que la reserva sobre los documentos solicitados al AGN sobre casos de exterminio en la guerra sucia en Guerrero ya fueron retirados y que a partir del 10 de abril la ComVerdad “empezará a tener acceso” a los mismos.

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos de la ONU, Lía Limón, refrendó lo que llamó “el compromiso del gobierno mexicano con la verdad”, aseguró que se brindarán todas las garantías para que se lleven a cabo las excavaciones y exhumaciones planeadas.

También afirmó que el Estado mexicano ya aceptó su responsabilidad en los hechos de delitos contra la humanidad en Guerrero en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla, a principios del año pasado. “No tendremos ninguna resistencia en volverlo a hacer”, finalizó.

Amnistía Internacional teme por la vida de personas migrantes secuestradas en Tamaulipas




l 19 de marzo al menos 40 migrantes procedentes de Centroamérica fueron secuestrados en Reynosa , Tamaulipas, por un grupo del crimen organizado. Tras un operativo militar fueron liberados. Sin embargo, a ninguna de estas personas se les brindó apoyo o protección como víctimas.

Según información recibida por Amnistía Internacional, 10 de estos migrantes liberados que se dirigían al Albergue Nuestra Señora de Guadalupe para personas migrantes - dirigido por la iglesia católica en Reynosa - fueron secuestradas nuevamente y continúa sin conocerse su paradero.

El secuestro fue denunciado por el personal del albergue, pero hasta el momento no ha recibido la visita de investigadores oficiales para averiguar lo sucedido o el paradero de los migrantes.

Un día antes, el 18 de marzo, tres mujeres que fueron expulsadas desde los Estados Unidos fueron presuntamente secuestradas en la localidad de Matamoros, Tamaulipas, cerca del paso fronterizo. Una cuarta mujer logró escapar y corrió hasta una estación de autobuses cercana, donde informó a la policía. La búsqueda emprendida no arrojó ninguna pista sobre el paradero de las tres mujeres.

Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada por la seguridad de estas personas secuestradas.

La organización ha documentado como las bandas criminales actúan contra personas migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, sometiéndoles a graves abusos con la connivencia habitual de funcionarios corruptos. Hasta el momento las autoridades no han tomado medidas efectivas para proteger a las personas migrantes de abusos tales como los secuestros, extorsiones, trata de personas y violencia sexual.

Amnistía Internacional exige a las autoridades federales y estatales que se lleve a cabo una investigación completa e imparcial sobre el paradero de los migrantes secuestrados en el exterior del Albergue Nuestra Señora de Guadalupe, en Reynosa, y de las tres mujeres secuestradas en Matamoros.

Así mismo, la organización llama a las autoridades a proporcionar protección efectiva a las personas migrantes liberadas del cautiverio de grupos criminales o expulsadas de Estados Unidos.

Finalmente, Amnistía Internacional recordó a las autoridades mexicanos su obligación de respetar el artículo 7 de la Ley General de Víctimas, que garantiza tanto el bienestar físico y psicológico como la seguridad de las víctimas de delitos, incluidas las personas migrantes irregulares.

Información complementaria

En 2013, las autoridades de inmigración mexicanas detuvieron a 82.269 migrantes en México, de los cuales 75.704 fueron expulsados, la inmensa mayoría a Guatemala, Honduras y El Salvador. El número de migrantes centroamericanos que intentó hacer la ruta a Estados Unidos fue muy superior. En México, muchos migrantes siguen sufriendo abusos a manos de la policía y otros son víctimas de homicidio, secuestro, trata o violación a manos de bandas criminales que actúan selectivamente contra ellos y suelen hacerlo en connivencia con las autoridades locales. Las reformas legislativas en materia de migración que reforzaron algunos derechos de las personas migrantes, en particular el derecho a recibir protección y acceder a la justicia, no se han aplicado debidamente. La estrategia nacional para combatir el secuestro de migrantes sigue sin incluir que se obligue a rendir cuentas a los funcionarios públicos y las bandas criminales que actúan contra los migrantes. En 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó del secuestro de 10.000 migrantes irregulares en un periodo de seis meses por parte de bandas criminales que solían actuar en connivencia con funcionarios públicos. Son contadas las ocasiones en que se obliga a responder de sus actos a los autores de secuestros y otros abusos contra personas migrantes.

Las autoridades estatales ignoran en gran medida la terrible situación de los migrantes irregulares, y las federales tienden cada vez más a considerar el flujo de migrantes como una amenaza para la seguridad nacional en vez de garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes que atraviesan el territorio mexicano. Hace poco, un grupo de madres de migrantes centroamericanos volvió a hacer un recorrido por todo el país buscando a sus seres queridos y reclamando investigaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó recientemente un informe poco convincente sobre 72 migrantes que fueron masacrados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. El informe se centraba en aspectos limitados del caso relacionados con unos procedimientos forenses gravemente defectuosos para identificar los restos mortales y no mencionaba la falta de acción de las autoridades para proteger el derecho a la vida de los migrantes y para establecer plenas responsabilidade s por la masacre. Todavía no se han identificado los cadáveres de otras víctimas de matanzas, muchos de los cuales se piensa que pertenecen a migrantes.

Amnistía Internacional publicó en 2010 un informe sobre los abusos que sufrían los migrantes que atravesaban México, titulado Víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México.

Preocupa a AI la seguridad de activistas por el derecho al agua en el Estado de México.




Activistas comunitarios en el municipio de Coyotepec, Estado de México, han recibido amenazas telefónicas como resultado de su labor en defensa del derecho a un acceso justo al agua. Amnistía Internacional considera que los integrantes del grupo ambiental se encuentran en peligro de sufrir ataques.

El pasado 15 de marzo, Vicente Moreno Domínguez, integrante del colectivo local que lucha por el derecho al agua, recibió una llamada telefónica amenazadora de un hombre que no se identificó y que le dijo: “A ti y al japonés se los va a cargar la chingada”. “El japonés” es un apodo de Sergio Velázquez Morales, otro activista comunitario. Ese mismo día, Emeterio Nonato Reyna, otro activista de la misma comunidad, recibió también una llamada telefónica intimidante. Quien llamaba se identificó como “licenciado Carlos”, y dijo: “Ya dejamos por ahí muerto a alguien”.

En septiembre de 2013, Amnistía Internacional denunció un ataque contra Vicente Moreno Domínguez, quien fue apuñalado, y otros miembros de su comunidad que eran víctimas de persecución por sus actividades pacíficas en defensa del derecho a un acceso justo al agua. Después del ataque se proporcionó protección policial intermitente a Vicente Moreno Domínguez, pero en enero de 2014 fue suspendida.

El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas denegó la protección a Sergio Velázquez Morales basándose en que no se lo consideraba defensor de los derechos humanos.

A mediados de 2013, otro activista comunitario de Coyotepec, Alberto Cruz Luna, quien formaba parte de la misma movilización comunitaria que acusa a las autoridades locales de intentar hacerse injustamente con el control del suministro local de agua fue asesinado.

Al parecer, Alberto Cruz pudo haber sido asesinado a manos de un trabajador del gobierno municipal.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades federales y estatales a que estas implementen de forma inmediata, y en coordinación con los propios afectados, medidas para garantizar que los activistas por el derecho al agua en el municipio Coyotepec puedan llevar a cabo su legítima labor sin temor a sufrir represalias. Así mismo, la organización solicita que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas telefónicas recibidas por Vicente Moreno Domínguez y Emeterio Nonato Reyna, y que se investigue cualquier posible vínculo con las autoridades municipales, y que todas las personas responsables de estas amenazas comparezcan ante la justicia.

Información adicional

Las personas defensoras y defensoras de derechos humanos y periodistas son con frecuencia víctimas de ataques, amenazas, actos de intimidación, secuestro y homicidio como represalia por su trabajo legítimo y fundamental. Quienes están detrás de esos ataques casi nunca son procesados.

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el establecimiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2012. Sin embargo, muchos de los más de 100 personas defensoras y periodistas en situación de riesgo que han solicitado protección no han recibido hasta la fecha una respuesta oportuna o eficaz, y eso ha generado frustración, inseguridad y desilusión. Aunque las autoridades afirman que el mecanismo está funcionando eficazmente, está lejos de estar plenamente operativo al carecer de personal formado, recursos y el apoyo político de alto nivel necesario para garantizar que las autoridades aplican sus medidas de protección en todos los niveles.

La impunidad de que disfrutan los responsables de los ataques –debido a la falta de eficacia en las investigaciones, a menudo realizadas por autoridades del Estado sospechosas de participar en las amenazas– sigue favoreciendo que se toleren los ataques. El Mecanismo debe ser sólo una parte de una estrategia global para abordar la violencia contra los periodistas y quienes defienden los derechos humanos. El gobierno federal no ha dado hasta la fecha una respuesta convincente ante el clima imperante de hostilidad hacia periodistas y defensores de los derechos humanos en varios estados.