jueves, 31 de enero de 2013

Exigen libertad de líder campesino acusado de despojo por Grupo Salinas


ISAÍN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos y activistas, exigieron hoy en Arriaga, una ciudad costera de Chiapas, la libertad de César Octavio Blanco García, líder de un movimiento de campesinos, en contra de los abusos de la empresa de generación de energía eólica del Grupo Salinas.

Tras concentrarse en la parroquia de la localidad, poco más de un centenar de activistas y familiares del Blanco García, detenido la semana pasada, denunciaron el abuso del poder de la fuerza policiaca en su captura. Señalaron que el líder campesino fue golpeado cuando no opuso resistencia.

Blanco García es el líder de un grupo de campesinos que rentaron sus tierras hasta por 30 años a la empresa “Eólica de Arriaga S.A.P.I de C.V”, propiedad del Grupo Salinas, para que construyera dentro de ellas varios generadores de energía eólica, sin embargo la empresa les ha dejado de pagar varios meses de renta y ha incumplido varias cláusulas del contrato.

Fue por ello que a mediados de mes las más de 30 familias que rentaron sus tierras tomaron el acceso principal al parque eólico.

Denunciaron que desde hace varios años fueron presionados por el entonces alcalde William de los Santos Cruz para ceder en renta sus tierras; y el actual presidente municipal Noé López Duque de Estrada se comprometió a apoyarlos y exigir su derecho ante el contrato firmado, pero ha hecho caso omiso de la problemática.

Los activistas, encabezados por el sacerdote Heyman Vázquez, denunciaron que han constatado cómo el gobierno encubre y protege los abusos de las empresas y empresarios como el Grupo Salinas, y que desprotege a los campesinos, como a César Octavio Blanco García.

“Asimismo se tiene conocimiento de que existen más personas afectadas y víctimas del engaño por la misma empresa e incluso algunos tienen temor de ser detenidos y encarcelados de manera arbitraria e injusta, ya que el gobierno no les brinda ninguna protección y, por el contrario, deja que la empresa haga su voluntad, generando que los afectados teman reclamar sus derechos y desconfíen de su propio gobierno”, denunciaron en un comunicado que leyeron durante la manifestación.

“Los chiapanecos volvimos a equivocarnos; nuevamente le dimos el voto de confianza al nuevo gobernador Manuel Velasco pero a la fecha es contraproducente, ya que la gran amistad del gobernador con el senador Luis Armando Melgar, empleado de Ricardo Salinas Pliego, propietario de la empresa, ha confabulado un delito que a la postre resulta ser un preso político”, acusaron.

El líder de los campesinos fue capturado violentamente la semana pasada por elementos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ); es acusado del delito de despojo. Los manifestantes recordaron que ellos son los verdaderos propietarios, aun cuando dieron en renta sus tierras, pues la empresa ha incumplido las cláusulas del arrendamiento.

“Es un hombre trabajador, honrado, y con más calidad moral que muchos que lo han encarcelado por defender su derecho de exigir a la empresa Eólica de Arriaga S.A.P.I. de C.V., que cumpla con el contrato que han firmado. Lo acusan de ‘despojo agravado’ cuando son los de la empresa quienes no han querido el diálogo; no hay ninguna afectación, no hay despojo, por parte de él”, dijo por su parte Carlos Bartolo Solís, del grupo Pro Migrante, que se unió a la protesta.

“Sabemos que es común de las autoridades venderse con los poderosos y encarcelan al jodido, las cárceles están llenas del que no tiene dinero para comprar la justicia, el ciudadano común no tiene un debido proceso, al que todos tenemos derecho, las autoridades siguen apostando al autoritarismo, a la fabricación de delitos y a la impunidad, espero que se den cuenta a tiempo, porque la sociedad ya no soporta tanta injusticia”, concluyó.

Investiga PGJDF a canes de Iztapalapa identificados por víctima


Uno de los perros capturados en Iztapalapa. Foto: AP / Dario López-Mills 

MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) realiza peritajes a tres perros capturados en el Cerro de la Estrella, identificados por una joven de 24 años que sobrevivió a un ataque en ese lugar, en agosto del año pasado.

Con ello, la dependencia busca reforzar la tesis de que una jauría fue la responsable de la muerte de cinco personas –tres en diciembre y dos en enero– en el Cerro de la Estrella, delegación Iztapalapa.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Nancy Pacheco sufrió un ataque el 24 de agosto de 2012, por el que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones.

La joven afirma que tres de los canes que capturó la PGJDF a principios de enero pertenecen a la jauría que la atacó, y ahora la dependencia realiza peritajes a los animales para determinar si son los mismos que atacaron a las cinco personas que fueron halladas muertas en el Cerro de la Estrella.

Además, se informó que ya se cuenta con una denuncia de un hombre que afirma que su caballo fue devorado presuntamente por los perros, antes de que se diera a conocer la muerte de las cinco víctimas: tres mujeres, un hombre y un bebé.

Los tres perros identificados por Nancy Pacheco fueron asegurados por elementos de la Policía de Investigación, quienes en días pasados dejaron cebos de carne en diversas zonas de la reserva ecológica.

La Procuraduría capitalina indicó que envió al lugar a un grupo especial para rastrear la madriguera de los canes en el Cerro de la Estrella, donde se realizan peritajes en mecánica de hechos, química y criminalística.

Informó que en los próximos días se darán a conocer los resultados de los exámenes que comprueben científicamente si los tres canes identificados por la joven sobreviviente son los mismos que se encuentran bajo resguardo de las autoridades.

Gobierno de México falla en investigación de abusos militares: HRW


En su informe anual sobre derechos humanos en el mundo señaló que el gobierno no investiga de manera adecuada estos casos que se siguen juzgando en tribunales castrenses.

El gobierno de México falla en investigar de manera adecuada los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en su lucha contra el crimen organizado, lo que exacerba la violencia y la impunidad en el país, consideró este jueves Human Rights Watch (HRW).

En su informe anual sobre derechos humanos en el mundo, el organismo destacó que entre los abusos militares en México destacan ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura.

Denunció que pese a que la Suprema Corte de Justicia determinó juzgar abusos de militares en cortes civiles, la mayoría de esas violaciones siguen siendo procesadas en sus propios tribunales, que carecen de “independencia e imparcialidad”.

Asimismo, HRW subrayó que persisten las amenazas y agresiones de organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad contra defensores de derechos humanos y periodistas.

“El gobierno no ha brindado protección adecuada a estos grupos vulnerables ni tampoco ha investigado los delitos de los cuales han sido víctimas”, consideró HRW en el capítulo dedicado a México dentro de su informe de más de 600 páginas.

Casos de tortura

Indicó que la tortura sigue “siendo una práctica generalizada en México que se emplea para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas”, y es perpetuada por la aceptación de algunos jueces de confesiones obtenidas mediante malos tratos.

Opinó que “el sistema penal ordinario no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos”, debido a la corrupción, falta de capacitación y recursos, así como a la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio.

El estudio delineó otras áreas en las que México presenta significativos rezagos en cuanto al respeto de los derechos humanos.

El organismo denunció las condiciones en centros de detención, con sobrepoblación y falta de higiene, y la falta de investigaciones adecuadas a los ataques contra periodistas, de los que entre 2000 y 2012 fueron asesinados 82 y desaparecido 16.

Human Rights Watch resaltó la violencia de género, acentuada porque “el derecho mexicano no ofrece una protección adecuada a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual”, y la dificultad de algunas mujeres para practicarse un aborto cuando fueron víctimas de violación.

También señaló HRW rezagos en la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo, el acceso a cuidados paliativos, el trato a los migrantes que cruzan el territorio nacional, los derechos laborales y los ataques a defensores de derechos humanos.

Ve la parte de informe de HRW sobre México:



Prevalecen desapariciones forzadas y tortura en México: CNDH


El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, presentó su informe de labores anual en San Lázaro, y explicó que resurgieron prácticas violatorias de las garantías individuales que se pensaban desterradas.

Las desapariciones forzadas, tratos degradantes, tortura, cateos y detenciones ilegales están más presentes que en otros años, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, durante la presentación de su informe anual ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El ombudsman nacional destacó que, pese a los avances en materia de garantías individuales, en México reaparecieron violaciones que se creía estaban desterradas y que urge corregir; expuso que en la mayoría los casos están vinculadas a operativos que aplican las instituciones de seguridad pública.

El defensor de los Derechos Humanos subrayó que en el último año de la administración de Felipe Calderón, en el país se presentaron constantes enfrentamientos entre corporaciones de seguridad pública y células de la delincuencia organizada, lo que significó la principal causa de muertes violentas y que provocó que 34 personas a los hechos perdieran la vida.

Durante la exposición en San Lázaro, Plascencia Villanueva reveló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son las dependencias que señalan con mayor frecuencia como responsables de violaciones a los Derechos Humanos.

Autodefensa derivada de la impunidad

La CNDH explicó que los mecanismos de autodefensa adoptados por municipios de la Costa Chica, en Guerrero, son consecuencia de la impunidad; añadió que la única vía para recobrar la paz es a través de las fuerzas de seguridad pública que deben regirse por controles estrictos de honestidad, rectitud y ética.

(Con información de Notimex)

Los 15 municipios más endeudados de México


Administraciones del PRI, PAN y PRD destacan entre los ayuntamientos con mayor nivel de deuda, dentro los que aparecen cuatro correspondientes al área metropolitana de Guadalajara.

En deudas no hay colores. Municipios gobernados por el PRI, PAN y PRD, forman parte de los 96 que más dinero deben en el país. Tan sólo 25 de ellos sostienen el 50 por ciento de la deuda general de los ayuntamientos en México.

Datos actualizados de la Federación Nacional de Municipios de México, de la Asociación Nacional de Alcaldes y la Asociación de Autoridades Locales de México AC (AALMAC), revelan que los 15 municipios con más deuda pública son:

1- Guadalajara, Jalisco, con 2 mil 681 millones de pesos

2- Tijuana, Baja California, con 2 mil 540 millones de pesos

3- Monterrey, Nuevo León, con 2 mil 146 mdp

4- Zapopan, Jalisco, con mil 447 mdp

5- Benito Juárez, Quintana Roo, con mil 366 mdp

6- Nuevo Laredo, Tamaulipas, con mil 115 mdp

7- Mexicali, Baja California, 950 mdp

8- San Nicolás de los Garza, NL, con 902 mdp

9- Tlaquepaque, Jalisco, con 845 mdp

10- Tonalá, Jalisco, 786 mdp

11- Cuernavaca, Morelos, 761 mdp

12- Hermosillo, Sonora, 736 mdp

13- Ecatepec, Estado de México, 730 mdp

14- Guadalupe, Nuevo León, 643 mdp

15- Aguascalientes, Aguascalientes, 543 mdp

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Luis Videgaray, advirtió que los municipios “no serán rescatados”. Ante ello, diferentes organizaciones proponen nuevos programas y fondos para obtener mayores recursos, y una exhaustiva investigación sobre el destino de millones de pesos, que tienen en la quiebra a diferentes presidencias municipales.

Ponen en libertad a campesinos que defendieron las Dunas de San Isidro


 NORMA TRUJILLO BÁEZ / JUEVES, ENERO 31, 2013


UNAS DE SAN ISIDRO, EN EL PREDIO LOS MÉDANOS // FOTO AVC NOTICIAS

Debido a que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) no encontró elementos para señalarlos culpables, el juez de primera instancia con sede en Pacho Viejo, Uriel Domínguez Colio, liberó a Juvencio Lascuraín Monge y Cruz Morales Calderón, campesinos defensores de las Dunas de San Isidro y que se encontraban en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, asimismo la Procuraduría se desistió de la acción penal contra otros ocho campesinos, que también son defensores de ésta área Nacional Protegida.

Juvencio Lascuráin Monge fue detenido en octubre de 2010 y Cruz Morales Calderón en octubre de 2011, luego de la denuncia interpuesta por la empresa Industrial de Piedra representada por el español naturalizado mexicano Joaquín Rodríguez Fernández, y quien pretende construir un complejo turístico en Las Dunas.

Varios de los campesinos que en su momento eran prófugos de la justicia señalaron que en la administración estatal anterior aparecieron escrituras falsas de las mil 426 hectáreas del predio El Médano, en donde varias personas se hicieron pasar como dueños y la empresa Industrial de Piedra tenía como apoderado legal al abogado Juan Martínez Sánchez, ex delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); también estarían involucrados el ex titular de Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural, Pesca y Alimentación (Sedarpa), Ramón Ferrari Pardiño, hoy titular del Consejo del Desarrollo del Papaloapan y Santiago Izquierdo Elizondo, ex empleado de la SRA.

Aparecieron como prestanombres una persona ficticia de nombre José Martínez Morán (no aparece en el padrón electoral con residencia en la zona), con unas escrituras y un contrato de compra-venta con Industrial de Piedra, con el asesoramiento del ex empleado de la Delegación de la SRA, Santiago Izquierdo.

En octubre de 2009, la empresa empezó a cercar linderos en el predio El Médano, los campesinos que tenían posesión de las tierras se inconformaron y por acuerdo de asamblea determinan ir a quitar los postes y el alambre que habían puesto los trabajadores de la empresa comandados por Santiago Izquierdo –ex trabajador de la SRA–, previamente dieron aviso a la agente del Ministerio Público de Actopan, Elizabeth Álvarez Lara, y al entonces presidente municipal, Carlos García Lambert, quienes constataron que los ejidatarios retiraron de Las Dunas y pusieron a disposición de la autoridad 128 postes de concreto y 33 rollos irregulares de alambre de aluminio, la misma agente del ministerio público les pidió resguardaran los postes en la Casa del Campesino para ser devueltos a su dueño, a Juan Martínez Sánchez, según se constata en el expediente de la causa penal 450/2010.

Así fue como la empresa interpuso una denuncia contra los ejidatarios y el juez de Pacho Viejo –en ese entonces–, Ariel Robinson Manzanilla, les giró orden de aprehensión por el delito de “robo calificado” en contra de la empresa Industrial de Piedra SA de CV. Dos de ellos fueron aprehendidos, Juvencio Lascuráin Monge y Cruz Morales Calderón, mientras que Guillermo Morales Ramírez, Enrique Maldonado Reyes, Nahúm León Hernández, Rubén Mújica Cortés, Daniel Domínguez Morales y los tres hermanos Silvano, Daniel y Arnulfo Rivas Meza, tenían orden de aprehensión.

Pero para llegar a tal determinación, el Ministerio Público y el juez aceptaron pruebas falsas como facturas con domicilio fiscal inexistente, inexistencia del vendedor de las tierras y peritajes de profesionistas sin la especialidad de agrimensura, que declaran haber recorrido mil 426 hectáreas en cuatro horas.

Pero el martes 29 de enero, con la intervención del secretario de Gobierno (SG), Gerardo Buganza Salmeron, los dos campesinos salen en libertad y son llevados hasta su poblado después de ser liberados.

Protesta #YoSoy132 ante Congreso contra posible alza a tarifa del transporte público


ROBERTO MONROY

Integrantes del Movimiento #YoSoy132, se apostaron ayer afuera y dentro del Salón de Plenos Ponciano Arriaga Leija del Congreso del Estado, en donde con pancartas con recortes hemerográficos mostraron a los transeúntes los distintos siniestros y decesos que unidades del transporte público urbano han ocasionado en los últimos años, además instalaron un módulo para recabar firmas de la ciudadanía con la intención de mostrar repudio ante una posible alza a las tarifas de este servicio.

Los manifestantes puntualizaron que ya han sostenido reuniones con los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, sin embargo no han podido dar respuesta alguna sobre las posibles alzas a casi una semana de que se tenga que tomar un resolutivo final.

David Reyes, integrante de este movimiento social, comentó que dicho órgano legislativo no cuenta con la información actualizada para tomar esta decisión, por lo cual estarán a la espera que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno estatal haga llegar a las instancias correspondientes esa documentación, sin embargo manifestó que están en contra de cualquier aumento a estos precios. Señaló que el movimiento social al que pertenece hará un frente común junto con la Escuela Normal y otras instituciones educativas en rechazo a cualquier alza.

Puntualizó que el #YoSoy132 ha recabado alrededor de dos mil firmas, tanto vía electrónica como por escrito, indicando que la meta es llegar a las cinco mil para presentarlas antes los diputados, el Consejo Estatal del Transporte y la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Tras unos minutos de haber iniciado la sesión en el Congreso estatal, los manifestantes ingresaron al recinto, mostrando sus pancartas, manteniendo el orden y respetando el curso de la sesión, la cual en ningún momento fue interrumpida por su presencia, al cabo de unos cuantos minutos se retiraron para proseguir con la manifestación y la recolección de firmas.

Tlachinollan asesorará al movimiento: Abel Barrera


MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 30 de enero. El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, informó que la organización dará asesoramiento jurídico al movimiento de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa para transformarse en una organización de impartición de justicia comunitaria, procedimiento que calificó de inédito porque se incorporarán nuevos elementos que no se incluyeron en el sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac).

Detalló que la función de Tlachinollan en la asamblea popular de mañana (jueves) será verificar en qué condición están los detenidos, desde su estado de salud hasta la investigación, pero también el acompañamiento a las autoridades comunitarias. “Básicamente, es poder dar ciertas opiniones, asesoría que pudieran tomar en cuenta a los detenidos y la administración de justicia de los pueblos. El asunto es generar certeza para ambas partes”, aclaró.

Comentó que lo último que sabía es que será una especie de un juicio público “con todo lo que representa el rigor de los pueblos, cuando se agravia a los pueblos”.

En Ayutla y Tecoanapa, siguen los retenes civiles, a pesar de los militares y policías


MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 30 de enero. Aun con la presencia policiaca, militar y marina, los operativos ciudadanos del movimiento de autodefensa en Tecoanapa y Ayutla continúan, así como las detenciones de personas ligadas a la delincuencia.

Mañana (jueves), el Tribunal Popular sesionará en una asamblea popular para juzgar por usos y costumbres a los más de 50 detenidos, en una asamblea en la que el movimiento se constituirá en organización de procuración de justicia comunitaria. En asamblea, los pueblos eligieron que fuera un Tribunal Popular el mecanismo para juzgar a los detenidos a partir de 6 de enero, que nació el movimiento.

Como parte de este movimiento ya formalizaron grupos de policía ciudadana en Cruz Grande (Florencio Villarreal). Bruno Plácido Valerio, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), organización que encabeza el movimiento de autodefensa, informó por vía telefónica que en total juraron el cargo 20 grupos de policías ciudadanos, en asambleas a lo largo del día, en las que participaron el pueblo y autoridades del ayuntamiento.

Uno de los voceros de Tecoanapa informó que la asamblea empezará entre las 9 y 10 de la mañana en El Mesón, y que asistirán organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Dio algún avance del procedimiento de la sesión de tribunal: presentación de los detenidos, lectura de los expedientes que se les integraron y de elementos a favor y en contra.

Comentó que montarán un operativo especial mañana, donde “todas las comunidades vamos a estar alerta; una parte se van a ir a cubrir los espacios en las comunidades y carreteras”.

–¿La situación actual (de seguridad) en Tecoanapa y Ayutla? –preguntó un reportero a uno de los voceros del movimiento.

–Hay tranquilidad, todos estamos en alerta, mis compañeros se siguen quejando de la militarización, eso se está generalizando en los pueblos, están determinando que eso no conviene. En las comunidades se están autorresguardando los pueblos, porque hay operativos (militares) en las carreteras de rutina, pero nadie está bajo guardia.

Siguió: “están los retenes militares (en esa parte de Costa Chica), pero están de parapeto, no están realmente revisando; ayer (martes) se les pasó un tipo que se encuentra en la lista (de delincuentes que los ciudadanos del movimiento de autodefensa cotejaban al pedir una identificación en los puestos de revisión), pero en el siguiente puesto de control de los comunitarios lo cachamos y aprehendimos”.

Absténganse del juicio popular, pide Aguirre a alzados en armas


El proceso de hoy no será impedido por la fuerza; seguiremos insistiendo en el diálogo, dice

Sin embargo, si alguien viola la ley, tenemos que intervenir, advierte el mandatario a dirigentes

ISRAEL SALGADO URIÓSTEGUI ( Corresponsal)

Iguala, 30 de enero. El gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que la Procuraduría General del Justicia del Estado ha notificado a los comuneros de Ayutla y Tecoanapa que deben desistirse de llevar a cabo el juicio popular este jueves. Advirtió que “no vamos a permitir que se dé una situación trágica y lamentable para todos”.

Entrevistado a su llegada a la plaza cívica de las Tres Garantías, donde sesionó la Cámara de Diputados locales para conmemorar un aniversario más de la instalación del Primer Congreso Constituyente, Aguirre Rivero afirmó que los movimientos de autodefensa “han retirado prácticamente los retenes que tenían establecidos; ellos están regresando a sus comunidades, y lo que hemos acordado es que sigan el procedimiento para ser policías comunitarios”.

El mandatario estatal reiteró su llamado a que no se perturbe con protagonismos estériles una situación como la que se está viviendo particularmente en el municipio de Ayutla. “Estamos tomando todas las providencias necesarias porque cualquier juicio que ellos pudieran realizar no tienen ninguna validez”, dijo.

Al preguntarle si se ha considerado recurrir a la fuerza pública para impedir el juicio de hoy, Aguirre Rivero precisó que “nosotros no queremos caer en la confrontación en ningún momento; vamos a seguir haciéndolo a través del diálogo. Por supuesto que si alguien viola la ley, tenemos que intervenir”.

Dijo que las instituciones tampoco pueden permitir que quienes han trabajado toda su vida para tener un pequeño patrimonio lo pierdan con el pago de cuota: “las instituciones para eso estamos y vamos a seguir trabajando para brindarles seguridad, confianza y en estas comunidades donde el problema está focalizado vuelva el clima de armonía”.

Dijo que en el caso de Ahuehuepan, los comuneros han vuelto a sus actividades normales, mientras que en los municipios de la Costa Chica hay presencia ya del Ejército, de la Policía Federal y del estado, y han retirado los retenes que tenían, están regresando a su comunidad y se ha acordado que sigan el procedimiento para ser policías comunitarios.

A la pregunta de cuántos municipios siguen levantados, de los 12 que lo hicieron, el gobernador dijo que sólo Ayutla y Tecoanapa.

Aseguró que hay solicitudes para formar parte de la Policía Comunitaria; pero nuevos movimientos de autodefensa que estén brotando, no hay. “Ayer estuve en Ahuehuepan y Acatempan; ya se retiraron; hay un mal entendido de que para que ellos puedan coadyuvar en materia de seguridad, tenemos que hacerlo por las vías legales”, añadió.

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31/1/2013

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miércoles, 30 de enero de 2013

Libran multa PRD, PT y MC… por Honestidad Valiente


La coalición Movimiento Progresista no fue sancionada por el IFE, al no comprobarse un financiamiento paralelo en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.


La próxima semana, el IFE discutirá una probable multa al PRD, PT y Movimiento Ciudadano, por un presunto rebase de 'tope' de gastos en la campaña de AMLO; este miércoles, decidieron no sancionarlos por los recursos aportados por asociaciones civiles. (Foto: Archivo/Cuartoscuro) 

El consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) declaró “infundada” la queja del PRI contra el Movimiento Progresista, que impulsó la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, por un presunto financiamiento paralelo y “triangulación” de recursos a través de asociaciones civiles como Honestidad Valiente.

Los consejeros avalaron el proyecto de resolución de la Unidad de Fiscalización que dejaba sin efecto un procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado contra los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano.

Pese a los cuestionamientos de representantes del PAN y del PRI -quienes consideraron que López Obrador gastó y trianguló recursos públicos incluso antes de su campaña presidencial-, los consejeros optaron por no aplicar ninguna multa, al igual que procedieron en el caso de la dispersión de tarjetas Monex.

En el proyecto de resolución se consideró que las aportaciones provenientes de asociaciones civiles o movimientos ciudadanos no están prohibidas por el sistema de financiamiento de los partidos políticos.

“No existe elemento alguno en los archivos de la Unidad de Fiscalización que permita comprobar que existió aportación alguna por parte de los movimientos ciudadanos”, establecieron.

La conclusión indica que no hubo ningún financiamiento paralelo a la campaña de López Obrador: “No existen elementos que acrediten que los movimientos ciudadanos u organizaciones sociales Sin maíz no hay país, Movimiento nacional en defensa del petróleo y Movimiento en defensa de la economía popular, ni que las asociaciones civiles Movimiento de Regeneración Nacional, Honestidad Valiente, Proyecto Alternativo de Nación, No Nos Vamos a Dejar y Austeridad Republicana, hubieran erogado recursos de sus cuentas a favor de la campaña presidencial de la otrora coalición ‘Movimiento Progresista’”.

COMUNICADO URGENTE DE AMLO TV: Nos deslindamos de acusación del IFE


A la Opinión Pública,

Por este medio, los integrantes de AMLO TV, manifestamos que es falsa la imputación que en nuestra contra hace el Instituto Federal Electoral, de que nuestro sitio debe ser considerado como gasto de la campaña por la Presidencia de la República, del Lic. Andrés Manuel López Obrador, por un monto estimado de $79,999.80. Toda vez, que el trabajo que hemos venido realizando desde el año 2006, se ha hecho sin fines de lucro, nunca se ha cobrado por la difusión que hacemos de las actividades del Lic. Andrés Manuel López Obrador, ni antes, durante o después de la campaña presidencial de 2012.

El ánimo de crear el concepto de AMLO TV fue el de romper el cerco informativo que desde el año 2006 se creó alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, AMLO TV ha difundido información sobre otros temas y otras causas como han sido el conflicto del SME, la desaparición y asesinato de periodistas, la violación de derechos humanos por parte de autoridades, la depredación del medio ambiente por compañías nacionales y extranjeras, así como los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.

Es de resaltar, que el equipo utilizado para grabar y transmitir los distintos eventos del Lic. Andrés Manuel López Obrador, ha sido adquirido de manera particular por los integrantes de AMLO TV, además se trata de equipo no profesional, cuyo costo dado el caso es comparativamente muy inferior al utilizado por profesionales del periodismo.

Respecto al dominio del blog, la dirección correspondiente a www.lopezobradordvds.blogspot.mx es gratuito y es proporcionado por el servicio de Blogger de Google, fue hasta el año 2009, cuando se adquirió el dominio www.amlotv.com.mx con la empresa Network Information Center México S.C., cuyo costo por registro y renta del dominio en el primer año fue de $458.50 cuatrocientos cincuenta y ocho pesos con cincuenta centavos 00/50 M.N. En los años subsiguientes solamente se hace el pago anual de renta del dominio, el cual siempre ha rondado los $250 doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

Por otra parte, señalamos el poco profesionalismo con que se conduce el IFE al incluir a AMLO TV como gasto de campaña, ya que nunca se acercó a los integrantes de AMLO TV para requerirnos la información que considerara pertinente para sustentar su resolución en contra de la Coalición Movimiento Progresista. Como autoridad electoral, el IFE se haya facultado para allegarse de las pruebas idóneas para fundar y motivar debidamente sus resoluciones, a efecto de que estás sean apegadas a la ley. En el presente caso, el IFE no aclara el porqué estima en una cantidad cercana a los 80 mil pesos como gasto de campaña a nuestro sitio web, es decir, su imputación carece de sustento.

Finalmente, quienes integramos AMLO TV hacemos saber al Instituto Federal Electoral, a los responsables de Prensa y Propaganda de Andrés Manuel López Obrador y a los representantes de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del IFE que si alguno desea conocer a detalle los documentos en que constan los costos por el mantenimiento del blog de AMLO TV, así como conocer el equipo que utilizamos para llevar a cabo nuestra labor informativa, puede contactarnos a través de los siguientes correos electrónicos:

claummm29@gmail.com y gobierno.popular@gmail.com.

Atentamente,

Claudia Maldonado y Jesús Palma.

Castigarán con cárcel en el DF el maltrato animal


MÉXICO, D.F. (apro).- A partir de este miércoles, el gobierno del Distrito Federal castigará con cárcel a quien maltrate a cualquier especie animal.

De acuerdo con las reformas publicadas hoy en la Gaceta Oficial, el maltrato y asesinato de un animal doméstico o silvestre, incluidos perros o gatos callejeros, será un delito que podría alcanzar una pena de hasta seis años de cárcel si además se hace con mecanismos de tortura o extrema crueldad.

En el Código penal, el gobierno de Miguel Ángel Mancera adicionó los artículos 350 Bis y 350 Ter, en los que se aborda el tema del maltrato y homicidio de lo que la ley definió como “animales no humanos”.

El artículo 350 Bis sanciona con una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 50 a 100 días de salario mínimo a quien intencionalmente realice actos de maltrato o crueldad que provoquen lesiones evidentes en el animal, sin que pongan en peligro su vida.

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, la pena se incrementa en una mitad, es decir que la persona que cometa el acto podría alcanzar hasta cuatro años y medio de prisión.

El artículo 350 sanciona con una pena de dos a cuatro años de cárcel, y 200 a 400 días de multa, a quien cometa actos de crueldad o maltratos a un animal con la intención de asesinarlo y le provoque la muerte.

Si se usan métodos de extrema crueldad, la sanción se incrementa en una mitad, es decir, podría alcanzar seis años.

Además, la persona que incurra en este delito perderá la posesión de todos los animales que tenga bajo su cuidado, los cuales serán llevados a asociaciones protectoras.

La reforma establece que se entiende por “animal” al organismo vivo no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente, y que pertenezcan a una especie doméstica o silvestre.

Y precisa que los animales abandonados o callejeros no son considerados plaga.

La reforma también adiciona un párrafo al artículo 54, en el que se establece que las asociaciones protectoras de animales podrán solicitar al Ministerio Público la custodia de animales asegurados de forma definitiva.

El IFE y la ignominia


JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F. (apro).- El 23 de enero, por 5 votos contra 4 el Consejo General del IFE exoneró al PRI de escándalo Monex. Evidenciaron la participación de cinco bancos, cuatro personas físicas y 14 empresas que hicieron la triangulación de dinero, pero no ocurrió ninguna irregularidad digna de sanción.

Este 30 de enero, el mismo Consejo pretende confirmar la tendencia que se vio durante toda la campaña electoral del 2012: la ceguera absoluta ante el evidente despilfarro de los partidos que postularon a Enrique Peña Nieto. Sólo ellos no vieron o no quieren acreditar lo que millones de mexicanos observamos en las calles (el despliegue grosero de espectaculares), en las pantallas televisivas (la compra evidente de espacios informativos y publicitarios para promocionar Copetelandia), en los mítines (el despliegue de recursos para acarrear y “animar” a los presentes) y en las urnas (los miles de testimonios no investigados a fondo sobre la compra y coacción del voto).

Para el IFE, el único que rebasó los gastos de topes de campaña (de 336 millones de pesos para todos los candidatos a la Presidencia de la República) fue Andrés Manuel López Obrador. En el colmo del cinismo institucional, nos quieren hacer creer que Peña Nieto se quedó por debajo de este tope de gastos. Según sus fiscalizadores, Peña Nieto sólo gastó 327.5 millones de pesos, 8.5 millones por debajo del límite.

En el caso de Josefina Vázquez Mota, el IFE asume que estuvo muy por debajo del tope de gastos de campaña: 220 millones de pesos.

Si así fuera, resultaría que el 2012 presenciamos la campaña más barata de la historia reciente, que fue un delirio colectivo lo que todos observamos sobre el despliegue de recursos, el derroche, las donaciones “en especie”, el desvío de presupuestos estatales, las carretadas de dinero en efectivo “que no deja huella” en pagos a publicistas, medios y una red de complicidades tan amplia como silente.

“Ni teniendo menos de dos dedos de frente, te comes ese cuento que ha señalado el IFE”, afirmó el diputado federal y coordinador de la bancada panista, Luis Alberto Villarreal, representante ante el Instituto.

“Lo que queda claro es una sanción ridícula y no podemos comernos esa manzana envenenada”, advirtió Villarreal en declaraciones de este 29 de enero.

López Obrador, quien se convirtió de principal crítico y denunciante a ser el único que “rebasó” los gastos de campaña desde la óptica del IFE, fue más allá y consideró que existe el intento de “mandar el mensaje manipulador de que todos los políticos somos iguales, para seguir provocando el desánimo o inhibir la participación ciudadana que permita cambiar el régimen de putrefacción”.

El IFE, en efecto, quiere arrinconar a las dos principales fuerzas políticas opositoras para que se someta a un dictado de la realidad que se parece más a la “publicidad integrada” que usó y abusó en abundancia el priista Peña Nieto.

Los integrantes del Comité de Fiscalización y el propio Consejo General están frente a varios dilemas políticos peligrosos:

Si acreditan este dictamen que exonera a Peña Nieto de cualquier despilfarro están afectando al 62% del electorado que no votó por la coalición PRI-PVEM, es decir, a la mayoría de los votantes. En otras palabras, estarán minando su propia credibilidad como árbitro.

Alargarán el litigio poselectoral hasta afectar a la operación más ambiciosa que han impulsado los peñistas: el Pacto por México. Es distinto discutir frente a críticas del PRD y del PAN que con una sanción millonaria de 129 millones de pesos a la segunda coalición de fuerzas en el país.

Se configurará un modelo de corrupción electoral. Si Peña Nieto utilizó hasta el exceso la propaganda callejera, trianguló fondos, rentó jets, helicópteros y aviones, destinó más de 200 millones de pesos tan sólo en la producción de sus spots y se consintió la violación de la dignidad del votante, entonces bienvenidos al año de las más amplias y escandalosas corruptelas electorales en los comicios municipales y en Baja California este 2013.

Por “Dragon Mart”, Anonymous echa abajo sitio del gobierno de Quintana Roo




Página del gobierno de Quintana Roo

CANCÚN, Q. Roo., (proceso.com.mx).- Anonymous inició esta madrugada la denominada “#OpDragon” contra el proyecto Dragon Mart, que ya cuenta con los permisos ambientales del gobierno estatal.

La primera acción de este grupo hackers fue bloquear temporalmente una de las páginas del gobierno estatal: “http://quintanaroo.gob.mx”.

“UPS! http://quintanaroo.gob.mx/ Gobierno de Quintana-Roo TANGO DOWN! #OpDragon Cañones comienzan a disparar”, con este “tweet”, el colectivo de hackers dio a conocer el inicio de los ataques cibernéticos.

Según el colectivo, este acción es el paso previo a su ofensiva masiva en el país de la “#OpDragon”, fijada para el próximo 4 de febrero.

Anonymous señaló que esta ofensiva es “por el pueblo” y “por el medio ambiente”.

Hasta ahora, el proyecto sólo cuenta con autorización del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira) del gobierno estatal, que dio los permisos en diciembre del año pasado.

La página “http://quintanaroo.gob.mx” ya fue reactivada.

En tanto, el ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) amplió la consulta sobre el Dragon Mart a nivel nacional, luego que inicialmente se había establecido para organizaciones empresarias, colegios de profesionistas y universidades del estado.

“Es mejor que se transparente y, al final, no es un tema de votación, sino que se vea que los parámetros de la presentación de la licencia del proyecto están apegados a los requisitos que debe de cumplir, y en ese orden de ideas vendrá nuestra resolución”, dijo el presidente municipal, Julián Ricalde.

Refirió que al ayuntamiento de Benito Juárez le compete únicamente otorgar o no las licencias de construcción.

“El tema es muy amplio, pero el gobierno municipal tiene solamente participación en una cosa: otorgar o no las licencias de construcción de un inmueble. Nosotros no determinamos si vienen chinos, japoneses, brasileños, es un tema de Migración y es un tema federal de la Secretaría de Gobernación, nosotros no determinamos competencias comerciales leales o desleales, nosotros no determinamos muchas cosas, e inclusive el permiso que tienen es del Inira”, dijo. Comentó que el análisis minucioso de este proyecto permitirá al ayuntamiento respaldarse y evitar que, en caso de no autorizarse la licencia de construcción del Dragon Mart, los promotores puedan ampararse contra la Comuna.

“Porque una falsa negatoria les podría estar abriendo la puerta para que en un recurso ante una autoridad federal, se les conceda. Y yo no quiero pasar a la historia como una gente tramposa, con un doble discurso”, dijo.

Vacío de autoridad detonó el surgimiento de grupos de autodefensa en Guerrero


EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

CHILPANCINGO. Gro., (proceso.com.mx).- La tensión social en el municipio de Ayutla de los Libres aumenta a unas horas de que una treintena de personas retenidas desde hace dos semanas por sus presuntos nexos con el narcotráfico sean sometidas a juicio popular por integrantes del movimiento ciudadano contra la delincuencia.

El juicio se realizará a pesar del llamado que hizo el gobernador Ángel Aguirre Rivero en el sentido de que no permitirá que la sociedad haga justicia por mano propia.

Además, exhortó a los grupos de autodefensa armada que se crearon en la entidad a conducirse “sin lacerar el Estado de Derecho, ni apegarse a actos fuera de la ley”.

Sin embargo, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, le respondió al mandatario al defender el surgimiento de los grupos de autodefensa armada en la Costa Chica porque aclaró que la delincuencia ya rebasó a las autoridades.

“Las autoridades gubernamentales en Guerrero han sido rebasadas por la ola de violencia e impunidad, por eso la sociedad los ha desplazado para restablecer el orden y la paz, asumiendo que la soberanía radica en el pueblo y no en los representantes de las instituciones”, expresó.

Entrevistado vía telefónica, el activista subrayó que los guerrerenses asumieron las funciones de seguridad pública e impartición de justicia porque en el estado existe un vacío de autoridad.

“Las autoridades gubernamentales son representantes de la sociedad y no han estado a la altura de las circunstancias para garantizar el derecho a la seguridad, por lo tanto son ellos quienes deberían ser juzgados y sancionados, por ser indolentes y omisos frente a la delincuencia”, agregó.

Bruno Plácido rechazó que los actos de los grupos de autodefensa armada sean ilegales porque, aclaró que las decisiones se toman a través de asambleas populares.

Como ejemplo destacó el caso del juicio popular programado para mañana en la comunidad indígena de El Mesón, municipio de Ayutla de los Libres, donde se definirá el destino de una treintena de personas por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

Este hecho, que exhibe la ausencia de autoridad en la entidad, pretende dejar un antecedente en materia de aplicación de justicia en la entidad, advirtió el dirigente de la UPOEG.

Ayer, durante un acto público realizado en la comunidad de Ahuehuepan, municipio de Iguala, el gobernador hizo referencia a la grave situación que prevalece en la entidad.

Aguirre Rivero agradeció a los movimientos ciudadanos de autodefensa el interés de “coadyuvar” en el tema de seguridad, pero los exhortó a respetar el estado de derecho bajo el argumento de que la justicia no debe imponerse por propia mano, “porque eso sería colocarse en la ilegalidad, eso sería aplicar la ley de la selva, y eso de ninguna manera lo podemos tolerar ni permitir”, advirtió.

Y sentenció:

“Nada puede ser más reprobable que andar en actitud protagónica con otro tipo de propósitos y aprovechándose de una coyuntura como la que se vive en algunas comunidades”.

Después de esa advertencia, el mandatario estatal anunció un decreto para reglamentar los movimientos de autodefensa armada, a fin de que los grupos ciudadanos que desplazaron a las autoridades operen legalmente “sin necesidad de que se encapuchen, anden embozados o se pongan máscaras”, expresó.

No obstante, muchos de los policías, soldados y marinos que participan en los programas de combate al narcotráfico actúan con el rostro cubierto.

Retan Sicilia y Aguayo a Harvard a responder si Calderón cumple con códigos de ética


MÉXICO, D.F. (apro).- El poeta Javier Sicilia y el analista político Sergio Aguayo retaron una vez más a la Universidad de Harvard a responder si el expresidente Felipe Calderón cumple con los códigos de ética necesarios para ofrecer conferencias en esa institución.

En una segunda carta dirigida al director de la Escuela de Gobierno Kennedy, David Ellwood, Aguayo y Sicilia criticaron la omisión de aquel en el tema de las víctimas y la violencia en México durante el sexenio calderonista, para no dar respuesta a los cuestionamientos que hicieron en su primera misiva, enviada el pasado domingo 13.

“Como testigos cercanos de ese horror sabemos que el drama más terrible es el de los desaparecidos: se castiga con el desprecio y el olvido a quien se desvanece de un día para el otro y, con el suplicio de no saber dónde se encuentra, se deja a sus padres, esposas, hijos, amistades y a un país entero. Ningún Estado democrático que se respete –y ese no fue el de la administración de Felipe Calderón–, puede estar en paz sin saber dónde se encuentran más de veinte mil de sus ciudadanos.

“Esa realidad, que usted se obstina en ignorar, dejó sin responder en su carta del 17 de enero”, se lee en la carta. Como responsables de la creciente violencia en México, el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México señalan no sólo al gobierno de Felipe Calderón, sino a las autoridades de Estados Unidos por permitir la venta y el tráfico de armas y municiones.

“La degradación de la vida pública tiene su origen en la recurrente impunidad de los violadores de derechos humanos en México. Para ello, han contado con el respaldo de buena parte de las élites estadunidenses que, en la mayoría de los casos, han preferido ignorar o minimizar las ejecuciones extrajudiciales, los fraudes electorales, los secuestros y las desapariciones”, denuncian en la misiva.

Añaden:

“Una parte de Estados Unidos ha hecho invisible la tragedia mexicana y su papel en ella. Un ejemplo actual es el debate sobre armas entre el gobierno del presidente Barack Obama y la Asociación Nacional del Rifle. Ninguno de ellos menciona el inmoral e ilegal contrabando de armas estadunidenses a nuestro país. Para ellos, no cuentan quienes mueren o son heridos con balas y rifles norteamericanos en México”.

Además, denunciaron que la lista de las personas desaparecidas desde 2006, que presuntamente la Procuraduría General de la República (PGR) compiló y que se dio a conocer a pocos días de que concluyera la gestión de Calderón, desapareció de los archivos oficiales.

“El 29 de noviembre nos enteramos que la Procuraduría General de la República tenía un listado de más de 25 mil desaparecidos. A Felipe Calderón le quedaban dos días como presidente y hubiera podido ordenar que la lista se hiciera pública. Su única respuesta fue el silencio que todavía mantiene. Entretanto, hemos sido informados verbalmente que esa lista desapareció de los archivos de la Procuraduría”.

Al finalizar su carta, Sicilia y Aguayo confiaron que la atención que ha despertado la presencia del exmandatario mexicano en la Kennedy School como beneficiario de una beca sirva para avivar el interés sobre lo que pasa en México.

“Ojalá que en la Universidad de Harvard se organicen, durante 2013, coloquios, conferencias y proyectos de investigación sobre la epidemia de violencia que devasta a México y las responsabilidades que Felipe Calderón y la administración de George W. Bush y de Barack Obama tienen en nuestra tragedia”.

Interpondrá queja SME ante CIDH por fallo de la Corte



México, DF. El Sindicato Mexicano de Electricistas interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y otra más ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por la actuación que tuvo la Corte al aceptar el recurso de revisión del amparo que ya les había otorgado un tribunal para que pudieran ser reinstalados.

Los abogados del gremio y la dirigencia, encabezada por Martín Esparza, señalaron que esto no es una derrota para los trabajadores, sino que sólo alargará más el conflicto que ahora se irá a instancias internacionales y que además llevará a que se escale la protesta.

A las afueras de la Corte, en un mitin multitudinario que llevaron a cabo los esmeítas, Esparza tuvo que llamar a los trabajadores a la calma, ya que “estaban muy encabronados”; del mismo modo los conminó a resolver esto por la vía política y legal, aunque auguró que el gobierno está llevando a los trabajadores a un conflicto social, apoyado por los “ministros corruptos de la Corte”.

TPP: viola 15 derechos humanos la construcción de hidroeléctricas


FERNANDO INÉS CARMONA / MIÉRCOLES, ENERO 30, 2013

Orizaba, Ver.-En la construcción o planeación de plantas hidroeléctricas que se desarrollan en el estado, organismo internacionales no gubernamentales (ONG), detectaron “una sistemática violación” a 15 derechos humanos de las personas y comunidades. Se recomienda en los casos de El Naranjal y Mixtla de Altamirano la suspensión inmediata de los proyectos o construcción, porque obedecen a la existencia “de intereses económicos y políticos asociados”.

Lo anterior se desprende de la conclusión a la que llegó el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), organismo internacional no gubernamental, que recibió las quejas que se interpusieron por los planes y operatividad de las presas El Naranjal y en Mixtla de Altamirano.

La Jornada Veracruz tuvo acceso al dictamen final de la “pre-audiencia sobre presas, derechos de los pueblos e impunidad. Mesa de devastación ambiental y derechos de los pueblos”. El documento de 42 cuartillas, aborda las consecuencias y presuntos daños que ocasiona entre el ambiente y la población la construcción de presas hidroeléctricas en diversos puntos de la geografía mexicana. Entre los casos analizados destaca La Parota, en Guerrero y los dos casos de Veracruz.

En este sentido, el documento señala que con base en los expedientes, testimonios y pruebas presentados en el marco de la pre-audiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”: “los/as jueces- de este organismo internacional, concluimos que existe una sistemática violación de los derechos humanos de las personas y comunidades donde los proyectos de presas para generación de electricidad, riego, agua potable, control de inundaciones, han sido realizados, se están construyendo o están en planeación”.

Por otro lado en entrevista, Amanda Ramos activista ambiental y a la vez integrante de la Asociación Civil “Toaltepeyolo”, coincide con la sentencia que este organismo emitió porque hay una clara violación, –en el caso de la planta hidroeléctrica en Mixtla de Altamirano– a los derechos humanos de la población en particular y a la misma comunidad en su conjunto.

El dictamen precisa que la construcción de plantas hidroeléctricas en el estado, es una asociación político-económica del Estado mexicano que se trata de disfrazar con un velo de presunto desarrollo:

“Desde la posición del Estado mexicano suele asociarse la construcción de presas con ideas como desarrollo, crecimiento económico o bienestar general, así como con los beneficios que genera la inversión pública y privada en materia de empleos y ocupación de la mano de obra local. Ello da fundamento al argumento legal de que son obras de utilidad pública e interés nacional por lo que se justifica la expropiación y afectación de la propiedad rural, principalmente de origen social como los ejidos y las comunidades indígenas”.

No obstante, el dictamen elaborado por Miloon Kothar, Maude Barlow, Monti Aguirre, Carlos Vainer, Patricia Ávila, Francisco López Bárcenas y Luis Daniel Vázquez, el 18 de diciembre de 2012 derrumba los argumentos de bienestar general y derecho al desarrollo, según se cita.

“Se observa (que) la construcción de presas es la existencia de una serie de intereses económicos y políticos asociados. Por un lado están los principales beneficiados con las presas: las élites económicas nacionales y transnacionales que impulsan inversiones inmobiliarias y turísticas, así como cultivos de exportación e industrias que requieren de altos consumos de agua y energía. La obra hidráulica es el medio para valorizar sus inversiones: con el argumento de la utilidad pública se justifica la afectación de los territorios indígenas y campesinos. Ello se traduce en el control y apropiación privada de recursos naturales estratégicos como el agua, el suelo y la energía. Para lograr este fin, los promotores del proyecto (estatales y privados) se apoyan en las estructuras de poder y control caciquil en las regiones y establecen relaciones clientelares con los afectados, es decir, prometen dádivas a cambio de su anuencia para la construcción”.

Asimismo, este organismo cita antecedentes históricos de casos de este tipo que se generaron en el país: “podemos afirmar que en los últimos 40 años, la historia de la construcción de presas está caracterizada por represión, discriminación contra los pobres, desplazamiento y dispersión de las comunidades que otrora vivían en condiciones dignas y autosuficientes.

“El modelo de desarrollo al cual nos hemos referido impacta también en la construcción democrática del país. No es casualidad que algunos de los derechos humanos sistemáticamente violados sean justo los de información, participación, consulta, consentimiento libre, previo e informado, autodeterminación de los pueblos, acceso a la justicia y debido proceso. Como colofón, se violenta el derecho a la protesta por medio de su criminalización. En consecuencia, los procesos de exclusión, tanto económico como político, permiten poner en duda la orientación democrática del Estado mexicano”, sostiene.

El mismo análisis identifica omisiones auspiciadas por el propio gobierno: “falta de tribunales, instancias y mecanismos legales adecuados que garanticen el respeto de los derechos humanos de los afectados, así como la nula asesoría jurídica ofrecida por el Estado. Denegación de justicia, impunidad y simulación jurídica, que violenta derechos y conlleva al despojo de tierras y aguas”.

Ahora bien, también se detectó que la autoridad, en este caso la federal, pudo haber actuado con dolo en los estudios previos a los que se está obligado para permitir el inicio de los trabajos respectivos:

“(La) parcialidad en la realización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental que se presentan ante las autoridades ambientales con el fin de lograr la autorización del proyecto, al minimizar los costos ambientales y omitir los impactos sociales. Uso de un concepto restrictivo para identificar y cuantificar a las poblaciones afectadas por las presas, ya que la atención se centra en aquellas localidades que se ubican en la zona de inundación, y que deberán ser reubicadas. No son consideradas afectadas las poblaciones que se ubican aguas abajo de la cortina de la presa o que aprovechan o valoran los recursos ahí disponibles (ríos, humedales, espacios rituales).

“Del análisis que llevamos a cabo, quince son los derechos que resultan sistemáticamente violados:

1. Derecho a la información y a la participación.

2. Derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.

3. Derecho a la autodeterminación de los pueblos.

4. Derecho a la libertad de reunión, asociación y expresión.

5. Derecho a una calidad de vida adecuada.

6. Derecho a una vivienda adecuada.

7. Derecho a la tierra y el territorio.

8. Derecho al agua y saneamiento.

9. Derecho a la alimentación.

10. Derecho al desarrollo.

11. Derecho a un ambiente sano.

12. Derecho a una mejora permanente de las condiciones de vida.

13. Derecho a una indemnización y reparación adecuadas.

14. Derechos de los pueblos indígenas.

15. Derecho al acceso a la justicia y al debido proceso.

En síntesis, se expresa que en el caso de la hidroeléctrica de Mixtla de Altamirano en la sierra de Zongolica, “la empresa privada promotora del proyecto, con el aval del gobierno federal y estatal, ha violentado los derechos humanos de la población local al no informar sus intenciones de realización de la obra en su territorio (derecho a la información); al impulsar un proyecto que atenta con las posibilidades de desarrollo de las comunidades y actividades productivas tradicionales (derecho al desarrollo, a la alimentación y al territorio); al afectar la cantidad y calidad de sus fuentes de abastecimiento de agua para fines humanos y productivos (derecho al agua); al alterar el flujo natural del río y reducir su gasto al 2% (derecho a un medio ambiente sano); y finalmente por poner en riesgo la salud de la población que estaría expuesta a las aguas contaminadas que pasarían por el canal y se almacenarían en los tanques reguladores (derecho a la salud). Todos estos derechos están reconocidos en las leyes internacionales y nacionales sobre derechos humanos vigentes en México”.

Además se precisa que “se ha violentado el derecho a la libre participación de los pobladores que se oponen al proyecto, al utilizar mecanismos de intimidación y violencia para inhibir su activismo. Se ha negado el derecho a la consulta previa, libre e informada, para analizar la viabilidad e implicaciones del proyecto en su territorio. Todo ha ocurrido con la permisividad del Estado, en sus tres niveles, al facilitar autorizaciones en materia ambiental y no limitar los actos violatorios de una empresa que busca el beneficio privado a costa de afectar derechos agrarios y derechos humanos y colectivos de la población indígena y mestiza en la región”.

La conclusión de este organismo se resume en la cancelación del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, debido a que “no es un proyecto de utilidad pública y afecta los derechos esenciales de los pueblos indígenas al control de su territorio y usufructo de sus recursos naturales”.

Pero además se hizo un llamado a indemnizar económicamente a las familias “cuyas parcelas fueron afectadas por las obras realizadas por las empresas privadas. Garantizar el derecho al agua en calidad y cantidad a las poblaciones afectadas de Mixtla de Altamirano, Zongolica y San Juan Texhuacán, cancelación del proyecto de desfogue al río Coxole (túnel), reubicación de familias que viven cerca de las torres de alta tensión, reparar la infraestructura comunitaria afectada por el proyecto, garantizar la protección a los comunicadores locales y regionales ante las amenazas recibidas, garantizar derecho a la información y a la libre expresión, llevar a cabo programas de prevención contra inundaciones para las poblaciones río abajo, reparación ambiental y manejo de desechos sólidos y líquidos”.

¿Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos?

Es un organismo internacional no gubernamental establecido en 1979 con la misión específica de volver permanente las funciones que había tenido el Tribunal Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974- 1976). La función del TPP es garantizar un espacio de visibilidad, toma de palabra y juicio en relación con las violaciones masivas a los derechos de los pueblos, a los derechos humanos, individuales y colectivos y a las prácticas que generan impunidad que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional.

Transportistas de Pátzcuaro bloquean municipio, demandan la salida del Ejército de Michoacán


• Vehículos del transporte público de este municipio y otras localidades cercanas, se congregaron en un centro comercial frente al monumento a Tanganzuan, para comenzar su recorrido por el libramiento de la localidad.

ALEJANDRO MARTÍNEZ CASTAÑEDA

PÀTZCUARO, 30 de enero.-En un hecho inédito, cientos de transportistas realizaron una manifestación y bloquearon el primer cuadro de esta ciudad en demanda de la salida del Ejército de Michoacán.

Alrededor del medio día, camiones de volteo, taxis y combis del trasporte público de este municipio y de otras localidades cercanas como Ario de Rosales y Lagunillas, se congregaron en el estacionamiento de un centro comercial, ubicado frente al monumento a Tanganzuan, para de ahí comenzar un recorrido por el libramiento de la ciudad.

Más tarde, los manifestantes, adheridos a la CTM, al Sindicato de Trabajadores Transportistas de Actividades para la Construcción, a la Coalición de Transportistas de Materiales para la Construcción y Renta de Maquinaria, entre otras organizaciones, arribaron al centro de la ciudad recorriendo las plazas Vasco de Quiroga y Gertrudis Bocanegra, para después bloquear con sus pesados vehículos por espacio de una hora el primer cuadro citadino.

Haciendo sonar ruidosamente sus cláxones, los inconformes pedían la retirada de los elementos castrenses de Michoacán. “No más muertos”, “Fuera el Ejército de Michoacán”,“Justicia para los asesinados en Lagunillas”, “El pueblo exige paz y tranquilidad”, “Dejen las calles, fuera soldados”, fueron algunas de las consignas que los transportistas exhibieron durante su recorrido, trascendió que este tipo de acciones se replicarán en los siguientes días en otros municipios del estado, “hasta lograr que se vayan los soldados que nos han causado mucho daño”, según confió un manifestante.