sábado, 28 de febrero de 2009

Propone López Obrador una reforma a la legislación que regula las funciones de la banca mexicana


Antiguo Morelos, Tamaulipas
Sábado 28 de febrero de 2009



* El cambio será para que México no tenga una banca parasitaria, la cual no impulsa, ni sirve al desarrollo económico del país”, puntualiza.

* Beltrones, Salinas, Fox y Calderón son los protectores de los banqueros que se beneficiaron con el Fobaproa, señala Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma a la legislación que regula las funciones de la banca mexicana, para dejar de tener instituciones financieras parasitarias, que cobran comisiones elevadísimas y no genera beneficio alguno para el país.

“Creo que se debe de replantear todo lo que tiene que ver con la banca, porque costó mucho” el rescate bancario, el llamado Fobaproa, cuyo pago anual por concepto de intereses representa una erogación de 50 mil millones de pesos del presupuesto nacional, informó.

El presidente legítimo de México sustentó su iniciativa de reformar la actividad bancaria en que hombres como Roberto Hernández, de Banamex, “se han hecho inmensamente ricos” a costilla del erario público.

En entrevista que concedió al término de la asamblea informativa con los habitantes de Antiguo Morelos –municipio enclavado en la Huasteca- afirmó que la banca no genera beneficio alguno para los mexicanos y que se han convertido en la paraestatal “más onerosa y parasitaria que haya en el país, porque vive del cobro de comisiones elevadísimas y porque todo los políticos protegen a los banqueros”.

Luego señaló al senador priista Manlio Fabio Beltrones, a los ex presidentes Carlos Salinas y Vicente Fox, y al presidente espurio Felipe Calderón como protectores de los banqueros beneficiados por el rescate bancario. “Entonces se tiene que llevar a cabo una reforma, para que no se tenga una banca parasitaria, como la que tenemos, que no impulsa, ni sirve al desarrollo económico del país”, puntualizó.

Sin embargo, aclaró que los mexicanos no debemos esperar cambio alguno en la operación y manejo de los bancos.

Al darse a conocer que el gobierno de los Estados Unidos tendrá una mayor participación en el corporativo Citigroup, al cual pertenece Banamex, y que las leyes mexicanas prohíben una ingerencia gubernamental extranjera en las instituciones financieras nacionales, López Obrador declaró que la banca ya está en manos de extranjeros, con excepción de Banorte.

En la jornada de este día, el presidente legítimo de los mexicanos expresó a los ciudadanos de Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y Tula, que la recesión provocará un decrecimiento en la economía, estimó en cinco por ciento bajo cero.

En consecuencia, no habrá nuevas fuentes de empleo, y se mantendrán una pérdida diaria de mil puestos de trabajo, informó al asegurar que la mafia de la política se apoderó del poder y del presupuesto público, para beneficio de los barones del dinero y de una bola de bandidos.

Desde 1982 impera un modelo económico neoliberal que mantiene en la pobreza a millones de familias que carecen hasta de lo indispensable, añadió.

Al demandar “que se regrese al campo” y que las políticas públicas estén orientadas al impulso y apoyo de las actividades productivas, López Obrador manifestó que la actual política de pillaje dejó sin oportunidades de estudio y de trabajo a millones de jóvenes y provocó, al mismo tiempo, que aumentarán los índices de violencia e inseguridad en todos los rincones de la República Mexicana.

Dijo que en una situación similar se encuentra el sector energético. Desde hace 28 años se dejaron de construir refinerías, por lo cual México tiene que importar alrededor del 50 por ciento del consumo nacional de gasolina, explicó.

Dio a conocer que el año pasado se destinaron un promedio de 70 mil millones de pesos para la importación de gasolinas y sus derivados, así como de alimentos básicos, como fríjol, arroz, pollo, y carne de res, así como de cerdo.

Pero ante el negro panorama y la amarga realidad, el gobierno espurio de Felipe Calderón no está haciendo nada para proteger la economía popular, y desde que se aplicó la política de pillaje y de privilegios, aumentaron de uno a diez los mexicanos que son multimillonarios, de acuerdo a la revista Forbes.

Para, este domingo, Andrés Manuel López Obrador convivirá con los habitantes de Abasolo, Soto La Marina y Casas, municipios correspondientes a Tamaulipas.

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Asamblea dominical de la Resistencia Creativa 1o. de Marzo



Asamblea Dominical de la Resistencia Creativa


Los integrantes de la Resistencia Creativa invitan a brigadistas del Movimiento Nacional en Defensa del Pueblo, comités ciudadanos en resistencia, hombres y mujeres libres de México, a la Asamblea que domingo a domingo llevamos a cabo.

La cita para este Domingo 1o. de marzo será en esta ocasión, a las10:45 hrs. en el metro Constituyentes para llevar a cabo la protesta"Ni perdón ni olvido al robo de la Presidencia".

De ahí partiremos al Hemiciclo a Juárez ya que en punto de las 12:00 hrs. recibiremos a nuestro invitado especial Carlos Fernández Vega, autor de la columna México SA, del periódico "La Jornada" quien nos dará un contexto histórico sobre "El saqueo a las Reservas Internacionales".

Tu participación es importante, ¡No Faltes!

Tercer revés a Fox; desecha el IEE denuncia contra el PRI

VERóNICA ESPINOSA

GUANAJUATO, GTO., 27 de febrero (apro).- El Consejo del Instituto Electoral del estado se declaró incompetente para atender una denuncia interpuesta por el expresidente Vicente Fox Quesada y su esposa Marta Sahagún en contra del dirigente del PRI en Guanajuato, Miguel Angel Chico Herrera, por haber declarado que el Centro Fox era "un monumento a la corrupción y al protagonismo" de la pareja.

Es el tercer revés judicial que recibe Fox: primero canalizó el asunto al Consejo general del Instituto Federal Electoral y, posteriormente, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A principios de noviembre de 2008, Chico Herrera publicó un desplegado, en el que cuestionó el origen de los fondos para la construcción del Centro Fox.

El desplegado fue publicado en diarios locales, en el marco de la llamada "Cumbre de San Cristóbal", un encuentro político organizado por Fox y Sahagún en el centro de estudios que lleva el nombre del expresidente.

En la referida publicación, el líder estatal del PRI acusó: "Vicente y Marta se muestran ante líderes políticos de 88 países del mundo, pero se niegan a informar el origen de los recursos para la construcción del centro Fox."

La queja del expresidente y su esposa fue presentada inicialmente ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, organismo que se declaró incompetente para atenderla y la remitió al Tribunal Estatal Electoral (TEE), a fines de noviembre.

El 3 de diciembre, el TEE turnó el asunto al Consejo del Instituto Electoral del Estado (IEEG), con el argumento de que sólo puede determinar alguna sanción en el caso de que una denuncia de este tipo sea revisada y proceda primero ante el IEEG.

Paralelamente a este proceso, la pareja Fox-Sahagún interpuso un recurso de apelación contra la resolución del Consejo del IFE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los magistrados de la Sala Superior acordaron el 8 de enero sobreseer este recurso, en virtud de que el asunto estaba en ese momento en manos del Consejo del Instituto Electoral de Guanajuato y no podía ser tratado todavía en la jurisdicción federal.

María del Carmen Alanís, presidenta del TEPJF y autora del proyecto de resolución, dijo en esa ocasión que una vez que los organismos electorales en la entidad atendieran el asunto y sus resoluciones no fueran del agrado de Fox y Sahagún, éstos podrían entonces acudir a esta instancia para impugnarlas.

Hoy por la tarde, los seis consejeros del Instituto Electoral aprobaron una resolución en la que rechazan tener competencia para conocer de la queja, y afirman que les corresponde atenderla a los consejeros del IFE.

"Nos costó muchas horas de estudio y de trabajo esta resolución", dijo el presidente del IEEG, el exrector Santiago Hernández Ornelas.

En el proyecto de resolución aprobado, el IEEG esgrime que el PRI es un partido político nacional, y que el organismo no tiene atribuciones para emplazar al CEN del tricolor a fin de que llame a su dirigente estatal para ser sancionado.

Además, en la legislación local –a diferencia de la federal- no existe previsión que dé garantías para que los partidos respondan ante una denuncia en contra de uno de sus militantes.

"Tampoco se advierte en el desplegado firmado por el presidente del PRI, que éste sirva como acto de propaganda de este partido y entre las conductas reprochables a los dirigentes de partidos –previstas en el Código Estatal Electoral-- no se encuentra ninguna relacionada con actos que pudieran constituir calumnia a las personas, proferidas fuera de la propaganda política", indica la resolución.

Así, la queja de la pareja Fox-Sahagún será devuelta al Tribunal Estatal Electoral, mismo que, de acuerdo con lo que declararon a Apro algunos consejeros del IEEG, lo enviará –una vez más-- al Consejo general del IFE, a ver si esta vez se pronuncia al respecto.

Banderazo a las Casas del Movimiento por la Defensa de la Economía Popular

27 de Febrero de 2009. Arrancan las inauguraciones de las Casas del Movimiento por la Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía Nacional, el banderazo se dio en la casa correspondiente a la Delegación Magdalena Contreras, de la Ciudad de México, donde estuvieron como invitados los Coordinadores Nacionales, Claudia Sheinbaum y Manuel Otero, así como el compañero Toledo quien será el responsable de esta casa, y por supuesto, no podía faltar la parte artística que estuvo representada por el cantautor Alberto Arista.

Es de resaltar el interés que despertó en la población de Contreras, la apertura de este espacio ciudadano, que abre un rayo de esperanza en la gente ante los continuos abusos de que son objeto en materia de Tarjetas de Crédito, Créditos Hipotecarios, y cobros excesivos de energía eléctrica.



En lo personal celebro esta nueva etapa del movimiento obradorista pues marca el inicio del trabajo territorial organizado, y que además implica la realización de acciones concretas cuyo efecto se dejará sentir en la vida cotidiana de los mexicanos.

AMLO TV

http://soberaniapopular.blogspot.com/

http://resisteacapulco.blogspot.com/

Autoridades protegen a la secta Los Perfectos, acusan defensores de víctimas de Casitas del Sur


Complicidad oficial en trata de niños

Sanjuana Martínez /I

Los casos de niños desaparecidos en CAIFAC Monterrey, Nuevo León; Casitas del Sur, en el Distrito Federal, y La Casita en Cancún, Quintana Roo, muestran la existencia de una red nacional de trata de menores con fines de explotación sexual o tráfico de órganos, afirmó en entrevista Alicia Leal, presidenta fundadora de la organización no gubernamental Alternativas Pacíficas, quien asumió la defensa de las víctimas en la capital nuevoleonesa e investigó la desaparición de menores en las otras dos casas hogar.

"Estamos ante una organización de trata de menores compuesta por complicidades de las autoridades en cada uno de los estados y personas responsables de estos organismos civiles", aseveró.

Los tres casos tienen como nexo la implicación de los dirigentes de la secta Los Perfectos, de la Iglesia de la restauración, Jorge Erdely, Sergio Humberto Canavati Ayub y Antonio Domingo Paniagua, según consta en los expedientes judiciales a los que ha tenido acceso La Jornada.

En los tres albergues han desaparecido menores en los últimos años, sin que las autoridades correspondientes hayan tomado la iniciativa de clausurarlos, por lo que distintos gobiernos continuaron subsidiándolos económicamente y canalizando a ellos a pequeños con problemas familiares, mientras las denuncias sobre la retención ilegal de niños eran ignoradas.

Según el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, unos 20 mil niños son víctimas de explotación sexual comercial en México, y desde hace años existe una iniciativa para reformar dos leyes relacionadas con la trata de personas y derechos de los menores que pretenden introducir cambios en el Código Penal Federal.

En Monterrey, la desaparición de niños empezó a denunciarse en los juzgados cuando Brenda Carolina Bernal Hernández, de 12 años, escapó de la casa hogar del Centro de Adaptación e Integración Familiar AC (CAIFAC) debido a los maltratos que le infligían ahí: “me tiraron al piso, y cuando estaba boca abajo, entre las dos me estiraban los dos brazos cruzados hacia atrás, y yo lloraba, pero despacito, porque me decían que me callara; ellas me hacían eso porque primero me ponían a limpiar las paredes de la casa con unos cepillos para quitarle la mugre, pero yo me cansaba y ya no podía más y me dolían las manos…”, dijo la pequeña en su denuncia interpuesta el 2 de diciembre del año pasado.

La niña describió los castigos que eran aplicados bajo una estricta disciplina religiosa: “a Chuy también le pegaban con una vara de madera que decía: ‘Corrige a tus hijos y te darán descanso’. Me dijo que le pegaban en las pompis…”

Brenda padeció maltrato físico y sicológico durante meses, hasta que un día sus cuidadoras decidieron encerrarla en un armario como castigo por no comer champiñones crudos con cebolla y brócoli: “me metieron al cuarto donde guardan la ropa, y entre las dos me metieron a un clóset que es café claro y que tiene cuadros y que tiene una puerta que cerraron, y estaba oscuro, y me pusieron en el suelo boca abajo, y Bety (Celia Beatriz Reyna Torres, cuidadora del albergue) estaba parada arriba de mis pies; yo estaba descalza y Nancy (Nelly Ávila Almaguer, también cuidadora) estaba arriba de mi espalda sentada, y pusieron ropa abajo…”

Cansada del lugar, Brenda tomó la determinación de escaparse luego de ser castigada nuevamente y lavar las calcetas de todas las internas: “Fue cuando me salté la barda, que son como tres pisos, y está alta, y salté y fue como me pude salir; eran como las cuatro de la tarde y me fui corriendo hasta llegar a una parada que está por una tienda Soriana; yo iba descalza y paré un camión 202 y le dije que si me podía dar raid, y el señor me dijo que sí, y luego me bajé enfrente de una Cruz Roja, que era cerca de la casa de mi abuela, y luego me fui caminando hasta la casa de mi abuela…”

A consecuencia de la huida de Brenda, según le dijeron, el albergue mantiene hoy en día en retención ilegal a su hermana Diana Lizeth y a sus primos Julio César y Adriana Guadalupe Castañeda Bernal. Los tres siguen desaparecidos oficialmente, mientras todos los empleados y directivos del albergue se han amparado para no ser detenidos.

Cómo fue el contacto inicial

María Inés, madre de los hermanos Castañeda Bernal, recordó en su denuncia cómo fue contactada por los empleados de CAIFAC, pertenecientes a la secta de Los Perfectos: “Yo tenía mi pareja, Rosalío Castañeda González, que es el papá de los niños, pero él nunca nos dio la mano; él me mandaba a mí a pedir dinero, yo me llevaba a los niños porque mi mama tenía antes una cantina ahí en la calle Dos de Abril, en la colonia Independencia, y yo ahí no podía dejar a los niños; nadie más me los podía cuidar. Entonces un día estaba con Adriana y Julio en el crucero de Zaragoza en el centro de Monterrey y en eso llegó Patricia y otras tres personas y empezaron a hablar conmigo; me dijeron que ellos me podían ayudar y me dijeron que me podían cuidar los niños y que cuando yo quisiera los podía recoger, y me hicieron firmar ahí mismo un papel; no sé qué decía el papel porque yo no sé leer, pero Patricia me dijo que decía que ‘cuando yo quisiera a los niños me los iban a entregar’, pero no me dio ninguna copia de ese papel, sólo me dio un papel donde me apuntó la dirección donde iban a estar los niños”.

La directora de CAIFAC es la guatemalteca Patricia Murguía Ibarra, y la denuncia en su contra está consignada en la averiguación previa 2554/2008, pero se encuentra amparada y huida. La autoridad tampoco ha llamado a declarar ni consignado a los socios fundadores de CAIFAC –que cuenta con nueve casas hogar infantiles en Monterrey–: María de Lourdes Murguía Ibarra, Francisco Javier Murguía Ibarra, Carlos Ríos Leal, Roberto Cantú Leal y el dentista especialista en maxilofacial Sergio Humberto Canavati Ayub.

La madre de los pequeños fue a visitarlos en varias ocasiones, que eran aprovechadas por los niños para contarle los maltratos físicos que recibían en el albergue. En una ocasión, Adriana, de tan sólo dos años, explicó detalladamente los castigos que le imponían: “Yo les dije ‘me los quiero llevar’ y Patricia me dijo: ‘No te los puedes llevar, después los vas a traer como antes los traías en la calle’, y no me dejó que me los llevara…”

Posteriormente el albergue permitió que María Inés se llevara a sus hijos los sábados y los regresara los domingos: “Así estuve un años, pero un día ya no los quise regresar y ya tenían una semana conmigo los niños y no sé como dieron con mi dirección, porque a mi casa llegó Patricia con otro señor Pancho y se llevaron a Adriana y Julio y me dijeron que ya no me los iban a prestar y el papá de los niños, Rosalío, estaba de acuerdo.”

Pasó el tiempo y cuando la niña tenía cinco años y Julio tres, se enteró que Adriana se había quemado un brazo, una pierna y una nalga con agua hirviendo y que fue ingresada al Hospital Civil sin que nadie del albergue le informara nada al respecto, hasta que un día vio las cicatrices en la niña.

Durante los siguientes años, ambos fueron cambiados de casas; Adriana tiene actualmente 13 años y Julio 10 y han vivido prácticamente toda su infancia en distintos albergues manejados por la secta de Los Perfectos. En agosto pasado fue el cumpleaños de la niña, pero su madre no la pudo ver ese día tan señalado: “Fui a llevarle su pastel y de allí me empezaron a decir que no podía verla… la última vez que vi a Adriana y Julio me dijeron que Patricia les había dicho que iban a estar castigados en el cuarto y que ya no podían decir nada de cómo los trataban ahí porque les iba a ir peor”.

Pasaron cuatro meses y en diciembre, después de la huida de Brenda, María Inés intentó saber el paradero de sus hijos, sin éxito: "No me dejan verlos, Patricia me dice que están castigados y que no reciben visita".

"Omisión de las autoridades"

El caso de CAIFAC no ha merecido la atención del gobierno de Natividad González Paras ni de las autoridades judiciales del estado, algo que según Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos (Cadhac), quien apoya a las hermanas María Inés y Mónica Bernal Hernández en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, es un mal síntoma, porque junto a otros elementos, confirma que está conectado con Casitas del Sur y La Casita de Cancún: "Vemos una omisión terrible de las autoridades de protección al menor, concretamente del DIF, en los tres casos, y no podemos saber cuántos niños están desaparecidos realmente y sujetos a trata de menores o tráfico de órganos. No hay quién estatalmente responda por ellos. Hay complicidad y corrupción en la parte judicial, y si como sociedad civil no nos ponemos a buscar a estos menores, ¿qué futuro tenemos?"

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VIDEO: Los Perfectos detras de casitas del sur y de protestas en el DF

El gobierno de EU, propietario de un tercio de Banamex


Tercera intervención del Estado en sólo tres meses para rescatar a Citigroup

La ley nacional prevé la revocación de licencia para operar

El gobierno de EU se convierte en principal accionista de la multinacional bancaria

Las autoridades se preparan para apoyar a otros 100 bancos que "podrían fallar" este año


David Brooks Corresponsal

Nueva York, 27 de febrero. Las oficinas ejecutivas de Citigroup en Park Avenue temblaron hoy, cuando este icono del libre mercado a escala mundial tiene ahora como dueño de más de un tercio de sus acciones al gobierno de Estados Unidos.

El gobierno federal se está preparando ante la posibilidad de que otros 100 bancos estadunidenses pudieran fallar durante 2009.

La administración de Barack Obama anunció este viernes que incrementará su participación de ocho a 36 por ciento en Citigroup, convirtiéndose por mucho en el dueño individual más grande del banco. Esto representa una de las acciones más audaces del gobierno federal hasta la fecha para intentar rescatar lo que se considera una empresa financiera "demasiado grande para dejarla fracasar".

Es la tercera intervención del gobierno en Citigroup en los últimos tres meses, y analistas consideran que probablemente no será la última.

Como parte del acuerdo, el actual ejecutivo en jefe de Citigroup permanecerá en su puesto, pero habrá nuevos directores independientes en su junta ejecutiva. El banco acaba de informar que sus pérdidas en 2008 ascendieron a casi 28 mil millones de dólares, lo que representa una de las más grandes en la historia de la empresa.

La transacción implica que el Departamento del Tesoro convertirá su inversión de 25 mil millones de acciones preferentes en comunes.

Después de inyectar 45 mil millones de dólares en total al banco, el gobierno federal se convierte así en el principal accionista, pero tanto el gobierno de Barack Obama como los banqueros han buscado a toda costa evitar mencionar la palabra "nacionalización". Sin embargo, aunque el acuerdo de hoy no implica una inversión federal adicional en la institución de crédito, muchos analistas advierten que es casi seguro que se tendrán que emplear más fondos para estabilizar éste y otros bancos en medio de una de las crisis más severas en décadas.

Este modelo podría ser aplicado a otros grandes grupos financieros, como Bank of America, que también está en apuros, señalaron expertos, pero el problema es que al evitar la nacionalización completa de estas instituciones los apoyos no resuelven problemas fundamentales, como los instrumentos financieros "tóxicos" que están paralizando a las firmas financieras.

Ben Bernanke, jefe de la Reserva Federal, entre otros altos funcionarios del gobierno, descarta la nacionalización como opción, pero otros indican que eso ya se hace con bancos medianos y pequeños que han fracasado en tiempos recientes.

De hecho, la Corporación de Seguro Federal de Depósito (FDIC, por sus siglas en inglés), agencia gubernamental que garantiza depósitos en bancos, anunció que cobrará más para recaudar los 27 mil millones de dólares para su fondo de seguro, ante la creciente ola de fracasos de las instituciones financieras.

La FDIC asegura depósitos en 8 mil 300 bancos del país, y ahora calcula que perderá 80 mil millones entre 2008 y 2013 como resultado de fracasos bancarios –el doble que pronosticaba hace sólo unos pocos meses. Esta semana la FDIC anunció que hay 252 bancos en su "lista de vigilancia" de instituciones en apuros, y por tanto analistas del la industria pronostican que habrá al menos 100 bancos en quiebra en 2009, reportó el New York Times. Unos 14 ya han fracasado este año, mientras un total de 25 quebraron en 2008, comparado con sólo tres en 2007.

¿Todo esto implica que el pueblo ahora es el principal dueño de uno de los bancos más grandes del planeta y de cientos de banquitos?

Muertas de Juárez, defendidas en Canadá

SATIRICOSAS

MANÚ DORNBIERER

Canadá es nuestro socio en el TLC y tiene por lo general un gobierno bastante más decente que el otro. Pero parece que Calderón no se da cuenta ¡como de tantas otras cosas! y manda de embajadores al país más septentrional del NAFTA a unos panistas de quinta que avergüenzan a México y lo dañan. Según la Constitución, el que funge como presidente tiene la facultad de nombrar a “sus” embajadores y el Senado tiene que ratificarlos. Pero el Senado actual, que tanto se autopromueve en radio y TV como protector del pueblo, sigue la rutina del “lo que ud mande, señor presidente”, no reflexiona y si lo hace es sólo para que adquieran más o menos poder los partidos y sus representantes en el Legislativo. El Senado prianista no funciona para los ciudadanos, es decir para el bien de México, funciona para el presidente en turno sea o no espurio.

Recientemente se supo que Calderón se peleó en Los Pinos con gobernadores del PRIAN que le reclamaron TODO, pero se les olvidó reclamarle que todos los altos puestos de este país están siendo rellenados, como chorizo, con toda clase de panistas sin méritos propios. Los delegados federales, todos designados por los presidentes panistas, los últimos a través del malogrado Mouriño, están al servicio del PAN y de sus patrones los empresarios, no del público, por lo que se cancela una alternativa de la gente para defenderse de la explotación y el engaño de la importancia de Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor. Ya no puede funcionar pues no procede ninguna queja contra las empresas que sustentan al gobierno calderonista.

EMBAJADOR NO 1. Y ni hablar de los embajadores panistas de pacotilla que nosotros pagamos y qué avergüenzan y dañan a México. Se acaba de despedir de Canadá Emilio Goicochea Luna, ex secretario de Vicente Fox, un tipo sin experiencia alguna que el zafado irresponsable quiso imponer antes de irse en 2006. Se opuso a su nombramiento, el Senado gracias al entonces fortísimo FAP. Pero presentó en marzo de 2007 sus cartas credenciales en Ottawa gracias a Lipe (como es sabido la inicial sílaba “FE” se les perdió a sus ex partidarios)

Y ahora sale Goicochea, pues le echan “criada encima” (el empleo del coloquialismo es indicado), Francisco Barrio, ex gobernador de Chihuahua. El embajador saliente, me dice un corresponsal, y su esposa (el rumor asegura que es su querida y es una gringa de lo más impertinente) dijeron que al llegar a Canadá “que por fin pudieron empezar a dormir la noche completa, porque en México, ya no se puede vivir”. El embajador de México diciendo esto, hazme el regalado favor. Durante los escasos dos años que estuvo en Canadá, Goicochea se compró una casa de campo, en la que se refugiaba de viernes a martes y jamás se aparecía en las recepciones oficiales. Ahora se va a Nueva Zelandia y asegura que al terminar su misión en ese país paradisiaco, pedirá su residencia canadiense, porque en Mazatlán ya le balearon su casa, y continuará el trámite de su nacionalidad española a la que tiene derecho, por su apellido vasco”. La Secretaría de la Función Pública debería hacerle una auditoría a semejante fulano que no quiere ser mexicano, pero sí disfrutar del título, prestigio y prebendas de un embajador de México pagado por el pueblo. Alguien que dice semejantes estupideces desde una función diplomática oficial, debería ser inmediatamente cesado si no es que procesado. Y con esos antecedentes le vamos todavía a regalar la gran vida en Nueva Zelandia. ¿No podemos los ciudadanos negarnos acusarlo de daño moral a México y exigir a la Secretaría de Relaciones que lo releve?

EMBAJADOR No 2. Dentro de México los crímenes son impunes y además se olvidan. Fuera, son objeto de escándalo y de rechazo en la medida de su atrocidad que en el México dominado por el PAN, ya no se percibe y ni siquiera se comenta. El genocidio que es el abominable caso de “Las Muertas de Juárez” es objeto de repudio de todo el mundo, menos del gobierno de México. Los grupos de mujeres se han cansado en todo el planeta de exigir una verdadera investigación y justicia para los deudos de los cientos de jóvenes mujeres mexicanas violadas, torturadas y asesinadas. Calderón lo ignora.

Está el espurio tan fuera de foco en este asunto que se le ocurre reemplazar a “su” mal embajador en Canadá, el inepto y enriquecido Goicochea con Francisco Barrio Terraza, ex gobernador de Chihuahua que puede ser acusado de solapador de la abominación de “las muertas de Juárez” pues no hizo nada por esclarecer el atroz misterio y en cambio lo dejó crecer. En Canadá se percibe esto como una afrenta. Hay quien dice que su país no es el “basurero” del panismo mexicano.

Semejante irresponsable decisión ha causado verdadera repulsa de las asociaciones de mujeres de Quebec y Michéle Asselin, Presidenta de la Fédération des femmes du Québec escribe el 22 de febrero de 2009 al Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, lo siguiente:

Desde hace varios años, las Federación de Mujeres de Quebec, con otras organizaciones, formó el Comité de Quebec de Solidaridad con las Mujeres de Ciudad Juárez, que ha intervenido públicamente en varias ocasiones con e l gobierno canadiense y el mexicano respecto a las desapariciones que se producen desde principios de los años 1990 en Ciudad Juárez, estado de Chihuhua, en México. Por lo menos 400 asesinatos de mujeres han sido documentados, y a la fecha la situación de violencia e inseguridad de las mujeres perdura, al grado de que se habla d e feminicidio. Se trata de uno de los problemas mayores de los derechos humanos en México, que ni las autoridades políticas ni las autoridades judiciales se han mostrado capaces de resolver, no habiendo identificado formalmente a ninguno de los autores. Menos aún se puede hablar de castigarlos.

Y el Sr. Barrio Terraza que acaba de ser nombrado embajador de México en Canadá es parte de esas autoridades políticas puesto que fue gobernador del Estado d e Chihuahua de 1992 a 1998. Su nombramiento nos inquieta profundamente. En efecto, durante su mandato, cuando el número de jóvenes mujeres aumentaba, el Sr. Barrio Terraza declaró que era «natural» que esas mujeres, la mayoría jóvenes, fueran asesinadas, porque frecuentaban lugares oscuros y se vestían de forma provocativa. Los detalles de estos asesinatos eran sin embargo bien conocidos: las víctimas provenían de diversos medios, tenían como característica común el ser jóvenes y pobres y en su cuerpo la mayoría de ellas tenían muestras de violación, de horribles torturas; los cuerpos desmembrados a veces se tiraban en terrenos baldíos o de desechos. En 1998, la Comisión nacional de los derechos humanos de México formuló una recomendación sobre las investigaciones del Estado de Chihuhua a propósito de los asesinatos de Ciudad Juárez, condenando la negligencia en dichas investigaciones y la impunidad total casi total que de ellas resultaba. La Comisión condenaba el sexismo que marcaba las investigaciones. Desde hace años informaciones en el mismo sentido han sido recopiladas por organizaciones multilaterales independientes, como la ONU, la OEA y Amnistía Internacional. La corrupción es otro de los males que afligen a la sociedad mexicana y el estado de Chihuahua es uno de los más corruptos. El gobierno que dirigió de 1992 a 1998 el Barrio Terraza no escapa a la regla. Los responsables de asesinatos de mujeres están probablemente ligados a la corrupción. La situación en Ciudad Juárez sigue siendo grave, al punto d e que los parientes de mujeres asesinadas y organismos de derechos humanos pidieron el 14 de enero de 2009 a la Comisión permanente del Congreso del estado de Chihuahua, que declarara el estado de alerta de género previsto por la ley del estado de Chihuahua sobre el derecho de las mujeres a una vida sin violencia.

Tras su nominación el Sr. Barrio Terraza manifestó su satisfacción subrayando que entre otras cosas iba a poder escapar a la inseguridad creciente.

El nuevo plenipotenciario empieza como su antecesor por denostar a su país. ¿Así son los diplomáticos panistas que paga un pueblo que no tiene suficiente para comer? Es que son panistas y amigos de Fox y Calderón.

http://satiricosas.es.tl

Jornada Continental de Protesta por las Víctimas de Sucumbíos



A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLITICAS Y ESTUDIANTILES
A LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El primero de marzo de 2008, el mundo entero presenció una nueva masacre en América Latina auspiciada por el imperialismo norteamericano. El Estado colombiano, a través de sus fuerzas armadas, perpetró un voraz ataque militar en la región de Sucumbíos, Ecuador, contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La agresión a un campamento de paz, los bombardeos con alcances homicidas, los asesinatos y ejecuciones de civiles y de heridos, así como las amenazas, tortura y agresiones sexuales a las sobrevivientes, constituyen un verdadero crimen de guerra, por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

La maniobra tuvo el objetivo de liquidar al líder guerrillero Raúl Reyes, y con ello, anular las posibilidades de concretar la realización de un intercambio humanitario que posibilitara la liberación tanto de prisioneros en la selva como de guerrilleros presos en cárceles de Colombia y Estados Unidos. Raúl Reyes era el contacto excluyente de los numerosos gobiernos envueltos en estas negociaciones, desde Venezuela y Ecuador hasta Francia, España y Suiza, pasando incluso por Estados Unidos.

El imperialismo norteamericano logró anular un importante paso para una salida política negociada al conflicto armado en Colombia, uno de los más largos y dolorosos en América Latina. La masacre renovó la intención del gobierno de Uribe de liquidar el conflicto colombiano mediante una guerra sin cuartel, por medio del apoyo político, financiero y militar de Washington materializado en el llamado “Plan Colombia”. Éste no constituye solamente un acto de defensa militar de los intereses y de las inversiones de las corporaciones norteamericanas, sino que se trata de un proyecto de control y represión a escala continental, de sometimiento tal que ha sido rechazado incluso por mandos militares, como los de Ecuador.

La operación criminal fue preparada y dirigida desde Washington, contando en todo momento con la inteligencia estadounidense. Del mismo modo, el gobierno norteamericano es quien ha “puesto orden” en todas las operaciones políticas y militares en Colombia. La “paz americana” impuesta en ese país sigue cobrándose una alta cuota de sangre: decenas de ciudadanos asesinados a quienes se hace pasar por guerrilleros para cobrar un rescate gubernamental, estudiantes desaparecidos, sindicalistas asesinados, defensores perseguidos, campesinos expulsados de sus tierras y poblaciones desplazadas cuyos habitantes viven bajo el terror y la amenaza.

La masacre colocó y mantiene bajo la mira a una parte decisiva del territorio latinoamericano en el área de la “guerra preventiva contra el terrorismo”, similar a lo que el imperialismo mundial realizá en Irak, Afganistán, Palestina y los Balcanes; o como en Haití, donde opera una fuerza de ocupación indefinida reclamada a la ONU por el gobierno norteamericano.

Asimismo, la masacre de Sucumbíos es una clonación de los operativos que realiza el ejército sionista en Gaza. Se trata de los llamados asesinatos selectivos con los cuales el gobierno de Uribe lanzó su mensaje político de guerra de exterminio.

Así mismo, en su actuación, el gobierno colombiano no sólo violó el territorio y por tanto la soberanía de Ecuador, sino que además llevó a cabo un ataque directo, desmedido, alevoso y con premeditación, a un campamento localizado en un espacio determinado, y que era conocido por su carácter de comunicación y enlace en la negociación, violando tanto el Derecho Internacional, como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Uribe, junto con sus mandos militares y policiales, en combinación con la CIA y el mozad israeli, además de ser artífices del genocidio y perpetradores de delitos de lesa humanidad cometidos con la masacre de Sucumbíos, han continuado con sus políticas belicistas y de ataque a todo lo que ellos califican de terrorista. En esencia se trata de golpear a los movimientos sociales en las distintas regiones de América Latina e incluso atacar a los gobiernos que no se alinean a las políticas imperialistas. Hoy queda muy claro el interés de los gobiernos de derecha por criminalizar la solidaridad entre los pueblos, por castigar las protestas y las acciones ciudadanas que buscan cambiar el estado actual de pobreza, de injusticia y de graves desigualdades existentes en el continente.

La masacre de Sucumbíos desató una crisis internacional y política de características prolongadas. Significó un atentado en contra de la soberanía, la integridad territorial del Ecuador, la estabilidad regional y una provocación militar contra los gobiernos progresistas del sur del continente. Bajo este marco, dada la gravedad, profundidad e importancia de los conflictos, éstos no pueden ser contenidos en el marco de la Organización de Estados Americanos o de los compromisos de los gobiernos democratizantes o nacionalistas con Estados Unidos y con Uribe.

La masacre de Sucumbíos es un ejemplo clave, y uno de los más trascendentales de los últimos tiempos, de la intervención del imperialismo en América Latina, donde queda demostrado que la soberanía de los Estados no está por encima de la “lucha contra el terrorismo” y que en esa guerra todos los pueblos somos blanco de exterminio. Así también es la prueba de que el gobierno de Colombia es hoy por hoy un factor de riesgo para la lucha por la libertad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos del sur de América.

Hacia una Jornada Continental de Protesta por las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador

En el campamento donde fuera asesinado el jefe de la Comisión Internacional de las FARC, Raúl Reyes, se encontraban de visita cinco estudiantes mexicanos; cuatro de ellos —Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Angeles, Juan González del Castillo y Fernando Franco Delgado—perdieron la vida como consecuencia de los bombardeos indiscriminados; una más, —Lucía Andrea Morett Álvarez— logró sobrevivir con heridas graves, siendo hasta la actualidad, víctima de persecución y hostigamiento.

En México, no solamente no hubo apoyo alguno del gobierno hacia las víctimas, sino que además desde las instituciones federales se ha promovido una campaña de criminalización en su contra, que ha incluido a otros ciudadanos solidarios con las luchas de los pueblos latinoamericanos.

Los gobiernos de Colombia y de EE. UU., que cometieron actos de terrorismo de Estado han tratado de evadir la responsabilidad histórica que tienen por los crímenes y las graves violaciones cometidas y, por el contrario, han montado una ofensiva guerrerista y de violencia. Lucía Morett es una testigo clave de esos hechos, es testigo de cargo en las denuncias interpuestas en México y Ecuador contra el gobierno colombiano por la masacre del primero de marzo, es por ello que, desde Colombia y con apoyo de los sectores de ultraderecha del continente, enfrenta tres procesos judiciales; con ello se pretende deslegitimar su testimonio.

Durante todo el 2008, los familiares y amigos de estos cinco jóvenes mexicanos iniciamos una lucha por lograr justicia, por el castigo a los culpables y para que en América Latina no se repita otra masacre de Sucumbíos, a través diferentes acciones jurídicas, políticas, de denuncia, etc. lanzando la Campaña Permanente “Cada Uno por la Justicia”. La acción solidaria de cientos de personas y organizaciones de distinta índole, así como la lucha internacionalista contra el imperialismo estadounidense que se vive en toda América Latina, nos ha llevado a plantear la realización, a un año de perpetrada la masacre, de la primera Jornada Continental de Protesta este 2 de marzo.

Una Jornada Continental de Protesta de carácter internacionalista contra el intervencionismo imperialista del gobierno de los Estados Unidos en América Latina y el mundo entero, manifestando nuestro rotundo rechazo a los bombardeos perpetrados en Sucumbíos, Ecuador, que representa ser, el ejemplo clave de esa política que masacra a nuestros pueblos. Haciendo hincapié en echar abajo el gobierno asesino de Álvaro Uribe Vélez y el desmantelamiento del Estado paramilitar y narcotraficante de Colombia, así como también del Comando Sur de América Latina; como eje primordial para lograr el fin del conflicto armado y el cese de las acciones inhumanas (masacres y secuestros) en Colombia y acabar con la clara amenaza que representa este gobierno para los intereses históricos de los explotados y oprimidos de América Latina.

El espíritu de la Jornada Continental de Protesta es la confraternización y la unidad política de los pueblos explotados desde México hasta Argentina y el resto del mundo para enfrentar al imperialismo; por la defensa conjunta de los procesos de lucha que viven cada uno de nuestros países. Planteamos que nos estructuremos políticamente en cada país para luchar por la verdadera unidad de América Latina: una lucha común de los explotados para expulsar al imperialismo de nuestros países.

Frente a la masacre perpetrada en Sucumbíos, Ecuador, el 1 de marzo de 2008 y el trasfondo político que ésta tiene, reiteramos: “Ni perdón, ni olvido. Castigo a los culpables”. Es por ello que como parte de la jornada de denuncia, de protesta y de lucha por la justicia y en contra de las acciones imperialistas y de violencia contra los movimientos sociales, es necesario buscar la más amplia solidaridad entre los pueblos y las luchas populares en América Latina. Todas las acciones que se sumen en ese sentido serán importantes para evitar que no sólo la impunidad continúe, también contribuirán a revertir el actual estado de cosas, el poder y el dominio que desde el gran capital y sus intereses se ejercen en contra de la mayoría de los habitantes de nuestro continente.

Llamamos a todas aquellas organizaciones políticas y sociales, estudiantiles, campesinas, de derechos humanos, a todo el pueblo explotado y oprimido de América Latina y el mundo entero, a sumarse a este importante esfuerzo de movilización y utilizar las embajadas de Colombia y México como tribuna para denunciar la política intervencionista del imperialismo en nuestros países, para repudiar el bombardeo del 1º de marzo, el asesinato de los cuatro estudiantes mexicanos, la persecución contra Lucía Morett y varios ciudadanos mexicanos y latinoamericanos más y, al mismo tiempo, como una muestra de solidaridad con el pueblo colombiano quien padece una sistemática violación a los derechos humanos por parte de su gobierno.

La intención es lograr que en la mayor cantidad de países se realicen protestas el día 2 de marzo de 2009, y si es posible en el mismo horario, frente a las sedes diplomáticas de México y Colombia. En México, la protesta central se llevará a cabo el 2 de marzo a las 15:00 horas en la capital del país.

Es así que solicitamos del apoyo y la solidaridad de todos ustedes para poder concretar esta Jornada Continental de Protesta, si desean participar en este esfuerzo, favor de hacerlo saber a la coordinación mexicana de la Jornada Continental de Protesta en México y a su vez, circular esta invitación entre las organizaciones locales en sus países de origen.

¡Por una lucha común para expulsar al imperialismo de nuestros países!

¡Abajo el gobierno asesino, paramilitar y narcotraficante de Álvaro Uribe Vélez!

¡Castigo a los responsables de la masacre de Sucumbíos, Ecuador!

¡Respaldo total a Lucía Andrea Morett!

Coordinación Mexicana promotora de la Jornada Continental de Protesta

México D.F., a 1 de marzo de 2009

La JBG de Oventik denuncia sobrevuelos e incursiones militares

La JBG de Oventik denuncia sobrevuelos e incursiones militares, disfrazados de operativos antidrogas en comunidades de San Andrés Sakam Ch’en de los Pobres

JUNTA DE BUEN GOBIERNO
CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO

SNAIL TZOBOMBAIL YU’UN LEKIL J’AMTELETIK
TA OLOL YO’ON ZAPATISTA STUK’IL SAT YELOB SJUNUL BALUMIL

A 26 de febrero del año 2009

A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
HERMANOS Y HERMANAS.

La Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo, zona Altos de Chiapas, México, denuncia ante la opinión pública los siguientes acontecimientos:

Primero: Desde el día 21 de febrero del presente año hubo un patrullaje de helicóptero militar en varias comunidades del municipio de San Andrés Sakam Ch’en de los Pobres, principalmente en el centro Caracol de Oventik y en otros municipios cercanos y que no es la primera vez, sino que desde el comienzo del presente año, ha habido sobrevuelos de aviones y helicópteros militares en nuestra zona Altos, pero en estas últimas fechas, se han incrementado los sobrevuelos de helicópteros y aviones y movilizaciones militares terrestres.

Segundo: El día 24 de febrero, un grupo de elementos del ejército federal de dos camiones y una camioneta, llegaron al municipio oficial Santiago del Pinar, con el pretexto de hacer un operativo para buscar plantíos de marihuana.

En la tarde del mismo día, como a las dos o tres de la tarde, un camión del ejército federal se dirigió a la comunidad de Talomwits y que llegaron a la comunidad de Tsajalo, donde la mayoría son priístas, ahí acamparon una noche. Los elementos del ejército federal no iban solos, sino que estaban guiados por algunos priístas del mismo municipio de San Andrés, que también estaban uniformados como los soldados.

Tercero: El día 25 de febrero del mismo año, los soldados, en lugar de dirigirse donde supuestamente hay marihuanas, se dirigieron a la comunidad de Tivo cerca de las casas de los compañeros bases de apoyo del EZLN, donde claramente se ve que allí no hay plantíos de marihuana, sólo hay casas y hortalizas de los compañeros y no se dedican al cultivo de drogas.

En la tarde de ese mismo día, los soldados se retiraron y se dirigieron al municipio oficial de Santiago del Pinar, que hasta ahora se mantienen en esa comunidad.

Ante todos estos hechos, la Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos denuncia enérgicamente estas acciones que está realizando el mal gobierno a través de su ejército federal y de las personas afiliadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque lo que está haciendo el gobierno es una provocación y es un pretexto para meter sus soldados a nuestras comunidades.

Todo el mundo sabe que en los municipios autónomos y en todo el territorio zapatista está prohibido la siembra, el tráfico y el consumo de drogas y otras actividades ilícitas y son reglamentos que se tienen que cumplir en territorio zapatista. Pero la gente que pertenecen a los partidos políticos les vale poco estos reglamentos y se dedican a realizar actividades ilícitas, respaldados por los malos gobiernos, por la policía y del ejército federal.

Hasta ahora no se han encontrado drogas que sean de bases de apoyos zapatistas, porque todos los que se han encontrado son de personas de diferentes partidos políticos y de paramilitares y son ellos quienes guían el operativo, entonces se ve claro que es un plan que tiene el mal gobierno para hacernos la guerra.

Por eso, cuando los soldados cada vez que llegan a buscar marihuana, sólo arrancan los más grandes y los pequeños los dejan para que crezcan y así tengan pretextos para volver a hacer otro operativo.

Entonces estos operativos se hacen para dos objetivos:

Primero. Vienen para cosechar la marihuana y dejan los chiquitos para cosechar posteriormente, porque cada vez que vienen no dicen nada y saben exactamente quiénes son los dueños del terreno donde hay plantíos y los dueños de la marihuana y quedan libres los que están involucrados a estas actividades ilícitas.

Segundo. Es para entrar a las comunidades zapatistas, con el fin de conocer, estudiar, controlar, provocar y hostigar a nuestras comunidades en resistencia.

Están guiados por paramilitares para conocer y entrar a atacar o detener a los compañeros cuando quieran. Y los federales andan diciendo que no van a detener los dueños aunque lo encuentren en sus cosechas. Que porque así llevan la instrucción de que sólo van a destruir.

POR EL MOMENTO ES TODO NUESTRA PALABRA Y SEGUIREMOS DENUNCIANDO CUALQUIER ACONTECIMIENTO QUE AFECTEN A NUESTRAS COMUNIDADES Y MUNICIPIOS AUTÓNOMOS.

A T E N T A M E N T E

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO
CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO
ZONA ALTOS DE CHIAPAS

VERÓNICA HERNANDEZ HDEZ. GUADALUPE DÍAZ DÍAZ
EDGAR BARRERA ORTIZ SIMÓN SÁNTIZ GÓMEZ

Sare viola la ley, reconoce el edil de Cuautlancingo, pero defiende a la empresa



TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

A pesar de que la construcción del fraccionamiento Galaxia Almecatla por parte de la empresa Sare inició desde mediados del año pasado, el presidente municipal de Cuautlancingo, José Ricardo Juan Tequipanécatl, reconoció que el ayuntamiento no cuenta con el estudio de impacto ambiental del proyecto inmobiliario.

En una conferencia de prensa que ofreció ayer, indicó que tampoco tiene el proyecto ejecutivo, que incluye la edificación de 3 mil 82 casas. Lo anterior viola la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del estado de Puebla.

En el artículo 48 de esta ley se establece que para la obtención de la licencia de construcción de un fraccionamiento la empresa interesada debe presentar el dictamen de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo con la factibilidad de dotación de los servicios públicos.

Juan Tequipanécatl justificó que el ayuntamiento carecía de estos documentos porque “apenas se construye la primera etapa del fraccionamiento”.

Con respecto al dictamen de impacto ambiental, precisó que se le dio a la empresa Sare tres meses para que lo presentara; “tiempo que aún no ha concluido, y están de acuerdo a lo que marca la ley”.

El presidente municipal panista insistió en que no se podía tener el proyecto ejecutivo completo porque “depende si la empresa va a continuar con la segunda etapa. Ya les corresponderá a los fraccionadores; que cumplan con la normatividad en la siguiente etapa, porque sino ya no podrán seguir con la construcción. Por lo pronto, cumplieron en la primera etapa”.

El fraccionamiento Galaxia Almecatla está localizado a un costado de la planta armadora Volkswagen. La primera etapa que construye la empresa Sare consta de 853 casas, y a la fecha se han edificado casi 100 viviendas.

En tanto, los vecinos de la colonia Nueva Alemania que estuvieron presentes en la conferencia de prensa le reclamaron al presidente municipal la falta de transparencia en la información del proyecto inmobiliario, a lo cual el alcalde les dijo que eso era falso. “Nosotros hemos dado a conocer todos los documentos que se nos han requerido”.

Agregó que los comentarios de los vecinos “han sido de muy mal gusto”, porque el ayuntamiento ha actuado con transparencia y como lo establecen las normas.

Nueva Alemania es la colonia que resulta afectada por las obras de la inmobiliaria, debido a la falta de servicios públicos en la zona y la saturación vial que existe en las calles cercanas.

El presidente municipal dijo que no han violado el convenio que se firmó con los vecinos, ya que se lleva un avance del 70 por ciento en la pavimentación de la calle Munich. No obstante, el presidente del comité de obra de la colonia Nueva Alemania, Felipe Sánchez Gil, denunció que “están pavimentando sin poner antes el drenaje al que se comprometió la empresa por las afectaciones que tiene para los colonos”.

Juan Tequipanécatl se sorprendió ante ese hecho: “no, no puede ser; bueno, vamos a ver que está sucediendo”.

En el encuentro, las autoridades municipales mostraron a los vecinos la licencia de construcción de la primera etapa y un plano. Sin embargo, no les otorgaron una copia de ambos documentos, y sólo se comprometieron a entregarlos el día de hoy.

Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)

Impiden a los opositores a la propuesta antiaborto ingresar a Palacio Legislativo

Vestidas de negro, integrantes de Agenda Feminista Mundial manifestaron su repudio a la iniciativa

“Es oportunismo político que el tema se discuta en este momento”, dijo un miembro del Cladem

ANALY S. NUÑO

“Si no podemos abrir una puerta, seremos capaces de defender nuestro cuerpo”. Con frases como ésta, integrantes de la Agenda Feminista Mundial, vestidas de negro, con velo y carteles en repudio a diputados panistas, a los que consideraron “talibanes”, entre gritos y empujones intentaron entrar al Congreso del Estado, sin éxito, para manifestar su oposición a la ya conocida como Ley Antiaborto, puesta a discusión ayer.

Adentro, la segunda sesión del día en el Congreso de Jalisco estaba llena de representantes de la iglesia la Luz del Mundo, la comunidad judía y hasta un grupo de monjas y sacerdotes, todos vestidos de blanco, acompañados por Imelda Guzmán, esposa del gobernador y presidenta del DIF Jalisco, quien declaró que asistió como ciudadana, además de asegurar: “los grupos me provocan a mí, no yo a ellos; yo vengo a manifestar mi respaldo por la vida y yo creo que eso no es discutible; quiénes somos nosotros para decidir si vive o no vive; vengo a apoyar a los diputados que van a hacer lo debido para la iniciativa ciudadana”.

Durante el periodo de 2000 a 2006, de los casos que se relacionan con cuestiones maternas en Jalisco, alrededor del 10 por ciento son abortos que se efectúan en condiciones diversas, aseguró María Guadalupe Ramos Ponce, representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y parte del movimiento feminista.

“Es oportunismo político que se discuta en este momento. La discusión se debe dar, pero en todo caso lo que se debería discutir son las excepciones de la ley que no están reglamentadas y que por esas excepciones siguen muriendo mujeres”, agregó.

Cuando se dirigieron al ingreso del recinto legislativo, policías que resguardan el lugar no permitieron el acceso y cerraron sus puertas. “A qué le tienen miedo panistas”, eran los gritos de las mujeres que afuera del salón se manifestaban y no dejaban de lanzar consignas contra los diputados. “Estos son los que defienden a los pederastas”, “los hombres también abortan, ellos embarazan a las mujeres”, “en mi cuerpo yo decido, mi cuerpo yo lo cuido”, gritaban al unísono mientras golpeaban la puerta.

Araceli Prieto, de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, en un momento que vio la oportunidad para ingresar a la sesión, entre los empujones su pierna quedó atorada en la puerta de entrada a dicho salón, cuando lograron sacar la pierna afectada por las patadas que recibió de parte de los guardias que se encontraban adentro, además de la presión a que fue sometida por la puerta, cayó al suelo llorando y gritando: “perros, son unos perros”.

Por su parte, representantes del Partido Socialdemócrata, encabezados por Carla Sánchez Armas, legisladora federal, manifestaron su postura y aseguraron que esta decisión debe respetar todas las visiones; “los grupos conservadores están dando un albazo legislativo, el no abrir los debates lastima mucho a la sociedad; todas la posturas y todas las visiones tienen que dar su opinión, el partido no promueve el aborto pero sí la defensa de los derechos de las mujeres y es totalmente lamentable que no se permita el ingreso a observar el debate, que no haya sido un debate incluyente y que se argumente con visiones totalmente dogmáticas”.

“Es un pago por adelantado por parte de Acción Nacional a los católicos, grupos conservadores, a los puritanos y a la Iglesia católica”, sentenció Rodrigo Rincón, presidente del Partido Socialdemócrata (PSD).

Sobre la calle Hidalgo, cerca de 200 personas se manifestaban, entre los que destacaban niños de secundaria de distintos colegios católicos, algunos todavía con su uniforme; todos portaban mantas y carteles con consignas en contra del aborto.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Rechaza Tlachinollan fiscalía especial para el doble homicidio

No hay confianza en la Procuraduría


MARLEN CASTRO

CHILPANCINGO, 26 DE FEBRERO. Tlachinollan rechazó la creación de una fiscalía especial para investigar los asesinatos del presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, porque, “de antemano hay desconfianza en el trabajo de la Procuraduría estatal”, señaló el director del organismo defensor de derechos humanos, Abel Barrera Hernández.

En ese sentido, Barrera demandó que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga las investigaciones y en éstas no intervenga la Policía Ministerial, por el hostigamiento que ejercía desde hacia varios meses contra los defensores de los derechos indígenas.

El director destacó que hay desconfianza total hacia la Procuraduría estatal, y en ese contexto no va a haber credibilidad para ninguna línea de investigación que establezca; señaló, que a pesar del recelo “ya hay consenso entre los familiares e integrantes de diferentes organizaciones para que las pesquisas las haga la PGR”.

Lamentó que el Congreso local no haya emitido un punto de acuerdo para que comparezca el procurador Eduardo Murueta Urrutia, ya que dada la dimensión del caso “la situación no se puede quedar en el nivel de las intervenciones en tribuna”.

“Debe haber un posicionamiento político a favor de las víctimas, y sobre todo, de la exigencia de justicia, y si no lo hacen, los diputados se verán muy alejados del dolor y del sufrimiento de los familiares”, apuntó.

Respecto a la propuesta de integrar una fiscalía especial que para investigar la ejecución de los na savi, Barrera Hernández descartó por completo esa posibilidad, porque ya se ha visto que esa figura es fallida.

Barrera Hernández fundó su desconfianza en la Procuraduría por la fabricación de las pruebas contra cinco miembros de la OPIM presos en Ayutla.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Protestan ONG en el Poder Judicial federal por la liberación de cinco miembros de la OPIM

Si no se hace efectivo el amparo irán a instancias internacionales, anuncia Rosales Sierra


Les dicen que la resolución estaría el 15 o 16 de marzo; militares vigilan la manifestación

CITLAL GILES SANCHEZ

Integrantes de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos del estado, nacionales e internacionales, protestaron afuera del Poder Judicial de la Federación para exigir la libertad de los cinco presos de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).

El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, destacó que de no encontrar una solución en la revisión del amparo contra la formal prisión, llevarán el caso a instancias internacionales, ya que en Guerrero no se ha podido encontrar justicia. Por otra parte, las organizaciones recalcaron que atrás de la ejecución de los líderes na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas “está la mano del estado”, por lo que la propuesta del gobernador de crear una comisión especial para esclarecer el asesinato tendrá –como las anteriores– irregularidades e impunidad.

Coincidieron en que el estado quiere sembrar el terror en los movimientos sociales, en especial en Ayutla, para desarticular la lucha de las organizaciones, ya que el atentado fue directamente contra una agrupación indígena.

Durante más de dos horas unos 100 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP), la radio comunitaria Ñomdaa La Voz del Agua, la Red Guerrerense, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), las Brigadas Internacional de Paz (BIP), el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), la Organización Fundar, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, entre otras, fijaron sus posturas contra la detención de los integrantes de la OPIM, así como la ejecución de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM).

Mientras se llevaba a cabo la protesta, una comisión integrada por los abogados de Tlachinollan, un representante de cada organización así como las esposas de los “presos de conciencia”, buscó una entrevista con el magistrado del segundo tribunal colegiado, pero fueron atendidos por su secretario, quien les confirmó que este viernes se va a publicar el recurso de revisión –que pidió a última hora un Ministerio Público de la PGR– y el jueves 4 de marzo sesionarían los tres magistrados que integran el segundo tribunal, para que la semana siguiente dicten su resolución; a más tardar el recurso de publicaría el viernes 6 y el día 15 o 16 sería efectivo.

“El compromiso es que se van a apegar a derecho, de lo contrario, vamos a llevar el caso a las instancias internacionales porque de no favorecernos este amparo estarían agotados todos los recursos internos en México y eso evidenciaría que en el país no hay justicia para los pueblos indígenas y que ya no hay recursos jurídicos de los cuales echar mano para obtener la libertad de los compañeros”, indicó Rosales Sierra.

Lamentó la actitud insensible de los juzgados de distrito y de los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que trataron de impedir la entrada a las esposas de los presos de la OPIM.

Afuera, en la explanada del Poder Judicial de la Federación, la manifestación estuvo vigilada, en una esquina del edificio, por al menos 10 militares en un Hummer, quienes permanecieron ahí durante toda la protesta, pues al retirarse los inconformes también lo hicieron los soldados.

Rosales Sierra, al igual que las organizaciones sociales que participaron, coincidió en que la pretensión del gobierno es desarticular los movimientos sociales, sobre todo los de Ayutla, ya que en un principio giró órdenes de aprehensión contra miembros de la OPIM y su dirigente, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, quien tuvo que dejar la dirigencia para protegerse contra la orden de aprehensión.

Sostuvieron que el estado ordenó la ejecución del presidente y el secretario de la OFPM, Raúl Lucas y Manuel Ponce.

En respuesta a las declaraciones del procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, el abogado de Tlachinollan recalcó que sí es un crimen de estado, pues dese 1998 hubo acciones contra Raúl Lucas, además de que hay evidencias de que intentan desarticular la OPIM y la OFPM, pues ni los casos de violación sexual de Valentina e Inés han sido investigados, ni el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, que a pesar de que ocurrió el mismo día que el del espía del Ejército Alejandro Feliciano García –por el que encarcelaron a los integrantes de la OPIM–, en el caso de Fernández Ortega no hay ni un solo detenido; también están las denuncias que pusieron Obtilia Eugenio Manuel, Cuauhtémoc Rodríguez Ramírez y Fortunato Prisciliano Sierra por amenazas y hostigamiento, que no se han resuelto.

“¿Qué pasa con la Procuraduría, qué pasa con el gobierno del estado, con la represión que el mismo Raúl había sufrido? No ha habido la más mínima investigación. Es evidente que hay la intención del gobierno de desarticular esa organización (la OFPM), de pisotearla”, recriminó.

Consultado sobre la postura del Congreso del estado de pedir que sea la PGR quien lleve el caso de los na savi, aunque consideró tardía su postura, “es bienvenida”, y confió en que no sea parte de una coyuntura política.

Sobre la creación de una fiscalía especial, Rosales Sierra consideró que es sinónimo de impunidad e injusticia, ya que recordó que se han creado varias fiscalías “y no ha pasado nada”.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Revela testigo que el alcalde de Ayutla amenazó a Raúl Lucas

“Raúl, por tu bien, alíneate e invita a tu esposa a que se alinee, les ofrezco casa y dinero”


García y el dirigente de la OFPM discutieron por una nota contra la regidora Castro

Al director de Seguridad le dieron el pitazo para que se fuera del lugar del secuestro

YAMILET VILLA ARREOLA

CHILPANCINGO, 26 DE FEBRERO. “Raúl, por tu bien, alíneate e invita a tu esposa a que se alinee conmigo, les ofrezco casa y dinero”, fue la advertencia que le hizo el alcalde de Ayutla, el priísta Armando García Rendón, a Raúl Lucas Lucía, presidente de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), durante una discusión que tuvieron en el ayuntamiento, dos semanas antes de que el líder indígena fuera secuestrado y luego asesinado.

Según el testimonio de un testigo del secuestro de los dirigentes Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ocurrido el día 13 de este mes, quienes se los llevaron fueron tres hombres armados, de unos 26 años, piel morena, cabello lacio, de poco más de 1.65 de estatura, que usaban pantalón de mezclilla, camisa desfajada y gorra.

Detalló que el secuestro ocurrió después de un acto público al que acudieron Lucas Lucía y Ponce Rosas para acompañar a la regidora Guadalupe Castro Morales –ahora viuda de Lucas–, en el cual estuvo el director de Seguridad en el municipio, Luis José Sánchez Hernández; “él recibió una llamada y misteriosamente dijo ‘ya me voy’ y se retiró. No pasaron ni ocho minutos cuando llegaron tres hombres armados y se llevaron a nuestros dirigentes.

“Al director de seguridad le dieron el pitazo para que se retirara, porque de pronto se fue y no dijo a dónde iba; Lucas de pronto vio a los hombres y dijo ‘qué pasó’, no le dieron tiempo de nada, lo golpearon con la pistola, le agarraron las manos y se lo llevaron junto con el secretario en un coche oscuro, por la carrera que va al centro de Ayutla”, abundó.

El testigo comentó que dos semanas antes del secuestro Lucas tuvo una “fuerte discusión” con el alcalde priísta a raíz de una nota que salió publicada en el diario El Sol de la Costa, en la que se expresaban mal de su esposa, la regidora Castro Morales.

“El alcalde le pagó al periódico para que hablara mal de la regidora, nosotros lo sabemos porque quien edita ese periódico trabaja en el ayuntamiento y el alcalde le tiene todo, hasta secretaria particular”, denunció.

Recordó la cabeza de la nota: “Raúl Lucas es un vividor del pueblo mixteco, maneja a su esposa (la regidora) como títere”. Luego de leer el encabezado, Lucas Lucía entró molestó al ayuntamiento y pasó a la oficina del alcalde para encararlo por la publicación: “si sigues hablando mal de los regidores (particularmente de su esposa) y los sigues sacando en el periódico te la vas a ver conmigo”.

“Raúl, por tu bien, alíneate e invita a tu esposa que se alinee conmigo, les ofrezco casa y dinero”, respondió el alcalde, según el testigo, quien aseguró que Lucas Lucía salió muy molesto por la amenaza que le hizo García Rendón. Les informó a quienes lo acompañaba y esperaban afuera del inmueble que “ya le puse un alto, ya no va a volver hablar mal de los regidores”.

El día que secuestraron a los dirigentes estaba planeada una manifestación con las 60 comunidades –30 na savi y 30 me’phaa– que representaban Lucas y Ponce, para exigir al presidente municipal nueve bultos de fertilizante para cada campesino, porque el priísta sólo les había entregado seis; “Lucas tenía muy mala relación con el alcalde”, aseguró.

Aunque la regidora Castro –según dijo– le pidió a su esposo que por su bien “ya no le moviera”, pues tenía miedo de que algo le ocurriera, Lucas le contestaba que “todos somos indígenas y no podemos seguir permitiendo que le roben al pueblo”.

Denunció que los otros testigos temen por su vida, porque los policías municipales son muy prepotentes, incluso dijo que estarían más seguros si en la zona hubiera policías estatales e incluso el Ejército. “Nosotros creemos que por algún favor (a la autoridad) o por unos cuantos pesos se llevó la delincuencia organizada, por eso nosotros vemos bien que entre el Ejército, para que acabe con ese tipo de gente, que no se toca el corazón para hacer daño”.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Plantea PRD incluir figura de revocación de mandato a través del voto popular



JUAN LUIS CRUZ PÉREZ

Con la finalidad de frenar los abusos y las malas administraciones y desempeños de autoridades ejecutivas y de legisladores locales, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Edilberto Algredo Jaramillo propuso al pleno del Congreso del estado una serie de reformas constitucionales para incluir la figura de revocación de mandato a través del voto de la ciudadanía, para separar del cargo a los malos representantes populares.

En la sesión ordinaria de este jueves, también planteó reducir a 3 y 5 por ciento el porcentaje de ciudadanos que se requiere para solicitar y declarar procedente la aplicación de las figuras de participación ciudadana, como son el plebiscito, el referéndum y la consulta popular.

De acuerdo con la propuesta del perredista, la revocación de mandato es la facultad del cuerpo electoral, a través de la cual se determina la remoción anticipada de un servidor público que ha sido electo por voto constitucional, cuando su gestión no ha sido totalmente satisfactoria.

El planteamiento del perredista refiere que son revocables los cargos de gobernador, diputado local, alcalde, regidor, síndico y presidente de comunidad.

Dicha revocación de mandato podrá solicitarse por el 10 por ciento de electores de la demarcación que corresponda, una vez que haya transcurrido la tercera parte de mandato de la autoridad que sea sometida a alguna figura de participación ciudadana y no podrá promoverse cuando hayan transcurrido más de las dos terceras partes de su periodo.

El proceso revocatorio surtirá efectos cuando la votación recibida sea superior al número de sufragios por el que fue electo el servidor público, en caso de que sea menor, se tendrá por ratificado en el cargo y no podrá ser sujeto de un nuevo procedimiento.

Los argumentos de Algredo Jaramillo son que con esta nueva figura, en caso de aprobarse, los ciudadanos tendrán la posibilidad de hacer frente “a los malos gobiernos que no den resultados y que por el contrario entorpecen de forma evidente el desarrollo de cualquier sociedad, o peor aún, a los individuos que abiertamente violan la ley o cometen actos delictivos en total detrimento de los gobernados”.

El congresista refirió que es procedente esta enmienda, ya que con ella “se le permitiría a los gobernados despedir y reemplazar a un servidor público, con lo cual se le reconocería al pueblo su derecho de separar a los funcionarios públicos cuando éstos dejen de servir a los fines primarios que contempla la legislación, que se traduce en un servicio totalmente a favor de la ciudadanía en general”.

Fuente: La Jornada de Oriente (Tlaxcala)

Invitación