JUAN LUIS CRUZ PÉREZ
Con la finalidad de frenar los abusos y las malas administraciones y desempeños de autoridades ejecutivas y de legisladores locales, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Edilberto Algredo Jaramillo propuso al pleno del Congreso del estado una serie de reformas constitucionales para incluir la figura de revocación de mandato a través del voto de la ciudadanía, para separar del cargo a los malos representantes populares.
En la sesión ordinaria de este jueves, también planteó reducir a 3 y 5 por ciento el porcentaje de ciudadanos que se requiere para solicitar y declarar procedente la aplicación de las figuras de participación ciudadana, como son el plebiscito, el referéndum y la consulta popular.
De acuerdo con la propuesta del perredista, la revocación de mandato es la facultad del cuerpo electoral, a través de la cual se determina la remoción anticipada de un servidor público que ha sido electo por voto constitucional, cuando su gestión no ha sido totalmente satisfactoria.
El planteamiento del perredista refiere que son revocables los cargos de gobernador, diputado local, alcalde, regidor, síndico y presidente de comunidad.
Dicha revocación de mandato podrá solicitarse por el 10 por ciento de electores de la demarcación que corresponda, una vez que haya transcurrido la tercera parte de mandato de la autoridad que sea sometida a alguna figura de participación ciudadana y no podrá promoverse cuando hayan transcurrido más de las dos terceras partes de su periodo.
El proceso revocatorio surtirá efectos cuando la votación recibida sea superior al número de sufragios por el que fue electo el servidor público, en caso de que sea menor, se tendrá por ratificado en el cargo y no podrá ser sujeto de un nuevo procedimiento.
Los argumentos de Algredo Jaramillo son que con esta nueva figura, en caso de aprobarse, los ciudadanos tendrán la posibilidad de hacer frente “a los malos gobiernos que no den resultados y que por el contrario entorpecen de forma evidente el desarrollo de cualquier sociedad, o peor aún, a los individuos que abiertamente violan la ley o cometen actos delictivos en total detrimento de los gobernados”.
El congresista refirió que es procedente esta enmienda, ya que con ella “se le permitiría a los gobernados despedir y reemplazar a un servidor público, con lo cual se le reconocería al pueblo su derecho de separar a los funcionarios públicos cuando éstos dejen de servir a los fines primarios que contempla la legislación, que se traduce en un servicio totalmente a favor de la ciudadanía en general”.
Fuente: La Jornada de Oriente (Tlaxcala)
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