miércoles, 5 de junio de 2013

#Marcha de los 49. No debieron Morir

Contaminación con mercurio

En concreto
Laura Itzel Castillo

El mercurio es uno de los 10 contaminantes que a nivel mundial son considerados como graves, por los daños que causan a la salud. De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la liberación de esta sustancia constituye una amenaza global, pues se emiten anualmente 1960 toneladas de este producto.

El pasado enero en Ginebra se concluyó la redacción del Convenio de Minamata, que busca proteger la salud y el medio ambiente de los efectos nocivos del mercurio. Se pretende que a finales de año lo firmen y adopten en Kumamoto, Japón, alrededor de 140 países, entre ellos México.

El nombre del convenio se da en referencia a la ciudad japonesa, víctima de envenenamiento con metilmercurio en los años 50 del siglo pasado, a causa de la acumulación de ese metal pesado arrojado al mar durante más de 20 años por la empresa petroquímica Chisso.

Los síntomas que presentaron los pobladores, tanto humanos como animales, consistieron en alteraciones neurológicas que llevaron a la parálisis y hasta la muerte a sus víctimas, incluidos nacimientos, severamente afectados.

En 1968, el gobierno japonés reconoció que la ingesta de pescado y marisco contaminado con el mercurio, vertido a la bahía y al río Minamata, era la causante del problema. Sin embargo, fue hasta 1996 que algunas de las víctimas fueron indemnizadas.

El Convenio de Minamata logró incorporar la disminución gradual del uso de esta sustancia en el mundo (amalgamas, termómetros, baterías, lámparas fluorescentes, que paradójicamente son ahorradoras de energía). Contempla una fecha límite para el cierre de las minas de mercurio y la prohibición de nuevas aperturas.

En el caso de México, donde se ubica el complejo petroquímico industrial de Coatzacoalcos y Minatitlán en Veracruz, se analizaron científicamente los cabellos de voluntarios, encontrándose desafortunadamente cantidades importantes de metilmercurio, situación altamente preocupante para nuestro país, que deberá ser atendida de inmediato.

¡No nos callarán! - Columna semanal de Sergio Aguayo - 05 de junio 2013



De la indiferencia transitamos a la aceptación de que el periodismo es un oficio extremo y una vez asumido el hecho aparecen indicios de colaboración entre medios habitualmente distantes. Ambos supuestos se confirman con una exposición a inaugurarse el próximo viernes.

En un texto para Historia Mexicana (2010), Arno Burkholder de la Rosa captura, en una frase, la esencia de lo que fue el ejercicio periodístico bajo el autoritarismo mexicano: los medios "podían informar de todo" hasta el "límite que el [gobierno] les marcara". Era un México con reglas claras. Los periodistas y editores con vocación de independencia hacían su trabajo tentaleando los confines de lo permisible. Cuando se rebasaban (a veces sin darse cuenta), la advertencia podía llegar envuelta de lisonjas y regalos o como la antesala de la intimidación y la agresión. En el centro de aquel submundo estaba Bucareli (también conocido como el Palacio de Cobián o Gobernación) con sus gruesos expedientes y sus torvos emisarios, su caja fuerte atiborrada de billetes (alguna vez la vi, pero no acepté su contenido) y sus periodistas encargados de difamar al insatisfecho. Su trabajo era relativamente fácil porque salvo uno que otro caso, el gremio era poco solidario, estaba profundamente dividido y no había organizaciones dedicadas a proteger a los periodistas.

La alternancia y sus secuelas han modificado el escenario en algunos aspectos. Sigue habiendo divisiones y éstas son bastante públicas pero hay aspectos positivos. Se han ampliado muchísimo los márgenes para la independencia, hay una mayor competencia entre pares y los lectores son exigentes. Ya no bastan los emotivos maquinazos al vapor; cualquier error o descuido es señalado con prontitud.

Bucareli también se ha transformado. Para empezar sus viejas mañas se multiplicaron. Abundan los gobernadores y los presidentes municipales decididos a comprar halagos o silenciar críticos. Pero la principal amenaza viene del crimen organizado protegido por funcionarios. "Ellos" tienen ideas propias sobre lo que debe saber la sociedad y los límites van cambiando por regiones, que finalmente conforman una geografía del silencio. Es tan grave la amenaza, son tan serios los riesgos que los medios están reconociendo la urgencia de lograr formas de colaboración que partan de intereses compartidos.

Este nuevo contexto explica la apertura, en el Museo Memoria y Tolerancia, de una exposición que se inaugurará el próximo viernes 7 de junio (día que se celebra en México la libertad de expresión). Dejo a quienes la visiten opinar sobre la calidad del guión o la pertinencia de la museografía, para centrarme en las lecciones que me deja esta iniciativa en la que me involucré de forma activa durante el último año.

Me impresionó, en primer lugar, la magnitud y profundidad del problema. El espacio resultó insuficiente para todos los que han sido o están siendo afectados por la violencia contra los periodistas. Un segundo aspecto fue la disposición a colaborar de todos aquellos medios a los que se solicitó alguna pieza original.

Otro consenso está en la insatisfacción con el Estado mexicano. En el sexenio de Felipe Calderón las instancias oficiales vivían en la desorganización, evadían, todo lo que podían, los problemas y eran incapaces de dar resultados. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha mostrado hasta ahora mejores intenciones. Es paradójico que la sede del viejo censor, Bucareli, ahora sea quien presida el Mecanismo encargado de coordinar los esfuerzos federales de protección a los periodistas.

Sus propósitos son loables, su productividad todavía insuficiente. Al Mecanismo -en donde ya participan ONG- lo sigue lastrando la burocracia, la desorganización y el impulso a la opacidad. En tanto no mejore esa nueva herramienta, Gobernación podría rebautizarse como el Palacio de las Frustraciones.

Pese a toda la situación hay motivos para tener esperanza porque es notable el tejido de organizaciones mexicanas y extranjeras decididas a respaldar a la prensa libre. Ese acompañamiento fortalece a los periodistas y medios que se unieron tras una frase que es al mismo tiempo descripción, propuesta y nombre de la exposición:

¡No nos callarán! Las batallas por la libertad de expresión.

LA MISCELÁNEA

Mientras Bucareli flota en la nube de los buenos deseos, un gobernador priista transforma Veracruz en infierno de periodistas. Sanjuana Martínez relata en Sinembargo.mx (22 de abril de 2013) que cuando Mary José Gamboa "entró a la habitación de su niña había muñecos de peluche tirados en el suelo marcando una línea hacia el jardín. Con miedo, fue siguiendo la estela de peluches esperando lo peor. Le temblaban las piernas, le sudaban las manos cuando vio la escena: tres ositos de su niño, medio enterrados, uno con un machete incrustado". A ella sí la silenciaron porque la despidieron de su trabajo "por una supuesta orden del gobernador Javier Duarte de Ochoa".

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

Amnistía Internacional exige una investigación efectiva sobre el asesinato de activistas en Guerrero.




El día de ayer, 3 de junio, fueron encontrados en el municipio de Tepecuacuilco, en el Estado de Guerrero, los cuerpos de varios activistas que se encontraban desaparecidos.

Estas personas - Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez - formaban parte de un grupo de activistas que, tras manifestarse en una caseta de peaje en una carretera en el municipio de Iguala, fueron secuestradas por un grupo de personas no identificadas el pasado 30 de mayo. Aún se desconoce el paradero de otro activista, Jaime Castrejón.

Los activistas asesinados eran integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, Guerrero.

La organización llama a las autoridades a conducir una investigación pronta, efectiva e imparcial sobre el secuestro y posterior asesinato de estos activistas, a que se hagan públicos los resultados de estas investigaciones y que se aseguren de que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia.

La organización hace también un llamado urgente para que se investigue el paradero del activista Jaime Castrejón.

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