jueves, 7 de febrero de 2013

Televisa-The Guardian y la publicidad encubierta


JENARO VILLAMIL

El reportaje de The Guardian sobre Televisa y EPN. Foto: Guardian.co.uk 

MÉXICO, D.F. (apro).- Dos grandes grupos mediáticos, el mexicano Grupo Televisa y el británico The Guardian News and Media Limited, decidieron hoy hacer las paces.

En un comunicado conjunto, The Guardian expresa una disculpa por la publicación de una serie de reportajes, a partir del 7 de junio de 2012, centrados en acusaciones contra Televisa y derivados de documentos proporcionados por una fuente confidencial en México.

La serie de reportajes publicados por The Guardian iban en la misma línea de investigación que Proceso publicó desde octubre de 2005 sobre la existencia de un presunto “Plan de Acción” y un convenio publicitario entre el entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y Grupo Televisa, para encumbrarlo hacia la presidencia a través de un trato preferencial en los informativos y programas de espectáculos de la mayor compañía televisiva en habla hispana.

Televisa siempre ha negado la existencia de un convenio de tal naturaleza y ha acusado de “mentirosos” a quienes hemos publicado y documentado esta relación. Tampoco ha dado acceso a los convenios y pautas originales que se manejan entre los políticos y la empresa televisiva.

Con The Guardian, Grupo Televisa avanzó un paso más: presentó una demanda legal contra el periódico británico, exigiendo una disculpa pública o llevar el litigio a tribunales. En México, desde el 16 de agosto de 2012, el Instituto Federal Electoral (IFE) declaró “infundada” la queja presentada por el PRD, misma que se basó en los reportajes publicados desde 2005 en Proceso, en la serie de textos de The Guardian y en las copias de los documentos que mencionaban la existencia de empresas “paralelas” o brokers.

En la parte medular del comunicado conjunto, The Guardian “reconoce la preocupación de que sus artículos hayan sido interpretados (especialmente en México) como si Televisa fuera culpable de una conducta indebida. The Guardian no tuvo la intención de sugerir que estos documentos constituían una prueba concluyente de parcialidad o sesgo informativo por parte de Televisa. The Guardian reconoce que Televisa y sus periodistas buscan mantener los más altos estándares editoriales y comprende que lo publicado haya causado profunda molestia”

Esa es la disculpa pública, con una demanda legal de por medio.

Sin embargo, el problema no es el pleito entre dos grandes medios, sino la existencia o no de una práctica común entre los políticos mexicanos y los medios electrónicos concesionados para promover a través de las estrategias conocidas como “publicidad encubierta” o “publicidad integrada” o “desplazamiento del producto”, a quienes aspiran a tener el voto y la popularidad del electorado.

En otras palabras, el debate que es necesario dar en México es si las audiencias y los ciudadanos deben estar enterados o no cuándo un contenido relacionado con algún político se trata de un producto informativo genuino o de una transacción comercial disfrazada de nota, de cápsula o infomercial.

Aún más. El debate real es cuánto le cuesta al erario de las entidades, de los municipios y de las secretarías de Estado la práctica generalizada de “publicidad encubierta” para promover los logros de los servidores públicos. Es un tema de rendición de cuentas, de transparencia y de derecho a la información que los políticos mexicanos y los grandes consorcios mediáticos niegan con infinita frecuencia porque implicaría conocer acuerdos poco claros, intercambios de favores y recursos cuantiosos y discrecionales.

¿Es sana una democracia cuando la venta de espacios informativos y de entretenimiento se convierte en un mercado donde aparece más quien paga más y es mejor tratado el político o el partido que está dispuesto a entrar a estos arreglos discrecionales?

En varias ocasiones, el tema de la “publicidad encubierta” se ha discutido en el seno del Consejo General del IFE. El 19 de agosto de 2009, el organismo electoral acreditó que el actor Raúl Araiza apareció promoviendo al Partido Verde en la serie Un Gancho al Corazón.

Sin embargo, no hubo sanción para el partido ni para la televisora. Sólo una amonestación pública. El consejero Marco Antonio Baños argumentó que en la ley electoral –el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales– no está regulado el concepto de “publicidad integrada” y menos el de “publicidad encubierta”.

El consejero Alfredo Figueroa ha insistido varias veces en la urgencia de que el IFE tome una posición clara frente a este fenómeno generalizado, a partir del modelo exitoso de Peña Nieto.

No sólo las televisoras, estaciones de radio y los políticos admiten la existencia de este recurso mercadológico. La empresa Zenith Media, en un estudio realizado en 2009, afirmó que el impacto de una “marca” que aparece subliminal o abiertamente en el contenido de un programa es 50 y 100% más eficaz que los tradicionales anuncios o spots. Perfecto. La pregunta es si los políticos sólo son una “marca” y los ciudadanos “clientes”.

Zenith Media afirmó en su estudio que la publicidad integrada generalmente se pacta a través de “paquetes comerciales” que se negocian “discrecionalmente” entre las grandes empresas y las compañías mediáticas.

“No existen contratos ni facturas que avalen el cobro de desplazar el producto en la trama de una serie televisiva, una telenovela, un partido de futbol y un programa de espectáculos”, advierte la misma agencia.

El problema es que en la mayoría de los casos donde el producto desplazado es un político, un candidato o un servidor público, está involucrado el dinero público. Y la regla de máxima transparencia en una democracia reclama que ese dinero público sea fiscalizado de manera clara.

También el IBOPE, la máxima agencia de medición de ratings en México, ha elaborado un catálogo para tipificar las distintas formas de “publicidad encubierta”. El instituto menciona las siguientes:

a) Integración ambiental ( a través de logotipos, fotografías o manejo cromático)

b) Integración activa.- Hay una interacción directa con el producto.

c) Mención auditiva.- Sobre todo, en el caso de la radio.

d) Cápsula comercial y cortinilla comercial.- Generalmente es un spot dentro de dos bloques de programas.

e) Cortinilla del conductor.- El propio conductor se vuelve en promotor de las características de la marca, producto o personaje.

f) Bloque de patrocinadores.- En estos casos, hay una mención explícita de quienes pagan por ese espacio.

Si ya existe una tipología comercialmente aceptada para este tipo de estrategias de mercadotecnia, ¿por qué los partidos y los gobiernos han querido evitar un debate que regule o prohíba este tipo de publicidad? Este es el fondo de un problema que ha ido minando la credibilidad tanto de los medios masivos como de los propios políticos transformados en “marcas”.

www.homozapping.com.mx

Mexicana: Iván Barona, fuera de la puja por el rescate


MÉXICO, D.F. (apro).- De nueva cuenta, la juez del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, dejó fuera de la puja por el rescate de la aerolínea a Iván Barona, representante de BF International Mining Traders, debido a que no demostró la liquidez de la letra de cambio internacional que presentó por 150 millones de dólares. El pasado martes 5, después de que había vencido el plazo de 10 días fijado por la juez, el empresario minero presentó el documento en la oficialía de partes, el único que le faltaba para concursar por la adquisición y reestructura de la aerolínea y sus filiales.

“Debe destacarse que el concursante no aporta elemento novedoso alguno de prueba que justifique a plenitud que, ante las instituciones financieras de la República Mexicana, dicho documento es financieramente líquido, o bien que éste ha sido monetizado” y tenga la disponibilidad inmediata de los recursos, puntualizó Alarcón este jueves.

Según el acuerdo publicado a través del Consejo de la Judicatura, Barona pretendió apegarse a la convocatoria y realizó distintas manifestaciones, pero debido a los requisitos impuestos, “su solicitud era legalmente improcedente”. La juez insistió en que Barona incumplió con el requisito de las reglas establecidas al omitir demostrar que tiene la disponibilidad inmediata de los 100 millones de dólares “visibles y verificables”.

Recordó que en la convocatoria, lanzada el pasado 9 de enero, se estableció como requisito indispensable y bajo protesta de decir verdad que los interesados debían manifestar y demostrar tener la disponibilidad inmediata de 100 millones de dólares.

Dichos recursos debían estar etiquetados y disponibles para adquirir y capitalizar a Mexicana de Aviación, además de que el interesado debía contar con 250 millones de dólares, visibles y verificables, cuando el juzgado federal lo solicitara.

“La regla establece como elemento indispensable que éste debe demostrar contar con liquidez inmediata, es decir, dicho requisito es un elemento sine qua non a la declaratoria formal de aquel inversionista como interesado en la adquisición y capitalización de la concursada y sus filiales”, señaló Alarcón.

Al no reunir el perfil delineado con lo que se estipuló en la convocatoria, la juez indicó que no se reconoció a Iván Barona y BF International Mining Traders como potencial comprador de Mexicana.

“Se determinó la improcedencia legal de tal solicitud. En ese orden de ideas y a mayoría de razón, se destaca que el promovente y su representada no acreditan de forma alguna que en lo relativo a su capacidad financiera para capitalizar a la concursada y sus filiales, ésta es distinta a aquella que sostuvieron tener, hasta el día 9 de enero de 2013, en que esta autoridad los dejó de tener como únicos y potenciales inversionistas”, puntualizó.

Marchará SME a Washington y pondrá queja en la CIDH contra la Corte


ROSALÍA VERGARA

MÉXICO, D.F. (apro).- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acordó realizar una marcha-caravana a Washington, la capital del Estados Unidos, para presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de rechazar que la Comisión Federal de Electricidad fungiera como patrón sustituto.

La marcha forma parte de una serie de actos de resistencia civil pacífica que acordaron los electricistas durante su asamblea general extraordinaria realizada el pasado 4 de febrero, contra la decisión de la SCJN que les negó el amparo para que la CFE contratara a los 16 mil 599 electricistas que no aceptaron su liquidación tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro hace casi tres años.

Entre los acuerdos, destacan rechazar el monto de la liquidación ofrecida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Sobre la marcha-caravana, informó que entregarán personalmente la queja en la CIDH, con apoyo de organizaciones sindicales estadunidenses y canadienses, como la Alianza Trinacional de Solidaridad México.

“Esta caravana, que se denominará ‘Por el Derecho y la Justicia del Trabajador’, contará con la solidaridad global de distintas centrales y federaciones internacionales como la Federación Sindical Mundial y la Central Sindical Internacional (CSI) que a través de sus organizaciones afiliadas”, señaló el SME.

En este contexto, agregó, “acordamos participar en la Jornada Internacional de los ‘Días de Acción’, en solidaridad con el sindicalismo mexicano convocada por la Industrial Global Unión (IGU), del 19 al 24 de febrero, que se realizará prácticamente en todo el mundo”. La IGU cuenta con más de 50 millones de afiliados y organizaciones en más de 140 países del mundo.

Paralelamente, participarán en la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”; y en dos más que se realizarán en el país, una hacia el occidente, y la otra, al sureste, con el mismo propósito de denunciar a la SCJN y lograr la unidad del movimiento popular promoviendo, entre otros ejes de articulación del movimiento: la solidaridad con el SME, la baja de las tarifas eléctricas y la lucha en contra de la privatización de Pemex.

El SME acordó también continuar el litigio de la demanda 1267 en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA):

“La asamblea general acordó tomar todas las medidas políticas, jurídicas y económicas que eviten la disolución forzosa de nuestra organización; asimismo, promover fuentes de ingreso económico para toda la base social de la resistencia que permitan sostener la heroica lucha de resistencia de los 16 mil 599 trabajadores y trabajadoras que no aceptamos ni aceptaremos la liquidación.”

También pidieron la reactivación de la mesa de negociaciones con el gobierno federal para encontrar una salida política al conflicto.

“Para nosotros está claro que los ministros de la Segunda Sala de la SCJN actuaron por consigna del Ejecutivo federal, pasando por encima de los derechos fundamentales de miles de trabajadores y sus familias”, destacó.

…Y aprueba reabrir caso Monex para indagar triangulación


JESUSA CERVANTES

MÉXICO, D.F. (apro).- De manera inesperada, la discusión del dictamen sobre los topes de campaña presidencial llevó a los consejeros a aprobar por mayoría una nueva revisión sobre las empresas que participaron en la triangulación del caso Monex.

En esta sorpresiva votación, ganada por mayoría, ya no estuvo presente el consejero Sergio García Ramírez, quien hace 15 días logró con su sufragio la exoneración del PRI en el caso de la triangulación financiera, a pesar de que la Unidad de Fiscalización detectó la participación de 14 empresas, cinco bancos y la presencia de cuatro personas físicas en el entramado.

Este miércoles 6 de febrero, después de por lo menos cinco horas de discusión del dictamen de gastos de campaña, que finalmente fue rechazado y regresado a la Unidad de Fiscalización, el representante del PAN ante el Consejo General del IFE, Javier Corral, llamó la atención sobre parte del reporte de gastos del PRI.

Al argumentar en contra del dictamen, el senador panista dijo que la revisión no cumple con las mínimas reglas de auditoría y puso ejemplo: “Cómo es posible que el PRI reporte como proveedor a las empresas Koleos y Tiguan, y la Unidad de Fiscalización no diga nada al respecto, no los sancione.

Recordó que hace dos semanas, cuando se discutió el caso Monex, se reveló que la unidad detectó que dichas empresas, Koleos y Tiguan, había participado en la triangulación de recursos hacia el PRI.

Sin embargo, el PRI argumentó que no sabía que se habían usado; que él contrató un financiamiento con la empresa Alkino. “Se sostuvo que estas empresas no tuvieron relación comercial con el PRI y ahora resulta –en el análisis de un caso distinto–, que sí fueron sus proveedores”.

El PRI reportó en el dictamen que se discutió en la sesión de hoy, que le compró a Koleos poco más de 6 millones de pesos en espectaculares y a Tiguan le pagó 90 mil pesos por otros servicios.

Ante esta evidencia, añadió Javier Corral, “podemos decir que no hubo ninguna investigación de fondo, por oficio de la unidad de investigación, pues el PRI ya antes había negado cualquier relación con estas empresas y ahora aparecen como sus proveedoras”.

Por ello, dijo, “no sólo hay que analizar el prorrateo que utilizó el PRI para el cómputo de gastos de campaña a la Presidencia, sino también se debe investigar cómo actuaron estas empresas para que salga la pista de esa triangulación de dinero en la campaña de Peña Nieto y que se conoció como Monexgate”.

Los partidos PRD y MC se sumaron a la demanda del PAN. Y de manera inesperada, se sometió a votación que la Unidad de Fiscalización abra una investigación “por oficio” sobre estas empresas, por lo que de manera indirecta se reabrió el caso Monex.

Al final de la sesión, se le preguntó al consejero Alfredo Figueroa si tal votación implicaba abrir el caso Monex que fue votado 15 días atrás; y respondió que sí, “y a esta investigación por oficio se suma lo que en aquella ocasión se votó, y que es que la Unidad de Fiscalización revise el destino final del dinero, así se le ordenó a la unidad”.

En el apuro de las votaciones, se logró por mayoría de los consejeros y ya sin la presencia del consejero Sergio García Ramírez, la “investigación por oficio” u “oficiosa” como se dijo, del caso Monexgate.

Devuelve IFE dictamen sobre gastos de campaña


JESUSA CERVANTES

MÉXICO, D.F. (apro).- Con cinco votos a favor y tres en contra, el Consejo General del IFE regresó el dictamen sobre gastos de campaña presidencial de todos los partidos a la Unidad de Fiscalización para que precise cómo fue que determinó los gastos atribuidos a Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador, y le ordenó realizar un trabajo exhaustivo al respecto.

Los consejeros demandaron que Alfredo Cristalinas, titular de la Unidad, defina los “criterios” bajo los cuales determinó qué campaña (presidencial, de senadores o diputados) fue “beneficiada” con espectaculares, videos, gorras, eventos y demás. En el caso del PRI, la mayoría de los gastos fueron considerados por la Unidad de Fiscalización como dinero utilizado por los candidatos al Congreso de la Unión y no por Enrique Peña Nieto.

En contraparte, para la candidatura de Andrés Manuel López Obrador computó la mayor parte del recursos al candidato presidencial, y no aceptó la respuesta de PRD, PT y MC de que tal dinero era mayoritariamente para candidatos a diputados y senadores.

La falta de claridad hizo que el consejero Lorenzo Córdova planteara desde el inicio el regreso del dictamen hasta en tanto la Unidad no definiera qué es lo que entiende por “campaña beneficiada” y con base a cuáles criterios tomó sus determinaciones.

Los consejeros que votaron en contra fueron el presidente Leonardo Valdés Zurita, Marco Baños y Francisco Guerrero. Quienes estuvieron argumentando para que se hiciera una revisión fueron Lorenzo Córdova, Benito Nacif, Alfredo Figueroa, María Marván y Macarita Elizondo.

El consejero Sergio García Ramírez se excusó de votar; casualmente tomó esta determinación una vez que Macarita Elizondo adelantó –y con ello sumó cinco votos futuros–, que estaría a favor de regresar el dictamen. Así, la consejera anuló la calidad definitoria del voto de García Ramírez, como sucedió con el caso Monex.

Al arranque de la sesión, el primero en hablar fue justamente Sergio García Ramírez, quien pugnó por que la decisión que adoptara el Consejo General se hiciera tomando en cuenta que “entra en juego no sólo la justicia electoral, sino también la conciliación entre la ciudadanía”.

Agregó: “En cualquier litigio se mira hacia el pasado, pero en este caso el árbitro debe mirar al futuro y analizar cuáles serán las consecuencias de sus decisiones”.

Antes reconoció la labor del titular de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, “sobre todo cuando soplan vientos encontrados: (y usted muestra) entereza”. Luego dijo que en las siguientes rondas fijaría su voto. Curiosamente, al momento en que Macarita Elizondo decidió respaldar el regreso de dictamen, Sergio García Ramírez pidió la palabra y anunció que no votaría, y únicamente estaría “como invitado del presidente Valdés Zurita”.

El hecho de que se haya regresado el dictamen no necesariamente implica que ya no se multará con 129 millones de pesos al PRD-PT y MC, con 2.2 millones al PAN y 54.6 millones al PRI, mucho menos que se establezca que Peña Nieto no rebasó el tope de campaña, como lo fija el dictamen rechazado.

“Avalar dictamen es simular gasto”

En la discusión, el consejero Lorenzo Córdova Vianello sostuvo que el dictamen de Alfredo Cristalinas adolece de tres aspectos: no aclara qué entiende por “campañas beneficiadas”, hay que ver a cuál campaña se debe computar; no explica el motivo del beneficio y debe acreditar por qué es a tal campaña y no se ve el bosque en su conjunto, sino un árbol, es decir, se debe ver el conjunto de las campañas: presidente, senadores y diputados.

“Se debe aclarar qué motivó los criterios para ver el beneficiado”, destacó Córdova, porque en el dictamen no se explica por qué el beneficio ni cuál fue su motivación. “El dictamen no está motivado”, agrega.

En tanto, el consejero Figueroa argumentó que avalar el dictamen en sus términos es convertir la fiscalización en una estrategia financiera para los partidos y ya no sería un instrumento de gasto. “Votar en sus términos el dictamen es ir en contra de los principios fundamentales de la equidad… Es simular un gasto y violentar los topes de campaña”.

Hacerlo, dio, es convertir la fiscalización de un instrumento de gasto a una estrategia financiera para acomodar el gasto al antojo de los partidos. Por ejemplo, el PRI reportó que en el evento del estadio Azteca, gastó 4 millones 684 mil 517 pesos, “pero sólo el 1% se usó en Peña Nieto”; es decir, 46 mil 845 pesos. Este reporte lo dio por válido la Unidad de Fiscalización.

El consejero Figueroa propuso que al regresar el dictamen, en su nuevo análisis, la unidad estableciera el llamado “prorrateo” o distribución de los recursos por igual. Es decir, que si en un evento estuvo el candidato a la presidencial, el de la diputación federal y el de la senaduría, se dividiera entre tres “y no al antojo del partido político” que se está auditando. Pero su propuesta fue rechazada por mayoría de votos.

En defensa del PRI y de que se votara en esta sesión el dictamen, el consejero Francisco Guerrero dijo que regresar el documento “desploma y derriba las reglas preestablecidas para la fiscalización, y eso sí –advirtió– genera falta de certeza en la revisión”.

En el mismo sentido, el consejero Marco Baños sostuvo que regresarlo “sería atentar contra el reglamento”.

El consejero Benito Nacif aclaró que no se debe olvidar el papel del IFE en este momento: “Tenemos atribuciones y responsabilidades, y nos corresponde revisar ese dictamen. Los consejeros no estamos obligados a aprobar el dictamen de la Unidad de Fiscalización, hacerlo sería abdicar de nuestra responsabilidad”.

Enumeró luego las razones por las cuales se debía regresar el dictamen: no estoy de acuerdo con el criterio de interpretación del artículo 177 del Reglamento de Fiscalización, que es el que establece el prorrateo.

“Se mide con distinta vara a los partidos políticos y el tope de campaña no se respeta, pues cada partido tiene su propio tope de campaña; el dictamen no cumple el principio de exhaustividad y tampoco explica qué método usó la Unidad para aceptar la dispersión del gasto.

“Hay que transparentar el prorrateo y debe haber un solo tope de campaña para todos los partidos políticos”, sostuvo Nacif.

Añadió que con el criterio que escogió la Unidad de Fiscalización se deja que los partidos políticos determinen cómo distribuir su gasto. Ese criterio debe modificarse porque sus resultados afectan el principio de equidad. “Terminamos midiendo a los partidos con vara distinta”, admitió.

Marco Baños defendió la distribución de los gastos que hizo el PRI, y sostuvo en todo momento que el prorrateo es decisión de los partidos, no de los consejeros.

Sin embargo, como el artículo 177 en su inciso A dice que para la campaña presidencial se debe contabilizar “por lo menos el 50%” y el PRI no lo hizo, el consejero Nacif dijo que “este Consejo tiene la autoridad para ver si se usó el 50% que viene en el artículo”. En el inciso B del mismo artículo se establece que el 50% restante es el que se debe prorratear.

Lo que hizo el PRI es prorratear todo el 100% y reportar que de todos los gastos en la campaña presidencial sólo se usó el 1%.

La consejera María Marván, quien se pronunció por rechazar el dictamen de gastos de campaña y regresarlo a la Unidad, dijo que éste carecía de “elementos para establecer los criterios utilizados, ni por qué se determinó que el beneficiado de una campaña fue un candidato y no otro. “No hay un hilo conductor para asignar el beneficio a un candidato”, se quejó.

Baños argumentó que debe haber equidad en la contienda, si no la hay se afecta la certeza, objetividad y legalidad, y si no están estos elementos no hay transparencia ni verdadera rendición de cuentas.

“En la información que se presenta no está cuánto se gastó para diputado o senador, sólo se dice que gastó más que para presidente, por lo tanto emitir un voto sin la información completa sería sesgado”, añadió Marván.

La consejera Macarita Elizondo inclinó finalmente la balanza hacia el regreso del dictamen. En su argumentación sostuvo que aprobarlo sería establecer una visión parcial que permitiría “que a través de una ingeniería contable se rebase el tope de campaña”.

Aclaró que lo que fue bueno ayer, hoy no lo es. Y esto porque el prorrateo fue avalado por el consejero del IFE en 2007. “Para esta revisión –añadió– necesitamos una visión global y así evaluar todo el gasto de campaña y ver si se rebasaron o no los topes de campaña. El dictamen es incompleto porque no tiene todas las campaña”.

El consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, habló al inicio de la sesión. Aclaró que todos los partidos tuvieron dos oportunidades de subsanar requerimientos de la Unidad de Fiscalización y que se aprobó que el “prorrateo fuera libre” a elección de los partidos.

“Por lo que ninguno puede llamarse sorprendido”, dijo, luego destacó “el gran esfuerzo e imparcialidad de la Unidad de Fiscalización”, con lo cual adelantó así su voto a favor del dictamen.

Al final, sólo Baños, Guerrero y Valdés respaldaron a Alfredo Cristalinas. Sin embargo, por los cinco votos en contra, el dictamen se regresó a la Unidad, que deberá explicar cada una de sus sumas y restar en la revisión de los topes de campaña de cada partido político.

El siguiente dictamen podría presentarse la primera semana del mes de julio.

Sienta precedente la Suprema Corte con amparo a Proceso


JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, D.F. (apro).- Con un amparo resuelto a favor de la revista Proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó precedente al romper con el secreto absoluto de las averiguaciones previas.

La Primera Sala del máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de varias disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que avalan la negativa de la Procuraduría General de la República de dar a conocer las averiguaciones previas por razones de “interés público”.

Por cuatro votos a uno, los ministros establecieron que con esas disposiciones no existe “una ponderación adecuada” entre el derecho a la información pública y lo que se busca con la restricción a la investigación y persecución de los delitos a cargo de la PGR.

“El hecho de que se establezca que toda la información contenida en la averiguación previa, absolutamente toda, con independencia de sus elementos, sea considerada reservada… impide el ejercicio de derecho de acceso a la información, incumpliendo el principio de máximo publicidad que lo rige”, dice la resolución.

El proyecto fue elaborado por el ministro José Ramón Cossío y tuvo el respaldo de sus homólogos Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y el de recién ingreso Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El único opositor fue el presidente de la Sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Con esa resolución, la Sala logró lo que en julio del año pasado no pudo el pleno de ministros, cuando no alcanzó la mayoría de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad del artículo 16 del CFPP.

Con el amparo solicitado por el director del semanario Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, la Corte declaró que los párrafos segundo, tercero y sexto de ese artículo son contrarios a la Constitución.

También invalidó los artículos 13, fracción V, y 14, fracciones I y III de la LFTAIPG y el artículo 9 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la CNDH.

El amparo llegó la Suprema Corte luego de que el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa pidiera al máximo tribunal del país revisar los alegatos constitucionales de Rodríguez Castañeda ante la negativa de la CNDH de darle acceso a un expediente motivo de una queja contra la secretaría de la ahora desaparecida Seguridad Pública federal.

En agosto de 2009, Rodríguez Castañeda interpuso una queja contra la CNDH luego de que el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presentara ante la prensa a una célula de La Familia Michoacana no sólo con armas y otros elementos de su presunta actividad ilegal, sino con ejemplares de la revista Proceso en los que se daba cuenta de las dificultades de la Policía Federal para enfrentar a esa organización delictiva.

También difundió un video en el que uno de los detenidos aseguró que el jefe de la organización, Servando Gómez Martínez, La Tuta, le pedía ejemplares de la revista.

La CNDH salió en defensa de García Luna al asegurar que sólo se trató de la labor informativa de la SSP, por lo que no se violaban los derechos ni se ponía en riesgo a la revista.

Proceso le pidió a la CNDH que le dejara ver el expediente de su investigación, pero el organismo se negó a entregarlo. Un juez de distrito avaló la negativa, pero ahora la Suprema Corte estableció que el Tribunal Colegiado debe revisar la negativa con los nuevos criterios de inconstitucionalidad.

Nuevas pistas en indagatoria de estallido en edificio de Pemex


Fueron hallados restos de una llave y un tubo de que no aparecen registrados en los planos del inmueble, según el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Alfredo Castillo.

Alfredo Castillo Cervantes, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR (Foto: Cuartoscuro) 

Sobre la explosión en el edificio B2, la PGR investiga una llave y un tubo de gas que no aparecen registrados en los planos del inmueble, de acuerdo con el diario Reforma.

En un recorrido por las instalaciones donde se produjo el estallido, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Alfredo Castillo, informó que los restos del regulador y el tubo encontrados en el área de pilotes fueron sometidos a análisis y dieron positivo a la presencia de gas metano, según el periódico El Universal.

En tanto, la PGR también indaga sobre la presencia de restos de agua en el ducto de gas natural que pasa entre los edificios B1 y B2. Las autoridades buscan determinar si el tubo tenía una porosidad desde la que se filtró el componente que causó la explosión.

“En el lugar se observan residuos de agua y basura, es lo que se está valorando para ver de qué manera pudo haber existido algún tipo de porosidad que estuvo pasando con el paso del tiempo”, apuntó Castillo, citado por Reforma.

Caso Televisa-The Guardian, 'elefante blanco' nunca existió.- Aristegui


¿Qué dijo y qué no dijo la traducción al español del comunicado Televisa-’The Guardian’ ?


La traducción hecha por Televisa del acuerdo al que llegó con el diario inglés 'The Guardian' tiene varias diferencias respecto al comunicado original, revela una traducción hecha para Aristegui Noticias.


La traducción que Televisa difundió del acuerdo al que llegó con el periódico británico The Guardian, para resolver las “diferencias” sobre los señalamientos de una supuesta promoción encubierta a favor de Enrique Peña Nieto, difiere del texto original que publicó el rotativo. La periodista canadiense Niloufar Ahmadzadeh realizó otra traducción para Aristegui Noticias del documento original. Estas fueron las diferencias encontradas entre ambas versiones:

TelevisaThe Guardian
Párrafo 2“The Guardian es uno de losprincipales periódicos de Gran Bretaña.”The Guardian es uno de los principales periódicos serios de Gran Bretaña.”
Párrafo 3“… un mes previo a la competidaelección presidencial en México …”“… un mes previo a la fuertemente competida elección presidencial en México …”
Párrafo 5“…the Guardian pensó que sus artículos planteaban una cuestión de interés público …”“…The Guardian publicó los artículos…”“…The Guardian consideró que sus artículos basados en estos documentosplanteaban un serio asunto de legítimointerés público …”“…The Guardianpublicó las acusaciones…”
Párrafo 6“… Televisa había vendidocobertura informativa a algunos partidos políticos y candidatos”“… Televisa había sido acusado de parcialidad informativa por vender cobertura informativa favorable a algunos partidos políticos y candidatos”
Párrafo 7“… generan controversia …”“… generan considerable controversia …”
Párrafo 9“…the Guardian acepta que tanto el IFE como el TEPJF resolvieron …”“…The Guardian reconoce que tanto el IFE como el TEPJF resolvieron …”
Párrafo 10“The Guardian reconoce la preocupación …”“… una prueba concluyente de parcialidad o sesgo informativo por parte de Televisa.”The Guardian acepta la preocupación …”“… una prueba concluyente de sesgo en la información políticapor parte de Televisa.”
Párrafo 11“The Guardian acepta que lasautoridades electorales resolvieron que la cobertura televisiva de Grupo Televisa cumplió con las estrictas normas electorales mexicanas y neutralidad políticaEn consecuencia, The Guardian aclara gustosamente cualquier involuntario malentendido.”The Guardian reconoce que la cobertura de noticias políticas de Televisa ha sido resuelta por el Tribunal Electoral Federal de México y cumplen con las estrictas regulaciones de radiodifusión del país sobre la imparcialidad políticaThe Guardian clarifica consecuentemente con gusto cualquier malentendido involuntario.”


Este es el documento original en inglés:

Acapulco, la segunda ciudad más violenta del mundo: Consejo Ciudadano


El puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, es ya la segunda ciudad más peligrosa del mundo y la primera del país, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

La ciudad mexicana tiene una tasa de 143 asesinatos por cada 100 mil habitantes; tan sólo después de San Pedro Sula, Honduras, que registra 169 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

“Actualmente hay una gran violencia (en Acapulco) no solamente homicida… Se ha venido deteriorando porque no hay autoridad”, señaló José Antonio Ortega, presidente del consejo.

Otras ciudades mexicanas que figuran en el ranking de las 50 más peligrosas del mundo en 2012 son: Torreón, en quinto lugar; Nuevo Laredo, en octavo; Culiacán, en el 15; Cuernavaca, en el 18; Ciudad Juárez, en el 19; y Chihuahua en el 32.

En la lista, también se encuentran Ciudad Victoria, en el 36; y Monterrey, Nuevo León, en el 47.

Dentro de las primeras 5, además de San Pedro Sula, Acapulco y Torreón, está Caracas, Venezuela, en el tercer lugar; y Distrito Central, Honduras, en el cuarto.

En general, México tiene 9 ciudades dentro del ranking de las 50 más violentas; lo supera Brasil, con 15.

Falta de autoridad

Ante estas cifras, Ortega consideró que esas ciudades se caracterizan por la falta de la autoridad.

Al hablar del caso de Acapulco, refirió que en lugar de llorar, el alcalde debería buscar a los violadores de turistas.

Sobre el cambio de gobierno, opinó: “Si alguien ve la estrategia de Peña Nieto, que me avise, porque yo no la veo. No hay ningún cambio”.

Para elaborar el ranking, se tomaron en cuenta 189 países del mundo.

Boletín de Democracy Now! en Español


7/2/2013

Los titulares de hoy

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El Resto de la Hora de Democracy Now!

En momentos en que el zar del antiterrorismo, John Brennan, se presenta ante el Congreso en la audiencia que lo confirmará como director de la CIA, se publicó un nuevo y pormenorizado informe de la participación internacional en el programa secreto de cárceles, rendiciones y tortura implementado por esta agencia en los años posteriores al 11 de septiembre de 2001. En el informe, titulado “Globalizing Torture” (La globalización de la tortura), la organización Open Society Justice Initiative afirma que 54 países colaboraron con la CIA para detener a 136 personas, un número record hasta la fecha. Más...

Radio ambulante: historias no contadas del continente americano en un programa de radio en español

Radio ambulante —un nuevo programa de radio que se emite en idioma español— reúne voces de toda América latina y Estados Unidos, para presentar historias no contadas en torno a temas como la inmigración y los secuestros. A través de una red de periodistas de todo el continente americano, el programa mensual llena un espacio vacío en el paisaje radial destinado a los hispanohablantes. Nos acompañan Daniel Alarcón, director ejecutivo de Radio ambulante y autor de la reconocida novela “Lost City Radio” (Radio de la ciudad perdida), y Annie Correal, productora de Radio ambulante, que cuenta cómo su familia usa la radio para enviarle mensajes a su padre secuestrado, en Colombia. Más...

Expertos rechazan que el gas metano haya causado el estallido en Pemex


Hubiera causado enorme incendio; es flamable y explosivo, y ningún flamazo se registró, refieren.

Ariane Díaz
Publicado: 07/02/2013 08:00

México, DF. Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expertos en seguridad, ingeniería y protección civil, pusieron en entredicho que el estallido en el edificio B-2 de la Torre de Petróleos Mexicanos se haya debido a una concentración de gas metano, como afirman las autoridades.

‘‘Basta conocer las propiedades de dicho gas para descartar que se trate de la causa. Lo único que podemos afirmar sin mayor dificultad es que no se trata de gas metano; no sabemos qué sustancia es, pero ese gas, no’’, sostuvo Guillermo Garduño, experto en seguridad.

Explicó que el gas metano es resultado de un proceso de descomposición de materia orgánica, que no tiene color ni olor, y que cuando se emplea comercialmente se debe añadir cierto hedor, que es el que conocemos, a fin de advertir si hubiera alguna fuga. Es una sustancia flamable y explosiva, precisó.

En lo ocurrido en la Torre de Pemex ‘‘no hubo flamazo; si el gas metano hubiera sido la causa se hubiera producido un incendio monumental; la humareda producida hubiera sido enorme y las víctimas hubieran ardido, pero ningún herido está quemado”, expuso el académico.

Agregó que las versiones oficiales ‘‘terminan siendo una ofensa para la inteligencia de cualquiera’’ y que ‘‘más que respuestas, dejan muchas, pero muchas dudas”.

Por su parte, Raúl Lugo Leyte, investigador de la división de Ciencias Básicas e Ingeniería de la unidad Iztapalapa de la UAM, explicó que debió tratarse de unos 6 mil metros cúbicos de gas metano para causar esa explosión, y descartó que éste pudiera acumularse sin que nadie se diera cuenta.

‘‘No conozco las instalaciones de Pemex, pero podemos estimar que para una explosión de esa magnitud debió concentrarse demasiado gas, y eso tarda varios meses’’, explicó.

El experto no consideró probable que ello hubiera ocurrido sin que se percatara la gente, principalmente el personal de mantenimiento. ‘‘El personal de mantenimiento conoce bien los olores; con los analizadores de gases que existen, ya sea portátiles o fijos, lo debieron haber detectado’’, señaló.

Sobre el argumento de autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), de que la acumulación de agua y basura dio pie al exceso de gas, apuntó que tendría que ser bastante basura para que se diera un proceso de lixiviación y se formara el biogás. ‘‘Estamos hablando de toneladas, prácticamente de un relleno sanitario’’, y en consecuencia los malos olores se hubieran detectado.

En tanto, Delfino Hernández, geólogo especialista en protección civil, afirmó que no se debe descartar la posibilidad de un atentado, pues ‘‘los edificios se truenan de esta manera, aunque digan lo contrario, cuando hay ondas expansivas, las cuales se dan a través de explosiones por dinamita, pero según ellos no hay evidencia’’, cuestionó el académico.

Para el especialista, resulta extraño que, partiendo de que se trate de una acumulación de gas metano, la empresa que venía haciendo los trabajos de mantenimiento no se hubiera percatado que abajo había tal cantidad de la sustancia. “La expansión de la explosión fue considerable y para ello debió haber una concentración masiva de gas con mucha presión y eso debió tener meses de estarse acumulando.’’

Impunidad en crímenes contra periodistas en el país es de 81%


Senado instala Comisión Especial para Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Publicado: 07/02/2013 12:46

México, DF. Durante la instalación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, del Senado, el director de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Javier Tapia Urbina, manifestó que el índice de impunidad en las investigaciones de las agresiones y asesinatos a periodistas es de 81 por ciento.

En el Senado el funcionario resaltó que de 2000 a la fecha tiene 82 homicidios de periodistas, 18 desapariciones, 33 atentados a medios de comunicación, y de estos 133 casos sólo el 19 por ciento ha sido consignado, es decir, esto representa el 7 por ciento.

La cifra crece si se toman en cuenta las averiguaciones no consignadas.

Resaltó el funcionario que además expuso que del 99 a la fecha la CNDH tiene 843 expedientes de agresiones a periodistas.

El presidente de esta comisión senatorial, el senador del PT Marco Antonio Blásquez Salinas, destacó en su discurso que “hoy la vida de los periodistas está en riesgo y la seguridad de los medios de comunicación se encuentra comprometida. Entre 1983 y 1999, 33 periodistas fueron asesinados; entre 200 y 2006, 66; entre 2007 y 2012, 127”.

Precisó Blásquez que sólo el año pasado hubo 10 periodistas asesinados, dos desaparecidos y 27 agredidos. Se registraron 11 agresiones a medios de difusión y México ocupó el tercer lugar mundial en asesinatos de comunicadores, después de Siria y Somalia. Toda discrepancia estadística con otros oradores, no hacen sino reafirmar la gravedad del tema.

Sostuvo ante periodistas invitados a la instalación de la comisión y casi una treintena de senadores que la libertad de expresión es un pilar de la vida democrática. “Los ataques al gremio obedecen a la lógica de acallar a los comunicadores como paso previo para lograr el predominio del Estado”.

Teodoro Rentería, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, resaltó que de 2000 a 2012 se tiene un registro de 119 periodistas asesinados; 10 desaparecidos, el primero ocurrió en julio de 2003. “La impunidad es lo que nos agravia.

Jacobo Zabludovsky dijo que “tengo la sensación y la convicción de que estamos acudiendo a un acontecimiento histórico, que el Senado haya creado una comisión para castigar las agresiones contra periodistas”.

Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo de El Universal, y presidente de la Comisión contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo en su intervención que “somos testigos del arranque de esta comisión que da cuenta de la sensibilidad del Senado ante un problema que significa un escollo para la consolidación de la democracia mexicana. Demasiadas veces se ha dicho ya que México es uno de los países más peligrsos para ejercer el periodismo”.

Entre los periodistas invitados estuvieron Zabludovsky y Blanche Petrich. Entre la treintena de senadores presentes estuvieron el presidente del Senado y coordinador de los senadores del PAN, Ernesto Cordero; el coordinador de los priístas, Emilio Gamboa; el coordinador de los perredistas, Miguel Barbosa, y el coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett.

Llevarán a cabo asamblea los jóvenes encapuchados que tomaron CCH


Se espera que la UNAM presente su posición oficial sobre los hechos violentos esta tarde.

Emir Olivares Alonso
Publicado: 07/02/2013 10:21

México, DF. Los jóvenes que ayer tomaron la dirección general del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciaron que esta tarde realizarán una asamblea y posteriormente darán a conocer su posicionamiento en conferencia de prensa.

Hasta este mediodía, esas oficinas continúan tomadas por un grupo de estudiantes de diversos planteles del CCH, que cuentan con el apoyo de alumnos de diversas escuelas y facultades de la UNAM, así como de otras casas de estudio.

La tarde de ayer, en el contexto de la marcha por el 13 aniversario de la entrada de la Policía Federal a la UNAM para romper la huelga estudiantil de 1999-2000, varios jóvenes encapuchados que encabezaban la movilización se lanzaron contra las oficinas y con palos, sillas y escritorios reventaron los ventanales para poder ingresar.

Esto aun cuando la directora general de ese sistema de bachillerato universitario, Lucía Laura Muñoz, otros funcionarios y profesores, esperaban a los manifestantes para entablar un diálogo.

La mayoría de los asistentes a la marcha se replegaron al ver la acción de violencia, y se fueron retirando poco a poco y manifestaron su desacuerdo con la toma.

Se espera que en unos minutos la UNAM dé a conocer un comunicado con su posición oficial sobre los hechos. Aunque ayer se informó que la casa de estudios presentó una denuncia penal ante el ministerio público por estos hechos.

Los estudiantes que mantienen bajo su resguardo la dirección general del CCH informaron que será durante la conferencia de prensa donde presentarán su posición, sus peticiones y la manera en cómo propondrán entablar un diálogo con las autoridades de la casa de estudios.

Intimida la Hidroeléctrica El Naranjal a pobladores para vender sus predios, acusan


CELIA DÍAZ GARCÍA / JUEVES, FEBRERO 07, 2013

Córdoba, Ver.- Mediante amenazas y engaños continúa operando personal de la Hidroeléctrica El Naranjal que con estos métodos coacciona a la población a vender sus ejidos, malbaratándolos ante el temor que les ha infundado personal de la Hidroeléctrica, señalando directamente a Javier Tobías De La Rosa.

Ignacio Romero, integrante de la Unión de Propietarios y Comuneros del Valle de Tuxpango recordó, desde el 2007 personal de la empresa ha buscado comprar ejidos para poder concretar la instalación de la Hidroeléctrica, logrando a la fecha adquirir al menos el 50 por ciento de la superficie total de la tierra por donde cruzará el proyecto.

Sin embargo, dijo, esto lo ha logrado a base de engaños e intimidaciones, pero básicamente por el soborno con las autoridades, a quienes les dan “dinerito” bajo el pretexto de colaborar a las fiestas patronales y que así, se permita el avance de la obra sin tomar en cuenta a los ejidatarios.

Además, Javier Tobías De La Rosa también se ha dado a la tarea de engañar a los lugareños, asegurándoles que si no venden sus tierras se verán afectadas con inundaciones u otras situaciones, esto ha atemorizado a los propietarios, quienes incluso han vendido las tierras en hasta 3 mil pesos la “tarea”, medida de 500 metros cuadrados.

Esta lucha, por una parte de proteger a las tierras y por otra de vender, ha dividido a los lugareños, lo que ha sido aprovechado por la empresa que ha logrado adquirir al menos 20 hectáreas.

Por todo esto acusó al gobierno del estado así como a la Procuraduría Agraria de violar sus derechos constitucionales.

Negó que a la fecha, personal de le empresa se les haya acercado para entablar un diálogo y explicarles en lo qué consiste la obra, sólo han tratado con las autoridades y al resto los han presionado. No obstante cabe mencionar que personal de la Hidroeléctrica ha rechazado en constantes ocasiones que estén haciendo algún tipo de labor al conocer la molestia social que El Naranjal ha generado.

Rehusó rotundamente que pese a lo que se ha dicho, la Hidroeléctrica pueda ser de beneficio a la comunidad, pues asegura, sólo será positiva por un par de años, ya que habrán de proveer la mano de obra para la construcción de los canales, en tanto que habrán de traer a gente de fuera para los puestos principales.

Añadió, los grandes beneficiarios son las empresas de capital americano, canadiense y hasta de Brasil que ya estuvo realizando algunos trabajos previos que en sus países de origen ya no son aceptados por los daños ambientales generados. “Aquí la corrupción permite que este tipo de proyectos se realicen” acusó el representante comunitario.

Desdeña la Procuraduría de Justicia violencia contra homosexuales: ONG


FERNANDO INÉS CARMONA / JUEVES, FEBRERO 07, 2013

Orizaba, Ver.- Desde las escuelas, públicas y privadas, se alientan acciones homofóbicas que recientemente se “dispararon”, pero que no son denunciadas por pudor, temor e incluso por el desdén que existe en la procuración de justicia en el estado. Lo peor es que se detectan casos en que los mismos familiares animan la discriminación y agresiones que van hasta lo físico.

Jairo Guarneros Sosa, integrante del colectivo feminista Cihuatlactolli, de entrada aclara que en provincia el rechazo y discriminación contra los homosexuales “es igual o peor que en la capital del país”. De hecho, plantea que, en la sociedad en general, “se sigue discriminando a quienes tienen una preferencia sexual diferente y las agresiones van desde las burlas, hasta el rechazo y golpes”.

En entrevista, revela datos en los que se inculpa a maestros -de escuelas primarias- que son los que promueven la discriminación y rechazo hacia los homosexuales, “ya sea niño o niña” apunta.

“Apenas nos comentaron que, en algunas escuelas primarias, los profesores siguen en la ignorancia respecto a este tema e incluso los califican como personas raras que no tienen cabida en la sociedad. Incluso, hay datos en los que se afirma que son los mismos profesores los que fomentan la agresión hacia sus alumnos con una orientación sexual diferente”.

No obstante, aunque admite que entre los mismos familiares y los centros de trabajo también se registran los rechazos, “mayormente las agresiones suceden en las escuelas, públicas y privadas, y eso es de tomarse en cuenta; pero los centros de trabajo también son un centro de discriminación”.

Ahora bien es tal el grado de homofobia entre segmentos mayoritarios de la propia sociedad “que en una escala ascendente del uno al diez la colocamos en el número nueve, es decir, hay muchos casos, pero que no son denunciados especialmente por temor a más agresiones o en todo caso por el rechazo social e incluso familiar”.

Incluso en el seno familiar, las agresiones y actos discriminatorios contra homosexuales ocupan un lugar preponderante, “digamos que en la familia existe el miedo al rechazo de los hijos o hijas homosexuales y eso conlleva a que lo evidente se oculte o traten de sobreprotegerlos o de plano se reacciona con violencia”.

No obstante los hechos, las agresiones físicas y actos discriminatorios, “difícilmente las vamos a ver expuestas ante el ministerio público del fuero común, primero porque no existe la cultura de la denuncia de este tipo de hechos, pero además muchas de esas denuncias no son agilizadas, por la misma homofobia -en esos lugares que se supone son de procuración de justicia aun cuando en Veracruz la discriminación ya es un delito”, sostuvo.

La realidad, dijo, es que la mayoría de las agresiones o personas agredidas callan por temor a mayores problemas, por temor al rechazo social y por el miedo a que socialmente se enteren de sus preferencias sexuales.

Sin embargo, admitió que aunque en Orizaba “poco a poco empieza a ser común que parejas de personas del mismo sexo se prodiguen demostraciones afectivas, el grueso de la población los rechaza, los mal ve y esto también es discriminatorio, muchas veces no se necesitan palabras para discriminar”.

Gobierno aplica "tortura psicológica" vs miembros de "Agua para Amozoc"


Por : Yadira Llaven
2013-02-07 11:21:00

Integrantes del Movimiento “Agua para Amozoc” denunciaron que el gobierno del estado les aplica “tortura psicológica”, a través de policías judiciales y personal que labora para la alcalde Rosa Elba de Ita Marín, quienes continuamente realizan rondines en sus domicilios particulares, intimidando y gritan improperios para denostar a los activistas sociales.

Esto se debe a que líderes de este movimiento iniciaron una serie de protestas, desde el año pasado, en contra del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, que opera el servicio en Amozoc.

Las protestas de “Agua para Amozoc” derivaron en órdenes de aprehensión contra cinco de sus integrantes, quienes hasta el momento desconocen cuál es el delito que se les imputa.

En entrevista, Eloy Méndez Becerra, el dirigente de la asociación, denunció que la forma de torturar a sus familiares es que personas identificadas con el gobierno municipal les gritan que serán encarcelados y que ahí pagaran todas.

El Ponchis no ha sido rehabilitado: CDHEM


Raúl Morales Velázquez

CUERNAVACA. La presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, dijo que en caso de que Edgar N, alias El Ponchis, saliera del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), sin ser re- adaptado, “sería responsabilidad de las autoridades de Morelos”. En entrevista, la ombudsman afirmó que el citado sicario ha afirmado querer regresar a los Estados Unidos y permanecer en la Unión Americana, pero “ese país no quiere darle internamiento si consideran que es un joven de riesgo; entonces están exigiendo un examen sicológico para poder evaluar el tipo de reinserción que tuvo ahí y si se encuentra en posibilidades, una vez libre, de estar en el vecino país sin ningún problema”.

Benítez Villaseñor sostuvo que las autoridades de aquel país, a fin de cuentas se están previniendo; sin embargo, el mal trabajo que se hizo en Morelos “es lo que ha permitido que este joven no pueda regresar a la sociedad y no tenga muchas expectativas de que pueda cambiar de lo que estaba haciendo afectando a la sociedad, que es mucho más grave”. Afirmó que el Ponchis, simplemente por su paso y permanencia por el CEMPLA, “no fue rehabilitado; de hecho nunca se han entregado los exámenes sicológicos periódicos que se hicieron ni el trabajo que se empezó hacer de escolarizarlo y capacitarlo para trabajar; con ello lógicamente no tiene expectativas de poder encontrar un empleo cuando esté en libertad”, aunado a lo que hizo afuera, lo que lo pone en una situación de vulnerabilidad ante la gente que sabe que participó en esas células delictivas”.

Reiteró que el organismo a su cargo ha implementado mecanismos de reinserción, pero para ello se necesita que la autoridad siga como debe ser el trabajo con los adolecentes. Cuestionada sobre si a su salida continuara delinquiendo, de quién sería la culpa y si habría responsabilidades, respondió: “siempre hay una responsabilidad de todas las autoridades sobre qué tenemos que hacer en materia de reinserción y si cometemos una omisión, y esa es una situación en que los y las servidoras públicas deben ser sancionadas y debe iniciárseles un procedimiento administrativo de investigación”.

Al preguntarle sobre el convenio de Mando Único, signado entre presidentas y presidentes municipales con el Ejecutivo estatal, la ombudsman estatal confió en que con ello disminuyan las quejas en los municipios contra las corporaciones policíacas por abusos de autoridad en perjuicio de la población.

En otro tema, en cuanto a las llamadas que ha recibido el organismo a su cargo sobre la inconformidad de los padres de familia por las llamadas cuotas escolares, la ombudsman morelense dijo que existe mucha incertidumbre sobre la inscripción de sus hijos a la escuela por Internet, “toda vez que no funciona la forma de inscripción y por ende no hay certeza de que sus hijos, al no imprimirse el folio, hayan quedado registrados”; ante ello, lamentó que en las escuelas continúen con el cobro de las cuotas escolares, pues “están condicionando también que si quieren inscribir a alguien, deben tener un hermano estudiando en esa institución”, cosa que no debe ser así.

Ante ello, reiteró que se inició una queja en que se piden al secretario de Educación las medidas conducentes, porque se había quedado también en que se habilitarían computadoras en las escuelas, y en que se apoyaría a padres y madres con este sistema de inscripción, pero esto no se ha cumplido.

“Se hizo una solicitud de informes y estaremos trabajando con el jurídico. La situación que nos preocupa es que por el conflicto en el IEBEM no se esté atendiendo”.

Defensores de Wirikuta exigen a Peña cancelar las concesiones mineras


El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta enviará una carta al presidente Enrique Peña Nieto para exigirle que cancele todas las concesiones mineras en dicha zona, pues de lo contrario estaría en riesgo no sólo el equilibrio ambiental de la región, sino la supervivencia misma de los pueblos indígenas que ahí habitan.

En la misiva, el Consejo recuerda que la recomendación 56/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -aceptada por todas las autoridades federales- subraya la necesidad de echar atrás los permisos de explotación concedidos a la empresa de origen canadiense First Majestic Silver.

Por tal razón, exige que los trabajos de las minas y de las granjas tomateras de explotación intensiva sean cancelados y se inscriba a Wirikuta en el listado de patrimonio natural y cultural de la humanidad de la UNESCO, y no sólo como patrimonio inmaterial.

De igual forma, pide que el Estado mexicano haga valer los convenios nacionales e internacionales que protegen a las comunidades indígenas, entre ellos los Acuerdos de San Andrés.

Luego de recordar que el proyecto de decreto para crear en Wirikuta una reserva de la biosfera fue detenido por un amparo interpuesto por ejidatarios de la zona -quienes temen ser despojados de sus tierras por los pueblos wixárika-, el Consejo enfatizó que su intención no es afectar a nadie en la defensa de sus centros ceremoniales, al tiempo que reiteró que la reserva debe tener un enfoque biocultural, descartando así cualquier actividad minero-metalúrgica.

Tunuary Chávez González, coordinador del mesa ambiental del Frente en Defensa de Wirikuta, subrayó que hay un estudio de diversos especialistas universitarios en donde se comprueba que la mina causaría escasez de agua en 13 comunidades de forma inmediata y sólo crearía 166 empleos en un universo de más de 3 mil habitantes.

Cumple Ahuacuotzingo tres días sin luz por adeudo a la CFE, reportan habitantes


ARTURO DE DIOS PALMA ( Corresponsal)

Chilapa, 6 de febrero. Habitantes del municipio de Ahuacuotzingo denunciaron que desde hace tres días la cabecera municipal permanece sin energía eléctrica a consecuencia de una deuda de cerca de un millón de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que heredó de la pasada administración, que encabezó el perredista Francisco Quiñones Ramírez.

Este miércoles un grupo de habitantes de Ahuacuotzingo acudió a las oficinas de la CFE en Chilapa, para informarse sobres los motivos de la suspensión del servicio de luz desde el día lunes alrededor de las 10:00 de la mañana, según contaron.

A su salida de la CFE, los habitantes explicaron que el superintendente de la CFE, José Luis Pineda Sánchez, les explicó que la suspensión se debe a una deuda de 900 mil pesos que mantiene el ayuntamiento.

Según les dijo el funcionario de la paraestatal, la deuda fue dejada por la pasada administración por el concepto de alumbrado público.

Los habitantes narraron que el día lunes por la tarde se comunicaron vía telefónica a la oficina de CFE en Chilapa para preguntar el motivo del corte y el argumento que le dieron fue que “la actual administración no quiere comprometerse a pagar la deuda”.

De acuerdo a los pobladores, el superintendente de CFE en Chilapa, le aseguró que ya notificó al actual presidente municipal, el priísta Daniel Hernández Casarrubias, a quien le plantearon una forma de pago.

Esta forma de pago, según dijeron, la discutirán este jueves, con el síndico municipal de Ahuacuotzingo con la finalidad de cubrir la deuda y reanudar el servicio de alumbrado público.

Los habitantes aseguraron que la suspensión del servicio les ha provocado pérdidas en sus negocios, sobre todo, los que venden comida y en sus mismos hogares, por lo que exigirán la reanudación del servicio lo más pronto posible.