María Julia Mayoral / Prensa Latina
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* Una huelga de 35 meses * “Paros ilegales” de 2006 a 2010: Luévanos * Pérdidas por 3 mil 200 millones de dólares * Desalojo “con saldo blanco”: Gobernación * “Insensata política fascista”: SME * Ya pasó el tiempo de la negociación: patrones * El Congreso exige información * Ebrard critica “el acto represivo” * Anuncian inversiones millonarias
La mina de Cananea, el más grande yacimiento de cobre en México, es escenario de uno de los conflictos sociales más prolongados durante las últimas décadas por el litigio entre obreros e intereses patronales.
Ubicada en el norteño estado de Sonora, la cantera posee una vida útil de 125 años; pero estuvo paralizada por una huelga durante 35 meses, hasta el 7 de junio último, cuando policías federales desalojaron a los manifestantes. Cananea no es único lugar de protestas. Decenas de familias reclaman en Pasta de Conchos, Coahuila, por la muerte de 63 mineros, cuyos cadáveres no han podido ser rescatados luego de tres años del accidente. El presidente del Consejo Directivo de la Cámara Minera de México, Manuel Luévanos Sánchez, dijo que desde 2006 hasta abril de 2010, los paros que calificó de “ilegales”, provocaron al sector pérdidas por más de tres mil 200 millones de dólares.
Al intervenir el 7 de abril en la LXXIII Asamblea General Ordinaria de la Cámara Minera de México, el empresario solicitó la intermediación del presidente Felipe Calderón en la solución de los conflictos en curso. Según el directivo, el pedido tiene la intención de lograr una “completa solución a los problemas sindicales que han generado una creciente incertidumbre en la industria y frenan las inversiones, poniendo en riesgo miles de fuentes de empleo”.
Datos referidos por Luévanos Sánchez indican que el 70 por ciento del territorio mexicano es potencialmente apto para almacenar importantes yacimientos minerales. La rama aporta el 1.6 por ciento del producto interno bruto, y en 2009 se mantuvo como el cuarto sector que más ingresos generó, sólo por debajo del petróleo, el envío de remesas familiares y la industria turística.
Desalojo: versión oficial
El 7 de junio de 2010, la Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que fuerzas de seguridad pública habían tomado las instalaciones de la mina de Cananea.
La operación comenzó el 6 de junio a las 16:00 horas, cuando policías federales y de Sonora despejaron y aseguraron los accesos a las instalaciones de la mina, indicó Segob.
La actuación de los uniformados “con saldo blanco” para la Segob (sin actos de violencia) tuvo el objetivo “de posibilitar la realización de diligencias ministeriales que forman parte de diversas averiguaciones previas”. La acción policial empezó con el ingreso pacífico, sin resistencia ni incidentes, de elementos federales a las instalaciones de Cananea, en respuesta a solicitudes formuladas por la autoridad ministerial en el marco de indagaciones iniciadas con motivo de la probable comisión de diversos ilícitos, reiteró el organismo. La acción se realizó “con estricto apego a la ley y pleno respeto a los derechos fundamentales de los extrabajadores mineros que se encontraban en las afueras del lugar”, aclaró la entidad.
Tras largo proceso jurídico, con la intervención de diversas instancias del Poder Judicial de la Federación, fue aprobado el cese de las relaciones individuales, colectivas y el contrato colectivo de trabajo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y la empresa Mexicana de Cananea, puntualizó la Segob. Esa decisión quedó firmada mediante una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el pasado 4 de junio, lo que también dejó sin efecto la huelga de los mineros, explicó la dependencia gubernamental.
Desalojo: la otra versión
Un mensaje difundido el 7 de junio por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) consideró que el Estado volcó “todo su aparato represivo, policiaco, militar y paramilitar contra los trabajadores, en esta ocasión contra nuestros hermanos mineros de Cananea”.
El SME exhortó entonces a organizaciones y ciudadanos progresistas para detener lo que consideraron una “insensata política fascista del tolete y la criminalización de los conflictos sociales” en la nación. Testimonios recogidos por el diario La Jornada en el lugar de los sucesos incluyen declaraciones como la siguiente: “(...) había mujeres, niños, muchos jóvenes. Hasta ahí fue la policía a echar gases lacrimógenos, y la gente se tuvo que salir por las ventanas.”
Describió el rotativo: “Mineros, lugareños y periodistas atesoraron cual suvenires los restos de la desigual batalla: casquillos de bala de distintos calibres, cilindros de gas lacrimógeno, bolas de metal lanzadas con quién sabe qué”.
Al inicio de los enfrentamientos, el sindicato minero emitió un comunicado para tachar al gobierno como responsable de “los resultados de violencia y sangre que se puedan presentar en adelante”. También exigió al Ejecutivo dar “marcha atrás en esta invasión militar e ilegal de la mina de Cananea, meta al orden a Grupo México (dueño de la mina) y lo obligue a negociar una solución pacífica del conflicto”.
“El desalojo era algo que se veía venir”, admitió el alcalde de la localidad, Reginaldo Moreno en diálogo con la prensa. Dueño de las minas de Cananea y Pasta de Conchos, el Grupo México enfrenta críticas públicas por negligencias y falta de seguridad en sus instalaciones, pero, con la intervención de las autoridades en ambos sitios, al parecer logró sacarse de encima la presión de los sindicalistas.
Reportes de la prensa nacional observan que ahora la compañía podrá enfilarse con su filial Asarco en Estados Unidos para volver a la competencia contra la principal productora de cobre del mundo, la chilena Codelco.
Costosa rehabilitación
Durante un recorrido por Cananea, representantes de Grupo México informaron que rehabilitar la planta representará una inversión de 114 millones de dólares, y echar a andar la producción de cobre les tomará cuando menos cuatro meses.
Según los ejecutivos, será imposible reanudar las operaciones de manera inmediata por el saqueo en las redes de agua y electricidad; por ello la rehabilitación total podría tardar hasta un año. Ejecutivos de Mexicana de Cananea declararon que emplearán a dos mil trabajadores para labores de reparación, por medio de 40 empresas subcontratadas; con posterioridad piensan utilizar unos 800 mineros, publicó el rotativo Milenio Diario, el 14 de junio.
El director de operaciones de Cananea, Isaac López, descartó que esos mineros vayan a formar un nuevo sindicato, aunque pudiera tratarse de exmiembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros que hayan cobrado su liquidación.
“Lo más sano ahorita es que con los nuevos mineros no tengamos sindicato. Luego ya veremos”, dijo el ejecutivo citado por Milenio Diario. El gerente de la mina, Gilberto Quintana, aseguró que los empleados saquearon las instalaciones para robar 100 mil kilos de cable de cobre, con un costo aproximado de siete millones 800 mil pesos (casi 620 mil 400 dólares estadunidenses).
También anunció el establecimiento de 160 denuncias “contra quienes resulten responsables”.
Líderes mineros aseguraron lo contrario y acusaron a la empresa de querer desacreditar al sindicato.
También reportes mediáticos, aparecidos en publicaciones como Milenio Diario, refieren que el Grupo México presumiblemente financió a trabajadores para romper la cohesión del gremio.
El titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, destacó que mediante la reconstrucción “se generarán empleos y empeños para que la mina vuelva a producir la riqueza que permita el bienestar en Cananea”.
Aunque el secretario planteó el establecimiento de una mesa de negociación, el 13 de junio último el Grupo México dio a conocer su rechazo a la propuesta, pues según alegó la firma registra pérdidas por robo y vandalismo ascendentes a 113 millones de dólares.
“Para nosotros ya pasó el tiempo de las negociaciones. Por tres años estuvimos esperando; ahora ya estamos trabajando para rehabilitar la mina”, expuso el director de operaciones de Cananea, Isaac López Arzola.
Al evaluar los acontecimientos, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, consideró que al gobierno se le está agotando la paciencia para atender los conflictos sociales y eso no es bueno para el país”. El titular del Ejecutivo, estimó Navarrete, prefiere solucionar los conflictos de golpe, mediante la fuerza, en lugar de buscar salidas concertadas. Integrantes de ambas cámaras del Congreso exigieron al gobierno que informe acerca de los acuerdos con el Grupo México, favorecido por las decisiones legales.
En opinión del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, la toma por policías federales del socavón de cobre de Cananea es un acto represivo. “El uso de la fuerza para resolver un conflicto de carácter laboral nos debe preocupar; usar la fuerza contra trabajadores es equivocado, es un error y un abuso”, apreció.
“No se puede construir una política laboral sobre la base de reprimir a los trabajadores y menos en el ejercicio de sus derechos”, añadió el dirigente capitalino.
Después de retomar el control de la mina, con producción anual de 340 mil toneladas, el Grupo México ofreció a los trabajadores una indemnización “seis veces superior” a lo correspondiente y un proceso de recontratación. El líder de la Sección 65 en Cananea, Sergio Tolano, explicó que la demanda central de los mineros es el respeto pleno al contrato colectivo de trabajo para dar seguridad laboral a los obreros.
Para el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador existen vínculos entre altas figuras de la política nacional y el Grupo México propiedad de Germán Larrea. Gracias a ese respaldo, ilustró, en 1989 la empresa recibió la concesión de Cananea a cambio de 400 millones de dólares cuando dos años antes Nacional Financiera hizo un avalúo ascendente a 2 mil millones.
Drama minero
Pese a su riqueza, Cananea es un sitio donde la gente pasa hambre. Hasta en las zonas más céntricas del pueblo hay comercios quebrados, la resistencia de los extrabajadores de la mina resulta dolorosa para quienes ven empeorar su existencia y piensan que los culpables de tanto quebranto son los huelguistas inconformes.
Según datos de Mexicana de Cananea, la producción diaria antes del paro era de 360 mil toneladas, equivalentes a tres millones de dólares. A una semana de que la Policía Federal desalojara el lugar, directivos de la firma confirmaron la puesta en marcha de una inversión inicial por aproximadamente 114 millones de dólares, lo que significará una reactivación de la economía del estado de Sonora, pues esa actividad minera representa el 30 por ciento del producto interno bruto del territorio.
¿Por qué si hay sumas millonarias para rehabilitar la mina se dejó extender la protesta durante más de tres años sin responder a los reclamos laborales?, se preguntan muchos.
Las respuestas pueden ser diversas, así lo constatan las declaraciones de damnificados, integrantes de fracciones sindicales en pugna, empresarios, políticos en el poder o la oposición, signadas las evaluaciones de éstos últimos por las rivalidades en un año de contienda electoral; mientras continúa el drama de las familias mineras.
Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular
