El documento se basó en la participación en fiestas y actividades cotidianas de la comunidad
JORGE COVARRUBIAS
“Con la amenaza de la inundación del poblado de Temacapulín, la gente siente que pierde el territorio que le otorga su identidad; lo que equivale a la pérdida de su pasado histórico. La mayoría de la gente no quiere salirse del pueblo porque no quiere perder sus raíces; en el pueblo se encuentran sus referentes, sus querencias, sus recuerdos. Insisten en que en estas tierras nacieron y crecieron y allí mismo desean morir. Incluso para los migrantes, la proyectada inundación del pueblo la perciben como una cancelación de sus sueños, de la búsqueda de un regreso a sus raíces para disfrutar su jubilación en la tranquilidad de su pueblo”, señala uno más de los peritajes que los habitantes de este poblado presentaron en el juicio de amparo 198/2010 y 199/2010 para frenar la construcción de la presa El Zapotillo.
En ediciones anteriores La Jornada Jalisco dio a conocer los peritajes realizados por especialistas en materia ambiental, ingeniería civil y psicosocial que dan cuenta de las afectaciones que tendrá el medio ambiente y las repercusiones sociales en los pobladores si la autoridad logra desplazarlos.
María Cecilia Lezama Escalante, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social –egresada del CIESAS– es la autora del peritaje antropológico que se entregó –al juez cuarto de distrito en materia administrativa del estado de Jalisco Juan Manuel Villanueva Gómez– como una prueba más de los daños y perjuicios que la construcción de la presa El Zapotillo está ocasionando a los pobladores.
La académica explica que el dictamen se basa en los resultados derivados de una investigación de campo efectuada en la comunidad de Temacapulín, que incluyó la observación y participación en las actividades cotidianas y fiestas tradicionales de la localidad, así como de entrevistas sostenidas con las quejosas y algunos de sus familiares, con otros residentes y migrantes de esta población.
Comienza por la historia de Temacapulín, la cual se remonta al siglo VI con los primeros asentamientos indígenas de los tecuexes en la región, y continúa al correr de los siglos para convertirse en un pueblo colonial, importante proveedor de maíz y trigo para la región.
Expone que en el pueblo existe una profunda religiosidad y devoción al Señor de la Peñita, un Cristo al que ven plasmado sobre las paredes rocosas de la montaña. Los trazos reticulares de sus calles empedradas denotan los patrones ancestrales de los centros urbanos coloniales que se organizaban en torno a la Iglesia. Los espacios públicos permiten reunir a la población en las festividades y actividades cotidianas, como son la plaza central, el kiosco, su centro de servicios municipales, campos recreativos y para uso comunitario de los manantiales, sus panteones, etcétera.
“Se sienten privilegiados y orgullosos de que en su territorio se haya revelado la imagen del Señor de la Peñita”, refiere el documento.
Para los temacapulinenses los símbolos de identidad –señala Lezama– no se pierden ni con la muerte, y aún los que viven fuera del pueblo, desean ser enterrados en su tierra natal, al lado de sus antepasados, como una forma de ratificar su pertenencia y los lazos de unión con sus seres queridos. Este fenómeno cultural explica la existencia de cuatro panteones que contrasta con el reducido tamaño del pueblo.
“Son tan importantes los muertos para la comunidad, que hay quienes piensan interponer un amparo para evitar que inunden el panteón o que saquen los restos de la tumbas, considerando que tienen derechos adquiridos por los pagos que efectúan al camposanto”, dice.
La investigadora resalta entre sus anotaciones que el proyecto para reubicar la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios que representa un patrimonio cultural que data del siglo XVIII se consideró inviable por parte de las autoridades de la Comisión Estatal del Agua (CEA). Su importancia para los habitantes radica, además de su estilo sobrio en cantera rosa y las pinturas que resguarda –las cuales representan eventos históricos y escenas de las costumbres religiosas del pueblo– en que constituye un centro de celebración de todo tipo de festividades religiosas y sociales. Es el lugar privilegiado para celebrar bodas y bautizos, atrae a moradores y migrantes que regresan a dar gracias a la Virgen por los favores recibidos.
En el 2009 con motivo de la celebración de sus 250 años de fundación, arribaron feligreses de otras ciudades de la república y el extranjero, quienes a través de colectas reunieron fondos para adquirir una campana de 250 kilogramos, así como los adornos florales y pendones para el jubileo. Con motivo de las fiestas el pueblo entero fue remozado; se pintaron bardas y casas, se limpiaron calles y terrenos baldíos para dar una mejor imagen a los visitantes.
“Esta iglesia es patrimonio del Estado y fue declarada por la Secretaría de Cultura del Estado como uno de los monumentos coloniales sujetos a conservación. Sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se ha abstenido de realizar los estudios correspondientes del inmueble, a pesar de las solicitudes expresas de la comunidad, toda vez que están en riesgo de desaparecer bajo el embalse de la presa El Zapotillo”, subraya la investigadora.
Lezama explica que las autoridades tampoco tomaron en cuenta la añeja rivalidad entre Cañadas y Temacapulín surgidas por cuestiones de origen, pues en la primera prevalecía descendencia española, mientras que en la segunda un origen indígena.
“Lo anterior indica que las políticas públicas en cuanto a la reubicación adolecen de un diagnóstico previo de las necesidades, costumbres y valores de los futuros pobladores para elegir el sitio y el diseño adecuado de vivienda para el nuevo centro de población. Es claro que la restitución del daño que implica para un afectado el dejar su hogar y su territorio no puede ser considerado exclusivamente en términos de un simple intercambio de un lugar a otro o de una indemnización económica”.
La investigadora señala que las políticas hidráulicas en México han favorecido por muchas décadas la construcción de grandes presas de almacenamiento y plantas hidroeléctricas, como medio para alcanzar el desarrollo económico y el progreso. Sin embargo, las experiencias acumuladas durante los últimos cincuenta años, que arrojan más de cien mil personas desplazadas de sus comunidades de origen, no dan cuenta de mejoras en la calidad de vida y niveles de ingreso de los afectados.
Recuerda que en estos proyectos se ha reubicado de manera forzosa a población compuesta en su mayoría por indígenas, que hasta la fecha siguen esperando las compensaciones prometidas por las autoridades. Tal es el caso de la construcción de la presa de El Temazcal, que condujo al desplazamiento de 22 mil mazatecos; La Angostura desplazó alrededor de 15 mil 483 tzotziles y mestizos; la presa de Cerro de Oro a 25 mil chinantecos y mazatecos; la presa Carlos Ramírez Ulloa a más de cinco mil nahuas; la de Itzantún afectó a 13 mil zoques; Aguamilpa a 12 mil 450 huicholes; la de Zimapán a dos mil 109 pame-otomíes, por mencionar sólo algunas de las obras hidráulicas más importantes. No se incluyen los datos de las presas más recientes, como son El Cajón y La Yesca, que se encuentran en territorio huichol.
“Veinte años después aún hay afectados esperando que el gobierno pague las compensaciones estipuladas originalmente. Incluso, les ha tocado a los nietos de los desplazados demandar las compensaciones, sin contar con ninguna ley que los ampare”.
Lezama añade que los desplazados suelen verse obligados a trabajar como jornaleros a cambio de salarios muy bajos, donde son sometidos a condiciones precarias de vida y son víctimas de discriminación.
Fuente: La Jornada de Jalisco
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