Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
ARTURO ALFARO GALÁN
Miembros del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) identificaron que los cuatro golpeadores, quienes el pasado miércoles reprimieron, junto a policías judiciales y metropolitanos, a cientos de profesores durante una manifestación en el Centro Histórico, son parte de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza Eric Lara Martínez, secretario general de la organización.
Ayer, después de una reunión para analizar las fotografías y videos de la agresión en contra del movimiento magisterial, los profesores –quienes pidieron el anonimato después de las represiones que sufrieron sus compañeros– revelaron la identidad de los cuatro encapuchados, quienes, vestidos de civiles, fueron los encargados de señalar a los líderes del movimiento magisterial para que los elementos de la Policía Judicial los agredieran y detuvieran a fin de presentarlos ante la PGJ.
De esta manera, indicaron que los cuatro golpeadores pertenecen a la sección 23 del magisterio responden a los nombres de: Salvador Escamilla Vargas, integrante del Comité Ejecutivo seccional desde hace 10 años, aspirante en 2008 a la dirigencia seccional del SNTE y pariente de Ardelio Vargas Fosado, candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el distrito de Huauchinango, ex titular de la dirección del Centro Nacional de Análisis, Planeación e Información (Cenapi) de la Procuraduría General de la República (PGR) y quien encabezó la represión de campesinos en Atenco y en contra de maestros de Oaxaca, ambos en 2007.
También participó Adán Hernández Prior, quien en 2007 fue candidato a diputado por el Distrito I con cabecera en Huauchinango por el Partido Nueva Alianza (Panal); y Avelino Aguilar Molina, profesor de la región de Acatlán, quien buscó la dirigencia seccional del magisterio en 2008.
Por último, señalaron a Francisco Rodríguez Canul, trabajador del comité seccional del SNTE 23, como la persona que en las fotografías viste una camisa roja y una máscara negra. Sobre Rodríguez Canul, indicaron, pesan acusaciones –no aclaradas– por supuestos actos de corrupción en el programa de Vivienda impulsado hace varios años en el sindicato.
Entrevistado por separado, Miguel Guerra Castillo, vocero de la disidencia magisterial, pidió al gobierno del estado sacar las manos del magisterio y evidenció que la presencia de los golpeadores durante la represión del pasado miércoles es una muestra que el mandatario estatal y los dirigentes de las secciones 23 y 51 del SNTE, pretenden desarticular el movimiento disidente en la entidad tal como ocurrió en Morelos, Oaxaca y Michoacán.
La Jornada de Oriente documentó el pasado viernes que Gilberto Maldonado Maldonado, líder democrático de la sección 23 del SNTE, explicó que la estrategia de infiltrar a golpeadores en los movimientos disidentes proviene de la líder vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, quien pretende generen violencia en las manifestaciones, para justificar la represión policiaca.
Las liberaciones
Los 15 profesores que fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial, fueron liberados por el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) después que a 13 de ellos se les impuso una fianza de mil pesos y dos de los profesores –quienes fueron consignados ante el Juzgado Segundo Penal y trasladados al Centro de Rehabilitación Social (Cereso) del estado de Puebla– quedaron libres, pues no se les encontró delito que perseguir.
Así lo informó la juez Rosa Celia Pérez González –quien fue protagonista durante el caso que enfrentó al gobernador Mario Marín Torres y a la periodista Lydia Cacho Riveiro– durante la liberación de los mentores Mariano Rolón Castelan y Evaristo Mateo Hernández.
Los maestros fueron acusados por los probables delitos de despojo, allanamiento de morada, asociación delictuosa y daño en propiedad ajena, que quedaron asentados en las denuncias 1054/08/sur DMZN y 12495/08/ norte DMZN, interpuestas en la PGJE en enero pasado por los secretarios generales de la secciones 23 y 51 del SNTE, Eric Lara y Cirilo Salas, respectivamente.
Las querellas fueron iniciadas después de que hace ochos meses la disidencia magisterial tomó el control de los edificios sindicales para exigir al gobierno del estado la cancelación de la Alianza por la Calidad en la Educación (ACE) y el cese de represiones en su contra.
Sin embargo, al no encontrar elementos para su detención, la PGJ acordó liberar a 13 profesores después de pagar una fianza de mil pesos cada uno por el delito de agresiones tumultuosas, cometidas contra los agentes estatales y metropolitanos el pasado miércoles, cuando la disidencia magisterial realizó una marcha en las calles del Centro Histórico.
Los mentores liberados responden a los nombres de: Manuel Martínez Espíndola, Lourdes Valderrábano, Verónica Ramírez Jarquin, Lorena Ramírez Jarquin, Marcelino Vázquez Ildefonso, Floriberto Vergara Cañongo, Mario Ruben Lara Caamaño, María de Jesús Herrera López, Elfego Márquez Luna, Rosa Isela Hernández, Justino Jacinto Rosas, Gregorio Martínez Hernández y Marcelino Becerra Orozco.
Los maestros pertenecen a las regiones de Cholula, San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Puebla y Teziutlán, quienes denunciaron que durante su aprehensión fueron objeto de agresiones físicas y verbales por parte de los policías estatales y metropolitanos.
Finalmente, integrantes de la disidencia magisterial denunciaron que su compañero Nazario Flores Juárez continúa en calidad de desaparecido, después que el pasado miércoles se presentó en la manifestación que fue reprimida por los policías estatales:
“Hacemos un llamado al gobierno estatal, porque nuestra lucha no termina ahí. Nosotros vamos a continuar pugnando por la cancelación de la ACE y buscaremos las vías necesarias para terminar con lo que pretende ser la privatización del sector educativo en el país y en Puebla”, concluyó Miguel Guerra Castillo, vocero de la disidencia.
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