Fuente: La Jornada de Jalisco
JORGE ROCHA
Un problema que nuevamente empieza a despuntar en la agenda pública es el asunto de la represión y la criminalización de las defensoras y los defensores de derechos humanos y de líderes sociales. Precisamente el día de ayer en el centro de la ciudad de Guadalajara se realizó un acto de repudió al asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas presidente y secretario respectivamente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) con sede en el estado de Guerrero, y cuyos cuerpos fueron hallados sin vida y con visibles huellas de tortura y tratos crueles y degradantes el 20 de febrero pasado, luego de siete días de haber sido desaparecidos por tres hombres armados, que se identificaron como policías.
En un comunicado de prensa que firman varias organizaciones entre las que se encuentran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para Todas y Todos, Fundar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Insyde, Cencos, Serapaz, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan se hace un enérgico llamado a que cesen las acciones de intimidación a las defensoras y los defensores de derechos humanos de aquella región del país y que no se deje en la impunidad este condenable hecho.
En el documento se señala que los actos de intimidación, persecución y amenazas para las defensoras y los defensores de derechos humanos se han intensificado, al grado de que entre el martes 17 y viernes 20 de marzo de este año, la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, recibió mensajes anónimos de amenazas de muerte a causa de su labor como promotora y defensora de los derechos de su comunidad. De manera contundente le hacen saber que ella podría ser la siguiente en ser desaparecida, torturada y ejecutada, como sucedió con Raúl Lucas y Manuel Ponce.
En el boletín de prensa se lee que al igual que la OPIM y la OFMP, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, organización que ha asumido la defensa jurídica de los familiares de Raúl Lucas y Manuel Ponce, ha sido víctima de actos de persecución y hostigamiento, como sucedió también el pasado viernes 20 de marzo cuando ocho de sus integrantes que viajaban sobre la carretera Ayutla-Tierra Colorada, fueron perseguidos de manera intimidatoria por tres hombres desconocidos, que se transportaban en una camioneta marca Chevrolet Silverado color Azul con placas de circulación NU88768. Entre el tramo Ayutla-Tecoanapa, los activistas también escucharon cinco detonaciones de arma de fuego, que se presume fueron disparos al aire.
Por su parte, organizaciones del estado de Jalisco como Amnistía Internacional Sección Guadalajara, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la UdeG, la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, Vihas de Vida, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Colectivo Movilidad Solidaria, el Comité de Derechos Humanos Anacleto González Flores, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer y el Equipo de Apoyo a Migrantes Indígenas que encabeza esta iniciativa, como se dijo antes, convocaron a realizar una denuncia pública en el centro de la ciudad en torno a estos hechos y exigieron al gobierno de Felipe Calderón garantizar la integridad física y psicológica de las familias los dos indígenas asesinados y de los demás miembros de la organización a la que pertenecían; esclarecer los hechos a través de una investigación independiente, exhaustiva e imparcial para sancionar a los responsables de estos lamentables hechos; el retiro del Ejército Mexicano de realizar funciones de seguridad pública; adoptar las medidas necesarias para asegurar la seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos de los pueblos indígenas de Guerrero; y la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), recluido en la prisión de Ayutla, considerados preso de conciencia por Amnistía Internacional desde noviembre del año pasado.
Pero la situación no sólo está presente en el sur del país, hace dos semanas la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó el estado de Jalisco para conocer de primera mano el entorno que están viviendo las personas que en nuestra entidad se están dedicando a la defensa de los derechos humanos. La simple visita es un llamado de atención a la opinión pública y como ya se ha mostrado a lo largo de los últimos meses, en nuestro territorio hay casos donde los defensores se ven involucrados en procesos legales plagados de irregularidades, otros han sido objeto de la represión directa y otros más son presa de la descalificación sistemática de aquellos que ven afectados sus intereses.
En el momento presente parece que dedicarse a promover y defender los derechos humanos se ha convertido en una actividad de alto riesgo. La afectación de intereses políticos, la expansión del capital, la intolerancia del poder, la necesidad del sistema de apropiarse de los recursos naturales estratégicos nos han ubicado en un escenario que se creyó que no volvería. Nuevamente la posibilidad de la represión generalizada, del hostigamiento y de la violencia política se hace presente y el primer signo evidente se da cuando las y los defensores de derechos humanos se vuelven víctimas de la violencia.
jerqmex@hotmail.com
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