de la redacción
* Planea solicitar a Nicaragua la extradición de la estudiante mexicana
México, D.F., 14 de mayo (apro).- El gobierno de Ecuador abrió un proceso contra la estudiante mexicana Lucía Morett, sobreviviente del ataque ecuatoriano contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por delitos contra la seguridad interior del Estado y su posible participación o promoción en organizaciones de guerrilla, grupos de combate o células terrorista.
El fiscal del caso, Firmar Gonzabaray, dijo a la prensa ecuatoriana que el gobierno de Rafael Correa analiza la posibilidad de solicitar la extradición” de la estudiante mexicana, quien pidió asilo en Nicaragua después de haber permanecido internada en un hospital de Quito.
Según una nota del diario El Comercio, Morett enfrentar cargos por su presunta relación con la guerrilla colombiana, aun cuando ella ha negado insistentemente las acusaciones y ha dicho que se encontraba en el campamento de las FARC realizando una investigación académica.
Junto con Morett fueron vinculadas al proceso las dos colombianas que también se salvaron de morir en el bombardeo del 1 de marzo, y quienes también recibieron protección de Managua, señaló Wirmar Gonzabay, fiscal de la provincia amazónica de Sucumbíos.
Las mujeres deberán responder en ausencia por delitos contra la seguridad interior del Estado y su posible participación o promoción en organizaciones de guerrilla, grupos de combate o células terroristas, explicó el funcionario, según el diario El Comercio.
"Es un proceso largo. Si hay auto de llamamiento a juicio se podría pedir la extradición de las tres mujeres", indicó Gonzabay. De ser halladas culpables podrían ser condenadas a 12 años de cárcel.
El fiscal formuló los cargos dos días después de que las colombianas Martha Pérez y Doris Torres viajaran asiladas a Nicaragua, tras permanecer internadas por poco más de dos meses en el hospital militar de Quito.
El 16 de abril Morett, quien también estuvo hospitalizada, se trasladó a Managua atendiendo un ofrecimiento de protección del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Antes de viajar negó cualquier vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), y aseguró que al momento del ataque se encontraba en el campamento rebelde realizando una investigación académica.
En la acción militar murieron 25 personas, incluidos el número dos de esa guerrilla, Raúl Reyes, cuatro estudiantes mexicanos y un ecuatoriano. El ataque derivó en una severa crisis política que todavía mantiene rotas las relaciones entre Bogotá y Quito.
Mientras tanto, en la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó a los gobiernos federal y capitalino, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de República (PGR) y a las comisiones de Derechos Humanos, nacional y local, a brindar a Morett todas las garantías consagradas en la Constitución.
Demandó garantizar que tanto la estudiante herida en Ecuador no será acosada, perseguida, amenazada u hostigada bajo el pretexto de ser testigo protegido o presencial.
Del mismo modo, la ALDF exigió a Felipe Calderón que urja al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el cese inmediato de las agresiones e imputaciones “irresponsables” contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El diputado perredista Salvador Martínez Della Roca, presidente de la Comisión de Educación de la ALDF, puntualizó que la pérdida de las vidas de los estudiantes asesinados en Ecuador por el ejército colombiano es irreparable, por lo que pidió al gobierno federal que exija a su homólogo colombiano una justa indemnización para las familias de los estudiantes Natalia Verónica Velásquez, Juan González, Fernando Franco y Soren Ulises Ávila que murieron durante la incursión armada colombiana.
Martínez Della Roca propuso también que en caso de no lograrse esta indemnización, el gobierno mexicano busque los mecanismos adecuados para otorgarla.
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