Regulación es privatización

La CRE, instrumento privatizador

Francisco Xavier Salazar, presidente en turno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dijo en el Senado que la regulación es fundamental para la “autonomía de gestión” (sic) y que el marco constitucional vigente de Pemex es “oneroso”. Las iniciativas de Calderón no implican privatización sino regulación, dijo, confirmando que ambos términos son sinónimos. A la CRE, las iniciativas le otorgarían funciones adicionales para concretar la privatización de la refinación del petróleo incluyendo el almacenamiento, el transporte y la distribución de productos petrolíferos y petroquímicos.

A la apertura de los Foros organizados por el Senado fue invitado Francisco Xavier Salazar, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) quien fue a dar un “humilde punto de vista”. Inicialmente, dijo que el Estado tiene básicamente 3 funciones: definición de la política energética, regulación, función que recae en la CRE, y operación industrial.

De entrada, Salazar dio una definición torcida del concepto de regulación, a nivel de ingenierillo metido a la política, es decir, puras vaguedades cantinflescas. Entre las bondades de la regulación dijo que se busca “lograr la consecución de ciertos fines sociales, por ejemplo, la administración de un recurso natural como el petróleo”. Sin embargo, la CRE NO administra nada, solamente otorga permisos privados a cuanta transnacional los solicita; la CRE NO busca “ciertos” fines sociales sino la privatización furtiva de los recursos naturales y patrimonio físico de la nación.

A la fecha, mediante 744 permisos privados el 46.55% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional ES PRIVADA, habiendo desnacionalizado a la industria eléctrica de México en esa proporción. Esto es total y absolutamente contrario a lo dispuesto por el párrafo 6º. del artículo 27 constitucional en materia eléctrica. Otro tanto ocurre en materia de gas natural y gas LP.

Mentiras reiteradas, endebles argumentos

La “disertación” de Salazar estuvo basada en mentiras. Dijo que, “en el sector energético, tanto la teoría como la experiencia sugieren la necesidad de regulación especializada”. En todo caso, será parte de la teoría y de la experiencia, de ninguna manera es una ley absoluta y única. Esa regulación ha sido impuesta por el imperialismo a la caída del socialismo para apoderarse de TODOS los recursos naturales y medios de producción; no hay teoría sino ideología, la experiencia es simple apropiación.

Lo que pretende la regulación es otorgar la propiedad al sector privado, por la vía de la agresión e ilegalidad, dando forma jurídica a las decisiones políticas. Para Salazar, “un regulador autónomo es la garantía de que no habrá trato discriminatorio para los usuarios”. Sin embargo, la CRE solamente funciona para garantizar los negocios de los inversionistas privados, poniendo a su disposición las funciones e infraestructura de Pemex, CFE y LFC.

Este individuo, por supuesto, fue a repetir lo que le instruyeron sus jefes. Dijo que, aún si la reforma consistiera solamente en otorgar “autonomía de gestión” a las empresas públicas, “la regulación” es fundamental. Con ello, reafirma la idea de que la tal “autonomía de gestión” se propone para privatizar, precisamente, a través de la CRE y de la nueva Comisión del Petróleo (CP).

Funciones privatizadoras adicionales

Salazar se refirió a las nuevas atribuciones de la CRE que se propone en una de las cinco leyes secundarias privatizadoras de Calderón. “La primera tiene que ver con la regulación del precio de venta de primera mano de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo, del gas y de los petroquímicos básicos”, incluyendo a Pemex y a las nuevas empresas privadas. Esto es absolutamente inconstitucional porque, esas funciones, son parte del proceso de trabajo petrolero a cargo exclusivo de Pemex. Sin embargo, para Salazar, “esta medida tiene varios efectos sumamente positivos”. Esto es, violar a la Constitución es “positivo”.

La otra medida que se propone en las iniciativas “consiste en permitir, bajo un esquema regulado, y de manera análoga a lo que ya ocurre en el gas, la participación de diversos actores en las actividades de transporte y distribución por ductos, así como el almacenamiento de los productos derivados de la refinación, los petroquímicos básicos y los biocombustibles”. Esos “actores” serán los inversionistas privados, hecho prohibido por la Constitución.

Para esto, Salazar se mostró grosero a placer al señalar que “el marco jurídico vigente como la obligación de suministro que tiene Pemex como monopolista (sic) resulta sumamente oneroso (sic) para la misma empresa y para los mexicanos” (sic). Se trata de expresiones propias de un empleadillo de Bush, como lo es Salazar, quien se atreve a hablar en nombre de los mexicanos al tiempo que rechaza el marco constitucional vigente en materia de hidrocarburos.

No es privatización, es “regulación”

Salazar dijo que “lo que la iniciativa propone en materia de ductos no implica un proceso de privatización … ni uno de desregulación (sic), se trata de un proceso regulado como el que se llevó a cabo con el gas natural”. Eso mismo, aprobado en 1995, ha significado nada menos que la PRIVATIZACION del almacenamiento, transporte y distribución del gas natural, distribución de gas LP y transporte de ductos, actualmente dominado por unas cuantas transnacionales.

En su informe de los éxitos de la privatización furtiva del gas natural, Salazar dijo que, en 2007, el número de usuarios fue de 1 millón 888 mil 229 con una tasa de crecimiento del 10.41% anual. Sí, eso es un éxito pero, para los inversionistas privados, en detrimento de Pemex. La longitud de las redes ha llegado a 39 mil 417 km con una tasa de crecimiento del 14.09% anual y, las inversiones acumuladas alcanzaron los 20 mil 254 millones de pesos a ese año. Salazar mismo, con sus propios datos, revela el beneficio privado que, para Pemex, significa pérdida de clientes, menor red de ductos y menos ingresos.

Con relación al transporte, se han construido 1,744 km de ductos de acceso abierto y 276 km de ductos para usos propios. La inversión acumulada supera los 22 mil 220 millones de pesos.

En materia de almacenamiento se tienen dos terminales privadas, en Altamira y en Ensenada. Las inversiones superan los 14 mil 025 millones de pesos. Salazar dijo que “se generó un beneficio social a través de la generación de empleos temporales y permanentes”. NO hay tal, los pocos empleos generados son temporales y precarios. En cambio, el enriquecimiento de los permisionarios privados se ha incrementado considerablemente como el propio Salazar informó.

Para este individuo, la reforma de 1995 benefició a Pemex y a los usuarios. De no haber sido por esa reforma “muchos mexicanos y sus empresas no contarían con el suministro de este hidrocarburo” (sic). Desde luego, el principal beneficio fue “la certidumbre” otorgada por la CRE. Es obvio, las transnacionales y sus filiales están felices con la CRE porque la tienen a su servicio.

Se ceden (privatizan) las funciones constitucionales

Luego, Salazar dijo que aclararía “algunas dudas que han surgido en la discusión pública”, como si estuviera autorizado para ello mintiendo reiteradamente. Por lo demás, ese individuo jamás podrá aclarar porque la CRE se dedica a violar reiteradamente la Constitución, tratándose de una comisión ilegítima e inconstitucional de origen.

Entre las supuestas “dudas” está “el transporte, distribución y ventas de primera mano del petróleo” que es el principal insumo en los procesos de Pemex. Obviamente, estas actividades las va a seguir realizando Pemex pues se trata de insumos propios. Luego, Salazar aclaró que “no se trata de que Pemex venda sus ductos o que los deje de operar … se trata de que otros puedan construir y operar rutas para el transporte y distribución de productos refinados del petróleo y petroquímicos básicos”. Eso no “aclara” las dudas, las reafirma al hacer explícita la privatización furtiva de Pemex. Esta no es igual que la de Telmex, pues en el caso de Pemex solamente (sic) se trata de CEDER las funciones constitucionales al capital privado. Eso mismo ocurrió con Telmex pero incluida la infraestructura industrial. No obstante, el caso de Pemex, como el de Telmex, son graves porque, en el primer caso, incluye la entrega de los recursos naturales y, en el segundo, el espectro radioleléctrico.

Transnacionales reorganizan monopolios regionales

Salazar evidenció una de las consecuencias de la privatización, es decir, la nueva arquitectura basada en monopolios regionales “regulados” por la CRE. En principio, el gobierno combate a Pemex por ser un monopolio (legal, constitucional) para favorecer el ingreso de los permisionarios privados en actividades reservadas. Una vez logrado lo anterior, las transnacionales promueven la formación de monopolios que la CRE acepta y los “regula”. Así, unas cuantas corporaciones dominan el mercado nacional concentrándose cada vez más en las regiones geográficas definidas por la CRE.

En este esquema Pemex está pasando gradualmente, incluso sin reforma, a ser una empresa más entre las muchas que están surgiendo. El capital privado no propone su desaparición inmediata pero sí su extinción programada a partir de sustraerle, una a una, sus funciones constitucionales. Esa es la característica de la modalidad de privatización sugerida por el imperialismo implementada por el gobierno neoliberal y sus empleadillos tipo Salazar. Para éste, la reforma que propone Calderón ayudaría al desarrollo más eficiente del sector energético, como “ocurrió” con la reforma de 1995 (sic).

Jorge Ocejo, senador del PAN se refirió a la intervención de Salazar y le hizo preguntas. Primero, ¿cómo aseguraría la CRE que la participación privada en ductos, petrolíferos y petroquímica básica no se convertiría en una renta a favor del sector privado y en detrimento de Pemex? Ocejo calificó a la actuación de la CRE como de “buena gestión” y preguntó, también, ¿por qué la comisión no cobra cuotas regulatorias? Respecto a las iniciativas de Calderón preguntó ¿cuál es el alcance del almacenamiento? Respecto a la primera pregunta, Salazar dijo que la renta privada estará limitada por lo que “apruebe el ente regulador” (sic). ¡Nada más! Con el gas natural la rentabilidad está en el 12%, de acuerdo a la fórmula utilizada por la CRE. A Pemex se le aplica el mismo mecanismo, o sea, a Pemex se le da trato de empresa privada.

La apertura del “debate” sobre la reforma energética neoliberal concluyó como un asunto “de trámite” más. Los diputados y senadores asistentes demostraron que están muy desinformados, carentes de política energética y de propuestas. A excepción de los legisladores del FAP los participantes son proclives a la privatización de Pemex y ni siquiera saben expresarse con propiedad.

Frente de Trabajadores de la Energía, de México