raciel garrido
México, D.F., 13 de mayo (apro).- Desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador –en el año 2005--, en su defensa que hizo él mismo ante el pleno de la Cámara de Diputados —en su papel de Jurado de Procedencia—, denunció la urgencia de los gobiernos neoliberales por “privatizar” el sector energético nacional (el término jurídico correcto es desincorporar, ya que aquél no existe en el lenguaje técnico-jurídico). El escenario actual es de carácter programático en la agenda de los gobiernos de derecha, misma que les impone el carácter neoliberal al que se adscriben en su forma de gobernar.
El Consenso de Washington (paradigma de los gobiernos neoliberales), en su punto ocho, ordena la “privatización” de las empresas estatales, o cualquier actividad que deba estar --según John Williamson (que es quien formuló estas recetas económicas para los países latinoamericanos en su trabajo llamado What Washington Means by Policy Reform “Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas”)--, expuesta a las fuerzas del mercado.
Es cierto. La urgencia de la actual administración federal por llevar a cabo esos planes salta a la vista, y cumplir con el recetario impuesto por ese dudoso consenso es el compromiso que adquirieron por llegar “haiga sido como haiga sido”. No es, pues, una ocurrencia del excandidato presidencial de izquierda la defensa del petróleo. Es una lucha que desde hace por lo menos cuatro años ha venido anunciando.
Podríamos hacer un análisis de las reformas a leyes secundarias que se proponen para “permitir” el falso “fortalecimiento” de la industria petrolera; pero, para cualquier estudiante de derecho, es de elemental conocimiento entender que las leyes secundarias no pueden estar contra los preceptos constitucionales. Es como si dijésemos que los Diez Mandamientos ordenan no matar, pero el Código Canónico establece que se puede matar un poquito; entonces ¿la Biblia pasa a segundo plano?
El artículo 28 de la carta magna, en su párrafo cuarto, señala: No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafia; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.
El monopolio es una situación de mercado en que un solo vendedor controla la oferta de un producto, sin que exista competencia. La Constitución no designa como monopolio a la actividad que el Estado mexicano efectúa para operar empresas de su propiedad que intervienen en áreas estratégicas del desarrollo nacional, aun cuando sólo él tiene la obligación de llevar a cabo estas actividades, sino que las denomina como exclusivas, que es una forma técnica-jurídica de nombrar al monopolio estatal.
El artículo 27 constitucional, en su párrafo sexto, dispone: Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Esta norma constitucional refuta el argumento de que únicamente se modificarán leyes secundarias para efectuar lo que, absolutamente, la ley suprema prohíbe: celebrar contratos y concesiones en cuestiones energéticas.
En áreas estratégicas del desarrollo nacional, el Estado tiene la exclusividad de la explotación de esos productos y servicios. Tales áreas se refieren a las actividades que el Estado salvaguarda para sí, en aras de la protección de la soberanía nacional, es decir, son cuestiones que afectan directamente a la seguridad nacional. El petróleo, las telecomunicaciones, la generación de energía eléctrica, los puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas, etcétera, son determinantes en estas cuestiones de seguridad nacional.
Un experto en temas de derecho administrativo de la UNAM, al hacer un estudio de derecho comparado, reveló que Francia incluye todos los aspectos enumerados, y muchos más, en sus áreas estratégicas. Sobre todo le da muchísima importancia a los puertos marítimos y aeropuertos (por la amarga experiencia que vivieron con la primera y segunda guerra mundial) y a sus energéticos.
Pero la ola de “privatizaciones” sigue adelante. Los gobiernos neoliberales tienen que adelgazar al obeso Estado mexicano, cueste lo que cueste. El siguiente paso será privatizar la procuración y administración de justicia, y pronto veremos algunos anuncios en este sentido: “se rentan jueces”.
Proceso
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