por Rosario Ibarra
Con entrañable cariño y profundo respeto para Evo Morales.
El debate público sobre el futuro de la industria petrolera en nuestro país se ha iniciado. Es posible ganar con argumentos el debate contra la privatización. Pero tarde o temprano, el problema planteado al inicio del periodo legislativo se volverá a colocar: una mayoría legislativa, ciega ante los argumentos y el interés nacional, puede imponer con su voto su compromiso con el proyecto neoliberal y las compañías extranjeras.
Desde el fraude electoral del 2006 es clara la crisis de las instituciones de representación, no sólo en el nivel del Poder Ejecutivo. Los “representantes populares” pueden votar mayoritariamente una ley, alegando su derecho democrático a hacerlo, como en el caso de la reforma al ISSSTE, y desde la sociedad más de 2 millones de personas afectadas por esa reforma interponer amparos contra lo que votaron esos “representantes”. Es esta contradicción entre la representación formal de una mayoría parlamentaria y el interés de la mayoría ciudadana lo que ha llevado a situaciones como la de las tomas de tribunas para evitar una votación contraria a la mayoría, que no puede impedirse simplemente con el debate legislativo.
Ahora hay más tiempo para discutir y conocer la iniciativa privatizadora y otras alternativas para la industria petrolera. Pero la decisión final no puede quedar simplemente en el voto mayoritario de los legisladores. Se trata de una decisión trascendental que debería consultarse también a la ciudadanía toda, al pueblo de México.
El pasado 5 de febrero presenté en la tribuna del Senado una iniciativa que va en este sentido. El concepto de decisiones políticas fundamentales, que está reconocido en otros países, y que implica que cada Constitución, reflejando un pacto social histórico, contiene un núcleo central de acuerdos y decisiones que le distinguen. La propuesta que presenté obligaría a definir esas decisiones políticas centrales en el caso de la Constitución mexicana y reconocer que cualquier cambio en esos temas no debería estar sujeto simplemente al voto de una mayoría parlamentaria circunstancial, sino que, adicionalmente, deberían ser aprobados en un referéndum ciudadano. Entre los aspectos centrales de nuestro pacto social, obviamente, están los derechos humanos reconocidos como las garantías constitucionales, pero también la soberanía nacional y el dominio de la nación sobre recursos como los energéticos.
Otras naciones, como Venezuela, con Hugo Chávez, han aplicado estas formas de consulta popular para una reforma constitucional. Ahora, con gran valor, audacia y consecuencia democrática, el presidente de Bolivia, Evo Morales, propone un referéndum revocatorio que al afirmar el apoyo popular mayoritario al presidente responda a los intentos secesionistas de la derecha.
En México, estas figuras de consulta popular y democracia directa, como el referéndum y el plebiscito, o la iniciativa popular, no están reconocidos a nivel nacional y mi iniciativa del pasado mes de febrero no ha sido dictaminada y votada. Pero la necesidad de que haya una consulta popular sobre el futuro de la industria petrolera es evidente, cuando sabemos que la derecha privatizadora y extranjerizante no escucha argumentos y la única manera de parar la intentona es regresar nuevamente la decisión a la sociedad; no dejarla en manos solamente de los legisladores. Si tan seguros están de su proyecto que lo sometan al voto popular.
Dicen que no hay tiempo para aprobar una reforma legislativa que reconozca la necesidad del referéndum. Hay que darse el tiempo, pues la decisión, lo que está en juego, no es secundario. Se habla ya de un periodo extraordinario para reformas electorales. Pues ahí está la oportunidad de votar el referéndum. Al nivel social y desde entidades como el DF que sí contemplan el referéndum y el plebiscito de todos modos la consulta popular puede hacerse. Pero hay que intentarlo a nivel nacional y lograr que la mayoría del pueblo —y no solamente la mayoría del Congreso— se pronuncie.
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miércoles, 21 de mayo de 2008
Someter a consulta popular iniciativas sobre Pemex, exige Castro y Castro
El Ejecutivo eligió una vía impertinente para contradecir la Constitución, afirma
Someter a consulta popular iniciativas sobre Pemex, exige Castro y Castro
■ Critica que se expidan “bonos ciudadanos” en vez de reinvertir utilidades en la paraestatal
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro sostuvo que antes de votar la propuesta de reforma de Felipe Calderón para abrir Pemex al capital privado, debe ser sometida a “consulta popular”, como indica la Constitución.
Al participar en el tercer foro de debate sobre las iniciativas en materia energética del Ejecutivo federal, afirmó que éste “ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir a la Constitución”, y recalcó que es necesaria una consulta a la opinión del pueblo, “a la soberanía popular”, porque “es ella titular exclusiva de las riquezas del subsuelo” y debe expresar “su parecer directo”.
Destacó que Calderón no propuso una reforma constitucional para evitar “un grave enfrentamiento social”, pero sí modificaciones inconstitucionales a leyes secundarias al pretender que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares.
Castro y Castro leyó el párrafo tercero del artículo 26 constitucional, que a la letra dice: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática.”
Explicó que de forma textual, la norma constitucional señala que es el propio Estado el que debe formular esa planeación, “recogiendo de los sectores sociales las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan de desarrollo y, mediante tal procedimiento, imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al merecimiento de la economía, a la independencia y a la democracia política, social y cultural”.
Es decir, precisó el jurista, “por todo ello se entiende el por qué en tales condiciones sociales se contempla una participación auténtica del hecho, mediante una consulta directa a él, tomando nota el Estado programador de sus necesidades y de sus requerimientos, y plasmando con todo ello esos apoyos necesarios para la eficacia y la justicia del desarrollo nacional”.
De ahí que, “con lealtad” y “convicción”, planteó llevar a cabo esa consulta popular con el propósito de que el pueblo “pueda expresar auténticamente su parecer directo sobre las iniciativas del Ejecutivo”, ya sea en el sentido de que se dicten las nuevas normas para el manejo del petróleo o se desechen.
El ex ministro de la Suprema Corte consideró que la consulta popular, prevista en el artículo 26 constitucional, debe llevarse a cabo antes de que se voten las iniciativas de Calderón, porque realizarla después de aprobadas se constituiría en un verdadero referendo, figura que no existe en la Carta Magna.
Castro y Castro reconoció que en forma inexplicable no se ha regulado esa consulta popular para cuestiones fundamentales del desarrollo nacional.
Después pidió que se legisle en forma adecuada el espíritu constitucional en el manejo de los recursos naturales, sobre todo en el de las áreas estratégicas, para llegar a la conclusión de que “el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo nunca puede quedar en manos y en control de intereses privados”.
De entrada, recordó que en sus tiempos de estudiante sus maestros le inculcaron el principio mayor de los abogados mexicanos: “Sobre la Constitución, nada; contra la Constitución nadie.”
Por eso, agregó, “imaginarán tanto mi desconcierto y mi estupor cuando en este mismo recinto se calificó a nuestra ley suprema de ser simplemente una mitología nacionalista, y al nacionalismo mismo el constituir una terca posición que impide el desarrollo del país”.
Esto, en alusión a lo expresado el jueves pasado por el escritor Héctor Aguilar Camín, a quien no se refirió por su nombre, pero sí le respondió que “habrá que ilustrar a los mitólogos sobre qué es una nación y cómo defenderla viviendo tenazmente una cultura de la constitucionalidad”.
De acuerdo con los diccionarios, explicó, una mitología es una conjunción de mitos, y la Constitución no contiene mitos sino un pacto solemne realizado por la sociedad mexicana para establecer y defender un orden jurídico nacional. “O, dicho en los términos del artículo 133, es la ley suprema de toda la Unión.”
Lo que alarma, manifestó, no es “esa triste concepción interesada; lo que atemoriza es el mensaje implícito que lleva a aconsejar” a los mexicanos que prefieran la tecnología y los procedimientos de la industrialización “a las normas constitucionales anticuadas y obsoletas, y optar más provechosamente por lo utilitario”.
Las reformas, insistió, deben ser entendidas como “inconstitucionales, porque de aprobarse tal y como se propone se estaría autorizando y legitimando que Pemex maneje la industria petrolera nacional no en forma directa y exclusiva, como ocurre con todas las áreas estratégicas, sino involucrando en cualquier forma en su manejo al sector privado”.
Castro y Castro criticó que en las iniciativas de Calderón se proponga la expedición de “bonos ciudadanos” para permitir, según se afirma, un mejor desempeño de Pemex.
“Resulta al menos exótico que una empresa estatal con tan inmensos beneficios como los que tiene Pemex, en vez de reinvertir sus utilidades en la empresa misma expida bonos en calidad de crédito.”
La Jornada
Someter a consulta popular iniciativas sobre Pemex, exige Castro y Castro
■ Critica que se expidan “bonos ciudadanos” en vez de reinvertir utilidades en la paraestatal
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro sostuvo que antes de votar la propuesta de reforma de Felipe Calderón para abrir Pemex al capital privado, debe ser sometida a “consulta popular”, como indica la Constitución.
Al participar en el tercer foro de debate sobre las iniciativas en materia energética del Ejecutivo federal, afirmó que éste “ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir a la Constitución”, y recalcó que es necesaria una consulta a la opinión del pueblo, “a la soberanía popular”, porque “es ella titular exclusiva de las riquezas del subsuelo” y debe expresar “su parecer directo”.
Destacó que Calderón no propuso una reforma constitucional para evitar “un grave enfrentamiento social”, pero sí modificaciones inconstitucionales a leyes secundarias al pretender que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares.
Castro y Castro leyó el párrafo tercero del artículo 26 constitucional, que a la letra dice: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática.”
Explicó que de forma textual, la norma constitucional señala que es el propio Estado el que debe formular esa planeación, “recogiendo de los sectores sociales las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan de desarrollo y, mediante tal procedimiento, imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al merecimiento de la economía, a la independencia y a la democracia política, social y cultural”.
Es decir, precisó el jurista, “por todo ello se entiende el por qué en tales condiciones sociales se contempla una participación auténtica del hecho, mediante una consulta directa a él, tomando nota el Estado programador de sus necesidades y de sus requerimientos, y plasmando con todo ello esos apoyos necesarios para la eficacia y la justicia del desarrollo nacional”.
De ahí que, “con lealtad” y “convicción”, planteó llevar a cabo esa consulta popular con el propósito de que el pueblo “pueda expresar auténticamente su parecer directo sobre las iniciativas del Ejecutivo”, ya sea en el sentido de que se dicten las nuevas normas para el manejo del petróleo o se desechen.
El ex ministro de la Suprema Corte consideró que la consulta popular, prevista en el artículo 26 constitucional, debe llevarse a cabo antes de que se voten las iniciativas de Calderón, porque realizarla después de aprobadas se constituiría en un verdadero referendo, figura que no existe en la Carta Magna.
Castro y Castro reconoció que en forma inexplicable no se ha regulado esa consulta popular para cuestiones fundamentales del desarrollo nacional.
Después pidió que se legisle en forma adecuada el espíritu constitucional en el manejo de los recursos naturales, sobre todo en el de las áreas estratégicas, para llegar a la conclusión de que “el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo nunca puede quedar en manos y en control de intereses privados”.
De entrada, recordó que en sus tiempos de estudiante sus maestros le inculcaron el principio mayor de los abogados mexicanos: “Sobre la Constitución, nada; contra la Constitución nadie.”
Por eso, agregó, “imaginarán tanto mi desconcierto y mi estupor cuando en este mismo recinto se calificó a nuestra ley suprema de ser simplemente una mitología nacionalista, y al nacionalismo mismo el constituir una terca posición que impide el desarrollo del país”.
Esto, en alusión a lo expresado el jueves pasado por el escritor Héctor Aguilar Camín, a quien no se refirió por su nombre, pero sí le respondió que “habrá que ilustrar a los mitólogos sobre qué es una nación y cómo defenderla viviendo tenazmente una cultura de la constitucionalidad”.
De acuerdo con los diccionarios, explicó, una mitología es una conjunción de mitos, y la Constitución no contiene mitos sino un pacto solemne realizado por la sociedad mexicana para establecer y defender un orden jurídico nacional. “O, dicho en los términos del artículo 133, es la ley suprema de toda la Unión.”
Lo que alarma, manifestó, no es “esa triste concepción interesada; lo que atemoriza es el mensaje implícito que lleva a aconsejar” a los mexicanos que prefieran la tecnología y los procedimientos de la industrialización “a las normas constitucionales anticuadas y obsoletas, y optar más provechosamente por lo utilitario”.
Las reformas, insistió, deben ser entendidas como “inconstitucionales, porque de aprobarse tal y como se propone se estaría autorizando y legitimando que Pemex maneje la industria petrolera nacional no en forma directa y exclusiva, como ocurre con todas las áreas estratégicas, sino involucrando en cualquier forma en su manejo al sector privado”.
Castro y Castro criticó que en las iniciativas de Calderón se proponga la expedición de “bonos ciudadanos” para permitir, según se afirma, un mejor desempeño de Pemex.
“Resulta al menos exótico que una empresa estatal con tan inmensos beneficios como los que tiene Pemex, en vez de reinvertir sus utilidades en la empresa misma expida bonos en calidad de crédito.”
La Jornada
El debate petrolero
jenaro villamil
México, D.F., 20 de mayo (apro).- Las tres complejas y ricas sesiones de debate en el Senado sobre la reforma petrolera han tenido dos puntos de disenso claros: las iniciativas de Calderón son privatizadoras y si violan la Constitución.
Es claro que existen dos bloques sin matices en este sentido. El único consenso creciente: la necesidad de una “segunda expropiación” de Pemex frente a la Secretaría de Hacienda resulta ser inútil por ahora, ya que el gobierno federal no acompañó sus iniciativas de una profunda reforma fiscal para liberar a la paraestatal de la extracción de recursos que ha hecho Hacienda, como apuntó David Ibarra Muñoz desde el primer día del debate.
Sobre la anticonstitucionalidad de las iniciativas presentadas por Calderón, este martes el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro no sólo afirmó que van en contra de los artículos 27 y 28 de la Constitución (éste último clave porque advierte que las áreas estratégicas, como el petróleo, deben estar en manos de la nación), sino que también es viable y necesaria una consulta popular para definir el futuro de una reforma de este calado.
A la argumentación del veterano ministro le siguió Jaime Cárdenas, exconsejero del IFE, quien detalló una lista de por lo menos ocho artículos constitucionales que son violentados en las cinco iniciativas enviadas por Calderón. Afirmó que éstas son “claramente privatizadoras”.
Arnaldo Córdova explicó que la figura nueva de “contratos de aprovechamiento” o de “beneficio” son contratos de riesgo prohibidos por la Constitución porque significan un usufructo de la explotación petrolera.
La contraparte en este debate, Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mario Alberto Becerra y, en menor medida, Arturo Zaldívar, afirmaron que no hay violación alguna a la Constitución y que pueden existir distintas interpretaciones a la prohibición tajante del artículo 27 constitucional.
Sin embargo, no han tenido argumentos contundentes para convencer por qué si la industria petrolera es definida como un área estratégica por la Constitución –distinta al área prioritaria, susceptible de ser privatizada o concesionada-- el sector de refinación, transporte, ductos y almacenamiento debe tener inversión de terceros o privados, nacionales o extranjeros.
Tampoco se ha aclarado por qué si México reservó todo su sector energético en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio, negociado en la era de Carlos Salinas de Gortari, ahora se pretende abrir este sector, algo que ni el “Innombrable” pudo realizar, aunque ganas no le faltaran.
Estos puntos son fundamentales para el futuro del debate. De la definición de si continuamos o no considerando al petróleo como un área estratégica, depende considerar si llegó o no el momento de privatizar parte de la industria petrolera o simplemente crear una confusión jurídica, política y económica que beneficiará sólo a quienes ven a nuestro petróleo como parte de sus reservas (léase Estados Unidos).
La semana pasada, el ingeniero Javier Jiménez Espriú se llevó la tarde con una exposición notable, en la que afirmó que el problema principal de las iniciativas de Calderón es que son intentos de simulación y de engaño. Pretenden negar lo que explícitamente proponen: abrir áreas claves del proceso de la industria petrolera.
Los defensores de la reforma calderonista no han sido muy afortunados porque no abundan ni resuelven el tema estratégico fundamental: bajo qué consideraciones jurídicas, históricas y económicas es necesario cambiar el candado expresado en el artículo 27 constitucional.
Aquí entraron en colisión las visiones históricas de Lorenzo Meyer, quien hizo una explicación clara y documentada sobre el valor del petróleo y el nacionalismo mexicano, y la de Héctor Aguilar Camín, quien se fue por la vía de la metáfora fácil al decir que el petróleo forma parte de nuestra “mitología nacionalista” y debemos cambiarla.
Más desafortunado aún fue el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, quien sólo alcanzó a definir como “pontífices del petróleo” a los opositores a las reformas calderonistas, pero no le agregó una idea sugestiva o convincente a las iniciativas. No sólo eso. Abandonó la plaza en la apertura de los debates.
Si ese gesto de Germán Martínez definirá la actitud del gobierno de Calderón, entonces el debate será ganado por los opositores, a menos de que alguien pueda argumentar sensatamente y no con desplantes de autosuficiencia tecnocrática –como los de Carlos Elizondo Mayer Serra-- que las restricciones y alcances de la Constitución en materia de petróleo siguen siendo vigentes para una nación dependiente como México.
jenarovi@yahoo.com.mx
Proceso
México, D.F., 20 de mayo (apro).- Las tres complejas y ricas sesiones de debate en el Senado sobre la reforma petrolera han tenido dos puntos de disenso claros: las iniciativas de Calderón son privatizadoras y si violan la Constitución.
Es claro que existen dos bloques sin matices en este sentido. El único consenso creciente: la necesidad de una “segunda expropiación” de Pemex frente a la Secretaría de Hacienda resulta ser inútil por ahora, ya que el gobierno federal no acompañó sus iniciativas de una profunda reforma fiscal para liberar a la paraestatal de la extracción de recursos que ha hecho Hacienda, como apuntó David Ibarra Muñoz desde el primer día del debate.
Sobre la anticonstitucionalidad de las iniciativas presentadas por Calderón, este martes el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro no sólo afirmó que van en contra de los artículos 27 y 28 de la Constitución (éste último clave porque advierte que las áreas estratégicas, como el petróleo, deben estar en manos de la nación), sino que también es viable y necesaria una consulta popular para definir el futuro de una reforma de este calado.
A la argumentación del veterano ministro le siguió Jaime Cárdenas, exconsejero del IFE, quien detalló una lista de por lo menos ocho artículos constitucionales que son violentados en las cinco iniciativas enviadas por Calderón. Afirmó que éstas son “claramente privatizadoras”.
Arnaldo Córdova explicó que la figura nueva de “contratos de aprovechamiento” o de “beneficio” son contratos de riesgo prohibidos por la Constitución porque significan un usufructo de la explotación petrolera.
La contraparte en este debate, Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mario Alberto Becerra y, en menor medida, Arturo Zaldívar, afirmaron que no hay violación alguna a la Constitución y que pueden existir distintas interpretaciones a la prohibición tajante del artículo 27 constitucional.
Sin embargo, no han tenido argumentos contundentes para convencer por qué si la industria petrolera es definida como un área estratégica por la Constitución –distinta al área prioritaria, susceptible de ser privatizada o concesionada-- el sector de refinación, transporte, ductos y almacenamiento debe tener inversión de terceros o privados, nacionales o extranjeros.
Tampoco se ha aclarado por qué si México reservó todo su sector energético en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio, negociado en la era de Carlos Salinas de Gortari, ahora se pretende abrir este sector, algo que ni el “Innombrable” pudo realizar, aunque ganas no le faltaran.
Estos puntos son fundamentales para el futuro del debate. De la definición de si continuamos o no considerando al petróleo como un área estratégica, depende considerar si llegó o no el momento de privatizar parte de la industria petrolera o simplemente crear una confusión jurídica, política y económica que beneficiará sólo a quienes ven a nuestro petróleo como parte de sus reservas (léase Estados Unidos).
La semana pasada, el ingeniero Javier Jiménez Espriú se llevó la tarde con una exposición notable, en la que afirmó que el problema principal de las iniciativas de Calderón es que son intentos de simulación y de engaño. Pretenden negar lo que explícitamente proponen: abrir áreas claves del proceso de la industria petrolera.
Los defensores de la reforma calderonista no han sido muy afortunados porque no abundan ni resuelven el tema estratégico fundamental: bajo qué consideraciones jurídicas, históricas y económicas es necesario cambiar el candado expresado en el artículo 27 constitucional.
Aquí entraron en colisión las visiones históricas de Lorenzo Meyer, quien hizo una explicación clara y documentada sobre el valor del petróleo y el nacionalismo mexicano, y la de Héctor Aguilar Camín, quien se fue por la vía de la metáfora fácil al decir que el petróleo forma parte de nuestra “mitología nacionalista” y debemos cambiarla.
Más desafortunado aún fue el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, quien sólo alcanzó a definir como “pontífices del petróleo” a los opositores a las reformas calderonistas, pero no le agregó una idea sugestiva o convincente a las iniciativas. No sólo eso. Abandonó la plaza en la apertura de los debates.
Si ese gesto de Germán Martínez definirá la actitud del gobierno de Calderón, entonces el debate será ganado por los opositores, a menos de que alguien pueda argumentar sensatamente y no con desplantes de autosuficiencia tecnocrática –como los de Carlos Elizondo Mayer Serra-- que las restricciones y alcances de la Constitución en materia de petróleo siguen siendo vigentes para una nación dependiente como México.
jenarovi@yahoo.com.mx
Proceso
martes, 20 de mayo de 2008
Dos visiones de Constitución se enfrentan por la reforma
El sociólogo Arnaldo Córdova y los juristas Héctor Fix Fierro, Arturo Zaldívar, Juventino Castro y Castro, Mario Becerra y Jaime Cárdenas discuten reforma petrolera desde el derecho.
La Jornada On Line
Publicado: 20/05/2008 14:37
México, DF. Los seis expertos en derecho discutieron el sustento jurídico de la iniciativa del jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, en materia energética, en el marco del debate que se lleva a cabo en la casona de Xicoténcatl del Senado de la República.
Lo que mostró el debate fueron dos visiones de la Carta Magna, de su espíritu y las posibilidades de interpretarla, de reformarla y utilizarla.
El ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro, sostuvo que cualquier reforma que pretenda que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares, debe ser considerada como inconstitucional. De aprobarse la iniciativa, añadió, se estaría autorizando que Pemex involucre al sector privado en el manejo de la industria petrolera nacional.
Arnaldo Córdova, sociólogo y colaborador de La Jornada, coincidió con sus reservas sobre la iniciativa presidencial, y afirmó que la propuesta energética, más que ser insconstitucional, va en contra de la Constitución. Si se permite la participación de capital privado en la industria petrolera, señaló, se está privatizando, y la Carta Magna marca que no se pueden poner refinerías en manos privadas.
En la misma línea se pronunció Jaime Cárdenas, ex consejero del Instituto Federal Electoral y experto en derecho constitucional. Rechazó la iniciativa de reforma energética presentada por Calderón porque implica la privatización de Pemex, viola la Constitución y limita las facultades del Congreso y del poder Judicial para ceder a los intereses de particulares y extranjeros.
En sentido contrario, el director de la Escuela Libre de Derecho, Mario Becerra Pocoroba, sostuvo que el Artículo 27 constitucional protege la propiedad del petróleo, mas no establece privilegios exclusivos para explotarlo. Argumentó también que los contratos de prestación de servicios propuestos en la reforma energética del presidente Calderón tienen pleno sustento constitucional.
A medio camino entre el rechazo y el apoyo estuvo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, catedrático tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como de la Libre de Derecho. Calificó la reforma de "constitucional pero perfectible", y explicó que hay posibilidad de enriquecer tal proyecto sin que ello signifique que el Estado pierda la propiedad de los productos ni el control de los procesos de producción.
Por su parte, el director del Instituto de Investigadores Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro, aseveró que “nada en la Constitución impide que el Estado encargue ciertas clases de transformación los hidrocarburos a los particulares, por ejemplo la refinación, manteniendo la propiedad y el control del recursos y todos sus productos, pero nada tampoco lo obliga a ello”.
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jueves, 15 de mayo de 2008
Gobierno de Calderón y empresarios desesperados por la delincuencia y el petróleo
Pedro Echeverría V.
1. Al parecer, según el mismo gobierno ha reconocido, varias decenas de altos mandos y mandos medios del ejército mexicano se pasan, casi sin pensarlo, a las filas del narcotráfico. Mientras el ejército coloca sus mantas en los Zócalos de principales plazas del país invitando a la población a ingresar al ejército asegurando así a los campesinos y clases medias un trabajo y un salario ante el brutal desempleo que sufre la nación, en los campos de combate al narcotráfico aparecen otras mantas pero invitando a los miembros del ejército (ya bien entrenaditos y con armas) a ingresar a las filas del narcotráfico por un pago mayor. Con un discurso hueco el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón está desesperado llamando al "patriotismo" y a la "unidad" sin darse cuenta de su enorme desventaja: el discurso del dinero, en las sociedades capitalista, es más importante que cualquier discurso moralista pronunciado por alguien conocido como inmoral y tramposo.
2. Basta con oír los discursos del presidente Calderón exigiendo "unidad patriótica" alrededor de su gobierno; ver al jefe panista Martínez insultando a López Obrador; escuchar a algunos empresarios exigiendo la privatización del petróleo y a los conductores y comentaristas de radio y TV acusando al gobierno de no poder someter por la fuerza a la llamada rebelión de la delincuencia ni a la oposición de izquierda; basta con ello para darse cuenta que la clase dominante está desesperada y sin saber qué hacer. Lo que parece vislumbrarse (al iniciarse ayer los debates en el legislativo) es que la reforma privatizadora ya no será aprobada porque la derecha no ha tenido argumentos para defenderla y que el narcotráfico tampoco podrá ser sometido porque muchos altos gobernantes y jefes del ejército están coludidos con los altos jefes del narco. Sólo había qué imaginar el brutal desprestigio de Calderón frente al gobierno yanqui.
3. ¿Quién puede olvidar que Calderón tuvo como primer acto de gobierno el anuncio del aumento en sus haberes e inversiones al ejército y (como escribió Granados Chapa) "de dos maneras le confió (al ejército) la función policíaca poniéndolo a la cabeza de la Operación Conjunta Michoacán, y transfiriendo miles de agentes de la Policía Militar a la Federal Preventiva, que reafirma así su condición de cuerpo castrense disfrazado pero identificable". ¿Se acuerdan que la protesta presidencial del 1 de diciembre sólo fue posible por el enorme despliegue del Estado Mayor Presidencial, uniformados y vestidos de civil? Ese día inició Calderón su combate contra el narcotráfico ocupando con decenas de miles (tal vez cientos de miles) las ocupaciones militares a varios estados. Y a pesar de que como civil se vistió de militar y fue arropado por el ejército, parece que después de un año y medio, la batalla la está perdiendo y no sabe qué hacer.
4. Por otro lado, en los llamados "debates" sobre el petróleo, iniciados ayer martes 13 en la Cámara de Senadores los primeros ponentes: Cárdenas, Meyer, Ibarra, Pincheti, incluso la líder priísta Paredes, coincidieron en sus análisis y juicios en que el petróleo no podría privatizarse y que cualquier asomo en ese sentido debería reprobarse. Solamente el presidente del PAN y el investigador Elizondo defendieron el proyecto calderonista. La realidad es que después de aquella sesión que duró unas cinco horas y fue transmitida por el Canal del Congreso y en Internet, pudo verse que la derecha carecía de ponentes, de ideas y juicios para defender la privatización del petróleo y que han preferido escudarse en la frase de que "no quieren privatizar PEMEX y que sólo buscan atraer inversiones privadas. Algún ponente demostró que la derecha no estaba a la altura de defender su propia ideología privatizadora y que prefería negarla o esconderla.
5. Esos dos problemas (narcotráfico y privatización del petróleo) son los que no dejan dormir al señor Calderón porque de ellos dependen otros asuntos graves; pero además hay otros más directos que al parecer están cubiertos (a propósito) por gruesos mantos de humo: crecimiento del desempleo, desconfianza de inversionistas, aumento de movilizaciones de protesta, total desatención de los servicios de salud y educación, crecimiento de la corrupción y encubrimiento de los pillajes del expresidente Fox y sus familiares. A punto de cumplir año y medio de gobierno, Felipe Calderón sigue sin realizar acción alguna en beneficio de la población. Lo que se recuerda de esos 18 meses es represión contra la lucha de Oaxaca y encarcelamiento de miembros de la APPO; haber sacado al ejército para ocupar varias entidades del país, haber reprimido y encarcelado a los campesinos de Atenco y firmado el Plan México con Bush.
6. A punto de transcurrir la cuarta parte de su sexenio, Calderón ha sido "un cero a la izquierda", y no parece que pueda gobernar. Sabía él que si no aceptaba "que se limpiara la elección mediante un nuevo conteo de los votos" iba a ser un gobierno ilegítimo y, por tanto, tendría una oposición permanente. No le importó, más aún se burló de quienes así le reclamaban. Hoy Calderón no tiene ninguna autoridad moral para llamar a la unidad ante los problemas del país. Si el PRI ha aceptado no es por "patriotismo", al contrario: es porque su oportunismo permanente por negociar cargos y poder lo tienen cogobernando, tal como lo hizo con Fox. Ante esa realidad de falta de apoyo, Calderón ha acudido desesperadamente, de manera suplicante, al gobierno yanqui para que el congreso apruebe la llamada "Iniciativa Mérida" y se comiencen a entregar los millones de dólares ofrecidos para la compra de armamentos, helicópteros y contrato de más militares.
7. Pero también la coyuntura yanqui le es desfavorable a Calderón. Los EEUU atraviesan en este momento por una situación económica difícil por la competencia internacional en la que China y algunos otros países torpedean sus productos en el mercado. Por otro lado Bush sufre desesperado por el desplazamiento que tiene su partido, el Republicano, ante el inminente triunfo del partido Demócrata con Obama a la cabeza. A pesar de los esfuerzos de Calderón porque se aprueben los miles de millones de dólares de la "Iniciativa Mérida", parece que pueden pasar a la incubadora, hasta en tanto se define la sucesión presidencial. Sin embargo el Bush hará "hasta lo imposible" para asegurar un control más estricto de la zona, particularmente de su frontera sur. Consolidar "ayudas militares" a México, Colombia y Perú es esencial en estos momentos en que una serie de países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, buscan consolidar su independencia y soberanía.
8. Se espera que los movimientos de trabajadores, de ciudadanos y de izquierda crezcan a partir de esta coyuntura en que el gobierno de Calderón está demostrando una enorme incapacidad para solucionar problemas. Más aún, en caso de no aprobarse la privatización petrolera los mismos empresarios y los inversionistas yanquis podrían hacer a Calderón a un lado por no garantizarles los negocios prometidos. El lopezobradorismo sigue siendo una gran esperanza movilizadora; los profesores y la APPO oaxaqueños reaparecerán mañana (día del Maestro) con más fuerza; como cada año el movimiento magisterial de la CNTE sacude con sus manifestaciones la Ciudad de México y otras capitales del país; los electricistas del SME y otros sectores ligados a él han estado movilizados contra la privatización de los energéticos. Sólo falta la estrategia "mágica" que ayude a que esas organizaciones se pongan de acuerdo para conjuntar fuerzas.
pedroe@cablered.net.mx
1. Al parecer, según el mismo gobierno ha reconocido, varias decenas de altos mandos y mandos medios del ejército mexicano se pasan, casi sin pensarlo, a las filas del narcotráfico. Mientras el ejército coloca sus mantas en los Zócalos de principales plazas del país invitando a la población a ingresar al ejército asegurando así a los campesinos y clases medias un trabajo y un salario ante el brutal desempleo que sufre la nación, en los campos de combate al narcotráfico aparecen otras mantas pero invitando a los miembros del ejército (ya bien entrenaditos y con armas) a ingresar a las filas del narcotráfico por un pago mayor. Con un discurso hueco el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón está desesperado llamando al "patriotismo" y a la "unidad" sin darse cuenta de su enorme desventaja: el discurso del dinero, en las sociedades capitalista, es más importante que cualquier discurso moralista pronunciado por alguien conocido como inmoral y tramposo.
2. Basta con oír los discursos del presidente Calderón exigiendo "unidad patriótica" alrededor de su gobierno; ver al jefe panista Martínez insultando a López Obrador; escuchar a algunos empresarios exigiendo la privatización del petróleo y a los conductores y comentaristas de radio y TV acusando al gobierno de no poder someter por la fuerza a la llamada rebelión de la delincuencia ni a la oposición de izquierda; basta con ello para darse cuenta que la clase dominante está desesperada y sin saber qué hacer. Lo que parece vislumbrarse (al iniciarse ayer los debates en el legislativo) es que la reforma privatizadora ya no será aprobada porque la derecha no ha tenido argumentos para defenderla y que el narcotráfico tampoco podrá ser sometido porque muchos altos gobernantes y jefes del ejército están coludidos con los altos jefes del narco. Sólo había qué imaginar el brutal desprestigio de Calderón frente al gobierno yanqui.
3. ¿Quién puede olvidar que Calderón tuvo como primer acto de gobierno el anuncio del aumento en sus haberes e inversiones al ejército y (como escribió Granados Chapa) "de dos maneras le confió (al ejército) la función policíaca poniéndolo a la cabeza de la Operación Conjunta Michoacán, y transfiriendo miles de agentes de la Policía Militar a la Federal Preventiva, que reafirma así su condición de cuerpo castrense disfrazado pero identificable". ¿Se acuerdan que la protesta presidencial del 1 de diciembre sólo fue posible por el enorme despliegue del Estado Mayor Presidencial, uniformados y vestidos de civil? Ese día inició Calderón su combate contra el narcotráfico ocupando con decenas de miles (tal vez cientos de miles) las ocupaciones militares a varios estados. Y a pesar de que como civil se vistió de militar y fue arropado por el ejército, parece que después de un año y medio, la batalla la está perdiendo y no sabe qué hacer.
4. Por otro lado, en los llamados "debates" sobre el petróleo, iniciados ayer martes 13 en la Cámara de Senadores los primeros ponentes: Cárdenas, Meyer, Ibarra, Pincheti, incluso la líder priísta Paredes, coincidieron en sus análisis y juicios en que el petróleo no podría privatizarse y que cualquier asomo en ese sentido debería reprobarse. Solamente el presidente del PAN y el investigador Elizondo defendieron el proyecto calderonista. La realidad es que después de aquella sesión que duró unas cinco horas y fue transmitida por el Canal del Congreso y en Internet, pudo verse que la derecha carecía de ponentes, de ideas y juicios para defender la privatización del petróleo y que han preferido escudarse en la frase de que "no quieren privatizar PEMEX y que sólo buscan atraer inversiones privadas. Algún ponente demostró que la derecha no estaba a la altura de defender su propia ideología privatizadora y que prefería negarla o esconderla.
5. Esos dos problemas (narcotráfico y privatización del petróleo) son los que no dejan dormir al señor Calderón porque de ellos dependen otros asuntos graves; pero además hay otros más directos que al parecer están cubiertos (a propósito) por gruesos mantos de humo: crecimiento del desempleo, desconfianza de inversionistas, aumento de movilizaciones de protesta, total desatención de los servicios de salud y educación, crecimiento de la corrupción y encubrimiento de los pillajes del expresidente Fox y sus familiares. A punto de cumplir año y medio de gobierno, Felipe Calderón sigue sin realizar acción alguna en beneficio de la población. Lo que se recuerda de esos 18 meses es represión contra la lucha de Oaxaca y encarcelamiento de miembros de la APPO; haber sacado al ejército para ocupar varias entidades del país, haber reprimido y encarcelado a los campesinos de Atenco y firmado el Plan México con Bush.
6. A punto de transcurrir la cuarta parte de su sexenio, Calderón ha sido "un cero a la izquierda", y no parece que pueda gobernar. Sabía él que si no aceptaba "que se limpiara la elección mediante un nuevo conteo de los votos" iba a ser un gobierno ilegítimo y, por tanto, tendría una oposición permanente. No le importó, más aún se burló de quienes así le reclamaban. Hoy Calderón no tiene ninguna autoridad moral para llamar a la unidad ante los problemas del país. Si el PRI ha aceptado no es por "patriotismo", al contrario: es porque su oportunismo permanente por negociar cargos y poder lo tienen cogobernando, tal como lo hizo con Fox. Ante esa realidad de falta de apoyo, Calderón ha acudido desesperadamente, de manera suplicante, al gobierno yanqui para que el congreso apruebe la llamada "Iniciativa Mérida" y se comiencen a entregar los millones de dólares ofrecidos para la compra de armamentos, helicópteros y contrato de más militares.
7. Pero también la coyuntura yanqui le es desfavorable a Calderón. Los EEUU atraviesan en este momento por una situación económica difícil por la competencia internacional en la que China y algunos otros países torpedean sus productos en el mercado. Por otro lado Bush sufre desesperado por el desplazamiento que tiene su partido, el Republicano, ante el inminente triunfo del partido Demócrata con Obama a la cabeza. A pesar de los esfuerzos de Calderón porque se aprueben los miles de millones de dólares de la "Iniciativa Mérida", parece que pueden pasar a la incubadora, hasta en tanto se define la sucesión presidencial. Sin embargo el Bush hará "hasta lo imposible" para asegurar un control más estricto de la zona, particularmente de su frontera sur. Consolidar "ayudas militares" a México, Colombia y Perú es esencial en estos momentos en que una serie de países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, buscan consolidar su independencia y soberanía.
8. Se espera que los movimientos de trabajadores, de ciudadanos y de izquierda crezcan a partir de esta coyuntura en que el gobierno de Calderón está demostrando una enorme incapacidad para solucionar problemas. Más aún, en caso de no aprobarse la privatización petrolera los mismos empresarios y los inversionistas yanquis podrían hacer a Calderón a un lado por no garantizarles los negocios prometidos. El lopezobradorismo sigue siendo una gran esperanza movilizadora; los profesores y la APPO oaxaqueños reaparecerán mañana (día del Maestro) con más fuerza; como cada año el movimiento magisterial de la CNTE sacude con sus manifestaciones la Ciudad de México y otras capitales del país; los electricistas del SME y otros sectores ligados a él han estado movilizados contra la privatización de los energéticos. Sólo falta la estrategia "mágica" que ayude a que esas organizaciones se pongan de acuerdo para conjuntar fuerzas.
pedroe@cablered.net.mx
Un alegato de izquierda
Adolfo Sánchez Rebolledo
Un alegato de izquierda
La primera jornada del debate sobre la reforma petrolera sirvió para fijar el tono argumentativo, el sentido mismo de este ejercicio saludable. Más allá de las pretensiones de las iniciativas de ley enviadas por el gobierno, es claro que la preocupación por el tema energético trasciende, y con mucho, la intención de sus promotores. No hay esencialismo alguno en ello, pues la explotación del petróleo es y seguirá siendo vital en los años venideros. El martes hubo una serie de intervenciones notables cuya riqueza de contenido inevitablemente pesará a la hora de legislar, pero también como un indispensable esfuerzo de pedagogía ciudadana, tanto o más necesario por cuanto la cuestión petrolera toca una de las fibras sensibles de la movilización popular y, como quiera que se vea, de nuestro futuro como país. Veremos, pues, si las próximas sesiones conservan ese nivel y veremos también si los grandes medios electrónicos se deciden a concederle al debate al menos una fracción del tiempo que le dedicaron a denunciar la toma de la tribuna o si, como hasta hoy, prefieren el tono rijoso al que los obliga el ser la caja de resonancia del gobierno en esta materia.
La urgencia de buscar la modernización de la primera empresa de México se ha querido sustentar en una visión de corto plazo y puramente gerencial o, en el mejor de los casos, en una hipótesis con altos grados de romanticismo económico, es decir, de retórica y promesas utópicas contrastadas con la descripción dantesca del presente, como si las soluciones pudieran imaginarse siquiera sin revisar a fondo las causas de la crisis actual.
Se parte de una petición de principio que muy pocos se atreven a confesar en esta coyuntura: aceptar el axioma de que el capital privado es siempre y en todos los casos más eficiente que el Estado, creencia a la que añade una consideración ideológica de color local, a saber, que el artículo 27 constitucional es una camisa de fuerza que impide la modernización del país, su entrada con pie triunfal a la globalización. “La Constitución no es un texto sagrado –ya ha sido reformada 473 veces–”, pretendió desacralizar Carlos Elizondo, pero su voz no tuvo el eco esperado, pues en la medida que la discusión avanza y se aclara cuáles son las opciones “prácticas”, los defensores de la reforma “radical” han venido disminuyendo por ahora, al extremo de que el presidente del PAN, lejos de convenir con ella, trató infructuosamente de endilgarle a los otros el sambenito de “privatizadores”, mediante un recurso oratorio superficial y poco convincente. Pero no resistió la tentación de lanzar un lugar común contra el más socorrido de los clichés del neoliberalismo nativo de vanguardia: “Ese falso nacionalismo que, en el fondo, qué paradoja, es un argumento conservador, no permite tocar nada, no propone nada, no busca nada”.
Ese es el tono oficial de la hora: el vaso semilleno, el promedio, las medias palabras para designar supuestas verdades incontrovertibles que al instante la realidad desmiente. En el huerto gubernamental florecen los defensores de una reforma “sin privatización”, la reforma “posible” adquirida en el estanquillo de la globalización pero sin cambios constitucionales, para no despertar controversias o sospechas, a la manera como se ha venido haciendo en los hechos la reforma eléctrica, que es un verdadero monumento a la violación, desde el Estado, de los preceptos que en teoría debía defender. ¿Y a quién le importan esas leyes anacrónicas?, parecen decir los otrora adoradores del estado de derecho y hoy convencidos profetas de la reforma energética como simulación dirigida desde Los Pinos: no se defiende un proyecto reformador sino la sanción ventajosa de la “desincorporación parcial, hormiga de funciones”, como acertadamente la llamó David Ibarra y a la que Cárdenas fustigó como una gran mentira. “No se propone reformar la Constitución. Simplemente, sin alterar su texto, se alienta y se está dispuesto a permitir su violación. Eso, planteado por el Ejecutivo y expresado por sus representantes en este foro, resulta todavía más grave que violarla”, dijo el ingeniero.
En fin, las ponencias de Beatriz Paredes, David Ibarra, Cuauhtémoc Cárdenas, Lorenzo Meyer y, en nombre de Andrés Manuel López Obrador, Agustín Ortiz Pinchetti, amén de otras intervenciones pertinentes, pusieron sobre la mesa las cuestiones de fondo, es decir, de “principios” que en todo caso deberían regir la reforma de Pemex y el sector energético en su conjunto. Pienso que el resultado fue muy satisfactorio pues demostró la madurez de los puntos de vista críticos, la naturalidad con que se expusieron complejos argumentos a cuya reflexión sus autores han dedicado años. No había en ellos improvisación alguna. A la convicción unieron conocimientos específicos, sabiduría, experiencia, que no debería echarse en saco roto a menos que se quiera una ruptura aún mayor en la sociedad mexicana. Fue reconfortante escuchar un sereno alegato de izquierda compartido por figuras provenientes de diferentes círculos y partidos como hacía años que no ocurría. Y eso, en las circunstancias actuales, es un signo alentador que no puede eludirse. Hoy, el segundo round.
La Jornada
Un alegato de izquierda
La primera jornada del debate sobre la reforma petrolera sirvió para fijar el tono argumentativo, el sentido mismo de este ejercicio saludable. Más allá de las pretensiones de las iniciativas de ley enviadas por el gobierno, es claro que la preocupación por el tema energético trasciende, y con mucho, la intención de sus promotores. No hay esencialismo alguno en ello, pues la explotación del petróleo es y seguirá siendo vital en los años venideros. El martes hubo una serie de intervenciones notables cuya riqueza de contenido inevitablemente pesará a la hora de legislar, pero también como un indispensable esfuerzo de pedagogía ciudadana, tanto o más necesario por cuanto la cuestión petrolera toca una de las fibras sensibles de la movilización popular y, como quiera que se vea, de nuestro futuro como país. Veremos, pues, si las próximas sesiones conservan ese nivel y veremos también si los grandes medios electrónicos se deciden a concederle al debate al menos una fracción del tiempo que le dedicaron a denunciar la toma de la tribuna o si, como hasta hoy, prefieren el tono rijoso al que los obliga el ser la caja de resonancia del gobierno en esta materia.
La urgencia de buscar la modernización de la primera empresa de México se ha querido sustentar en una visión de corto plazo y puramente gerencial o, en el mejor de los casos, en una hipótesis con altos grados de romanticismo económico, es decir, de retórica y promesas utópicas contrastadas con la descripción dantesca del presente, como si las soluciones pudieran imaginarse siquiera sin revisar a fondo las causas de la crisis actual.
Se parte de una petición de principio que muy pocos se atreven a confesar en esta coyuntura: aceptar el axioma de que el capital privado es siempre y en todos los casos más eficiente que el Estado, creencia a la que añade una consideración ideológica de color local, a saber, que el artículo 27 constitucional es una camisa de fuerza que impide la modernización del país, su entrada con pie triunfal a la globalización. “La Constitución no es un texto sagrado –ya ha sido reformada 473 veces–”, pretendió desacralizar Carlos Elizondo, pero su voz no tuvo el eco esperado, pues en la medida que la discusión avanza y se aclara cuáles son las opciones “prácticas”, los defensores de la reforma “radical” han venido disminuyendo por ahora, al extremo de que el presidente del PAN, lejos de convenir con ella, trató infructuosamente de endilgarle a los otros el sambenito de “privatizadores”, mediante un recurso oratorio superficial y poco convincente. Pero no resistió la tentación de lanzar un lugar común contra el más socorrido de los clichés del neoliberalismo nativo de vanguardia: “Ese falso nacionalismo que, en el fondo, qué paradoja, es un argumento conservador, no permite tocar nada, no propone nada, no busca nada”.
Ese es el tono oficial de la hora: el vaso semilleno, el promedio, las medias palabras para designar supuestas verdades incontrovertibles que al instante la realidad desmiente. En el huerto gubernamental florecen los defensores de una reforma “sin privatización”, la reforma “posible” adquirida en el estanquillo de la globalización pero sin cambios constitucionales, para no despertar controversias o sospechas, a la manera como se ha venido haciendo en los hechos la reforma eléctrica, que es un verdadero monumento a la violación, desde el Estado, de los preceptos que en teoría debía defender. ¿Y a quién le importan esas leyes anacrónicas?, parecen decir los otrora adoradores del estado de derecho y hoy convencidos profetas de la reforma energética como simulación dirigida desde Los Pinos: no se defiende un proyecto reformador sino la sanción ventajosa de la “desincorporación parcial, hormiga de funciones”, como acertadamente la llamó David Ibarra y a la que Cárdenas fustigó como una gran mentira. “No se propone reformar la Constitución. Simplemente, sin alterar su texto, se alienta y se está dispuesto a permitir su violación. Eso, planteado por el Ejecutivo y expresado por sus representantes en este foro, resulta todavía más grave que violarla”, dijo el ingeniero.
En fin, las ponencias de Beatriz Paredes, David Ibarra, Cuauhtémoc Cárdenas, Lorenzo Meyer y, en nombre de Andrés Manuel López Obrador, Agustín Ortiz Pinchetti, amén de otras intervenciones pertinentes, pusieron sobre la mesa las cuestiones de fondo, es decir, de “principios” que en todo caso deberían regir la reforma de Pemex y el sector energético en su conjunto. Pienso que el resultado fue muy satisfactorio pues demostró la madurez de los puntos de vista críticos, la naturalidad con que se expusieron complejos argumentos a cuya reflexión sus autores han dedicado años. No había en ellos improvisación alguna. A la convicción unieron conocimientos específicos, sabiduría, experiencia, que no debería echarse en saco roto a menos que se quiera una ruptura aún mayor en la sociedad mexicana. Fue reconfortante escuchar un sereno alegato de izquierda compartido por figuras provenientes de diferentes círculos y partidos como hacía años que no ocurría. Y eso, en las circunstancias actuales, es un signo alentador que no puede eludirse. Hoy, el segundo round.
La Jornada
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