CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 27 junio. Organizaciones sociales estatales y nacionales criticaron que el gobierno mexicano sea tolerante con el patrón de tortura e impunidad que se aplica en varios estados de la República, en lugar de brindar apoyo a las víctimas.
Ante esta situación de impunidad, destacaron las organizaciones que las víctimas tienen que recurrir a organismos internacionales para tener acceso a la justicia, como el caso de las indígenas guerrerenses violadas por militares, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Organizaciones como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos reclamaron que aun cuando la tortura es un crimen, en México sigue siendo una práctica sistemática.
Señalaron que para los interrogatorios ministeriales, los policías utilizan prácticas como el abuso físico, sicológico e incluso sexual para extraer confesiones; otra de las prácticas de la tortura, mencionaron, es la represión que se da a manifestaciones por las fuerzas públicas. “Numerosas personas, entre ellas reconocidos luchadores sociales, permanecen en prisión por delitos fabricados o por confesiones obtenidas mediante la tortura y a pesar de las continuas recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas, no es posible afirmar que el Estado mexicano cumpla su obligación de proteger a las víctimas de la tortura, al contrario, los casos de tortura permanecen en la impunidad por la falta de voluntad para investigarlos”, reprocharon.
De igual forma, agregaron que las reparaciones integrales por los daños que sufrieron las víctimas son prácticamente inexistentes. “Es evidente que, en vez de apoyar a las víctimas, el Estado ha sido tolerante con el patrón de tortura e impunidad vigente”, señalaron.
De hecho, resaltaron los casos de las indígenas Fernández Ortega y Rosendo Cantú, quienes fueron violadas sexualmente por militares hace ocho años y desde entonces no ven llegar la justicia del Estado mexicano, por lo que tuvieron que recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer justicia.
De igual forma, expusieron la tortura a los campesinos ecologistas también de Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, todo a manos de militares.
Las organizaciones expresaron su preocupación de que en México la falta de controles adecuados sobre la policía y el ejército, la falta de control judicial sobre las detenciones, la admisión de confesiones arrancadas presuntamente bajo tortura durante los procesos penales y la tolerancia existente en torno a la actuación de caciques o incluso paramilitares en regiones rurales del país, dejan ver que el Estado no ha tomado las acciones necesarias para acabar con esta práctica.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
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