Redacción
Guadalupe Gómez Q.
Guadalupe Gómez Q.
El Centro Prodh presentó ayer el informe ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, que documenta 120 casos de abusos militares en el actual sexenio.
El informe presenta los casos más recientes, que se suman a los cometidos antes de este sexenio y que no han tenido aún solución debido al fuero militar, como el de Inés, quien el 22 de marzo de 2002 fue violada por tres soldados del Ejército federal en la región de La Montaña, en Guerrero.
Ante la falta de justicia, en 2006 su caso fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero a partir de entonces no han cesado las amenazas y agresiones en contra de ella y su esposo Fortunato Prisciliano.
En la conferencia de prensa también se anunció que un caso representado por el Centro Prodh y la organización Fundar, en el que se cuestiona la aplicación del fuero de guerra en México, ha sido atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se trata del caso de Santiago Caballeros, en Badiraguato, Sinaloa, donde cuatro civiles fueron privados arbitrariamente de la vida. A partir de ese caso la SCJN podría definir si el fuero de guerra es compatible con la Constitución y otros tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.
El informe señala que, según datos obtenidos por el Centro Prodh a través de las instancias de acceso a la información pública, entre enero de 2006 y noviembre de 2008, 500 averiguaciones previas han sido remitidas a la justicia militar por las autoridades civiles; de éstas, 381 corresponden a 2008.
En el mismo periodo, la Procuraduría General de Justicia Militar aceptó que sus agentes del Ministerio Público iniciaron 174 averiguaciones previas por delitos cometidos contra civiles –110 tan sólo en 2008– de las cuales sólo 11 fueron consignadas: menos de una de cada 10. La información recabada confirma que los abusos militares van en aumento y que, frente a ello, la justicia militar tiende a perpetuar la impunidad.
Los principales tipos de abusos que se han denunciado en los 120 casos que analiza el Centro Prodh son cateos ilegales, agresiones físicas y torturas, así como detenciones arbitrarias. En cuanto a su distribución geográfica, los cuatro estados más afectados han sido, en ese orden, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán.
Cómo convivir con militares
En tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se desarrolla el Operativo Conjunto Chihuahua Seguro, lo que significa la presencia de 7 mil 500 soldados del Ejército Mexicano y 2 mil agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), ante el temor de la población, las autoridades municipales y estatales publicaron un manual para “convivir” con militares sin “contratiempos”.
Asimismo, anunciaron capacitación “especial” en materia de derechos humanos a los militares recién llegados, así como la creación de un Centro de Atención de Quejas contra Abusos de Militares y Policías Federales.
Con dichas medidas, las autoridades de Juárez pretenden responder a la inquietud y protesta ciudadana ante el arribo de miles de soldados y policías del Operativo Conjunto, quienes actúan bajo el argumento de “combate a la delincuencia”.
El manual, distribuido por autoridades municipales y estatales para “convivir con los militares”, está dirigido a automovilistas, a quienes se sugiere reducir la velocidad de su vehículo en cuanto vean una caravana o retén militar y encender las luces intermitentes para indicar a los uniformados que responden a su llamado.
Les sugieren también encender la luz interior del coche, colocar las manos en la parte superior del volante, llevar en la unidad sólo los objetos necesarios y colaborar en todo momento con los soldados y policías.
Tampoco deben rebasar a los vehículos militares o federales; deben evitar las avenidas principales en horas de mayor tránsito y conducir durante las noches con los vidrios abajo o las luces interiores encendidas cuando se circule cerca de un retén o se le solicite detenerse para una inspección.
De igual forma, el gobierno municipal de Juárez informó, mediante un comunicado, la creación del Centro de Atención y Quejas contra Abusos de Militares y Policías Federales, “con el objetivo de evitar que se den abusos de los elementos del Ejército Mexicano y de la PFP en la implementación del Operativo Conjunto Policiaco”.
Al frente del Centro de Atención estará el abogado Javier González Mochen, que fue creado por un acuerdo entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Estado Mayor Presidencial y otras áreas del gobierno federal, el jueves pasado en la ciudad de México.
El comunicado también señala que las dependencias continuarán bajo el control del gobierno de Ciudad Juárez, “pero debido a la presencia del alto número de militares se aceptó la sugerencia de que sean integrantes del Ejército Mexicano quienes ocupen los mandos en la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y en el Centro de Readaptación Social para Adultos, municipal y estatal”.
Las sanciones a los militares que incurran en “irregularidades” corresponderán al secretario de Seguridad Pública municipal, ya que al iniciar el operativo pasan a formar parte de la Policía Municipal.
Al mismo tiempo, la autoridad informó que soldados recién llegados a Ciudad Juárez serán “capacitados” en derechos humanos, durante dos semanas, dos horas diarias, al finalizar sus labores. Serán catedráticos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez quienes hablarán a los militares sobre el Reglamento de Policía y Buen Gobierno local para evitar afectaciones a la población.
Fuente: La Jornada de Zacatecas
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