Dos particulares se dicen dueños de 700 hectáreas y acusan a campesinos de despojo
Desde 2007 el proceso legal se hizo a sus espaldas y no pudieron defenderse, recriminan
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 10 DE MARZO. Indígenas nahuas de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, denunciaron que la Policía Ministerial los hostiga y solicitaron al Congreso su intervención, porque esa persecución deriva de un problema agrario con dos particulares que se dicen dueños de más de 700 hectáreas de los bienes comunales.
Juan Villa Hernández, presidente del comisariado de Bienes Comunales en el trienio 2004-2007, contó que durante muchos años tuvieron un conflicto con el núcleo agrario de Cualac, por la posesión de más de 700 hectáreas, pero en 2002 llegaron a un acuerdo con sus vecinos.
Prosiguió que en mayo de 2007, una vez consolidado el acuerdo, cuando todavía era presidente de los Bienes Comunales, junto con los integrantes de esa instancia y otros habitantes de la localidad, fueron a la superficie que había estado en disputa para hacer la distribución entre los comuneros.
En el reparto se enteraron de que esa área supuestamente tenía otros dueños.
Se trata de Pedro Reynoso García y su hijo Abundio Reynoso García, quienes denunciaron a los comuneros por despojo, lesiones e intento de homicidio, en una supuesta agresión que habría ocurrido el día que fueron a repartir las tierras.
Villa Hernández aseguró que no ocurrió ni siquiera un enfrentamiento verbal con quienes se dicen dueños de las tierras, pero que ellos procedieron a hacer lo que les correspondía como autoridades agrarias: entregaron las tierras a los comuneros que las solicitaron.
Contó que un mes después del reparto fueron citados a declarar por esos hechos, se presentaron ante la autoridad y ya no volvieron a saber más del asunto.
Sin embargo, en febrero de este año se enteraron de que el Ministerio Público emitióo 32 órdenes de aprehensión contra quienes eran las autoridades agrarias en 2007, los comuneros a los que se les repartió las tierras y otros habitantes de la población que acudieron el día del reparto.
Villa Hernández denunció que todo el procedimiento lo hicieron a sus espaldas, pues salvó esa ocasión que los citaron a declarar, nunca fueron avisados que tenían integrada una averiguación, así que no tuvieron la oportunidad de aportar pruebas en su defensa.
Luego de que las órdenes de aprehensión fueron emitidas, agentes ministeriales recorren las calles de la población, buscándolos.
Por esa situación, relató, no salen de sus casas, para evitar que los detengan, así que no van a trabajar al campo ni a ningún otro lado.
Este día, para evadir a los ministeriales, salieron de madrugada de sus viviendas para estar en el Congreso, hacer la denuncia y pedir la intervención de los diputados en el conflicto.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Desde 2007 el proceso legal se hizo a sus espaldas y no pudieron defenderse, recriminan
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 10 DE MARZO. Indígenas nahuas de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, denunciaron que la Policía Ministerial los hostiga y solicitaron al Congreso su intervención, porque esa persecución deriva de un problema agrario con dos particulares que se dicen dueños de más de 700 hectáreas de los bienes comunales.
Juan Villa Hernández, presidente del comisariado de Bienes Comunales en el trienio 2004-2007, contó que durante muchos años tuvieron un conflicto con el núcleo agrario de Cualac, por la posesión de más de 700 hectáreas, pero en 2002 llegaron a un acuerdo con sus vecinos.
Prosiguió que en mayo de 2007, una vez consolidado el acuerdo, cuando todavía era presidente de los Bienes Comunales, junto con los integrantes de esa instancia y otros habitantes de la localidad, fueron a la superficie que había estado en disputa para hacer la distribución entre los comuneros.
En el reparto se enteraron de que esa área supuestamente tenía otros dueños.
Se trata de Pedro Reynoso García y su hijo Abundio Reynoso García, quienes denunciaron a los comuneros por despojo, lesiones e intento de homicidio, en una supuesta agresión que habría ocurrido el día que fueron a repartir las tierras.
Villa Hernández aseguró que no ocurrió ni siquiera un enfrentamiento verbal con quienes se dicen dueños de las tierras, pero que ellos procedieron a hacer lo que les correspondía como autoridades agrarias: entregaron las tierras a los comuneros que las solicitaron.
Contó que un mes después del reparto fueron citados a declarar por esos hechos, se presentaron ante la autoridad y ya no volvieron a saber más del asunto.
Sin embargo, en febrero de este año se enteraron de que el Ministerio Público emitióo 32 órdenes de aprehensión contra quienes eran las autoridades agrarias en 2007, los comuneros a los que se les repartió las tierras y otros habitantes de la población que acudieron el día del reparto.
Villa Hernández denunció que todo el procedimiento lo hicieron a sus espaldas, pues salvó esa ocasión que los citaron a declarar, nunca fueron avisados que tenían integrada una averiguación, así que no tuvieron la oportunidad de aportar pruebas en su defensa.
Luego de que las órdenes de aprehensión fueron emitidas, agentes ministeriales recorren las calles de la población, buscándolos.
Por esa situación, relató, no salen de sus casas, para evitar que los detengan, así que no van a trabajar al campo ni a ningún otro lado.
Este día, para evadir a los ministeriales, salieron de madrugada de sus viviendas para estar en el Congreso, hacer la denuncia y pedir la intervención de los diputados en el conflicto.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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