Los pendientes del IFE

Hay asuntos sin cerrar. El Consejo tendrá que definir si Fox intervino o no en la elección presidencial. Además, deberá asumir una postura sobre las campañas de autopromoción de algunos gobernadores.

Por Pablo Ortega

El Instituto Federal Electoral (IFE) resolverá el próximo 22 de diciembre la segunda queja sobre la intervención indebida de Vicente Fox en la elección presidencial de 2006 con la difusión de spots, pagados con recursos públicos, en los que conminó a los mexicanos: “Si seguimos por este camino, mañana México será mejor que ayer”.

Posiblemente este caso ponga de nuevo en un predicamento al Consejo General del IFE, ya que tendrá que definir si da vista o no al Congreso, en caso de que vote por sancionar al PAN a causa de esos spots, que le habrían favorecido.

El 29 de septiembre el instituto se negó, en votación dividida de 5 contra 4, a dar vista al Congreso por las expresiones públicas del ex presidente a favor de la candidatura de Felipe Calderón Hinojosa, cuyo partido fue multado con 15.4 millones de pesos luego de obtener una rebaja de 22.5 millones de pesos.

De esta manera, el IFE evitó enterar a la Cámara de Diputados de la manera en que Fox faltó a su protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, al intervenir y poner en riesgo la elección presidencial de 2006 e impedir que la nación –representada por los legisladores– se lo demandara, como marca el Artículo 87 de la Carta Magna.

Votaron por no dar vista el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita, y los consejeros electorales María Macarita Elizondo Gasperín, Alfredo Figueroa Fernández, Benito Nacif Hernández y Arturo Sánchez Gutiérrez. Estuvieron a favor Virgilio Andrade Martínez, Marco Antonio Baños Martínez, Marco Antonio Gómez Alcántar y Francisco Javier Guerrero Aguirre.

Casi dos años y medio después, los efectos de la elección presidencial aún persisten. Se prevé, además, que este 22 de diciembre el Consejo General del IFE despache, de un solo golpe, más de 200 quejas por los comicios más disputados de la historia reciente del país, no porque se haya hecho alguna investigación, sino por el desistimiento de los partidos que las interpusieron.

La idea es iniciar el proceso electoral de 2009 sin pendientes. Aunque el IFE lograra cerrar en su mayor parte el expediente de 2006 –está por definirse el destino de las boletas electorales–, le esperan nuevos flancos qué enfrentar con motivo de la reforma electoral de 2007, principalmente por la rebeldía de los medios electrónicos –televisión y radio–, que se niegan a acatar las nuevas reglas. Y también están los políticos, tanto partidos, como funcionarios, que buscan dar la vuelta a los ordenamientos.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene en ascuas al IFE al no resolver sobre la solicitud de amparo del Consejo Coordinador Empresarial, de organizaciones privadas y de personas físicas para que les permitan emitir spots durante las campañas electorales como parte de su derecho a la libertad de expresión. Si la Suprema Corte favorece a los empresarios, la reforma electoral habrá muerto antes de nacer, porque su principal objetivo es evitar que el dinero incline la elección presidencial hacia determinado candidato.

Otro flanco es el que abrieron los gobernadores del Estado de México, Enrique Peña Nieto; del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón; y de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, quienes ya están haciendo campañas simuladas o “piratas” hacia las elecciones presidenciales de 2012, y sobre las que el IFE parece indiferente.

1. SANCIONES A RADIO Y TV

El consejero electoral Alfredo Figueroa trabaja actualmente con sus compañeros en la elaboración del reglamento del 134 constitucional, que prohíbe la promoción personalizada de cualquier servidor público, y adelanta que no sólo se sancionará al funcionario o político que viole este precepto, sino también a la televisora y estación de radio que difunda esa propaganda.

Figueroa no quiere referirse de manera particular a las campañas que realizan Peña Nieto, Ebrard Casaubón y Herrera Beltrán porque posiblemente sean asuntos que le toque resolver. Prefiere hablar del tema en general.

Maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Sociales “José María Luis Mora”, dice que “el IFE tiene que tomar ya una determinación en razón de esos casos”. De ahí que esté sentando los criterios generales con los que actuará.

Explica que los servidores públicos pueden contratar spots durante un periodo de gracia que corresponde a sus informes de gobierno, unos días antes y después, pero no es legal que los transmitan fuera de su demarcación.

“Si el gobernador de una entidad de pronto tiene cadena nacional, eso no es exactamente lo que tutela la norma. No hay objeto de que el informe de un gobernador tenga que estar pasando a nivel nacional. Sólo tiene derecho de hacerlo en su entidad, así como un diputado en su distrito y un presidente municipal en su municipio”.

Sin embargo, asegura que la autoridad tiene que resolver los problemas de orden técnico con la tutela de la norma porque suele suceder que en una entidad no hay una demarcación municipal para las ondas de radio y televisión. En estos casos, se tendría que establecer procesos de bloqueo de imagen.

“Si a nivel estatal está resultando un asunto complejo, en la zona central del país, donde se establecen las señales madre, y en otros lugares, es todavía más difícil”.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 134, servidores públicos, partidos políticos y candidatos no pueden pagar por entrevistas en medios ni contratar espacio y tiempo en radio y televisión. Estas denuncias se pueden hacer a petición de parte y de oficio. Además, la propaganda no deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Se le comenta el caso del delegado de Iztapalapa, Horacio Martínez Meza, del PRD, que gastó 603 mil pesos para promover el Festival de Fuego Nuevo mediante la difusión de 16 spots y una entrevista en el noticiero Matutino Express de Televisa.

La dirección de Comunicación Social de la Delegación aseguró que la entrevista con el funcionario se debió al interés de la producción de ese noticiario, ya que el contrato no incluía la aparición a cuadro del funcionario. Sin embargo, los titulares del programa sólo hicieron preguntas positivas al funcionario.

“Desconozco el caso”, asegura Alfredo Figueroa, “pero tendría que haber una denuncia para atender este tipo de temas”.

No obstante, admite que el IFE tiene que buscar las condiciones institucionales que le permitan saber si existe un proceso de simulación, tanto de medios de comunicación, como de servidores públicos, partidos políticos, candidatos o precandidatos. “Mi posición será la de ir permanentemente en contra de procesos de simulación democrática o de fraude a la ley. Es decir, intentar por alguna vía que el derecho que está tutelado no se pueda ejercer a cabalidad, merced a un mecanismo interpretativo o una vía embozada donde al final ese derecho no se pueda ejercer a plenitud, a favor de la equidad en la contienda.

Al respecto, no actuaré con omisión”. Explica que ya se ha castigado a televisoras y radiodifusoras. El IFE ha emitido sanciones para elecciones locales, como el caso de Coahuila, donde tres estaciones de radio fueron sancionadas con 400 mil pesos cada una.

“Si se encuentran causas, evidencias, méritos en ese mismo sentido y hay un incumplimiento de la ley por parte de los concesionarios, efectivamente se puede llegar a sancionar a televisoras y a radiodifusoras”, señala Figueroa.

Advierte que él no dudaría en actuar en los casos que presentaran evidencias suficientes de incumplimiento por parte de partidos o candidatos, televisoras, radiodifusoras, ciudadanos y de todos aquellos implicados, ya sean personas morales, organizaciones, etcétera. Sin embargo, dice que las televisoras no serán sancionadas por la transmisión de los spots del Consejo Coordinador Empresarial en la contienda presidencial pasada “porque estamos ante las reglas del 2006”.

La posibilidad de hacerlo vino con la reforma de 2007. “Si ahorita ocurriera una cosa así, implicaría una sanción no sólo al CCE directamente, sino a la televisora o radiodifusoras que los difundiera”. Además, habría un procedimiento especial para detener esos spots de inmediato con medidas cautelares, independientemente de la sanción. “Y sobre eso es que tenemos que construir reglamentos u orientaciones generales, para que no quede lugar a dudas de cómo vamos a implementarlo”.

2. LOS SPOTS DE FOX EN EL AIRE

En septiembre pasado, el IFE atendió la primera queja interpuesta por la Coalición por el Bien de Todos en torno a los pronunciamientos de Vicente Fox, quien pidió a los mexicanos no equivocarse a la hora de votar y no oír “el canto de las sirenas”, entre otras expresiones proselitistas, con lo cual violó el acuerdo de neutralidad de los funcionarios públicos.

La discusión en el seno del Consejo General hasta hoy permanece inédita. La Comisión de Quejas y Denuncias del IFE resolvió dar vista al Congreso por la conducta de Fox, pero el consejero Arturo Sánchez propuso desechar la propuesta porque ya no se podía pedir una declaración de procedencia o desafuero al ex presidente, ni aplicársele una responsabilidad administrativa, ni demandar juicio político, porque ya no era funcionario público.

Pero el representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, observó que el instituto estaba aplicando criterios diferentes a situaciones parecidas, ya que en el caso del ex gobernador de Tabasco Manuel Andrade, quien hizo declaraciones a favor del candidato tricolor, sí dio vista al Congreso local. Arturo Sánchez explicó que el Artículo 111 constitucional no prevé una situación particular para el presidente de la república y que el marco jurídico tampoco establece quién es la autoridad superior del primer mandatario.

En respuesta, el consejero Marco Antonio Baños sostuvo que los casos del ex gobernador de Tabasco y del ex presidente eran similares, por lo que era posible que los legisladores conocieran las eventuales infracciones cometidas por funcionarios de alto nivel como Vicente Fox. De lo contrario, dijo, se dejaría “un precedente en el cual un funcionario de alto nivel, como es un presidente de la república, pueda hacer o decir situaciones que puedan incidir en favor de un determinado candidato y eso coloque en un peligro el libre desarrollo de la contienda electoral”.

El consejero Benito Nacif manifestó su desacuerdo: “no estamos ante conductas que notoria o evidentemente puedan ser sancionables por dicho órgano (Congreso), ni que de forma directa o inmediata constituyan un ilícito”.

Por su parte, el consejero Marco Antonio Gómez contestó que “todos fuimos testigos, y creo que el pueblo de México también, de que el ex presidente Vicente Fox intervino en un proceso electoral federal para la renovación del presidente de la república”.

Agregó que esas conductas “no pueden ser olvidadas ni hacernos como si dichas conductas no existieron. Creo que es importante que esta autoridad siente un precedente sobre las conductas y sobre la injerencia del Poder Ejecutivo en un proceso electoral, precisamente para prevenir que este tipo de acciones puedan reiterarse en un futuro”.

El consejero Virgilio Andrade sostuvo que la alta jerarquía de Vicente Fox lo puso “en una posición de ser el máximo respetuoso de la legalidad en todos los ámbitos y en todos los términos, por lo que no debe ser impune”.

Sostuvo que el ex presidente “puede ser observable por la autoridad administrativa una vez que terminó el cargo, cierto; puede ser acusado penalmente una vez que haya terminado el cargo, cierto, y cierto es también que no es sujeto de juicio político ni de juicio de procedencia ni tampoco por mera expresión de ideas”.

Luego cuestionó: “¿Qué pasa cuando se viola la protesta constitucional por parte del Poder Ejecutivo? Ésa es la relevancia constitucional de la pregunta y por la que esta propuesta incluye dar vista a quienes son constitucionalmente los representantes de la nación, encarnados específicamente en la Cámara de Diputados”.

“Le corresponde al propio Poder Legislativo hacer la reflexión correspondiente

en torno a un evento que tuvo trascendencia histórica y los efectos que todos conocemos, que todos vivimos y que todos padecemos”, afirmó Andrade.

En este sentido, dijo, “es de la mayor relevancia histórica poner en vigor la observación sobre la protesta constitucional que hace el presidente de la república o el jefe de Estado”.

La votación, empero, no favoreció a los que estaban por dar vista al Congreso. El dilema volverá a plantearse el 22 de diciembre, cuando se ventile en el Consejo General del IFE la queja que presentó Horacio Duarte Olivares a nombre de la Coalición por el Bien de Todos.

En ella denuncia la estrategia concertada entre la Presidencia de la República y la campaña de Felipe Calderón para dejar en el ánimo de los mexicanos la idea de que les convenía la continuidad.

En su último año de gobierno, Fox echó a andar una campaña gubernamental en radio y televisión para promover sus presuntos logros, en particular en los rubros de seguridad social, educación y vivienda.

En todos los spots se utilizó la frase: “Si seguimos por este camino, mañana México será mejor que ayer”.

Para realizar dicha campaña, puntualiza la queja, no sólo se utilizaron recursos públicos en beneficio del PAN, sino también los tiempos del Estado, que por disposición legal tienen otros fines.

Además, los promocionales del candidato del PAN, en particular un breve mensaje que contenía su lema de campaña: “Valor y pasión por México”, eran transmitidos inmediatamente después de los de Fox, con una clara intención de asociar ambas campañas, “lo cual evidentemente representa una influencia indebida en los electores y atenta contra el postulado constitucional de voto libre y la exigencia de que las elecciones sean auténticas”.

3. REFORMA ELECTORAL EN RIESGO

Lorenzo Córdova Vianello, coordinador del área de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura que es muy desafortunado que en vísperas del proceso electoral de 2009 sigan en revisión quejas de 2006, sobre todo porque son asuntos sobre los que ya se pronunció el Tribunal Electoral.

“El Consejo General anterior del IFE, que presidió Luis Carlos Ugalde, fue profundamente negligente en la tramitación de las quejas de un proceso electoral que resultó extremadamente polarizante. No las atendió de manera adecuada ni rápida, incluyendo las de Fox, que prácticamente no requerían de indagatorias”, afirma.

Dice que si el IFE concluyó que hubo una irregularidad cometida por un ex presidente de la república, “es absurdo que no se le dé vista al Congreso o a las autoridades competentes”.

Lo mismo pasa con la queja sobre los plantones en Reforma y la toma de tribunas en la Cámara de Diputados y el Senado por parte del PRD, agrega Córdova Vianello. El IFE, sostiene, no puede pretender que la justicia administrativa electoral esté aislada de otros órdenes jurídicos competentes.

Y no es que el instituto propicie la impunidad. “Lo que pasa es que es incongruente y, en ese sentido, uno de los principios que rigen la materia electoral es el de certeza y legalidad. Eso es lo que deja mal sabor de boca”. Considera que el 22 de diciembre se van a resolver cerca de 300 quejas sobre el proceso de 2006.

“(El IFE) pecó de omisión, dejó correr las cosas. Ésa parecía ser la política del Consejo General anterior, que miraba para el otro lado y dejaba pasar el agua. Y hoy estamos en la penosa situación de estar resolviendo viejos asuntos”.

Se ha recorrido tanto camino, dice Córdova Vianello, que no hay más que imponer la sanción que corresponda. “No estoy diciendo que se le dé carpetazo, sino simple y sencillamente que se cierre el asunto”.

Afirma que no es conveniente para el IFE mantener abiertos los expedientes de 2006. “Si nada más vamos a estar viviendo de los agravios pasados, pues eso significa que simple y sencillamente no vamos a poder hacernos cargo de los grandes problemas que estamos enfrentando. “La reforma electoral está en riesgo porque afectó grandes intereses mediáticos y hay que hacernos cargo de eso. El problema de hoy en día ya no es el 2006, sino que la reforma electoral, que fue producto y atiende los problemas del 2006, está queriendo ser dinamitada por una serie de intereses fortísimos y gravísimos que están allí”, señala el especialista.

Sostiene que los jueces de la Suprema Corte pueden echar a perder la reforma electoral si no asumen su papel de órgano de Estado. Y crean “el peor escenario político de los tiempos recientes si conceden el amparo a las televisoras y a los grupos empresariales. Eso quiere decir que los partidos y el IFE no saldrían al aire, porque no van a poder transmitir en los tiempos oficiales”.

Tampoco podrían comprar publicidad, ya que el amparo nada más protege a quienes lo demandaron. “Eso significa que solamente los empresarios o quienes fueran amparados pudieran comprar publicidad, y no los partidos políticos ni el IFE”.

Aunque lo acontecido hace dos años fue grave, Córdova Vianello afirma que lo más urgente es la aplicación de las reformas. “No hay agravio que se hubiera planteado en el 2006 que no hubiera sido resuelto, bien o mal, por la reforma electoral. El proceso electoral del 2009, con todo y que sea sólo una elección intermedia, es una elección que tiene una importancia, en términos de futuro político, igual o mayor que la del 2006”, expresa.

Lo que está en juego es una apuesta del Estado que se plasmó en la Constitución para maniatar los grandes intereses mediáticos que existen en el país y subordinarlos al Estado, como debe ser en cualquier sociedad democrática, explica el especialista en teoría política. Por cierto, dice, muchas de las quejas de 2006 tienen que ver con los medios electrónicos de comunicación, ya sea las declaraciones de Fox o los spots comprados en radio y televisión por la Presidencia.

Desde su punto de vista, la reforma electoral de 2007 no se podría hacer actualmente “porque la voluntad política que se plasmó en esa reforma constitucional hoy ya no existe, y aquí estoy recriminando a los partidos y actores políticos. Yo creo que hay muchos que están arrepentidos de aprobar esa reforma”.

A pesar de todo, precisa Córdova Vianello, el IFE está encontrando poco a poco su personalidad y sus ejes rectores distintivos. “Tenemos un Consejo General del instituto mucho más asentado, y eso es bueno”. Pero sus retos superan a los de 2006. “Los grandes intereses que afectó la reforma no lo van a dejar en paz y van a estar ahí gravitando, tratando de sabotear la actuación del IFE. Y eso es gravísimo. Por eso es importante un IFE sólido, con empaque, para que pueda enfrentar este desafío”.

Afirma que los partidos y los políticos en nada ayudan al instituto. “Al día siguiente de que se aprueba la reforma electoral, todos los partidos empezaron a buscar vericuetos y a intentar darle la vuelta a las nuevas normas”

Fuente: Reporte Índigo.