Redactaron Lidia Ponce y Odett Sosa en CIMAC Noticias.
México, DF.- Como lo había denunciado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, hace meses, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) afirmó apenas hoy en un comunicado que, efectivamente, Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, indígenas ñha-ñhús, acusadas de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación, enfrentaron, por discriminación, dificultades para acceder a un juicio justo bajo los parámetros del debido proceso legal y de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres.
Por su condición de ser mujeres e indígenas, y tener precarias condiciones económicas, las mujeres enfrentaron actos discriminatorios, tales como dificultades para acceder al debido proceso, que implica el derecho a la presunción de inocencia, a una defensa efectiva, a contar con traductores, a una justicia pronta, expedita e imparcial, entre otros derechos reconocidos por el sistema jurídico mexicano y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, señaló el Inmujeres.
Estas conclusiones fueron obtenidas a partir de un “análisis jurídico” de documentos a los que tuvo acceso el Inmujeres, en base al cual, desde la perspectiva de los derechos humanos, dicho instituto considera que existen elementos suficientes para que sean liberadas por esos cargos, por lo que se suma a la campaña del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, que pide su liberación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario