ALONSO TORRES ABURTO
Fuente: La Jornada de Michoacán
Los embates de la derecha en contra de las conquistas sociales aún vigentes, de algunas instituciones públicas y de movimientos y organizaciones populares, se siguen incrementando. Esto, sin duda, no es algo inédito. Ya desde los últimos gobiernos del PRI era notoria dicha ofensiva. Especialmente recordemos al “innombrable”, mismo que durante su gobierno se encargó de impulsar y profundizar la privatización de empresas paraestatales (Telmex, Sicartsa) y de reprimir sistemáticamente al entonces emergente y combatido PRD (en la lucha por la democracia electoral y por la construcción de un verdadero sistema de partidos, los muertos los puso esa organización).
Ahora, en los últimos meses, esta política de “adelgazamiento” del Estado, es decir, de no responsabilizarse de casi ningún compromiso social que beneficie a los sectores populares, ha cobrado víctimas inesperadas y, seguramente, otras que sí estaban contempladas en los cálculos de los grupos dominantes. Entre las primeras, están los casos del que fuera el secretario de Gobernación de Felipe Calderón y del hijo de un poderoso empresario de productos deportivos. Entre las segundas, las docenas de niños de la guardería en Hermosillo y las miles de vidas perdidas producto de la violencia, cada vez más incontrolable, que azota el territorio nacional.
Los ejemplos mencionados, directa o indirectamente, son consecuencia de que todo se vende o se concesiona a particulares para beneficio de los socios, amigos o familiares de los que detentan el poder público. Es, como se ha denunciado reiteradamente, un proceso de acumulación de riquezas materiales en unas pocas manos, a costa de lo que sea. Es la versión más descarnada del capitalismo salvaje que se encuentra en una etapa más de sus crisis recurrentes.
Más recientemente en las últimas semanas, la derecha ha venido mostrando sin menor recato su verdadero rostro, el de la intolerancia, el autoritarismo, la represión y el desprecio hacia los sectores mayoritarios de la población. Hagamos un breve recuento de este rosario de agravios y abusos desde el gobierno de la República por medio de sus instancias y dependencias.
En principio, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto Nacional de Migración, expulsó de la manera más ilegal a un sociólogo colombiano a petición del paramilitar que está al frente del Ejecutivo de aquel país sudamericano. Luego, en vísperas de un proceso electoral federal, por conducto de la Procuraduría General de la República y con el pretexto del combate al narcotráfico, se montó un operativo policíaco-militar y mediático en contra de importantes cuadros de una organización legal, de una fuerza política partidista, que tiene una considerable representación en los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto locales como federales. Casi al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda amenazó con quitar recursos ya autorizados para la educación superior y ante las diversas protestas, la SEP sugirió que las universidades públicas “recortaran voluntariamente sus gastos”.
Por todo lo anterior, no hay que votar por la derecha. Si hacemos lo contrario, estaríamos contribuyendo a desgastar aún más la poca credibilidad que se tiene en los partidos políticos. Pero lo más grave que puede suceder, con este descaro de los que intentan gobernar México, es la desacreditación de la vía electoral. Los rasgos autoritarios de Felipe Calderón y su grupo, apuntan hacia esto último. Es evidente que a como dé lugar, valiéndose de todo, quieren tener una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. La legitimidad que dan los votos les importa poco. Su preocupación e intención es seguir acumulando poder e imponer su visión del mundo. De ahí que hay que asistir a las urnas el próximo 5 de julio a depositar nuestra boleta, botar a la derecha de muchos de los espacios que tiene actualmente en el Legislativo federal y parar, sus políticas contrarias a los intereses mayoritarios de este país.
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