De Jesús Rodríguez Montes en La Jornada Guerrero.
El centro Tlachinollan ayudará para llevar la denuncia a la CNDH, adelantan
Reclaman en el funeral del nahua “que se haga una investigación seria y clara”
Tlatzala, 24 de junio. De una casa a medio construir, casi en obra negra, emerge el aroma del copal. Es creencia entre los nahuas que la quema de esta resina vegetal purifica el alma del difunto cuando se vela. Así el alma descansa en paz.
Miércoles 24 de junio. Si Bonfilio Rubio Villegas no hubiera muerto hace cuatro días, el sábado 20, en dos días más estaría partiendo a Tijuana. Seguramente lo haría en autobús y después, a pie, caminaría varios kilómetros en el desierto, con su cuñado Francisco como compañero en el viaje hasta Nueva York, Estados Unidos, un destino ya muy común de los indígenas de La Montaña de Guerrero.
Tlatzala es un pueblo pobre de Tlapa. Esa condición el pueblo la ha comenzado a disfrazar, desde hace una década quizá, construyendo casas de concreto con el dinero que envían los paisanos desde Estados Unidos. Bonfilio ya había estado en Nueva York durante seis años.
En este pueblo de migrantes la muerte estremece a la familia Rubio. Lo que les ha ocurrido en los últimos cuatro días fue realmente inesperado. Todo comenzó hace unos meses, en diciembre, cuando la pequeña empresa de venta de pollo en la que trabajaba Bonfilio en el Distrito Federal fue clausurada, por órdenes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Desempleado, el indígena de 29 años decidió volver a Nueva York; pero como en la vida nadie sabe lo que va a pasar, dice Francisco, su cuñado se topó con una “bala perdida” de quizá decenas –tal vez muchas más– que salieron de las metralletas de los soldados el sábado por la noche, en un retén de Huamuxtitlán.
En lo alto, desde una bocina que suena ronca, comienzan a tocar Las Golondrinas. Rostros cansados de viejos, niños, adolescentes, muchachas, mujeres, hombres de bigote con la mirada vidriosa del llanto. Son los parientes de Bonfilio, que no han dormido desde ayer, cuando a las 7 de la noche recibieron el cuerpo.
“Esto no se va a quedar así. No se vale. No es justo. El no tenía problemas con nadie”, lamenta Francisco, rodeado de hombres ebrios y tristes que escuchan sus palabras cabizbajos.
La misma ropa de hace dos días porta José Rubio. De Tlatzala a Huamuxtitlán, de Huamuxtitlán a Tlapa, de Tlapa a Chilpancingo y de Chilpancingo de vuelta a Tlatzala. El se ha encargado de todos los trámites para el traslado del cuerpo de Bonfilio, su hermano, y el viernes ofrecerá su testimonio ante el Ministerio Público de Huamuxtitlán, sobre el homicidio que cometió un soldado, a la fecha anónimo.
Advierte: “lo que queremos es que se esclarezca todo esto porque no tiene justificación. No tiene justificación lo que le hicieron a mi hermano. Fue injusto porque si él hubiera tenido problemas, pues lo hubieran detenido y ya, si hubiera traído armas, drogas, pero él no era un delincuente”.
No hay duda de que la familia Rubio recurrirá a todos los medios posibles para presionar a las autoridades a que den el nombre del responsable de la muerte de Bonfilio, y que, en consecuencia, le “apliquen la ley”. José anticipa que el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan coadyuvará con ellos, y seguramente, en los próximos días, habrá una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“En lo personal no acepto y repruebo lo que hicieron los señores. Queremos que se haga una investigación seria, clara, que haya respuestas. Queremos que se haga justicia”, insiste.
En la muerte de Bonfilio se entretejen historias de personas inocentes. Sin antecedentes penales o indicios de pertenecer a alguna agrupación criminal, hoy están presos el chofer del camión donde viajaba el indígena, Francisco Emanuel Pizano Alejo, y Fausto Saavedra Valera, a quien arrestaron los soldados por calzar botas tipo militar.
La familia no oculta su temor a que en las investigaciones resulte que no hay culpables del homicidio, o que si los llegara a haber, esquiven las sanciones tras un proceso judicial poco transparente.
Incluso, más grave aún, temen por su seguridad: “¿y por hacer las denuncias no tendremos problemas con los militares?”, pregunta a los reporteros una hermana del difunto.
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jueves, 25 de junio de 2009
lunes, 26 de noviembre de 2007
LIGA AGRARIA REVOLUCIONARIA DEL SUR EMILIANO ZAPATA (LARSEZ)
AL PUEBLO DE GUERRERO Y MEXICO
A LOS CAMPESINOS E INDIGENAS POBRES
A LOS HERMANOS MEXICANOS Y LATIONAMERICANOS RADICADOS EN LOS EE.UU.
A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRATICAS Y REVOLUCIONARIAS
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Como parte del recrudecimiento de la criminalización de la protesta social en nuestro país, se instrumentan operativos y acciones militares como una política sistemática de Terrorismo de Estado bajo las órdenes de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien gobierna nuestro país de manera espuria e ilegítima desde el primero de diciembre de 2006 bajo un golpe de estado.
El encarcelamiento de los principales dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la pena de por vida a los Dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (67 años) se enmarcó en la criminalización de la organización y la protesta social en México.
Definida la política militar, el ejército federal salió a las calles: carreteras, pueblos y comunidades, municipios y estados enteros se vistieron de verde olivo y gris, bajo el pretexto de encarar al narcotráfico: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, son sólo un ejemplo de esta política de paramilitarización del país, que hasta hoy ha tenido como resultado ejecuciones extrajudiciales; recordamos que en la sierra Zongolica, se materializó la brutalidad con la que el ejército federal trata a las mujeres y los pobres, Ernestina Ascensio Rosario, mujer indígena de 70 años de edad, fue violada, torturada, finalmente asesinada. Sus familiares fueron ultrajados y amenazados por los grupos paramilitares enquistados en el poder Local y Federal; las violaciones cometidas por el ejército en Michoacán y Coahuila, en Sinaloa fue hostigada, torturada y finalmente asesinada una familia entera; bajo este mismo contexto, las organizaciones de derechos humanos y el pueblo en general se han convertido en un blanco idóneo de hostigamiento, detenciones ilegales, cateos, tortura y desapariciones. Esta estrategia de militarización y paramilitarización no es nueva en nuestro país. Surge desde los años sesentas y setentas con la implementación de la guerra sucia que ha dejado un saldo de más de 1000 desapariciones forzadas, principalmente en el Estado de Guerrero con el pretexto de combatir a la guerrilla y al comunismo y eliminar toda disidencia organizada aunque fuera legal y abierta. Como ejemplos de estas heridas que no podemos olvidar están los hechos ocurridos en Aguas Blancas en 1995; Acteal en 1997; El Charco en 1998; la represión sistemática de tierra arrasada que se ha desarrollado sobre la región de Loxicha desde 1996 con un saldo de decenas de desapariciones y asesinatos y 12 presos políticos que están en pie de lucha por su libertad; Pasta de Conchos; SICARTSA; Atenco; Oaxaca; y la represión que se vislumbra hacia el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto Hidroeléctrico la Parota (CECOP) en la lucha que está dando por la defensa de sus tierras comunales de usos y costumbres.
Por todo lo antes expuesto exigimos:
1. Presentación con vida de los siguientes ciudadanos: Raymundo Rivera Bravo, Edmundo Reyes Amaya, Leodegario Aguilera Lucas, Profr. Gregorio Alfonso Alvarado López, Gilberto Romero Vázquez, Benito Bahena Maldonado, Fredy Nava Ríos.
2. Libertad a los siguientes presos políticos: Ignacio del Valle, Flavio Sosa, Tomás de Jesús Barranco, Gloria Arenas Agis, Jacobo Silva Nogales, Ángel Guillermo Martínez González, Héctor y Antonio Cerezo Contreras.
3. Alto a la represión y persecución y cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de: Profr. Nicolás Chávez Adame, Benigno Guzmán Martínez, Juan Mendoza Tapia, Raymundo Velázquez Flores, Rafael Santiago López, Omar Alvarado Benito, José Guadalupe Bernal Pacheco.
4. El retiro del ejército federal de la zona de la montaña y la sierra de Guerrero.
5. Por la solución a las demandas de los campesinos e indígenas pobres del país.
A T E N T A M E N T E
¡¡¡Por la liberación proletaria de los campesinos pobres!!!
¡Zapatismo y socialismo!
¡Venceremos!
LIGA AGRARIA REVOLUCIONARIA DEL SUR EMILIANO ZAPATA (LARSEZ)
MONTAÑAS Y SIERRA MADRE DEL SUR DEL ESTADO DE GUERRERO, MEXICO. NOVIEMBRE DE 2007
A LOS CAMPESINOS E INDIGENAS POBRES
A LOS HERMANOS MEXICANOS Y LATIONAMERICANOS RADICADOS EN LOS EE.UU.
A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRATICAS Y REVOLUCIONARIAS
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Como parte del recrudecimiento de la criminalización de la protesta social en nuestro país, se instrumentan operativos y acciones militares como una política sistemática de Terrorismo de Estado bajo las órdenes de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien gobierna nuestro país de manera espuria e ilegítima desde el primero de diciembre de 2006 bajo un golpe de estado.
El encarcelamiento de los principales dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la pena de por vida a los Dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (67 años) se enmarcó en la criminalización de la organización y la protesta social en México.
Definida la política militar, el ejército federal salió a las calles: carreteras, pueblos y comunidades, municipios y estados enteros se vistieron de verde olivo y gris, bajo el pretexto de encarar al narcotráfico: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, son sólo un ejemplo de esta política de paramilitarización del país, que hasta hoy ha tenido como resultado ejecuciones extrajudiciales; recordamos que en la sierra Zongolica, se materializó la brutalidad con la que el ejército federal trata a las mujeres y los pobres, Ernestina Ascensio Rosario, mujer indígena de 70 años de edad, fue violada, torturada, finalmente asesinada. Sus familiares fueron ultrajados y amenazados por los grupos paramilitares enquistados en el poder Local y Federal; las violaciones cometidas por el ejército en Michoacán y Coahuila, en Sinaloa fue hostigada, torturada y finalmente asesinada una familia entera; bajo este mismo contexto, las organizaciones de derechos humanos y el pueblo en general se han convertido en un blanco idóneo de hostigamiento, detenciones ilegales, cateos, tortura y desapariciones. Esta estrategia de militarización y paramilitarización no es nueva en nuestro país. Surge desde los años sesentas y setentas con la implementación de la guerra sucia que ha dejado un saldo de más de 1000 desapariciones forzadas, principalmente en el Estado de Guerrero con el pretexto de combatir a la guerrilla y al comunismo y eliminar toda disidencia organizada aunque fuera legal y abierta. Como ejemplos de estas heridas que no podemos olvidar están los hechos ocurridos en Aguas Blancas en 1995; Acteal en 1997; El Charco en 1998; la represión sistemática de tierra arrasada que se ha desarrollado sobre la región de Loxicha desde 1996 con un saldo de decenas de desapariciones y asesinatos y 12 presos políticos que están en pie de lucha por su libertad; Pasta de Conchos; SICARTSA; Atenco; Oaxaca; y la represión que se vislumbra hacia el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto Hidroeléctrico la Parota (CECOP) en la lucha que está dando por la defensa de sus tierras comunales de usos y costumbres.
Por todo lo antes expuesto exigimos:
1. Presentación con vida de los siguientes ciudadanos: Raymundo Rivera Bravo, Edmundo Reyes Amaya, Leodegario Aguilera Lucas, Profr. Gregorio Alfonso Alvarado López, Gilberto Romero Vázquez, Benito Bahena Maldonado, Fredy Nava Ríos.
2. Libertad a los siguientes presos políticos: Ignacio del Valle, Flavio Sosa, Tomás de Jesús Barranco, Gloria Arenas Agis, Jacobo Silva Nogales, Ángel Guillermo Martínez González, Héctor y Antonio Cerezo Contreras.
3. Alto a la represión y persecución y cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de: Profr. Nicolás Chávez Adame, Benigno Guzmán Martínez, Juan Mendoza Tapia, Raymundo Velázquez Flores, Rafael Santiago López, Omar Alvarado Benito, José Guadalupe Bernal Pacheco.
4. El retiro del ejército federal de la zona de la montaña y la sierra de Guerrero.
5. Por la solución a las demandas de los campesinos e indígenas pobres del país.
A T E N T A M E N T E
¡¡¡Por la liberación proletaria de los campesinos pobres!!!
¡Zapatismo y socialismo!
¡Venceremos!
LIGA AGRARIA REVOLUCIONARIA DEL SUR EMILIANO ZAPATA (LARSEZ)
MONTAÑAS Y SIERRA MADRE DEL SUR DEL ESTADO DE GUERRERO, MEXICO. NOVIEMBRE DE 2007
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