Ese hecho vulnera a la sociedad y expande militarización, alertan
Fuente: La Jornada de Guerrero
CITLAL GILES
Organizaciones sociales reprobaron la detención de los integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) a manos de soldados del 48 Batallón de Infantería y lanzaron acciones urgentes y llamamientos a las autoridades federales y del estado para garantizar su trabajo como defensores de derechos humanos.
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, alertó que situaciones como la detención de los hermanos Ponce Lola, así como la agresión al camión de pasajeros en el municipio de Huamuxtitlán, donde perdió la vida el indígena Bonfilio Rubio y el chofer Fausto Saavedra fue detenido supuestamente por posesión de droga, son parte de los agravios cometidos por la creciente militarización en el estado.
“Estos hechos vuelven vulnerables a la sociedad, se expande la militarización y se restringen las garantías, se pone al Ejército a que se confronte con los ciudadanos”, consideró Barrera.
En tanto el representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada, criticó que a los indígenas en lugar de haberlos trasladado a la agencia del Ministerio Público, los hayan llevado hasta la PGR a pesar de que las armas que traían son de bajo calibre.
“Es un tanto incongruente que se los hayan llevado hasta la PGR por dos armas de calibre menor, además de que tienen protección por la Corte Interamericana, entonces el estado mexicano, que es el que está obligado a darles protección, es quien hace un acto de agravio a sus derechos y eso es muy lamentable”, indicó.
La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) integrada por el Cecop, la CETEG, los colonos de la Ampliación Puerto Marqués, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) entre otras, criticaron la reciente “detención arbitraria”.
El coordinador del Tadeco, Javier Monroy, consideró que es una agresión más a los integrantes de la OFPM, “hay una saña de la autoridad contra los compañeros y el movimiento indígena, percibimos una permanente amenaza contra los activistas y defensores de derechos humanos”.
La COMS exigió la salida de los militares de las comunidades del estado y que regresen a sus cuarteles, pues lejos de garantizar seguridad, violentan las garantías individuales de las personas.
De igual forma, la Red de Alerta Temprana envió una acción urgente al presidente Felipe Calderón, al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al gobernador Zeferino Torreblanca, al procurador Eduardo Murueta Urrutia, al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes; al alto comisionado de la ONU, y a otros organismos internacionales a quienes les externan su preocupación por la presencia del Ejército mexicano en el estado ya que “realiza detenciones arbitrarias y sigue ocasionando inseguridad entre la población”.
Además exigieron el cese a las amenazas y hostigamiento a los integrantes de la OFPM, se garantice la integridad física de los hermanos Ponce Lola así como se lleve una investigación “independiente, exhaustiva e imparcial” en los diversos atentados que han sufrido como organización.
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