Fuente: La Jornada de Michoacán
ANTONIO AGUILERA ESPINOSA
Entre las causas que detonaron el reciente conflicto por la tenencia de la tierra entre la comunidad indígena de Santa María Ostula y el pueblo de La Placita, en el municipio de Aquila, subyacen que los abogados de las dos partes tienen que dirimir sus procesos en un tribunal en Colima, y que “la Secretaría de la Reforma Agraria emitió un fallo a favor de La Placita desde análisis de escritorio, sin tener el conocimiento de fondo”, adujo el secretario de los Pueblos Indígenas, Alfonso Vargas Romero.
Entrevistado respecto a las causas que volvieron a detonar el añejo conflicto por la disputa de alrededor de 800 hectáreas –un paraje conocido como La Canahuancera–, en donde en los últimos días ambas comunidades mantienen bloqueada la carretera costera de Michoacán en dos puntos, en El Duín los indígenas de Ostula y los de La Placita junto a la gasolinera.
El conflicto deviene de la disputa por tenencia de la tierra de alrededor 800 hectáreas en los límites de la comunidad indígena de Ostula con La Placita, y desde el pasado lunes, cuando comuneros de Ostula habrían sido emboscados por sus opositores, derivó en un enfrentamiento en donde hasta el momento se habla de dos heridos, uno de los cuales se dice ya falleció sin que se haya hecho oficial tal deceso, y cuando menos nueve retenidos bajo custodia de los nahuas de Santa María Ostula.
Vargas Romero destacó que el gobierno del estado sólo puede jugar el papel de coadyuvante, ya que desde hace años “el conflicto es de orden federal. Es un problema que no se dirime legalmente en Michoacán, sino en un Tribunal Agrario en Colima, debido a que los abogados de Ostula decidieron llevar el conflicto a ese tribunal”.
Enfatizó que estuvo presente el martes pasado en la zona del conflicto, donde emprendió un trabajo de conciliación entre las partes en conflicto, y adelantó que la situación actual en la región es tensa, pero sin que se hayan presentado mayores sobresaltos en las últimas horas, por lo que se están afinando las condiciones para que en los próximos días pueda trasladarse el secretario de Gobierno, Fidel Calderón, a fin de poder entablar una mesa de diálogo entre las dos comunidades.
El secretario de los Pueblos Indígenas añadió que pese a que el conflicto ha subido de tono, todavía no es hora “en que el gobierno federal se haga presente en la zona, pese a que es de su total competencia”.
Añadió que los comuneros de Ostula solicitaron la audiencia con Calderón Torreblanca, a fin de analizar de cerca las amenazas de los pobladores de La Placita, quienes amagaron con cerrar el albergue escolar que se ubica en dicho pueblo en el que hay 50 niños indígenas, y con desalojar a todos los nahuas que vivan en la comunidad.
Alfonso Vargas señaló que derivado de la resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales de fecha 27 de abril de 1964, pero que el espíritu de la resolución ha sido tergiversado por la SRA, por ello la falta de certeza jurídica ha derivado en invasión de tierras por parte de supuestos pequeños propietarios de La Placita.
Destacó que ante el anuncio de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la comunidad indígena de Santa María Ostula de recuperar sus tierras, las cuales están “bajo custodia de las policías comunitarias de la comunidad y de los pueblos de El Coire y Pómaro”, Vargas Romero urgió a la SRA que revise una vez más el fallo que emitió a favor de La Placita, ya que éste pudo haber sido integrado “sólo desde el escritorio, y no desde el trabajo de campo”.
Enfatizó que el conflicto entre Ostula y La Placita resulta bastante complejo, ya que detrás “hay todo un conflicto jurídico, que deriva de una resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales de fecha 27 de abril de 1964, pero que con el paso del tiempo se ha ido tergiversando”. Aseguró que se ha reportado el patrullaje de unidades de la Armada de México en la zona para evitar un nuevo zafarrancho entre las partes, pero reconoció que la situación sigue tensa.
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