Fuente: La Jornada de Jalisco
RAUL TORRES (Enviado)
Ostula, municipio de Aquila 2 de julio.- Ante la ausencia de autoridades federales y estatales que resguarden su integridad, las comunidades nahuas de Ostula, Coire y Pómaro, en Michoacán, activaron a sus policías comunitarias debido a la agresión a tiros que sufrieron el lunes pasado, y que dejó como saldo a un herido, cuando un contingente de aproximadamente mil personas recuperó por la vía de los hechos el paraje costero conocido como La Canahuancera, ubicado a unos 60 kilómetros de Tecomán y cuya superficie es de casi mil hectáreas.
Desde el pasado 14 de junio, tras dos días de discusión, las autoridades comunales de Ostula decidieron recuperar pacíficamente el territorio que, aseguran, les fue arrebatado desde hace 45 años y que hasta el domingo 30 de junio estaba en manos de pequeños propietarios.
El lunes primero de julio por la tarde, el contingente civil de la comunidad nahua bajó de la montaña a la costa para iniciar la recuperación, pero fue recibido a tiros por personas que ya esperaban en el predio en disputa; la columna se partió y un grupo de 100 personas quedó aislado y tuvo que pernoctar en la playa sin alimento ni agua.
El mates por la mañana gente de las tres comunidades y las policías comunitarias lograron contactar a las personas sitiadas para auxiliarlas y reestablecer en la medida de lo posible su seguridad.
Ese mismo día, personal del gobierno del estado de Michoacán inició pláticas con las autoridades comunales para intentar llegar a un acuerdo que hasta hoy no se concreta.
La gente de Ostula, a través de su Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales, hizo saber que sus exigencias en este momento son tres: que se le respete la posesión de este territorio, de acuerdo a lo establecido en los títulos de propiedad que datan de 1802 y 1803; que se castigue a los autores intelectuales y materiales de la violencia que se ejerció contra la comunidad el lunes primero de julio y se investiguen las causas de fondo de la agresión; y que se garantice la seguridad de las comunidades. Para esto último pidieron que el gobierno mexicano reconozca la existencia de sus policías comunitarias tradicionales, organizadas y estructuradas, cuya legalidad fundamentan en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 39 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho consuetudinario de las comunidades indígenas al autogobierno.
Para que haya certeza y respeto a la posesión que ahora tiene la comunidad del predio La Canahuancera, la gente de Ostula exige que el gobierno del estado establezca acuerdos con los pequeños propietarios y así se restablezca la paz.
La Comisión que habló en nombre de la comunidad a este diario, remarcó el hecho de que en esta región de Michoacán las comunidades indígenas están molestas por la agresión del lunes, por lo que se mantienen alertas y en organización permanente.
Cierres y retenes en la carretera
Hasta el miércoles por la noche, para llegar a la zona de conflicto por la carretera federal 200, que va de Tecomán a Lázaro Cárdenas, es necesario sortear dos retenes, uno establecido por las comunidades de Ostula, Coire y Pómaro a la altura del poblado El Duín, y otro a la salida del poblado La Placita, donde hasta la noche del martes permanecían familiares de pequeños propietarios que supuestamente fueron retenidos por los comuneros.
En este último punto, alrededor de un centenar de personas exigían la liberación de al menos cinco de sus parientes, quienes, según su versión, fueron retenidos desde el lunes primero de julio cerca del lugar del conflicto.
La fila de autos esperando el paso abarcaba poco más de un kilómetro de sur a norte y se dispersaba de norte a sur por las calles de La Placita.
Al respecto, la gente de Ostula negó que la comunidad secuestre personas, auque reconoció que después de la agresión del lunes la policía comunitaria detuvo a cinco personas de La Placita y los liberó el martes tras ver que nada tenía que ver en el asunto.
Hasta ahora –dijeron– no se tiene noticia de otras personas detenidas, pero informaron que se tendrán que revisar las cárceles comunitarias para ver si en otras zonas se registraron aprehensiones. De cualquier forma garantizaron que si hubiera más personas detenidas, se garantiza plenamente el respeto de sus derechos y garantías individuales.
La recuperación de la tierra
Una vez recuperada la tierra, como estrategia de defensa la comunidad de Ostula ya trabaja en la edificación de un nuevo poblado en el predio La Canahuancera, que será renombrado como Xayacallan, que era su nombre primero.
Este predio representa el límite de la comunidad de Ostula hacia el norte y la entrada hacia toda la región nahua, de ahí la férrea defensa.
La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales explicó a este diario que los nahuas se asentaron en este sitio desde tiempos anteriores a la conquista, pero con la llegada de los europeos comenzaron las invasiones de la tierra que se consolidaron a finales del siglo XIX y principios del XX a través de diversas leyes promulgadas en el país y en el estado de Michoacán.
En este contexto es que desapareció el poblado de Maquilí y se crea el poblado de La Placita, que colinda con Ostula.
Recordaron que en 1964 una resolución presidencial estableció que el límite de Ostula y La Placita se recorriera 800 metros hacia el sur en la parte de la costa, lo que afectó el territorio comunal y le excluyó La Canahuancera. Desde entonces los problemas de invasiones se agudizaron, pues los pequeños propietarios continuaron avanzando sobre el territorio nahua.
Según el recuento de los comuneros, estos pequeños propietarios lograron obtener escrituras de forma poco clara, por lo que se iniciaron los respectivos procedimientos legales y se solicitó que la verificación del territorio de la comunidad se hiciera de forma física.
Al parecer esto nunca se hizo y los pequeños propietarios iniciaron el juicio 78/04 ante el Tribunal Unitario Agrario 38 de Colima, con el que se pretendía poner un lindero aún más adentro del territorio comunal. En abril de 2008 se dicta sentencia favorable a los pequeños propietarios y la comunidad promueve un recurso de revisión.
En tanto, el gobierno del estado promovía acuerdos con ambas partes para que ninguna entrara en el territorio en disputa, pero según los comuneros, los pequeños propietarios nunca respetaron el acuerdo y continuaron explotando el predio.
El recurso de revisión se resolvió en sólo tres semanas y volvió a favorecer a los pequeños propietarios. Los comuneros promovieron el amparo 8/2009 en el quinto tribunal colegiado en materia administrativa y los magistrados ordenan entonces que el Tribunal Superior Agrario deje sin efecto la resolución favorable a los pequeños propietarios y emita una nueva resolución.
Legalmente ésa es la situación, aseguran los comuneros, y detallan que desde ya promovieron un nuevo amparo, el 487/09, ante el quinto juzgado de distrito en Uruapan, donde se ordena al gobierno de Michoacán mantener las cosas “en su mismo estado” y no privar a la comunidad de su derecho.
La falta de cumplimiento de todos los acuerdos y medidas cautelares emitidas en los propios juicios fue el detonante para la acción de la comunidad, refiere la gente de Ostula, pero aseguran que la actual situación de tensión se debe a la agresión de que fueron víctimas.
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