Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
JAVIER PUGA MARTÍNEZ
Luego de dos meses y medio, la tarde de este jueves fueron liberados 15 habitantes de San Andrés Azumiatla que permanecían acusados por el gobierno del estado de los delitos de motín, daño en propiedad ajena y lesiones, tras el enfrentamiento que sostuvieron los habitantes de esa junta auxiliar del municipio de Puebla con la Policía Estatal el pasado 24 de abril.
El hecho fue producto de una negociación realizada en distintos momento y lugares en la que participaron el Frente por la Defensa del Agua y la Tierra de Puebla y Tlaxcala, la Comisión Especial para el caso Azumiatla, que formaron diputados del PRD, el PRI y el PAN, la Comuna de Puebla, el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Secretaría de Gobernación del estado, de acuerdo con fuentes confiables. El objetivo: evitar un conflicto durante los comicios del próximo domingo en ese lugar.
El grupo no fue liberado a las puertas del penal de San Miguel, sino que en una rápida acción montada por Gobernación estatal, los 14 hombres y una mujer fueron llevados en dos vehículos –uno de ellos totalmente cerrado–, custodiados por agentes de la Policía Judicial, hasta San Andrés Azumiatla. En la plaza pública fueron liberados ante la mirada atónita de sus vecinos, pues los familiares continuaban esperando a las afueras de la cárcel a que salieran.
Esto fue reprobado por el Frente por la Defensa del Tierra y el Agua, organización que calificó el hecho de un ardid del gobierno estatal para “colgarse la medalla” de la liberación y “quedar bien” ante la población de Azumiatla; sin embargo, el conflicto no culminó con la libertad del grupo, de acuerdo con el juez Primero de lo Penal, Javier Vázquez Fernández, sólo se “desvanecieron los datos” con los cuales se inculpó a los pobladores de los hechos perpetrados en abril; el Ministerio Público puede recabar otras pruebas y con base en ellas podrían ser aprehendidos nuevamente.
En tanto, familiares y amigos de los excarcelados afirmaron que habrá un voto de castigo contra el PRI; más mesurado, el Frente por la Defensa de la Tierra sostuvo que “hay garantías para que la jornada electoral del 5 de julio se lleve a cabo en esa junta auxiliar sin ningún incidente. El voto y por quién lo hagan es responsabilidad de cada habitante”, indicó.
Por lo pronto, Rufina Escalona Nava, Víctor Rojas Romero, Anastasio Romero Onofre, Eulogio Rojas Merino, Eleuterio Alameda, Carmelo Romero Santa María, Concepción Romero Sánchez, Fabián Orta Escalona, Calixto Romero Alameda, Concepción Romas Escalona, Francisco Onofre Cruz, Santiago Escalona Cordero, Job Romero Santa María, Gerardo Escalona Orta, Eleazar Rojas Escalona y Eutiquio Alameda Fuentes pasaron ayer su primera noche en sus respectivos domicilios después de 60 días de cautiverio.
Algunos de ellos relataron que no fueron maltratados, pero sí señalaron la corrupción que existe dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, donde había que pagar de 20 a 50 pesos prácticamente por todo, desde el módulo de revisión hasta para ir al baño.
En total, a diario eran unos 150 pesos por cada uno de los 15 detenidos de “cuotas” dentro de la cárcel.
Foco rojo, desactivado
Fuentes de Gobernación estatal confiaron en que fue a solicitud del IFE como se accedió a que la liberación de los presos de Azumiatla fuera antes del día de los comicios, pues el organismo electoral había advertido la seguridad de un conflicto de proporciones mayores durante la elección de diputados federales el domingo, mismo del que no se haría responsable.
Las condiciones ya estaban dadas: existía diálogo con el frente defensor del agua; se aceptó la intervención de los legisladores Salvador Ruiz Sánchez, del PRD; Alberto Amador Leal, del PRI, así como de José Antonio Díaz García y Francisco Fraile, del PAN. A su vez, el ayuntamiento de Puebla, por conducto de la edil, Blanca Alcalá, ya había realizado su parte con la entrega de obras de beneficio para la comunidad en donde se constató que hay tranquilidad social en Azumiatla.
Finalmente, Gobernación cedió y pactó la liberación de las 15 personas detenidas para el mediodía de este jueves.
Podrían ser reaprehendidos
Cerca de la 1 y media de la tarde, en medio de una nube de reporteros de los diferentes medios informativos locales que estaban dando cobertura al tema, el juez Primero de lo Penal, Javier Vázquez, leyó en la rejilla de prácticas el auto de formal libertad.
En entrevista posterior, el juzgador sostuvo que la libertad del grupo no se debió a ningún acuerdo político, sino que se trata de un proceso judicial apegado a derecho. Recalcó que así no están libres de toda culpa, sino que el Ministerio Público puede recabar nuevas pruebas, pues los delitos subsisten.
No tendrán que acudir a firmar cada semana, pero todos ellos podrán ser reaprehendidos en cualquier momento, pues así lo establece la ley para el desvanecimiento de datos. De todo esto tomaron detalle, nota y fotos agentes de la subsecretaría Jurídica de la Secretaría de Gobernación estatal.
Afuera del Centro de Readaptación Social de San Miguel, al suroriente de la capital poblana, esperaba un centenar de familiares y amigos de los ahora ex presos, mientras planeaban qué sería lo primero que harían al verlos, lo que les platicarían y les darían comida que les habían preparado dos camionetas de Gobernación salieron a gran velocidad del penal.
En uno de ellos, sin ventilación alguna, iban 14 de los habitantes de Azumiatla. Otro llevaba sólo a uno de ellos, al parecer Santiago Escalona, quien continúa lesionado por el impacto de una bala en la pierna izquierda, la cual no ha terminado de sanar.
Habrá elecciones, pero la lucha continúa
Para Mateo Huexo Caballero, integrante del Comité por la Defensa de la Tierra de Azumiatla, esta junta auxiliar está de fiesta por el regreso de sus vecinos, los cuales en ningún momento participaron en los hechos violentos del 24 de abril, por lo que “fueron encarcelados injustamente”, subrayó.
“Queremos enviarle un mensaje al gobierno: tenemos que seguir dialogando porque aún está pendiente la disputa por la tierra; por eso fue el problema. Vemos como algo grave que el gobierno no haya liberado totalmente esto, tiene que pararlo todo. Hay elementos para decir que la gente de Gobernación está provocando, pues ahí en el ejido está el tal José Luis Galindo Flores como propietario de tierras en Azumiatla, avalado por el notario público (Alberto Esteban Morelos), ex funcionario de Gobernación”, señaló.
Agradeció el apoyo que recibió Azumiatla de otras comunidades y pueblos que conforman la lucha pacífica por la defensa de la tierra, así como a los medios de comunicación que le dieron seguimiento a este caso, lo mismo que a los diputados federales que intervinieron.
Agregó que la liberación de los 15 detenidos debe ser total, absoluta y sin condiciones; no hacerlo así “sería un error”, ponderó. “La lucha no se acaba. Los proyectos que quieran hacer allá se tienen que consultar, y no porque ya los liberaron ahora el gobierno va a agarrar la tierra. Eso no le conviene”, agregó.
Por lo pronto, habrá elecciones en calma y tranquilidad en Azumiatla el próximo domingo; cada habitante es libre de elegir a sus representantes y ese día definirá su voto. La inactividad política no beneficia a esa comunidad por lo que la participación será importante, subrayó Huexo Caballero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario