Aumentará la represión social, alertan
Fuente: La Jornada de Guerrero
CITLAL GILES SANCHEZ
Organizaciones sociales reprobaron el atentado que sufrió la viuda de Manuel Ponce Rosas, uno de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) que fue ejecutado hace unos meses, a pesar de que ya habían acordado con autoridades estatales medidas de protección.
Tanto el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) como el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) consideraron que eso da una muestra más de que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo miente al asegurar que hay garantías para los defensores de derechos humanos.
Consultados por separado, el representante del CCTI, Raymundo Díaz Taboada lamentó lo sucedido con Margarita Martín de las Nieves, quien junto con su cuñado, Santiago Ponce, fueron atacados por un hombre, quien les disparó cuando se dirigían a La Cortina, en Ayutla.
Díaz Taboada dijo que ese tipo de agresiones son muestra de las garantías que da el gobierno del estado a los defensores de derechos humamos para que puedan desarrollar su trabajo, “esa es la realidad, que se contrapone a las declaraciones del gobernador y del subsecretario de Asuntos Políticos”, Israel Soberanis Nogueda.
Aseguró que las garantías que ofrece el gobierno del estado sólo son de palabra, y que los dicho en reiteradas ocasiones por Torreblanca Galindo respecto al respeto a los derechos humanos y sus defensores es “pura demagogia”.
“Hay mucho cinismo, hay un discurso de mucha demagogia y una falta de acción para hacer cumplir con las medidas que ha recomendado la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló el activista.
En tanto, el coordinador del Tadeco, Javier Monroy Hernández, consideró preocupante la situación, porque cada vez “es más agresiva” la actitud hacia las organizaciones sociales y de derechos humanos.
“Con este hecho le mandan un mensaje a la población, a las organizaciones y a los luchadores sociales en el sentido de que no hay tregua; las acciones que tienen en mente para violentar a las organizaciones seguirán hasta terminar con los movimientos”, alertó.
Por tal motivo, llamó a las organizaciones a hacer un frente más amplio y más fuerte para protegerse y proteger a la población, además de fortalecer la lucha de la sociedad por la seguridad y evitar este tipo de agresiones.
Al igual que Díaz Taboada, Monroy Hernández aseguró que no hay garantías para los defensores, pues el gobierno del estado no asume su papel y deja su responsabilidad “en manos de grupos violentos, protegidos por los militares”.
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